Durante 2022, hubo 48 casos de asesinatos por resistencia a la autoridad y 28 muertes a manos de sicarios en el estado Zulia. Estas fueron las dos principales causas de los 157 hechos que registró el Monitor de Víctimas en el estado occidental.
En el total de los casos, el municipio con mayor número de muertes fue Maracaibo, con 33; le siguió San Francisco, con 26, y el municipio Miranda, con 25. La Cañada de Urdaneta, que anteriormente había sido considerado el municipio más violento de Zulia, tuvo 13 casos.
Hay que destacar que la mayoría de los sicariatos fueron ejecutados en el municipio Miranda. De los 28 que fueron en total, 15 fueron documentados en ese municipio de la Costa Oriental del Lago.
Las ejecuciones extrajudiciales también tuvieron una cifra elevada; en total, fueron 18. Es decir, que hubo ocasiones en las que se registraron un poco más de una por mes.
Funcionarios de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez) fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad, tanto en las muertes por resistencia a la autoridad, como en las ejecuciones.
9 femicidios en el año
Del total de las muertes por resistencia a la autoridad, 12 fueron a manos de la Guardia Nacional y 12 bajo la responsabilidad de la policía del estado Zulia. Y en las ejecuciones, 6 casos tuvieron como responsables a la Guardia Nacional y 4 a la Policía del estado Zulia.
Con respecto a los femicidios, en Zulia hubo 9 casos, de los cuales 5 ocurrieron en Maracaibo, 2 en el municipio Jesús Enrique Lossada, 1 en el municipio Mara y 1 en el municipio Cabimas.
Con la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, muchos integrantes de algunas bandas delictivas, como El Tren de Aragua, también han salido del país. Se han desplazado a otros territorios del continente y han exportado su modelo criminal a varios países de Latinoamérica
@yeannalyfermin
En los últimos años, la megabanda venezolana El Tren de Aragua, que ha estado involucrada en homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y contrabando; se ha convertido en una verdadera locomotora que recorre América Latina y ha dejado su huella criminal en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Bolivia.
El grupo, que opera desde el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón), exportó a esos países prácticas delincuenciales que nacieron o se popularizaron en Venezuela. Las han perfeccionado y adaptado a las particularidades de los territorios y comunidades donde ahora hacen vida. Han incorporado nuevos delitos, como el tráfico de migrantes y la trata de mujeres para la explotación sexual.
Además han sumado novedades a las maneras de operar que tenía la delincuencia local, han hecho alianzas e incluso han desplazado a las bandas criminales de algunas localidades.
Recientemente el Tren de Aragua ha sido noticia en Chile y Colombia por sus prácticas sanguinarias y amenazas con fines extorsivos. Pero también porque han surgido una serie de imitadores que replican algunas prácticas delictivas propias de la megabanda venezolana.
El “hotel negro” de Bogotá
El pasado 13 de agosto, la revista colombiana Semana publicó una investigación sobre el “hotel negro”, una edificación en El Barrio San Fernando, en el centro de Bogotá que sirvió al Tren de Aragua como centro de torturas, homicidios, secuestros y tráfico de drogas.
Semana reseñó que en el “hotel negro” vivan varios integrantes del Tren de Aragua. Testigos aseguraron al medio que los gritos de las víctimas se escuchaban en la calle y a plena luz del día.
“Son 20 los cuerpos encontrados en Bogotá, metidos en bolsas y con señales de tortura. La investigación de la Fiscalía está orientada a establecer la responsabilidad del Tren de Aragua y sus asesinos en estos casos”, explica la investigación.
“Los cuerpos los sacaban en la madrugada, envueltos en bolsas negras, con cintas de empacar cajas, de forma similar como si tuvieran un manual criminal”, se lee en la publicación.
Se trata de dos casas que comparten una misma fachada de baldosas negras sin identificación porque las direccionales fueron arrancadas.
En el primer piso, están los locales comerciales que solo abren por la noche. El resto, son habitaciones que funcionan como pagadiarios, una modalidad ilegal de préstamos con altos intereses que es considerada como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI.
“Los testimonios son aterradores, delincuentes de otras bandas son secuestrados y sometidos a torturas, en la mayoría de los casos los asesinan y para deshacerse de los cuerpos acuden a una práctica brutal: los descuartizan o les fracturan las extremidades para meterlos en bolsas, sacarlos en bicitaxis y arrojarlos como basura en las esquinas”, señaló la investigación.
El reportaje también encontró que en la localidad de Santa Fe y Los Mártires, en Bogotá, hay una sucursal del “hotel negro” que es conocida como “la casa de los masajes”.
El espacio también es utilizado como centro de torturas y asesinatos, todo por el control del tráfico de estupefacientes en el país. La información que manejan las autoridades es que estas ‘sedes’ son repúblicas independientes, pero igual de perversas.
El pasado 25 de agosto, el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Carlos Triana, informó sobre una nueva masacre ocurrida en Bogotá donde tres cuerpos fueron hallados en bolsas negras.
Los cuerpos encontrados por la policía, todos hombres, presentaban signos de tortura. Se conoció que las tres víctimas habían salido de la cárcel en días recientes, por lo que todo apunta a que fue un ajuste de cuentas a manos de la banda Tren de Aragua.
En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Carlos Triana indicó que se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por quien suministre información que lleve a la captura y neutralización de esta organización delictiva.
Extorsiones telefónicas: Modus operandis exportado
Las autoridades chilenas confirmaron en marzo de 2022 que la megabanda criminal estaba operando en su territorio.
En febrero de 2022, cinco venezolanos fueron detenidos por tráfico de drogas y porte ilícito de armas de fuego durante un operativo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, en la región de Antofagasta.
De acuerdo con los detalles ofrecidos por la policía, a estas personas se les incautaron tres pistolas 9mm con cargador y municiones, y «una importante cantidad de droga”.
Recientemente las autoridades chilenas también han recibido denuncias de presuntas extorsiones a comerciantes y empresarios de ese país suramericano. Según información del Ministerio Público de Chile, durante la última semana del mes de julio de 2022 se recibieron al menos 15 denuncias por violentas extorsiones a dueños de locales a cambio de la protección a sus negocios y familias en la región Metropolitana.
Un reportaje de T13, publicado el 18 de julio, señaló que una banda criminal que dice ser parte del Tren de Aragua, contacta a empresarios y comerciantes y con información certera sobre el nombre de los hijos, ubicación de la vivienda y cantidad de negocios, comienzan a extorsionar, un modus operandis bastante común en Venezuela.
Según reseña T13, un ciudadano chileno fue contactado por la banda criminal y en principio le pidieron 10 millones de pesos como pago inicial para que su familia estuviera a salvo, luego la suma ascendió a 250 millones por cada local comercial, y además exigían que el pago se hiciera en criptomonedas.
Al audio que tuvo acceso T13 se puede escuchar claramente cuando uno de los criminales le dice: “Sabemos que tienes unos negocios de comida, carnicería, tu minimarket, tu vaina. ‘Fino’ papá, se te aplaude todo eso, pero tú sabes que aquí, todos estamos trabajando. Nosotros a ti no te hemos tocado, pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Hermano, lo único que queremos es que te alinees como todos los demás, que nosotros tenemos todo ya precisado, tu sitio de trabajo, dónde frecuentas, familia, todo. Tú te portas bien con nosotros y listo”.
El pasado 30 de julio, el jefe de Inteligencia de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Javier Valenzuela, en entrevista para el portal web Meganoticias explicó que los delitos relacionados con el Tren de Aragua en Chile han aumentado, pero que “mucho delincuente común o bandas menores están utilizando el nombre de esta organización como una suerte de franquicia para cometer sus fechorías”.
Sobre el modus operandi que están utilizando otras bandas criminales haciéndose pasar por el Tren de Aragua, Runrun.es tuvo acceso a la grabación de una extorsión cometida supuestamente por la megabanda venezolana.
En la llamada, realizada a través de la plataforma WhatsApp desde un número móvil de Chile, se aprecia que quien realiza la extorsión no tiene acento venezolano ni se expresa como lo hacen los integrantes de bandas criminales de Venezuela.
Tal como lo afirmó Valenzuela, bandas menores están utilizando el nombre del Tren de Aragua para cometer extorsiones y sembrar terror en Chile.
El jefe de la PDI de Chile añadió que las primeras víctimas del Tren de Aragua y de las bandas menores que usan el nombre de la organización criminal, son los propios venezolanos en situación de vulnerabilidad, que son usados como mulas, tráfico de migrantes y explotación sexual. “También hay casos de ciudadanos chilenos que han sido amenazados y estafados a través de llamadas telefónicas”, dijo.
En Venezuela es bastante amplio el abanico de modalidades que se utilizan para extorsionar a las personas. Uno de los más utilizados durante 2021, fue: “Hola, soy Ana. Guarda mi nuevo número”. Cuando la persona recibe este mensaje, el estafador entabla una conversación con la víctima haciéndose pasar por una persona conocida, luego le dice que está vendiendo dólares por una urgencia y es ahí donde se consuma la estafa.
Otra modalidad es que delincuentes, alegando que son miembros de bandas criminales de alta peligrosidad o que están llamando desde cualquier cárcel, con información precisa de la víctima, le hacen una llamada para exigirle altas sumas de dinero a cambio de respetarle la vida.
Recientemente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas alertó que se está cometiendo un nuevo fraude a través de la plataforma de WhatsApp. La persona recibe una llamada y en la pantalla aparece el mensaje Inviable!! Si la persona contesta la llamada, los delincuentes acceden al código de la tarjeta SIM (alma del teléfono) para cancelarlo y crear uno nuevo con el fin de obtener créditos en los celulares, también para estafar a los contactos de la víctima.
Control en las cárceles de Brasil
En 2019, el secretario de Seguridad Pública del estado de Roraima, Olivan Junior, alertó un aumento de criminales venezolanos en la ciudad de Pacaraima, ubicada en la frontera con Santa Elena de Uairén. Según Junior, los miembros del grupo estarían involucrados en tráfico de drogas, armas y personas.
Olivan Junior aseguró que los criminales cuando llegan a los centro de prisión de Brasil se identifican como parte del “pranato” venezolano del Tren de Aragua.
Prostitución y drogas en Perú
En Perú, el nombre de la banda criminal venezolana también ha resonado. En Lima se han destacado por cobrar cupos para controlar la protitución y la venta de drogas.
Según reseñó Infobae en febrero de 2022, la mafia de la prostitución en Lima, que extorsiona y asesina a las mujeres que no están dispuestas a pagar la cuota diaria de 200 soles, es la “Dinastía Alayón”, conformada por venezolanos que andan en motos y fuertemente armados.
“Buenas. Este es otro comunicado a esas mujeres trabajadores de la plaza de Mayo, av Alfonso Ugarte. Le habla el carro de oriente, en conjunto con el Tren de Aragua, los gallegos y el desastre. A partir de esta semana nos rendirán cuentas a nosotros. Ya no tendrán nada que ver ni rendirles cuenta a las peruanas. Nosotros la cuidaremos de todo mal. Aquella que se coma la luz, le traerá consecuencias. Aquella que sea vista subiendo a la casa o abordada por esas peruanas, le traerá consecuencias. La plaza a partir de esta semana será 200 soles. A partir de este momento le trabajan al tren. Mañana es el día de pago. Aquella que le pague a las peruanas o suban a la casa, nos pagará también a nosotros y la que se ponga en contra, la agarraremos de ejemplo”, señaló el mensaje.
En marzo de 2022, al alcalde de Independencia en Lima, José Pando, lo amenazaron de muerte luego de haber cerrado seis prostíbulos que se dedicaban a la explotación sexual de extranjeras y menores de edad.
En la denuncia realizada por el alcalde Pando, aseguró que las amenazas las realizaron hombres que decían pertenecer al Tren de Aragua.
La trata de mujeres para explotación sexual es uno de los delitos en los que ha venido incursionando el Tren de Aragua en los países de la región donde están operando.
Tráfico de migrantes en la frontera de Ecuador
El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador, un reportaje publicado en Runrun.es, en octubre de 2021, el cual es parte del libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) de Ecuador, señaló que el Tren de Aragua desarrolla al menos 18 delitos en la zona fronteriza.
La banda criminal además de la extorsión, el tráfico de drogas, el microtráfico de drogas y el tráfico de armas, también se dedica al tráfico de personas por los pasos informales que existen en la frontera entre Ecuador y Colombia.
Según información recopilada por la Brigada de Infantería Andes, que custodia el límite fronterizo, antes de la pandemia se contabilizaban 38 cruces ilegales, luego del cierre del Puente Internacional Rumichaca, subieron a más de 50.
Información policial confirmada detalló que los delincuentes controlaban todo el corredor migratorio y transportaban a sus compatriotas desde territorio colombiano por los diferentes pasos informales hasta la terminal de Tulcán y desde este punto hasta Huaquillas, frontera con Perú.
Según la investigación, solo en 2020, decomisaron en la zona más de 11 toneladas de droga, de las cuales, en su mayoría, era marihuana que había ingresado al país en pequeñas cantidades, luego se acopiaba para ser trasladada al interior del país.
Runrunes y sus aliados Monitor de Víctimas y Mi Convive realizaron vía Twitter el conversatorio «Dinámicas de violencia en Venezuela en 2022: sicariatos, ejecuciones y ataques por extorsiones».
En este espacio participaron cinco periodistas del equipo de Monitor de Víctimas: Anggy Polanco (Táchira), Mayreth Casanova (Zulia), Liz Gascón (Lara) y Carlos D’Hoy (Caracas), quienes se refirieron a hechos de violencia en las regiones en las que son reporteros. La moderación del conversatorio estuvo a cargo de la también periodista Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas.
A continuación, algunas claves de este encuentro:
Anggy Polanco:
«En Táchira llama la atención lo que pasa en el municipio Fernández Feo (limítrofe con Apure), donde aparecen cadáveres en la vía pública atribuidos a enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)».
«Aparte de los cadáveres en el municipio Fernández Feo, a algunos les han dejado escritos por qué los han asesinado. Esto es parte de la dinámica que se observa en esta región. En el Táchira en estos primeros 6 meses ocurrieron 42 homicidios: 2 homicidios más en comparación al semestre anterior, que es entre julio y diciembre del año 2021, aunque pudieran decirse que son nada más 2».
«En Táchira operan varios grupos paramilitares (Los Rastrojos, Los Urabeños y muchísimos años atrás las Águilas Negras). ¿Qué sucedió con Los Rastrojos y Los Urabeños que tenían un gran dominio entre los municipios Pedro María Ureña, Bolívar y García de Hevia? Con la llegada de Freddy Bernal, el Ejército de Liberación Nacional tuvo un mayor impacto, un mayor empuje y durante varios enfrentamientos lograron tomar el dominio de esos territorios, así que cuando el gobernador Bernal dice que en la región no hay presencia de grupos paramilitares, es cierto, porque el Ejército de Liberación Nacional tomó todos esos territorios».
«Esta zona fue completamente limpia de Los Rastrojos. Uno de los jefes locales fue asesinado en uno de estos combates del lado colombiano, dejando esta esta zona libre para ellos actuar. Es lo que está ocurriendo en el estado Táchira. Ayer un comerciante de Ureña me decía ‘ya nosotros no somos víctimas de extorsión, ya no somos víctimas de amenazas de que nos van a lanzar una granada, precisamente por las reglas que está implantando la guerrilla colombiana».
«Los grupos paramilitares se han desplazado hacia la zona de Puerto Santander. Allí se mantienen todavía esas pugnas con la guerrilla y los paramilitares existentes. Igualmente del lado colombiano del río Táchira se mantienen grupos paramilitares, pero están más concentrados hacia el norte de Santander que del lado de Táchira».
«En Táchira, además, ocurren otros tipos de muertes, por robo y violencia de género. Pero lo que más estamos observando son estos hechos en los que está interviniendo el ELN».
«Se está generando una estadística en la criminalidad nacional, no sabemos si es que los cuerpos no los levantan porque no quieren que vayan a engrosar esta estadística o porque no cuentan con la logística para llegar a las trochas. Lo que sí sabemos es que son levantados por funerarias de Colombia a través del levantamiento humanitarios, lo que pudiera indicar que la tasa de homicidios en Táchira es más elevada de de lo que hemos reportado».
«Los datos que estamos recopilando en esta región son los que logramos obtener a través de los familiares, de los cadáveres que llegan a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal y de los datos que pueden aportar los medios colombianos cuando especifican que los hechos ocurrieron del lado venezolano».
Mayreth Casanova:
«La mayoría de los sicariatos se producen en la vía pública y a plena luz del día. Se registró un repunte de estos casos y algunos se tribuyen a bandas de la zona como las de ‘Adriancito’ y la del ‘Oso'».
«En Zulia se han registrado un total de 9 sicariatos, la mayoría en la Costa Oriental del Lago y vinculados con ajustes de cuentas».
«El Zulia tiene uno de los municipios más violentos del país: La Cañada de Urdaneta».
«En el estado Zulia también tiene presencia el ELN, pero quizás es un poco menor que en el caso del estado Táchira. En Zulia, la policía ha realizado procedimientos en los que se han desmantelado pistas clandestinas que se vinculan con tráfico de droga entre Venezuela y Colombia».
«En el Zulia han regresado prácticas que no estaban extintas pero que habían disminuido, como la extorsión y el secuestro. Se han registrado 11 atentados con granadas y disparos contra comercios».
«Los casos de secuestro han tenido una respuesta positiva de los cuerpos de seguridad porque las víctimas han sido rescatadas, pero no en 24 o 72 horas, sino que la mayoría han sido rescatadas incluso hasta 45 días después de que fueron secuestrados. Las autoridades han atribuido estos hechos a bandas delictivas que operan en la Costa Oriental del Lago, ya que la mayoría de los secuestros se han registrado acá en el municipio Miranda».
«Es importante que las personas que han sido víctimas de esto denuncien, porque esta es la única forma que se tiene para documentar estos hechos, muchos de los cuales quedan impunes».
Liz Gascón:
«En Lara ha habido un leve repunte de los asesinatos a mujeres y de los sicariatos. El año anterior no registramos casos con este móvil a diferencia de 2022: de los 42 homicidios registrados en la entidad hasta la fecha, dos se atribuyen al sicariato».
«En 2022 hubo una disminución de 92% en las ejecuciones extrajudiciales (cuatro en lo que va de año en Lara)».
«Hubo una reducción superior al 43% de los homicidios en la entidad pero la saña con que se han cometido ha opacada esa disminución».
Carlos D’Hoy:
«En Caracas se presenta una reducción de los homicidios, pero sin querer decir que se redujo la violencia policial: la violencia de las FAES se mudó a la Policía Nacional Bolivariana, que pasó de 15 homicidios en 2021 a 35 en lo que va de 2022».
«Esto lo podemos ver en la cantidad de asesinatos o de muertes registradas por nosotros entre los años 2021 y 2002. En el año 2021, las FAES estaban implicadas en la muerte de 25 personas. En el año 2022, fueron solamente 9 personas».
«Hubo una reducción en los crímenes, pero cuando nos damos cuenta de dónde están esas muertes observamos que la Policía Nacional bolivariana pasó de 25 muertes en el año 2021 a 35 en el año 2022».
«En conversaciones que he tenido con los funcionarios, ellos han señalado que sí recibieron la instrucción de controlarse un poco en los operativos, de tratar de capturar a las personas con vida y evitar los enfrentamientos. Sin embargo, todavía siguen ocurriendo asesinatos de personas, lo que nosotros denominamos ajusticiamientos. Son las personas asesinadas dormidas dentro de su casa, sin armamento. Sacan a los familiares [de la casa] y la persona termina muerta en un enfrentamiento que es simulado por los cuerpos policiales».
«Otra de las cosas que observamos es que los grandes protagonistas son los civiles [bandas, por ejemplo]. Ya no es la policía el gran protagonista de la violencia, sino que ahora son los civiles los que están asumiendo este papel. Todo podría estar relacionado con el cambio en la movilidad de la gente. El dinero circulante es lo que ha estimulado también los asaltos como un móvil para los asesinatos».
«Una de las cosas que se observa cuando uno entrevista a familiares de las víctimas de masacres o enfrentamientos es que hay una historia común: muchos dicen que sus familiares no estaban metidos en el mundo de la delincuencia. Sin embargo, nosotros hemos entrevistado a muchos que lo reconocen claramente».
Situación en Sucre:
En los primeros 6 meses de 2022 hubo 61 homicidios. De estos homicidios, el mes con más casos fue mayo.
En el periodo comprendido entre los meses de febrero y julio de 2022, se registraron 12 muertes por presunta resistencia a la autoridad. Además, se confirmaron cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales.
Con 5 casos, marzo fue el mes con mayor registro de muertes que involucran participación policial o militar, seguido de julio, con 4 casos; febrero y mayo, con 3; mientras que en abril y junio, se registró 1 caso cada mes, respectivamente.
El Ministerio Público imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica y robo agravado. Los civiles acusados son Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22
Foto: El Impulso
Un funcionario de la Policía del estado Lara (Polilara) y dos civiles a los que el Ministerio Público (MP) señaló de «sicariato» fueron detenidos por su «presunta responsabilidad» en la muerte de un hombre el 6 de mayo en el municipio Iribarren de Barquisimeto.
El MP indicó en un comunicado que le imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica -al ser el autor material del hecho- y robo agravado.
También les atribuyó el delito de comisión de sicariato a los civiles Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22.
Los tres fueron detenidos por la muerte de Carlos Eduardo Linares Loyo, interceptado por el funcionario de Polilara, quien «sin mediar palabra disparó contra la víctima dejándola sin signos vitales para posteriormente despojarlo de su teléfono celular y su motocicleta».
Tras la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), «se determinó que el teléfono sustraído fue comercializado por el victimario, por tal motivo se logró ubicar e identificar al agresor«.
El tribunal correspondiente dictó «medida privativa de libertad» para Rodríguez Sequera, que se encuentra en la Comandancia de la Policía regional, y para los dos civiles, que fueron llevados a la sede del Cicpc de la entidad.
Héctor Munive llevaba 14 años sin venir a Venezuela, pero decidió viajar para visitar a sus hijos y a expareja. El Cicpc abrió una investigación por robo, aunque no descartan sicariato
Foto: Carlos Ramírez
Un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado de múltiples disparos en el sector El Winche de Fila de Mariches. Desde hacía 14 años Héctor José Munive Bastidas, de 31 años de edad, no visitaba Venezuela, y vino a pasar Semana Santa con sus hijos y su esposa, de quien estaba separado.
Los hechos ocurrieron el Sábado Santo, refirieron familiares que viajaron desde Cali para retirar el cadáver en la morgue de Bello Monte.
La tarde que lo mataron, Munive Bastidas, quien se desempeñaba como obrero, salió de su vivienda con su esposa venezolana para buscar una señal wifi, ya que necesitaba comunicarse con su actual pareja y los hijos que dejó en Colombia.
De acuerdo con el relato que hizo su esposa a los familiares, de los tres hombres que lo abordaron, uno le disparó primero y se retiró. Los otros dos le quitaron los lentes de sol, el bolso y los zapatos que llevaba puestos; luego, ambos accionaron sus armas contra Munive.
“En Venezuela dejó una casa y varios negocios, pero más nunca tuvo la intención de regresar; no sabemos qué lo motivó a volver, parece que llegó para buscar la muerte”, fue el testimonio que ofreció una prima de la víctima.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones para determinar la identidad de los responsables. Una fuente de la policía científica dijo que, aunque el móvil de robo parece evidente, no descartan el sicariato.
El parlamentario explicó que recibió una llamada por parte de presuntos funcionarios del ELN que le manifestaron que los contrataron para asesinarlo
Palacios señaló que el primer amedrentamiento ocurrió en El Tocuyo, estado Lara, el pasado 6 de septiembre
Foto: Prensa AN
El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) denunció este lunes ante la Fiscalía que ha sido objeto de amedrentamiento y de amenazas de muerte y hace responsable a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez.
El parlamentario – suplente del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano – acudió a la Fiscalía Superior de la Circunscripción judicial del estado Lara, para denunciar que ha sido víctima de amenazas de muerte, por parte de sujetos que se declaran defensores de la revolución y que serían parte de una célula del Ejercito de Liberación Nacional (ELN).
En nota de prensa aseguró que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo han amedrentado y han estado en los alrededores de su domicilio.
Palacios, acompañado del bloque de diputados del estado Lara, señaló que el amedrentamiento tuvo su primer registro en la población de El Tocuyo, el pasado 6 de septiembre.
“En esa oportunidad un pelotón de funcionarios policiales de diferentes cuerpos de seguridad (FAES, GN, CICPC y policía del estado Lara) estuvieron apostados por varias horas esperando que hiciera acto de presencia en un acto político, el cual fue abortado para evitar la represión contra las personas que estaban asistiendo y en mí contra, que presuntamente, era el objetivo fundamental”, explicó el diputado.
Agregó que el pasado sábado, 3 de noviembre, recibió una llamada con amenazas de muerte, de unos sujetos que le manifestaron que se trataba de un sicariato y que pertenecen al ELN..
“Recibí una segunda llamada de una persona que se identificó como el comandante Carlos Martínez, que ellos habían sido contratados para liquidarme por las denuncias realizadas sobre la Alcaldía de Moran y que saben cuáles son mis movimientos”, expresó Palacios.
El diputado explicó que en la misma llamada recibió una oferta de entregarle un sobre amarillo, donde le describirían toda la información de las personas que supuestamente los contrataron para que llevaran adelante el sicariato.
Guillermo Palacio aseguró que le pidieron una colaboración monetaria que debía ser depositada en la cuenta bancaria de una Fundación para apoyar al Hospital J.M de Los Ríos. «De no acceder sacarían grabaciones de audio y video muy comprometedores y que tendrían que enviar adelante el sicariato».
El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto
LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONALde España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.
Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.
Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.
Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.
Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.
El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.
Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.
En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.
El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.
Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.
Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.
Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.
Breves
-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.
-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.
ROMMEL MARCANO, EMILIO QUIJADA Y MERCEDES GIL murieron la tarde de este jueves 20 de septiembre en Chacao. Los tres fueron víctimas de la violencia. Dos hombres que se movilizaban en una moto usaron sus armas de fuego en contra del vehículo en el que estaban estas personas, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas.
El hecho se registró a las 3:30 pm, a la altura de la torre KPMG. Las víctimas estaban dentro de una camioneta Ford Explorer negra, placas AE861KG, cuando los motorizados pasaron a su lado. Éstos iban en una moto Vstrom. El que iba de pasajero, se bajo de la motocicleta, sacó un arma y disparó al vehículo.
Los delincuentes huyeron. El conductor logró manejar hasta la Clínica Ávila, pero los heridos ya habían muerto cuando los ingresaron al centro médico. Mercedes recibió un tiro en el abdomen, mientras que Rommel y Emilio fueron alcanzados por una bala en la cabeza.
De acuerdo con el informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el piloto resultó ileso y el copiloto fue herido en el brazo, pero se encuentra estable.
Este es el segundo hecho violento que ocurre en el municipio Chacao del estado Miranda en menos de 24 horas. El miércoles en la noche, un hombre fue asesinado en la segunda transversal de Los Palos Grandes.
Al parecer, la víctima se encontraba con otros cuatro hombres y una mujer dentro de un Renault Clio, placa AI93DK. Sostuvieron una discusión y sus acompañantes lo apuñalaron. El hombre quedó tendido sobre los asientos del conductor y copiloto.
La información que suministró la Policía de Chacao es que el grupo era una familia usualmente deambulaban por las calles para recoger basura reciclable. Decidieron hurtar el vehículo, rompieron un vidrio y en ese momento comenzaron a discutir.
La víctima fue identificada como Juan Luis Guerra, de 24 años de edad. Residía en Petare. Sus parientes fueron detenidos por la policía.
