Misión de la ONU señala a funcionarios de gobierno de emitir declaraciones para incriminar a opositores
La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia
La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su cuarto informe que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que conducen programas de televisión utilizan estos espacios para emitir declaraciones incriminatorias sobre opositores.
El informe se refirió específicamente al programa «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).
«Las declaraciones del vicepresidente del Psuv «amenazan la seguridad de las personas contras las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios», señaló el informe publicado este miércoles 20 de septiembre.
El texto agrega que este tipo de programas «crean una imagen negativa en la opinión pública contra los medios de comunicación independientes, las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG».
La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia. A continuación, algunos casos mencionados en el informe
Diosdado Cabello es uno de los funcionarios que regularmente ha acusado a miembros de la sociedad civil de corrupción y robo, según la Misión de la ONU. Por ejemplo, en su programa del 19 de diciembre de 2020, Cabello señaló una lista de ONG de haberse robado dinero de Venezuela y de tener cuentas a nombre de empresas fantasmas para el lavado de dinero.
En el programa del 19 de enero de 2022, señaló nuevamente a varios miembros de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, que habían publicado críticas contra el Gobierno e información sobre derechos humanos, mostrando carteles con sus fotos y con la inscripción “Se busca” y “Ladrón”.
El informe de la Misión refiere que el 27 de enero de 2023, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó al periodista Alexander González y al dueño del Diario de los Andes, Eladio Muchacho Unda, después de que el periódico publicara tres notas informativas sobre el acoso a trabajadores públicos obligados a participar en manifestaciones progubernamentales.
Durante su programa radial “Háblame Gerardo”, emitido por ocho emisoras desde la radio Paisana 92.5 FM, radio oficial de la gobernación de Trujillo, Márquez señaló al periodista y al dueño del periódico de formar parte de un “plan de golpe de Estado”.
El 12 de abril de 2023, el programa Con El Mazo Dando difundió una compilación de videos de supuestos “ataques contra Venezuela”. Esta compilación de videos mostraba a varios líderes políticos de la oposición asociándolos a presuntos actos terroristas, según Cabello.
Las declaraciones denigrantes y difamatorias más comunes entre las documentadas por la ONU son las que tildan a una persona de traidora a la patria simplemente por haber criticado al Gobierno, o las que resaltan supuestos vínculos entre estas personas y algún “enemigo de Venezuela”, como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.
En enero de 2021 se emitieron señalamientos contra varias ONG, medios de comunicación y sindicatos, que presuntamente recibieron fondos del Gobierno de Reino Unido para sus actividades legítimas de informar y defender derechos humanos. El portal de noticias de Globovisión, con línea editorial progubernamental, acusó a estas organizaciones de recibir financiamiento del gobierno británico para derrocar al Gobierno del presidente Maduro.
La Misión identificó que las declaraciones injuriosas y las acusaciones infundadas descritas arriba son regularmente hechas por las más altas autoridades del Estado, como el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Muchas veces, estas declaraciones se hacen durante eventos oficiales como ruedas de prensa del presidente, actos públicos del Gobierno, y sesiones de la Asamblea Nacional.
En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a Provea y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos.
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