Violaciones

Los casos documentados por la Misión ilustran estas dinámicas de género y muestran un uso de la violencia sexual como una medida de tortura para extraer información

 

La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció en su cuarto informe las torturas y violencia sexual que han sufrido los implicados en la “Operación Constitución”. 

El informe destaca que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro (de distintos cuerpos policiales) hacen uso de la violencia sexual como una medida de tortura para extraer información y como «una forma de humillación y degradación de la persona».

La misión de la ONU identificó un patrón de utilización de la violencia sexual contra hombres pertenecientes o asociados a las fuerzas armadas, especialmente en el marco de las operaciones de inteligencia, con el fin de extraerles información o «presionarlos para auto inculparse de su participación», real o no en supuestos planes conspirativos. 

Caso Gasparini y Rangel 

Dos casos representativos de torturas y violencia sexual que expone el el informe de Misión de la ONU son el de John Jairo Gasparini Ferbans y el del Sargento Primero de la Guardia de Honor Presidencial, Jonathan Rangel, ambos acusados de estar implicados en el caso “Operación Constitución”. 

John Gasparini, mecánico automotriz, detenido en marzo de 2020, ha sido víctima de graves torturas como: golpes con bastes y mangueras, laceraciones en manos y pies, ruptura de piezas dentales, perdida de la audición, quemaduras, fractura de costillas y dedos de las manos, según el informe.

El 18 de marzo de 2020, mientras se encontraba de servicio diurno en el Fuerte Tiuna en el Municipio Libertador de Distrito Capital, Jonathan Rangel fue detenido por funcionarios de la DGCIM. Estuvo secuestrado por tres días. Lo colgaron de las manos, lo desnudaron y lo golpearon con una manguera y otros objetos contundentes en distintas partes del cuerpo.

Mientras lo golpeaban, los funcionarios le decían que estaba conspirando contra el Gobierno, que conocía a quienes participaron en los hechos y que tenía que dar sus nombres. Posteriormente lo violaron.

Además, el documento precisa detalles de la violencia sexual que sufrió. Una de las personas que lo interrogaba amenazó con violarlo «si no decía la verdad».  Posteriormente, se narra, le introdujeron un palo de escoba en el ano repetidamente, lo que le provocó secuelas de salud. 

Por el caso “Operación Constitución” diez presos políticos recibieron sentencias que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión. Cabe destacar que dichas condenas se conocieron el mismo día que la Misión Independiente de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó el nuevo informe sobre la violación a derechos humanos en Venezuela.

En este nuevo documento dejaron constancia de al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, catorce desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023. 

Violencia sexual presente

En el informe de 2020 la Misión documentó 45 incidentes de violencia sexual que incluyeron 89 actos tales como violación sexual, amenazas de violación, desnudez forzada, requisas corporales invasivas e innecesarias y otros actos incluyendo violencia dirigida a los genitales y manoseos.

Para 2021, la Misión documentó 14 casos de violencia sexual, incluyendo violaciones y amenazas de violación, contra 10 hombres y 4 mujeres.

En 2022, la Misión documentó 11 casos que reflejaban patrones comunes de violencia sexual cometidos por funcionarios del SEBIN y de la DGCIM contra las personas detenidas, e identificó algunos de los individuos responsables de ordenar o de perpetrar directamente dichos actos.

Para el periodo 2020-2023, la Misión investigó los casos de 19 personas (4 hombres, y 15 mujeres incluyendo una mujer trans) víctimas de violencia sexual y de género cometidas contra personas opositoras o percibidas como tales.

«Todos los casos de violencia sexual y de género documentados por la Misión ocurrieron en lugares de detención, ya sea en contra de personas detenidas o de sus visitas», destacó el informe. 

Nayarí González, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, resaltó la vulneración a la libertad de expresión, con el cierre de más 70 emisora de radio

 

Más de 30 organizaciones de la Alianza de los Derechos Humanos en los llanos y el Táchira, encabezada por la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron un monitoreo exhaustivo a la Comisión del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH), en Venezuela. 

Roland García, director ejecutivo de Fundehullan, expresó la necesidad que se brinde un seguimiento minucioso a la realidad que se enfrenta en la regiones del interior del país.

«Sabemos que vienen realizando un trabajo importante en Venezuela, pero no es suficiente, es por eso la labor de documentación que venimos realizando desde las diversas organizaciones en las que se comprueba que el gobierno nacional,de manera sistemática, vulnera los derechos civiles y políticos. En el último trimestre del año 2022 hubo un incremento de 16,7% de la criminalización de las gremios, sindicato y ONG por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e instituciones, entre otras», expresó.

García destacó que este llamado debe cesar la criminalización a los defensores de derechos humanos, líderes sindicalistas, organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios en el país.

@FundehullanVzla a través de la Alianza de DDHH Llanos junto a 30 OSC. Solicitan en #Caracas a la misión del ACNUDH mayor monitoreo de las sistemáticas vulneraciones a los DDHH en las regiones de Venezuela #Llanos #Tachira

Una mirada a las regiones @ONU_es @CIDH @HumVenezuela pic.twitter.com/QkTilvv4S1

— ONG Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) December 14, 2022

Nayarí González, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, resaltó la vulneración a la libertad de expresión, con el cierre de más 70 emisora de radio, lo que dejó sin espacios para informar, educar y entretener a la colectividad.

«El cierre de las emisoras es la falta de regularización en la renovación de concesiones, que vulnera el derecho a estar informado, el derecho al trabajo, afectando a las familias cuyo  medio de sustento es a través del desempeño de los medios de comunicación. Razón por la cual exhortamos a la Comisión de la ONU a evaluar está situación en la región de los Llanos y Andes de Venezuela» apuntó.

Por otra parte, Andrea Parra, presidente de la Confederación de Trabajadores del estado Guárico y vocera de la Alianza de Derechos Humanos de los Llanos, señaló que las condiciones en las que se encuentran los trabajadores son mínimas, con un sueldo de 130,00 BsD, lo que equivale a 7 dólares. Eso le imposibilita garantizar cubrir las necesidades básicas y los obliga a estar en una pobreza extrema.

Los voceros de las organizaciones insisten en la necesidad de profundizar el monitoreo en los estados, pues más allá de la realidad que pueda mostrarse en Caracas, existen condiciones de vulnerabilidad que afectan la dignidad humana de los ciudadanos en el interior de Venezuela.

Concluyen que es importante que todo esto se documente a través de la comisión Acnudh.

*Con información de NP

Las denuncias en el periodo previo a la campaña oficial, acumula el 60% de las denuncias totales. En ese tiempo se realizó una intensa y notoria campaña pública

 

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, informó este domingo 21 de noviembre, en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, que pasadas las 7:30 de la mañana habían logrado la constitución de 76% de las mesas electorales en el país.

El presidente del Poder Electoral dijo que las elecciones en Venezuela, transcurren siempre con una absoluta organización, consciencia, madurez, un rasgo de nuestra cultura y pidió que se mantuviera ese espíritu.

En este primer balance, Calzadilla no informó sobre irregularidades o denuncias en, por ejemplo, los centros de votación en Zulia o los presuntos problemas con las credenciales para que los testigos de mesa ingresaran a los centros electorales.

Guachimán Electoral sí registró denuncias del proceso electoral

La jornada electoral de este domingo, en la que se elegirán a los representantes de los cargos ejecutivos y legislativos de 23 gobernaciones y 335 alcaldías, inició con 275 denuncias del proceso electoral.

Según reseña la página web de El Guachimán Electoral, el mayor número de denuncias durante el período de campaña electoral, que comenzó el 28 de octubre, se ha registrado desde el 13 de noviembre hasta el 20 de noviembre (la campaña finalizó el 18/11), periodo en el cual se han recibido 40% de las quejas ciudadanas.

Guachimán Ciudadano registra más de 275 denuncias de violaciones al proceso electoral al inicio del proceso de votación.https://t.co/sZ0RTSMtDf pic.twitter.com/VBOBSZm4zJ

— Guachiman Ciudadano (@GuachiCiudadano) November 21, 2021

Previo a la campaña 

Las denuncias en el periodo previo a la campaña oficial, que acumula el 60% de las denuncias totales. En ese tiempo se realizó una intensa y notoria campaña pública.

Guachimán Electoral afirma que las irregularidades más frecuentes denunciadas por los ciudadanos se refieren a los reglamentos de campaña (236 denuncias), entre ellos uso de fondos públicos, políticas públicas y sociales como elementos de campaña, funcionarios e instituciones públicas involucradas en la campaña y violación al lapsos de campaña dictado por el CNE. También se han verificado 23 violaciones a las normas de bioseguridad a causa del COVID19.

Quieres ver como va el mapa de denuncias? hoy a horas de las elecciones #regionales2021 la campaña continua. https://t.co/ooERfd2QyC pic.twitter.com/Of2IzGADcj

— Guachiman Ciudadano (@GuachiCiudadano) November 20, 2021

Los registros de IPYSve, contenidos en su Reporte Anual, también revelaron que 122 medios privados, 34 medios independientes y 24 extranjeros fueron objeto de violaciones de las libertades informativas

 

Este lunes 01 de marzo el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela, presentó su Reporte Anual titulado “El Virus de la Censura”, el cual indicó que 374 casos que acumularon 636 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales se registraron en los 12 meses de 2020. El informe resaltó que las detenciones arbitrarias fue el mecanismo represor más recurrente y que los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron los principales victimarios de los ataques y las agresiones contra los trabajadores de la prensa y medios de comunicación.

De acuerdo con los datos recabados a través del sistema de Alertas de Libertad de Expresión y Derechos Digitales de IPYSve, el decreto de Estado de Alarma promulgado por la administración de Nicolás Maduro el 13 de marzo de 2020 ante la situación de emergencia producto del Covid-19 se convirtió en el marco de restricciones y censura. Según los datos del Reporte anual de IPYSve, en este contexto se totalizaron 63 violaciones al acceso a la información pública.

Asimismo, “El Virus de la Censura” detalló que al menos 325 personas sufrieron vulneraciones contra sus derechos informativos. De ese total, 195 fueron hombres y 130 mujeres. De acuerdo con el informe, los profesionales más afectados fueron los reporteros ya que 194 de estos trabajadores sufrieron atropellos y ataques. A estos les siguieron los reporteros gráficos y los directivos de medios.

Igualmente, el Reporte Anual señaló que dos asesinatos y un intento de homicidio contra trabajadores de la prensa se registraron entre enero y diciembre del año pasado. El locutor José Carmelo Bislick y el comunicador comunitario Andrés Eloy Nieves Zacarías fueron asesinados en agosto pasado. Por su parte, el reportero gráfico Jamel Louka sufrió un intento de asesinato en el mes de diciembre.

Los registros de IPYSve, contenidos en su Reporte Anual, también revelaron que 122 medios privados, 34 medios independientes y 24 extranjeros fueron objeto de violaciones de las libertades informativas. En el ámbito digital, “El Virus de la Censura” indicó que se cometieron alrededor de 77 violaciones a los derechos digitales de los venezolanos y que los medios web fueron blanco del mayor número de limitaciones. La censura afectó a 85 de estas plataformas informativas, con lo cual los ataques a este tipo de medios superaron a los de otros medios como las emisoras de radio y las televisoras.

*Lea el informe completo AQUÍ

El Estado fue el principal agresor contra la libertad de expresión en Venezuela durante 2019

Desde 2012 se han registrado 2865 casos que atentan contra este derecho

 

El abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 534 casos que acumularon 1032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos.

Estas restricciones en la labor periodística fueron incluso mayores a las que ocurrieron en el 2017, cuando se constataron 518 casos. El aumento en el número de limitaciones durante 2019 se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el país.

Ipys informó que la mayoría de las incidencias se registraron en los primeros seis meses del año, pues 61% de los hechos, es decir 330 casos, ocurrieron entre enero y mayo. Mientras que entre julio y diciembre se contabilizaron 204 incidentes. Las 1032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana.

 

 

En 2019, esta organización registró un número importante de hechos relacionados con el uso abusivo del poder estatal. Las 512 violaciones bajo esta categoría comprendieron principalmente 101 casos que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 47 detenciones arbitrarias, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 16 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, siete seguimientos y seis deportaciones a periodistas.

Con un total de 47 casos y al menos 76 periodistas vulnerados por estas medidas, de los cuales 48 fueron reporteros venezolanos y 28 corresponsales extranjeros, esta cifra de detenciones arbitrarias solo se compara con las registradas en 2017, que sumaron un total de 54 casos, y que ocurrieron en un escenario donde las libertades informativas también se enfrentaron a grandes riesgos durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas.

Durante 2019, el poder ejecutivo, en distintos niveles, fue el principal victimario. Cometieron 338 casos de violaciones a la libertad de expresión, 155 más de las registradas en 2018, año en el que se contabilizaron 183 casos. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue el segundo victimario con violaciones reiteradas al sumar 36 incidencias. Seguidamente estuvieron los simpatizantes oficialistas con 34 casos, los tribunales, con 10, y los funcionarios de seguridad de instituciones públicas que fueron responsables de 8 limitaciones. También hubo una participación de victimarios no estatales como desconocidos (50), delincuencia organizada (16), ciudadanos (16), directivos de medios (16) y civiles armados (5).

 

Autoritarismo digital

En 2019 ocurrieron también 191 alertas de restricciones a los derechos digitales de los venezolanos. Esta cifra representa más del doble de casos con respecto al 2018, cuando se registraron 69 incidentes. Las violaciones a las garantías en la red comprendieron 101 restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país, 40 ataques a los servidores de portales informativos y acciones intimidatorias hacia periodistas, 38 bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, 9 restricciones a la expresión en línea, y al menos 3 restricciones normativas. Así lo constató el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.

Estas medidas de censura digital fueron un tema de preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este reporte la ONU constató que en los últimos años el Gobierno venezolano “ha bloqueado regularmente sitios web de noticias y de las principales redes sociales”, y señaló que esta práctica está limitando aún más el acceso a la información independiente de aquellas personas que no tienen acceso a internet. Justamente, en 2019 se mantuvo el patrón de vulneraciones dirigidas principalmente a medios de comunicación independientes. Entre los portales más afectados por estas formas de censura se encontraron: El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando.info y Runrunes.

Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de esta organización, junto a las herramientas del Open Observatory of Network Interference (OONNI), una organización mundial encargada de seguir y documentar las interferencias en la libertad en internet, también se corroboraron nuevas incidencias de censura en internet mediante la investigación Intercortados 2019. A partir de la búsqueda de los mismos 25 sitios web de noticias y redes sociales, 628 veces cada uno, durante cuatro días de octubre y desde las conexiones de CANTV, Movistar y Digitel, este trabajo permitió confirmar que los contenidos de estas plataformas fueron bloqueados en un 33% de las ocasiones.

 

*Lea el informe completo en: Ipysvenezuela.org

BAJO

EL CERCO:

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera enfatizó en unas declaraciones ofrecidas a la prensa, luego de culminar la reunión de este miércoles en la Asamblea General de la ONU, que Irán, China, Turquía, Rusia y Cuba están afectando los intereses de la región mientras apoyan al régimen de Nicolás Maduro. “Tenemos más de 4 millones de refugiados, y ese número incrementará si la situación continúa”, aseguró Piñera quien señaló que para lograr la recuperación de Venezuela, los líderes del mundo deben hacerles la vida difícil a todos los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Precisamente en ese sentido la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una resolución firmada por Trump en ese sentido donde explica que “Dada la importancia para los Estados Unidos de fomentar el funcionamiento del gobierno constitucional y las instituciones democráticas en Venezuela, he determinado (…) restringir y suspender la entrada al país, como inmigrantes o no inmigrantes, de miembros de alto rango del régimen de Nicolás Maduro y otros descritos en esta proclamación que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas de Venezuela, o impiden la restauración del gobierno constitucional”. El texto detalla que la medida aplica para las siguientes personas: miembros del régimen a nivel de viceministro, equivalente o superior; todos los oficiales del Ejército, la Policía o la Guardia Nacional, con rango de coronel, equivalente o superior; todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; aquellos extranjeros que actúen en nombre o en apoyo del régimen de Maduro para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela; los extranjeros que obtengan un beneficio financiero de transacciones o negocios con funcionarios chavistas; y los familiares directos de todas las personas mencionadas. La prohibición quedará sin efecto para aquellos que “cesan estas acciones y toman medidas concretas para ayudar a devolver a Venezuela a un país democrático y funcional”. Resumiendo: de viceministros y coroneles hacía arriba…

 

EN NUEVA YORK:

La misión venezolana ante la ONU pudo volver a contratar los servicios de Modesto Diaz, dueño de la empresa “Caribbean Style” pagando en efectivo (€ o $) para montar el operativo de la visita del canciller Arreaza, sus acompañantes, hoteles y alquileres de los vehículos, los acompañantes de seguridad y cualquier apoyo necesario. Antes, todo esto. en casi 20 años, lo pagaba CITGO. Fueron años de lujo y despilfarro bajo la presidencia de PDVSA de Rafael Ramírez Carreño y luego cuando éste fuera embajador ante el organismo mundial. Por cierto que una compra millonaria de medicamentos hecha el año pasado desde Houston, para el Hospital JM de los Ríos nunca llego a su destino.  

 

ALERTA A VIOLACIONES:

La  obra, coeditada con el Instituto de Estudios Parlmentarios Fermín Toro (IEPFT) y coordinada por el presidente del instituto, el abogado y exparlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los siete ensayos que produjeron, como trabajo final, los abogados que participaron, durante el primer trimestre de 2019, en el curso de Derecho Parlamentario de la Maestría en Derecho Constitucional de la UCAB. Su título lo dice todo: “Contra la Representación Popular: Sentencias Inconstitucionales del TSJ de Venezuela”. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra de la Asamblea Nacional, desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015, han violado la propia Constitución nacional e impactado negativamente la labor del parlamento, menoscabando su función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistías y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. “Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TSJ al país y a su Constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una República”, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TSJ burlan “la voluntad expresada en el voto de catorce millones de personas” y bloquean “los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz”. Actual y válida en estos momentos que la bancada roja se reincorpora a la Asamblea nacional que aún consideran en desacato y quisieron acabarla desde Miraflores.

 

¿CENSURA PRIVADA?:

La denuncia la han hecho los portales LaPatilla.com y ElPitazo.net. El primero señala: “Los servicios ISP de Telefónica Movistar en Venezuela han sido restringidos a sus clientes para impedir el acceso al portal de noticias de LaPatilla.com. El servicio de internet de empresa española registró una dramática caída del 50% de visitas a la página lapatilla.com desde el 6 de septiembre, según los registros obtenidos de Google Analytics. Debido al abrupto comportamiento del tráfico y la persistencia de la situación se descartó una falla en el sistema, debido a la que el único acceso que se ha impedido desde la mencionada fecha ha sido al site lapatilla.com, que se une a otro importante grupo de portales de noticias también bloqueada por la empresa española”. Desde elpitazo.net informan que el primer bloqueo que sufrieron fue el 18 de septiembre de 2017 por parte de las tres operadoras móviles, una gubernamental y dos privadas. Primero fue elpitazo.com, luego elpitazo.info. El año pasado, primero de agosto, de nuevo las tres operadoras bloquearon el tercer dominio elpitazo.ml y el 17 de junio de este año elpitazo.net. No le importa al régimen obligar a las operadoras a violar la Constitución y los derechos a la libertad de información alli consagrada.

Aquí los gráficos de laPatilla.com:

 

 

 

 

COFAVIC TIENE LA MISIÓN DE CONTRIBUIR con la formación de una sociedad más democrática, en la que la impunidad sea la excepción y no la regla y las violaciones de derechos humanos no sean toleradas por el Estado ni por la sociedad. Son objetivos de COFAVIC promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos mediante la educación, la investigación y la difusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

COFAVIC también trabaja con el firme objetivo de potenciar el empoderamiento de las personas para que fortalezcan la defensa de sus derechos. Para ello asesora y acompaña de una manera integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a sus familiares y la sociedad en su conjunto.

De esta manera, no sólo brinda orientación a los sectores que requieren servicios jurídicos, sino que contribuye al establecimiento de precedentes jurisprudenciales positivos que estén dirigidos a mejorar el sistema de protección de Derechos Humanos en el ámbito interno.

Uno de los pilares fundamentales de funcionamiento de COFAVIC es la atención de casos de violaciones de derechos fundamentales. En este sentido, las víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos tales como derecho a la vida, integridad física y libertad personal, pueden acudir a nuestra organización en búsqueda de apoyo institucional, asesoría jurídica, psicológica y orientación comunicacional. Una vez que se han agotado las instancias internas de protección, una opción de justicia es acudir al sistema interamericano de derechos humanos

Para COFAVIC es fundamental que los casos que se llevan ante el sistema se refieran a una violación concreta de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (por nuestro mandato específico atendemos derecho a la vida, integridad personal o garantías judiciales referidos a estos); que en el delito exista una responsabilidad directa o indirecta por parte del Estado; que exista la posibilidad concreta de una actuación jurídica y evidencia suficiente disponible; que el caso sea ilustrativo o paradigmático dentro del contexto venezolano, que pueda ser útil para sentar precedentes educativos a favor de los derechos humanos y que posea impacto social.

Son numerosos los casos que ha asumido COFAVIC a lo largo de 29 años de historia. Entre los más importantes se encuentra el que le dio vida y que hoy en día tiene una sentencia favorable a las víctimas de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Caracazo. Para ese caso, 44 víctimas fueron asistidas legalmente y recibieron la indemnización ordenada por la Corte, aun cuando todavía esperan por justicia.

Adicionalmente, COFAVIC ha llevado otros cinco casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales 4 obtuvieron sentencia favorable de la Corte Interamericana, y uno falta por la decisión final. Estos son:

El caso de la masacre del Retén de Catia (Caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela 1992), donde perdieron la vida más de 60 reclusos en 1992; el caso de las desapariciones forzadas, luego de la tragedia de Vargas, en 1999 (Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela); el caso de Néstor Uzcátegui (Caso Néstor Uzcátegui y otros Vs Venezuela), un joven de 21 años, asesinado por presuntos funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón; el caso de los 11 miembros asesinados de la familia Barrios (Caso Familia Barrios y Otros Vs Venezuela); y el más reciente, el caso del secuestro, tortura y violencia sexual sufrida por Linda Loaiza López (Caso López Soto y Otros Vs Venezuela), cuya sentencia aún no ha sido emitida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el Caracazo y el dictamen lo emitió en dos fases. En 1999 se expuso la sentencia de fondo, y en 2002 la Corte se pronunció sobre  las reparaciones y costas, única sentencia condenatoria de carácter definitivo sobre estos hechos.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia sobre la masacre del Retén de Catia. Fijó pautas destinadas a evitar la repetición de crímenes en las cárceles venezolanas. Sin embargo, el balance hoy en día, es que no se ha cumplido ninguna de las medidas ordenadas al Estado venezolano ni ningún otro punto resolutivo de la sentencia.

El 28 de noviembre de 2005 la Corte dictó sentencia por las desapariciones forzadas en Vargas. En el escrito indicó que el Estado violó, en perjuicio de Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Rivas Fernández, los derechos a la Vida; a la Integridad Personal; a la Libertad Personal; Garantías Judiciales y de Protección Judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como incumplió con las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En el caso de Néstor Uzcátegui, la sentencia de la Corte determinó que los hechos se produjeron “en el marco de un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte de escuadrones o cuerpos policiales y que dichas circunstancias eran conocidas por distintas entidades del Estado, así como por el personal encargado de llevar a cabo la investigación en el caso de la muerte de Néstor José Uzcátegui”. Además, recalcó que las investigaciones relativas a la muerte de Néstor no han sido prontas y efectivas, ni llevadas a cabo en un lapso de tiempo razonable.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recordó que Venezuela ha incumplido con las medidas de reparación que le impuso en su sentencia de 2011 por el caso de la familia Barrios, en el que once miembros de dicha familia fueron ejecutados extrajudicialmente, en su mayoría por agentes de la policía.

Y el pasado 6 de febrero se realizó la audiencia del caso de Linda Loaiza López ante la Corte Interamericana. Se espera que la sentencia se emita este mismo año.

Es importante resaltar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo son utilizadas para instar a los Estados Parte a dar una correcta reparación a las víctimas, sino que, en sí, fungen como precedentes para atender otros casos similares, para elaborar políticas adecuadas de prevención y reparación.

La Jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana ha sido significativa para el desarrollo de las garantías en materia de Derechos Humanos de las Américas, beneficia en gran medida a la población más excluida, que resulta ser víctima constante de violaciones a sus derechos humanos. En este sentido, también ha brindado una posibilidad real a las víctimas de obtener una reparación integral al daño causado, que comienza por el reconocimiento, por medio de una sentencia, de la responsabilidad del Estado sobre el hecho; el mandato internacional de llevar a cabo investigaciones oportunas y eficaces que lleven a la detención, juzgamiento y sanción de los responsables, y a la obligación de tomar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole a los fines de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

 

El pasado 30 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Acnudh, presentó el informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1° de abril al 31 de julio de 2017”, del cual recientemente nos había dado un adelanto muy corto. En esta oportunidad lo desarrolla en 47 páginas en las que, luego de un riguroso trabajo de investigación, develan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura en las recientes protestas vividas en nuestro país.

Para la realización del informe, el 6 de junio de 2017, la Acnudh creó un equipo para documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas masivas en Venezuela ocurridas entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017. En ausencia de autorización del gobierno para entrar en el país, el equipo del alto comisionado emprendió actividades de monitoreo a distancia en la región, entre las que se incluyó 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público. También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.

El documento detalla el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas, y ataques y restricciones contra opositores.

Las conclusiones del informe indican que en Venezuela se “pone de manifiesto una situación de derechos humanos cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al gobierno del presidente Maduro. La Acnudh documenta la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales en el contexto de las manifestaciones realizadas en todo el país, violaciones que tienen por objeto frenar cualquier tipo de protesta contra el gobierno. Constató que las fuerzas dDe seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También señala la existencia de patrones de maltrato, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas”.

Además, “constató que las fuerzas de seguridad habían utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones. Los incidentes de uso excesivo de la fuerza fueron generalizados y siguieron un patrón común. La alta incidencia de fuerza excesiva y el nivel de daño infligido a los manifestantes infundieron temor y disuadieron a la gente de participar en las protestas. La información reunida por la Acnudh reveló que las fuerzas de seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso de otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de barreras para separar a las personas que participaban en las protestas. La información recopilada por la Acnudh y otra información pública disponible indicó que las tanquetas antimotines utilizadas por la Guardia Nacional Bolivariana lanzaron con regularidad varias docenas de bombas lacrimógenas al mismo tiempo. También se utilizaron tanquetas lanza-agua que en ocasiones tumbaron a las personas manifestantes y las impactaron directamente en la cabeza”.

El informe pone al descubierto las atrocidades cometidas por el régimen y solicita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, que es miembro del Consejo.

La respuesta del régimen no tardó en darse a conocer. El embajador ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, acusó a la Oficina del Alto Comisionado de comportarse “como una de las tantas ONG financiadas por intereses inconfesables para satanizar, en nombre de los derechos humanos, a gobiernos y pueblos soberanos” y de sumarse “a la campaña intervencionista foránea, que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la patria de Bolívar”. El informe “está plagado de mentiras”, por utilizar presuntamente “fuentes sesgadas” y reproducir información “de organismos fantasmas, de ONG financiadas por instancias del gobierno norteamericano y órganos de seguridad”, según Valero, y agregó: “Una narrativa falsa y manipuladora” de lo que realmente ocurrió en ese período.

No podíamos esperar una respuesta diferente del régimen, ellos nunca han aceptado sus errores y propuesto una rectificación, yo solo le agregaría que las violaciones de los derechos humanos no prescriben y que a los responsables, según documenta el informe de la Oficina del Alto Comisionado y muchas otras instituciones más, les tocará responder por todo esto. La justicia a veces tarda pero siempre llega.

@cnietopalma

El Nacional