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Presos Políticos

Entre Venezuela, Cuba y Nicaragua hay más de 1400 presos políticos

De acuerdo con organizaciones civiles, en Venezuela, Cuba y Nicaragua hay en la actualidad 1.457 presos políticos.

La cifra se desprendió del lanzamiento virtual de la campaña “Está pasando de nuevo, presentada por activistas este jueves 11 de abril en el marco del Día Internacional de las Américas.

 “El autoritarismo nunca ha dejado Latinoamérica y ha regresado con mucho fuerza, la situación es para preocuparse, debemos tener una solidaridad transversal contra todas las dictaduras totalitarias, porque todas son dañinas”, dijo vía zoom Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. 

El  expreso político venezolano Víctor Navarro, director ejecutivo de Voces de la Memoria, indicó que la intención de esta campaña es visibilizar a los presos políticos.

“Queremos llegar a todo el mundo, pero especialmente a la juventud, dimensionar lo que está pasando en estos tres países en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos”, dijo el periodista.

Navarro informó que de acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 269 presos políticos. “Estamos viendo un aumento de la represión con detenciones arbitrarias”.

La también expresa política, la nicaragüense Yaritzha Mairena, indicó que a raíz de esta campaña han encontrado patrones en los centros de detención de los tres países. 

“El día a día de un preso político significa un sufrimiento para él y para toda su familia. Los someten a aislamiento sensorial, le quitan la luz, el agua, no hay posibilidad de contacto humano, no tienen noción del tiempo, además de golpizas y violencia sexual”, sostuvo Mairena.

Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica en Nicaragua, dijo que en el país centroamericano hay alrededor de 130 presos políticos y desde la expatriación de 222 ciudadanos, la lista ha aumentado en un 300%.

“Se han venido cerrando los espacios de denuncia, por eso es importante seguir documentado los atropellos y asumir una defensa técnica en ámbitos internacionales, que son los que pueden activar procesos de justicia en beneficio de las víctimas”, consideró.

Larrondo indicó que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos, de los cuales cerca de 200 tienen condena.

“El incremento de las detenciones ha sido brutal. A raíz de las protestas de marzo han aprehendido a más de 40 personas y 24 de ellas están condenadas, sujetas a un proceso penal”, agregó. 

Sanciones, pero personales

El abogado y activista cubano, Alain Espinoza, consideró fundamental mantener las sanciones individuales a quienes detentan el poder en Venezuela, Nicaragua y su país natal.

“Porque aumenta el costo político y hace que se sientan incómodos, hay que obligarlos a modificar el patrón represivo y exigirles que liberen a los presos políticos, para ello esperamos la solidaridad del resto de los estados democráticos y la sociedad civil”, opinó. 

Navarro sostuvo que es perentorio elevar la voz porque las detenciones arbitrarias van a seguir sucediendo.

“Sancionar a los responsables individuales tiene más relevancia en estos casos. Tenemos que crear políticas para la no repetición”.

“Las sanciones que sólo afecten a los represores. Esta campaña es de conciencia, incidencia y visibilización”, agregó Larrondo.

Para Mairena, el tratamiento de los detenidos no es una cuestión política sino de derechos humanos.

No se puede permitir que estos actos queden impunes. Estos gobiernos tienen la costumbre de tomar el poder y perpetuarse para torturar, perseguir y criminalizar”. 

Navarro alertó que para rescatar la constitucionalidad en Venezuela, Cuba y Nicaragua es necesario el apoyo global: “Que aquellos países donde las democracias sean más sólidas puedan visibilizar y alzar la voz, ellos entienden la dimensión del daño y la importancia de vivir en democracia”. 

Salazar, por su parte, alberga esperanza en el trabajo de documentación que han hecho las ONG. “Si bien no estamos en democracia vamos a llegar a ella”.

“Para los presos políticos lo peor es el olvido”, manifestó Navarro.

 

 

Foro Penal registra 15 detenciones por motivos políticos desde diciembre de 2023

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) informó que desde diciembre de 2023 hasta la fecha, 15 personas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Alfredo Romero, director del FPV, aclaró que de estas 15 personas detenidas, al menos dos han sido excarceladas, aunque no se incluyen las seis personas miembros del partido Vente Venezuela que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina y que, según interpretaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, califican como privaciones de libertad arbitrarias.

Romero puntualizó que actualmente hay 269 «presos políticos» en el país, cinco más que hace un mes, cuando reportó 264 personas detenidas por razones políticas.

De los detenidos, 249 son hombres y 20 son mujeres, en su mayoría, miembros o exintegrantes «del sector militar».

El Foro Penal calculó que desde 2014 hasta abril de este año casi 16.000 personas «han pasado por la prisión política», de las que 9.000 han sido excarceladas pero se mantienen «con medidas cautelares», como «prohibición de salida del país, presentación ante un tribunal y en cualquier caso se encuentran con el proceso judicial pendiente».

Alfredo Romero alertó sobre la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, donde «hasta ahora solo hay hombres detenidos con fines políticos y hay preocupación de los familiares» por el acceso limitado a este centro penitenciario.

«Rodeo I era una cárcel que existía, pero quiero aclarar que no son las mismas instalaciones, pareciera una instalación construida para personas presas con fines políticos», explicó el director del FPV.

por motivos políticos

Saab arremete contra Caracol TV por reportaje sobre la Dgcim

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, descalificó al medio de comunicación colombiano Caracol TV y lo tildó de «enemigo a muerte de Venezuela» en una rueda de prensa este primero de abril, tras la publicación de un reportaje sobre la presunta implicación de grupos paramilitares venezolanos y colombianos como «fuerzas de apoyo» en distintas operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) venezolana. 

«En días recientes, además, el canal de televisión Caracol de Colombia, ha emitido un reportaje repugnante, en el cual pretenden lavarle la cara a los conspiradores de la operación Brazalete Blanco que ya están convictos y confesos como Anyelo Heredia, para mostrarlos como unos pobres inocentes», señaló Saab.

El máximo representante del Poder Moral venezolano metió en el mismo saco de descalificación al a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque quienes, según afirmó, «con sus medios de comunicación, se prestan a sectores extremistas y antivenezolanos para hacer una escoria de reportaje». 

Acusó a Caracol TV de estar «en una operación mediática para descalificar todo el trabajo que hemos hecho, junto a los cuerpos de seguridad, para desmontar estas conspiraciones, lo que ha evitado la desestabilización del país (…) Caracol TV son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. Da vergüenza como puede llegar tan bajo un medio televisivo». 

Saab anunció también una investigación contra el periodista Orlando Avendaño por el supuesto delito de «instigación al odio», tras la publicación de una serie de mensajes donde menciona a la dirigente política María Corina Machado.

¿De qué trataba el reportaje de Caracol TV?

El reportaje de Caracol TV argumentaba que el preso político y militar Ángelo Heredia fue interceptado en el estado Táchira, en la frontera entre Colombia y Venezuela, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) bajo un acuerdo comercial y estratégico con la Dgcim. Mientras tanto, otra denuncia de este modus operandi que no aparece en el reportaje fue el del preso político Franklin Caldera, en el año 2019. 

El Fiscal reiteró que Hereida es un «convicto y converso», y que Caracol es partícipe de una «campaña» para «todo lo que sea violento contra Venezuela».

El Mañanero del 1 de abril: La detención arbitraria de Óscar Alejandro Pérez y 9 noticias más sobre Venezuela

En El Mañanero del 1 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: familiares del youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez denuncian su detención arbitraria luego de viajar por Nicaragua y denunciar la censura estatal, Corina Yoris afirma que un pacto político con Manuel Rosales «no se puede descartar» para las elecciones presidenciales venezolanas y la NASA advierte que en el primer trimestre del 2024 el país rompió récord de incendios documentados. 

Venezolanos esperan una resurrección en las elecciones del 28J

Corina Yoris: «No se puede descartar un pacto con Rosales»

DDHH Olvidados | Las mujeres lidian con “suelos pegajosos” y barreras financieras

Jorge Rodríguez le lanza perlas a Petro y a Lula: «Métanse sus opiniones por donde les quepan»

Manuel Rosales, un candidato “sin querer, queriendo”

Denuncian la detención arbitraria de Óscar Alejandro Pérez Martínez

A casi 50 días de su detención, vence lapso para que Rocío San Miguel pueda defenderse

Javier Tarazona cumplió este #28M 1.000 días preso

NASA: Venezuela rompe récord de registros de incendios en el primer trimestre del 2024

Utopix documentó 32 femicidios en los dos primeros meses de 2024

«Hasta el 26 de marzo de 2024, las Américas registraron más de 3,5 millones de casos de dengue, incluidas más de 1.000 muertes. Esto es motivo de preocupación, ya que representa tres veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023, año récord con más de 4,5 millones de casos notificados en la región», advirtió Jarbas Barbosa, director de la OPS. Aunque Venezuela no ha dado cifras oficiales desde hace 10 meses a la OPS, la institución advierte que «el aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe». 

Gracias por leer El Mañanero del lunes primero de abril de 2024.

Jorge Rodríguez le lanza perlas a Petro y a Lula: «Métanse sus opiniones por donde les quepan»

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional impuesta en el año 2020 por el chavismo, rechazó las críticas de los mandatarios de izquierda de América del Sur y cercanos a Nicolás Maduro —Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil)— ante las restricciones del Estado venezolano en inscribir a la candidata presidencial de la oposición Corina Yoris para los comicios del 28 de julio. 

«Métanse sus opiniones por donde les quepan», manifestó Rodríguez en un mensaje publicado en la red social X este 29 de marzo.

El vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) preguntó a los dos presidentes, y también al expresidente de Uruguay, José Mujica —figura de relevancia en la izquierda latinoamericana—, si conocían sobre los presuntos planes de «magnicidio» supuestamente orquestados por la oposición.

«¿Aceptarían en sus países planes para atentar contra el presidente (Nicolás Maduro) como los que hemos develado en numerosas oportunidades?», soltó esa perla. 

Distintas ONG sobre derechos humanos, como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, advirtieron que la mayoría de los 268 presos políticos del PSUV están ligados a una acusación de un presunto caso de «magnicidio» contra Nicolás Maduro y no se les respeta el debido proceso judicial.

Mientras Jorge Rodríguez soltaba perlas desde la red social X, la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju —otra víctima señalada por el PSUV como cómplice de un «intento de magnicidio» contra Maduro— denunció que los presos políticos Alberto Bracho Rozquez, Argenis Valera Ruiz y Yolmer Escalona Torrealba fueron trasladados durante la madrugada del 29 de marzo desde el Centro de Formación del Hombre Nuevo (La Planta), en Caracas, «a un lugar desconocido sin avisar a familiares ni abogados». 

«¿Saben que la organización fascista Vente Venezuela jamás solicitó ser inscrita como partido político ni existió postulación por iniciativa propia alguna? Es decir, jamás se inscribió ese partido en el CNE (Consejo Nacional Electoral) ni buscaron la inscripción por iniciativa propia», cuestionó Jorge Rodríguez.

Lo cierto es que el Partido Vente Venezuela y su líder, María Corina Machado, no pueden inscribirse formalmente en el CNE desde el año 2015, cuando el gobierno madurista la ha acusado de «traidora de la patria» y la inhabilitaron, pese a que fue en enero del 2024 que salió una sentencia al respecto desde un Tribunal Supremo que ONG como Acceso a la Justicia denuncian que es imparcial y favorece al PSUV. 

Además, tanto Vente Venezuela como la Plataforma de la Unidad Democráticas, las planchas políticas de oposición con mayor liderazgo según las elecciones primarias de la oposición en octubre de 2023, denunciaron durante el 24 y el 25 de enero que el CNE no les permitía inscribir a Corina Yoris por bloqueos del sistema.  

 

«¿Se han enterado que el 100% de los partidos acreditados ante el CNE inscribieron alguno de los 13 candidatos, de todo el espectro político, que compiten por la presidencia de Venezuela?», dijo Rodríguez, desconociendo ni mencionando el caso de Corina Yoris por completo. 

«¿Desconocimiento?, ¿ignorancia?, ¿miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie», soltó esa perla luego de que el Canciller de Venezuela, Yván Gil, también lanzara pataletas y perlas insultando a otros gobiernos de América y la Unión Europea.

ONG denuncian implicaciones de género en vulneración a DDHH de Rocío San Miguel

Al menos 82 Organizaciones No Gubernamentales denunciaron este 26 de marzo que la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de Rocío San Miguel no solo forma parte de la «violación» sistemática a los derechos humanos, «sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela».

«La detención de su familia y la violencia psicológica hacia ella y su hija, hacen parte de los patrones de violencia política de género denunciados por organizaciones de la sociedad civil venezolana», dicen las instituciones de la sociedad civil en un comunicado.

En febrero el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a San Miguel, a cuatro de sus familiares y a su exesposo, Alejandro González. Ha pasado un mes y San Miguel y González siguen privados de libertad, sin poder acceder a sus abogados defensores ni recibir visitas. 

«Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la política de represión y cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres, ya que, entre otros motivos, el efecto silenciador y de amedrentamiento es especialmente pernicioso y efectivo cuando las mujeres identifican un posible impacto sobre su círculo familiar o las personas a su cargo», reiteran las ONG, aludiendo que el caso de San Miguel «refuerzan y avalan este temor».

Advierten que el Estado venezolano está «criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente de las mujeres defensoras, (…), que llevan la carga desproporcionada de la emergencia humanitaria compleja, se ven más afectadas».

Hasta la fecha, el gobierno madurista ha detenido arbitrariamente a 20 mujeres, según la ONG Foro Penal. Todas ellas consideradas presas políticas: sin acceso a un proceso judicial acorde a los DDHH y las leyes venezolanas ni acceso a la salud y alimentación. 

Con «meninas en dictadura» exigieron la libertad de presas políticas venezolanas

En la Plaza de Callao, en Madrid, España,  y en la Plaza Francia, en Chacao, Gran Caracas, activistas de los derechos humanos protestaron este 19 de maro por la libertad de las 20 presas políticas en Venezuela y el cese de las torturas en el país. Miembros de la iniciativa Realidad Helicoide y de las ONG venezolanas crearon unas esculturas y pancartas inspiradas en «Las meninas» del artista venezolano Antonio Azzato

La manifestación se replicó en Mérida, en Guárico, en Táchira, en Trujillo y en Zulia. Con «meninas» de cartón negro decorado con esposas y los retratos de las presas políticas, lo manifestantes gritaban el lema «Hasta que la última sea libre». 

«Hoy fuimos a cinco instituciones para pedir la libertad de las presas políticas», dijo Melania Leal Rosales, hermana de la presa política Emirlendris Benítez. «Mi hermana necesita libertad, está mal de salud. Se encuentra en silla de ruedas y no puede caminar más de dos metros. (…) Tiene una hernia en la columna, fibromialgia, está hipertensa, tiene migración de biopolímeros… De hecho, ayer estuve en la visita con ella y se me desmayó, sin saber qué le causó la descompensación».

«(Las presas políticas) son más vulnerables y, así sean mujeres, igual las golpean y las maltratan», agregó.

Desamparadas por el Estado

La defensora María de Jesús Pérez denunció que se cumplieron cinco años de la detención arbitraria de María Auxiliadora Delgado Tabosky, acusada de ser la presunta financista de una conspiración. La activista destacó que el Ministerio Público no tiene pruebas de su culpabilidad más allá de ser la hermana de uno de los supuestos involucrados en un presunto intento de asesinato a Nicolás Maduro en el año 2018. 

Pérez reiteró que María Auxiliadora sufre de cáncer de mama y el Estado no le permite ver a un médico especialista para su tratamiento. 

«La situación de las mujeres presas políticas es realmente grave. Muchas de ellas no tienen las condiciones que debe tener una persona en prisión (…). Muchas de ellas ni siquiera pueden recibir visitas. Hoy exigimos su libertad inmediata y sin condiciones», dijo la defensora de DDHH.

Mientras tanto, el abogado Eduardo Torres indicó que los familiares de las presas políticas acudieron a la embajada de España, a la sede de la Unión Europea en Caracas, a la sede de ONU Mujeres para expresar la «preocupación» por «la persistente persecución y arremetidas hacia los disidentes» del gobierno de Nicolás Maduro, «que se ha materializado en la detención arbitraria de más de 15.000 personas desde el año 2014».

Se reactiva la represión en Venezuela

 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó este 20 de marzo en la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Maduro reactivó su fase de represión más violenta de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, advirtió que los representantes de la ONU pudieron constatar que las autoridades venezolanas invocan «conspiraciones reales o ficticias» para «amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», lo que a su juicio pone en evidencia las graves dificultades que existen para que las elecciones se desarrollen con normalidad.

Por el momento, las ONG dedicadas a los derechos humanos de los presos políticos y los familiares de las víctimas seguirán exhibiendo a «Las Meninas en Dictadura» como una denuncia para respetar y reparar los derechos humanos de las presas políticas. 

Acnudh documentó 18 desapariciones forzadas en Venezuela desde enero de 2023

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció que en Venezuela se han documentado 18 casos de desapariciones forzadas desde enero de 2023 hasta ahora. Durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada este 19 de marzo en Nueva York, Nada Al-Nashif, miembro adjunto del Acnudh, precisó que las víctimas también reportan casos de tortura por parte de las fuerzas del Estado venezolano. 

«Las personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y se las mantuvo incomunicadas por días e incluso semanas», agregó Al-Nashif. «Incluso, durante ese periodo se ofreció la negativa (por parte del Estado) de reconocer la privación de libertad de las personas o se ocultó el paradero». 

La representante de la Acnudh precisó que todos estos casos están relacionado con imputaciones del Ministerio Público a presuntos delitos por terrorismo o asociación para delinquir. Pero estas acusaciones ocurrían luego de las desapariciones forzadas de las víctimas

La tortura sigue 

Al-Nashif agregó que el Acnudh también ha recibido nuevas denuncias sobre los tratos inhumanos a los presos políticos por parte de los funcionarios de inteligencia del Estado, «algunas de las cuales podrían constituir tortura».

Reiteró que los defensores de derechos humanos en Venezuela «siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas» por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Entre esos casos mencionó a los presos políticos Javier Tarazona y Rocío San Miguel

«También es preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», agregó la representante de la Acnudh.«La Oficina pide, una vez más la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente».  

El pasado 13 de marzo, el fiscal general de Venezuela asignado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, rechazó que el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado practicaran la desaparición forzada. Dijo que la sociedad civil y la prensa utilizan el término «de manera indiscriminada».

«Me resulta repugnante que, cada vez que el Estado venezolano actúa, los medios internacionales que parecen fachadas públicas de planes conspirativos hacen aparecer la figura de la desaparición forzada», dijo durante una rueda de prensa televisada. 

Fue durante la desaparición forzada de Rocío San Miguel que el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a la oficina del Acnudh en Caracas, luego de que la institución publicara un mensaje en la red social X para denunciar su «preocupación» por el paradero de la activista que llevaba más de 5 días desaparecida.

Al-Nashif dijo durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que existe una «profunda preocupación» por la decisión del régimen madurista de expulsar a los funcionarios de la ONU y suspender sus operaciones en el país.

«Desde la presencia del Acnudh puedo dar fe de que se produjeron cambios positivos; sin embargo, queda mucho por hacer», afirmó la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk. 

Mientras tanto, los partidos políticos venezolanos La Causa R y Vente Venezuela denunciaron que tres personas han desaparecido forzadamente por los funcionarios del Estado durante los últimos siete días. Las víctimas son Whillfer Piña y Renzo Flores, de La Causa R, y Joe Villamizar, de Vente Venezuela.