Este miércoles, 20 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión del proceso electoral de la Universidad de los Andes (ULA) destinado a la elección de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de cogobierno de la casa de estudios; y lo hizo sin publicar el texto completo de la sentencia.
Mediante la sentencia N° 015 la Sala Electoral suspendió el proceso de elección de las autoridades con ocasión de un recurso interpuesto por el abogado y profesor jubilado José Eladio Quintero Marquina contra el Consejo Universitario de la ULA.
Hasta los momentos se desconocen los fundamentos jurídicos de tal decisión, porque la Sala no ha publicado el texto completo donde explique los motivos de la suspensión.
Las elecciones en la casa de estudios estaban previstas para el próximo 30 de abril, mientras que se estimaba que la segunda vuelta electoral fuese el 8 de mayo de 2024, el acto de proclamación de los ganadores de la elección se el 21 de mayo y el acto de juramentación el 5 de junio.
#AlertaLegal Mediante sentencia n.° 15 del #20mar la Sala Electoral ordenó la suspensión del proceso electoral de la Universidad de los Andes, con ocasión de un recurso interpuesto por un profesor jubilado #JusticiaVepic.twitter.com/KzgsoiWUKZ
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) March 21, 2024
Una práctica común
Según la ONG Acceso a la Justicia, la suspensión de las elecciones en las universidades suele ser una práctica común del TSJ.
La ONG indicó que en noviembre del año pasado, la misma Sala intervino las elecciones de la Universidad de Carabobo (UC), y aún la sentencia no ha sido publicada.
Aunque la UC se opuso a la medida de suspensión de las elecciones, la Sala Electoral declaró no ha lugar tal oposición, sin publicar el texto del fallo.
Acceso a la Justicia alertó que el proceder de la Sala Electoral «viola el principio de publicidad de las sentencias, y además deja en indefensión a las universidades, que desconocen bajo qué argumentos (la Sala) suspende el proceso de elecciones de sus autoridades».
«Suspender los comicios de nuestras universidades nacionales viola la autonomía universitaria, que estas tienen consagrada constitucionalmente», afirmó la ONG.
15 años sin renovar las autoridades
Han pasado 5 años desde la última elección en la Universidad de los Andes. Cabe destacar que dicha decisión, según la organización Aula Abierta, «menoscaba el derecho al voto de los universitarios a decidir la renovación de sus autoridades y así como de esas mismas autoridades a entregar sus cargos como corresponde legalmente, todo ello en ejercicio de su autonomía y competencias que le dan las leyes, reglamentos y normativas vigentes».
Se estima que la segunda vuelta electoral sea el 8 de mayo de 2024, mientras que la totalización del escrutinio entre el 2 y 3 de mayo
Después de 16 años, la Universidad de Los Andes (ULA) realizará elecciones de autoridades universitarias de gobierno y cogobierno el próximo 30 de abril. Así lo informó la Organización de la Sociedad Civil Aula Abierta, a través de su cuenta en X, antes Twitter.
Aula Abierta indicó que el proceso electoral permitirá a los estudiantes, profesores y empleados de la ULA elegir a sus líderes.
«El acto de votación es personal, individual y manual, en las respectivas sedes de cada Facultad, Núcleo, Extensiones y Dependencias donde existan mesas de votación programadas y se realizará desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, si no hay votantes en cola», informó la organización.
#Alerta#ULA convoca elecciones de autoridades para el 30 de abril de 2024
🗳️ El proceso de votación se llevará a cabo desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm
Se estima que la segunda vuelta electoral sea el 8 de mayo de 2024, mientras que la totalización del escrutinio entre el 2 y 3 de mayo. La presentación e inscripción de candidaturas rectorales se realizará desde el martes 27 de febrero hasta el 5 de marzo de 2024.
Por su parte, la inscripción de candidaturas decanales y cogobierno se hará entre el miércoles 6 al 8 de marzo.
Mientras que la revisión y admisibilidad de las candidaturas a cargos rectorales tendrá lugar entre el lunes 11 al 15 de marzo, mientras que para cargos decanales y cogobierno se hará entre el 18 al 20 de marzo.
Le sigue la publicación del listado definitivo de candidatos el 11 de abril, mientras que la campaña electoral se desarrollará desde el viernes 12 de abril a las 6:00 am hasta el sábado 27 de abril a las 12:00 am.
Mientras que la inscripción de candidaturas decanales y cogobierno se hará entre el miércoles 6 al 8 de marzo
Dos ciudadanos interpusieron un recurso contencioso contra la universidad para que el voto del personal obrero y administrativo tenga el mismo peso que el de los profesores justo cuando la academia ya tenía planificado los comicios y publicó la lista de candidatos a rector
Al mismo tiempo, la Universidad de Los Andes informó que planea renovar sus autoridades el primer semestre del 2024 bajo un reglamento transitorio similar al usado por la Universidad Central de Venezuela
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió este lunes 13, vía sentencia, las elecciones de autoridades de la Universidad de Carabobo (UC) previstas para el 29 de noviembre.
En la sentencia 123 de la Sala Electoral del Tribunal, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez aceptó un recurso que solicitaron los ciudadanos Pedro Ulacio y Hernán Barrios, en su condición de personal administrativo activo y jubilado (respectivamente), para contener los comicios internos de la academia.
Apelaron ir en contra del Estatuto Transitorio de Elecciones de la UC, publicado el pasado 20 de julio, para que el personal obrero y administrativo tenga el mismo peso porcentual que los docentes a la hora de votar.
Hasta el momento de la publicación de este texto, la academia no ha dado declaraciones públicas frente a la diatriba del Tribunal.
Cortesía: El Carabobeño
Freno a la Universidad de Carabobo en la recta final
Este lunes la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo publicó la lista de admitidos para las elecciones de autoridades. Uno de los excluidos fue el actual vicerrector administrativo, José Ángel Ferreira, quien se postuló al cargo de rector junto a los decanos Ulises Rojas y José Corado.
#Atención La Comisión Electoral Universitaria (@ceu_uc) publicó el Listado definitivo de candidatos postulados con resultados del Proceso de Admisión. Evaluación de Credenciales e Impugnaciones para la elección de autoridades, decanos y representantes del Consejo de Apelaciones. pic.twitter.com/OyI5PKfuqM
Ferreira precisó que su candidatura a rector no fue admitida por dos objeciones administrativas: la primera del año 2000, por una sanción aplicada al Consejo Universitario por parte de la Contraloría General de la República, del cual formaba parte; y posteriormente en el año 2003, como decano presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por su interpretación respecto a una jubilación.
La renovación de las autoridades universitarias se encuentra paralizada desde hace más de una década, debido a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suspendieron los procesos en las universidades autónomas.
La Universidad Central de Venezuela logró hacer elecciones para el cambio de autoridades este año. Mientras tanto, la Universidad de los Andes anunció este 13 de noviembre que aprobó el Reglamento Transitorio para la realización de elecciones para los cargos de rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales para hacer unas elecciones «en el primer semestre del 2024».
Hasta ahora, la La Comisión Electoral de la Universidad de los Andes está solicitando la data formal del personal a las dependencias a fin de adelantar la elaboración del padrón electoral. Por el momento, el peso de los votos entre las personas que hacen vida en la academia andina quedará igual que la Universidad Central de Venezuela: 25% para los estudiantes, 10% personal administrativos, 10% obreros, 5% egresados y el 50% para la base profesoral.
«Así como los adecos y los copeyanos nos han dado palo, también nos lo están dando los oficialistas, solo que el garrote es mayor, mucho mayor», señaló el rector de la ULA
Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes (ULA), denunció este lunes, 31 de octubre, la asfixia presupuestaria que afecta a la casa de estudio.
Durante una rueda de prensa, Bonucci señaló que para el año 2023 se le asignará el 43% de lo que pidieron en la ULA, sin embargo, dijo que «este año ha llegado menos del 3%» del presupuesto solicitado.
Para el rector de la ULA, en Venezuela «hay una política de estado no escrita» que busca «ahogar» a las universidades.
«No te dan al presupuesto que te asignan, el salario es de miseria, no tienes protección social, no tienes providencias estudiantiles. ¿Cómo se llama eso? Ahogo», sentenció.
Asimismo, aclaró que la crisis en las universidades comenzó en el año 2007, pues fue cuando el gobierno, en ese entonces de Hugo Chávez, tomó la medida de «repetir los gastos de funcionamiento».
«Todos los gobiernos nos han dado palo. A ningún gobierno le interesa la universidad porque la universidad es la conciencia crítica de este país», dijo.
También, agregó: «Así como los adecos y los copeyanos nos han dado palo, también nos lo están dando los oficialistas, solo que el garrote es mayor, mucho mayor».
Bonucci también denunció que los docentes universitarios siguen percibiendo sus salarios a través del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), con una convención colectiva impuesta.
“No tenemos aquello que garantizaba la gratuidad de la enseñanza y permitía a los estudiantes de clase más desposeída poder llegar a la universidad”, expresó.
Por otra parte, indicó que la educación se ha privatizado por la vía de los hechos, porque el gobierno no envía los recursos.
Rector de la Universidad de Los Andes explica la crítica situación de las universidades públicas en Venezuela. Diáspora estudiantil, perdida de capital humano, y un enorme déficit de recursos. Sólo han recibido el 3% de los recursos presupuestarios asignados por Ley. pic.twitter.com/wJ3Apt4Oc6
Mario Bonucci, rector de la ULA, afirmó que buscan ahogar las universidades. En el caso de la ULA, se mantiene una condición crítica, tanto en lo presupuestario como en lo operativo, sin embargo, sigue formando profesionales para el país. pic.twitter.com/tlVvN4Gf88
La universidad no posee un presupuesto suficiente y por ende salarios y seguridad social de todos los universitarios no son dignos, pero a pesar de ello, y de muchas otras dificultades, la Universidad de Los Andes sigue abierta afrontando la Emergencia Humanitaria.
Estudiantes de la ULA protestaron este lunes, 31 de enero, frente a la sede del rectorado para denunciar la precaria situación que viven docentes, trabajadores y obreros.
Los decentes son unos de los más afectados por la crisis económica. Tendrían que trabajar al menos 64 meses para poder cubrir la canasta básica.
Ante ese dato, Miguel Pizarro, comisionado especial para la Ayuda Humanitaria, denunció que los docentes venezolanos enfrentan condiciones laborales críticas.
«Salarios de hambre, derechos vulnerados por el régimen, inseguridad alimentaria, migración forzada e imposibilidad de acudir a médicos y adquirir medicinas por los altos costos de las mismas», señala Pizarro en su denuncia.
Los docentes en Venezuela enfrentan condiciones laborales críticas: salarios de hambre, derechos vulnerados por el régimen, inseguridad alimentaria, migración forzada e imposibilidad de acudir a médicos y adquirir medicinas por los altos costos de las mismas. pic.twitter.com/DdSCyntVS3
Asimismo, Pizarro citó información publicada por Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu), señalando que los docentes son víctimas de «salarios de hambre, derechos vulnerados por el régimen, inseguridad alimentaria, migración forzada e imposibilidad de acudir a médicos y adquirir medicinas por los altos costos de las mismas».
Por su parte, la ONG @fundaladeshu reportó que el salario mínimo de los docentes en el país oscila entre los 8 y los 13 dólares mensuales, tendrían que pasar 64 meses para que un docente que trabajara en una sola escuela pública pudiera costear una canasta básica de alimentos.
Ladeshu también advirtió, según indicó Pizarro, que el salario mínimo de los docentes en el país oscila entre los 8 y los 13 dólares mensuales.
«Tendrían que pasar 64 meses para que un docente que trabajara en una sola escuela pública pudiera costear una canasta básica de alimentos», alertó.
Por su parte, la ONG @fundaladeshu reportó que el salario mínimo de los docentes en el país oscila entre los 8 y los 13 dólares mensuales, tendrían que pasar 64 meses para que un docente que trabajara en una sola escuela pública pudiera costear una canasta básica de alimentos.
Denuncian política del Estado para empobrecer a trabajadores universitarios
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes publicó el pasado 29 de enero una nota de duelo, debido al fallecimiento del señor Antonio Suárez, quien trabajaba como vigilante en esa casa de estudios.
A propósito del suceso, los estudiantes de esa institución protestaron este lunes, 31 de enero, frente a la sede del rectorado para denunciar la precaria situación que viven docentes, trabajadores y obreros.
«Los universitarios están en situación de indigencia», expresaron, al tiempo que denunciaron la política del Estado para «reducirlos a la pobreza extrema»
Nota de duelo. Lamentamos el fallecimiento del Sr. Antonio Suarez trabajador de la @ULA_Venezuela como vigilante en la FACIJUP. Denunciamos una vez más la política de estado en contra de los universitarios para reducirlos a la pobreza extrema. pic.twitter.com/MYcm2VfaRM
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes surgió a raíz de las protestas antigubernamentales en 2014
@franzambranor
En 2014, Venezuela era un hervidero, protestas en todos los rincones del país contra el gobierno de Nicolás Maduro. De las 43 personas asesinadas en las manifestaciones, cuatro fueron en el estado Mérida. La entidad registró decenas de heridos, algunos de bala y cientos de detenidos.
En medio de esta coyuntura, el 17 de marzo el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes creó el Observatorio de Derechos Humanos (ODH-ULA) a fin de documentar y denunciar la desproporcionada represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra la ciudadanía, especialmente a universitarios. La respuesta de los funcionarios también supuso violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica.
Mayda Hocevar, directora del Observatorio, dijo que antes del inicio de las protestas el 12 de febrero de 2014, ya la comunidad universitaria estaba afligida por el asesinato del estudiante, Héctor Moreno a manos de delincuentes en la madrugada del 5 de enero. La muerte de Moreno aunada a la situación de escasez, inflación y altos índices de inseguridad hicieron que Mérida se uniera a las protestas a nivel nacional.
¿Cómo ha sido el transitar de la organización hasta el presente?
Mayda Hocevar: Desde entonces, la situación ha empeorado en todos los sentidos. En 2017 hubo un nuevo episodio de protestas ciudadanas, en medio de un contexto mucho más complejo: la emergencia humanitaria. Durante estas protestas, la comunidad universitaria fue afectada con asesinatos, detenciones arbitrarias, uso de la justicia militar contra civiles, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Después de la imposición de la asamblea nacional constituyente muchos líderes estudiantiles se vieron forzados a huir del país de modo que las protestas han disminuido. La situación de la universidad ha empeorado y se encuentra básicamente paralizada, ello significa el declive de la investigación científica, fuga de cerebros, y atraso tecnológico del país.
¿Qué servicios ofrecen la organización y en qué áreas se desempeñan?
MH: Nosotros hacemos documentación y monitoreo de violaciones de derechos humanos, educamos a la gente en esta materia, brindamos asesoría gratuita y hacemos litigio estratégico. Somos un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA. Además contamos con un grupo de 20 voluntarios.
¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas a las que atienden?
MH: La mayoría tiene temor a denunciar. Ignorancia de sus derechos e inseguridad de las posibilidades de obtener resultados. Desconfianza en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos por la lentitud y aparente falta de efectividad.
¿Cuentan con alianzas estratégicas?
MH: Tenemos nexoscon organizaciones de la región articulados en la Red Andina de Derechos Humanos y con organizaciones a nivel nacional afiliados a diversas redes. Operamos principalmente en Mérida, pero observamos también los estados Táchira y Trujillo.
¿Cuáles son los mayores retos de la organización?
MH: Operar en un contexto no democrático, agravado por el confinamiento por el Covid-19, con severas fallas en los servicios públicos, de comunicaciones y de movilidad, restricciones y limitaciones financieras de la universidad.
MH: El asesinato de Wuilderman Paredes a manos de efectivos de la Policia Nacional Bolivariana el pasado 8 de junio de 2019, en el marco de una cola para echar gasolina en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina. También acompañamos a Gerardo y Luis Paredes, primos de la víctima y heridos en este mismo contexto. El jueves 22 de octubre de este año, el juez del Tribunal Penal de Juicio Nro. 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodriguez dictó sentencia. De los seis efectivos implicados en el hecho, solo Luis Gerardo Vargas fue condenado a 18 años de prisión. Los otros cinco fueron absueltos.
También atendimos el caso de Carlos Varón y Ricardo Prieto, bomberos de Mérida detenidos por hacer un video satírico, donde mencionan el nombre de Maduro y el de 22 personas que perdieron total o parcialmente la vista por disparos a los ojos de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017.
El siguiente comunicado, firmado por tres profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes y por la bióloga Diana Duque Sandoval, fundadores y relacionados con la Estación Experimental Caparo (ULA), responde al artículo de opinión del exdiputado (PSUV) Juan Francisco García sobre la Reserva Forestal de Caparo, publicado el pasado 14 de abril y sometido a revisión por Runrun.es.
Qué íbamos a pensar los universitarios ligados a la Estación Experimental Caparo (municipio Andrés Eloy Blanco, estado Barinas, Venezuela) el 20 de enero de este año, cuando de manera local y restringida en la ciudad de Mérida conmemorábamos los 50 años del establecimiento de la misma, que menos de 3 meses después deberíamos darle un carácter nacional a esos 50 años. Una «celebración» efectuada en medio de la crisis permanente en la que viven las pocas instituciones sobrevivientes a años de debacle planificada de la infraestructura social y económica del país, exitosamente ejecutada desde los entes que se supone deben su existencia a la institucionalidad.
Desde hace algunos días ha tenido lugar una campaña de desinformación en diferentes medios de comunicación, promovida por un grupo de invasores de la Estación Experimental Caparo, en la cual los agresores que han deforestado cientos de hectáreas en la estación, se muestran como víctimas de las acciones de desalojo ejecutadas por organismos oficiales, en cumplimiento de la ley y de procedimientos legalmente sustentados. Además de este torcido cambio de identidad, de invasores a pobladores desalojados, MIENTEN AL AFIRMAR:
* Que la Universidad de Los Andes posee una concesión para la explotación maderera en la Reserva Forestal Caparo.
* Que esa concesión concluyó en 2012, y que a partir de ese año la bióloga Diana Liz Duque es la nueva concesionaria de la Estación Experimental Caparo, haciéndola responsable de una presunta tala de árboles y construcción de un camellón, actuando con el conocimiento de generales, el gobernador del estado Barinas y el ministro del ambiente (sic), quienes constantemente visitan la zona.
* Que la madera explotada, especialmente la de las plantaciones de teca, está comprometida con una empresa india y está siendo exportada.
* Que estos hechos evidencian el fraude del proyecto forestal de la Universidad de Los Andes, la violación de los derechos de los campesinos y el profundo daño que se hace al ecosistema.
* Que ellos son pobladores de la Estación Experimental Caparo.
La campaña ha sido acompañada de hechos concretos: el 16 de abril de 2020 ellos han intentado, por sexta vez este año, una invasión a la Estación Experimental, en esta oportunidad por el sector de la Pica 5.
En este sentido, quienes suscribimos, profesionales que hemos estado vinculados a los programas y proyectos desarrollados en la Estación Experimental Caparo, en calidad de docentes e investigadores adscritos a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes o como ejecutores de proyectos técnicos en la Estación, consideramos pertinente y necesario exponer a la colectividad nacional los hechos reales que han caracterizado los 50 años de fructífera labor, en este muy especial espacio de la geografía nacional.
La Estación Experimental Caparo, conformada desde enero de 1970, es un caso raro en el área de conservación y manejo de la biodiversidad de los bosques estacionales tropicales de tierras bajas, ha resistido durante 50 años las amenazas de invasión y deforestación y es, hoy en día, la mayor superficie relictual de los bosques alisios de Venezuela y Colombia que ocuparon, originalmente, más de 1 millón de hectáreas, representando aproximadamente el 0,6 % del total.
Se encuentra localizada en la esquina noroeste de la Reserva Forestal Caparo, decretada hace 59 años, la cual constituía, originalmente, una extensión selvática de unas 174.000 hectáreas, actualmente exterminada por la sobreexplotación de los bosques y la ocupación ilegal de sus territorios para el desarrollo de actividades de agricultura y ganadería.
Hoy, de toda esa superficie, solo los ecosistemas de la Estación Experimental Caparo sobreviven en un lote de un poco más de 6000 hectáreas de las 7000 originales, que al compararlos con el área total de la Reserva Forestal Caparo se nos antoja muy pequeña, pero es lo asignado a la Universidad de Los Andes en el contrato de comodato original, suscrito el 16 de diciembre de 1982; es lo único que queda de esa selva gracias al esfuerzo de varias generaciones de profesores, investigadores, obreros, estudiantes y técnicos que desde su inicio comenzaron a estudiar, inventariar, clasificar y manejar los ecosistemas de este rincón de los llanos del Orinoco.
La idea visionaria del profesor Dr. Luis Enrique Rodríguez Poveda (+) germinó durante la primera década de trabajo (1970 – 1980) y se logró separar ese pequeño lote para los estudios del bosque de esta reserva, con fines de manejo forestal.
Para la década de 1980 se establece la figura de COMODATO con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, mediante el cual la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Los Andes manejaría la estación con fines de investigación, lo que era un reconocimiento formal al trabajo que allí venía ejecutando la universidad.
Desde el principio se establecieron plantaciones forestales y se comenzó a manejar el bosque con fines de producción maderera, objetivo primordial de una reserva forestal. Paralelamente, se realizaba docencia, investigaciones sobre la flora, la fauna, los suelos y otros aspectos de la ecología local, y extensión con los pobladores de las comunidades aledañas. La primera escuela que existió en ese sector fue instalada y sustentada por la Universidad de Los Andes.
La superficie de la estación se dividió en áreas de manejo, dentro de las que destacaban el Área de Manejo Forestal Extensivo (cerca del 60 % del total) y el de plantaciones forestales (alrededor de 6 %). Dentro de este esquema se propuso, además, una superficie de 2.700 ha (34 % del total) para destinarla a los estudios básicos de la biodiversidad y la preservación de la fauna y flora silvestres; en el resto del área las afectaciones forestales respetaban, en lo posible, la integridad de los ecosistemas, lo que es claramente evidente, en la actualidad, para cualquiera que la visite.
Para la tercera década de trabajo, la de 1990, la estación se había convertido en un centro de generación de información valiosísima sobre la ecología de los bosques llaneros y sobre el manejo forestal sustentable. Decenas de trabajos de investigación y tesis de grado de pre y postgrado, resultado de la labor de universidades nacionales y extranjeras, entrenando y educando, además, profesionales del campo forestal, biológico y agronómico. Cabal testimonio de la producción académica generada son los 335 trabajos, cuyo índice puede ser consultado en la lista que aparece en la página Facebook Caparo Estación Experimental.
Mientras esos procesos sucedían dentro de la Estación Experimental Caparo, en el resto de la Reserva Forestal Caparo la ocupación ilegal y arbitraria, con fines agropecuarios, fue sustituyendo los espacios donde había bosques. Los lotes asignados a las empresas madereras que actuaban como concesionarias fueron paulatinamente invadidos, el bosque fue talado y la mayor parte de la superficie de la reserva fue convertida en un sin fin de fincas y predios agropecuarios; solo el área asignada a la Universidad de Los Andes, correspondiente a la estación experimental, permanece; sin embargo comenzó a ser codiciada por los terratenientes que utilizan a los «campesinos sin tierra», a quienes financian para que actúen como punta de lanza con el argumento de que el bosque natural es «tierra ociosa» que ellos pondrán a producir para satisfacer la demanda de alimentos, en un proceso de «justica social». Una vez «legalizada» la invasión, los invasores profesionales entregan a sus promotores la tierra obtenida y, con similares procedimientos y argumentos, continúan su tarea devastadora. Por esta vía, la Estación Experimental Caparo ha perdido cerca de 1000 ha. Tal nivel ha alcanzado la práctica invasora en los Altos Llanos Occidentales, que en las reservas forestales de Guayana se han conseguido invasores originarios del estado Barinas.
Para los albores del S XXI y dentro del esquema social imperante en Venezuela, se agudizaron las amenazas y, hacia el año 2005, se contuvo una fuerte invasión en el sector suroccidental de la estación, que destruyó 900 ha de bosque. A pesar de las denuncias, inspecciones y decisiones judiciales, no se pudo recuperar el área ni hubo sanciones para los responsables; este hecho se convirtió en un antecedente negativo para la seguridad de la estación.
En 2010, en la Estación Experimental Caparo se conmemoraron sus 40 años con la asistencia de investigadores nacionales y extranjeros, estudiantes, personal de la estación, autoridades universitarias y vecinos de las comunidades circundantes, en un seminario que evaluó las actividades desarrolladas en esas 4 décadas. Durante el evento, se descubrieron extracciones ilegales de madera de las plantaciones, hechas por explotadores furtivos.
La crisis nacional de la última década ha golpeado particularmente a las universidades, que se mantienen estoicas y tenaces como centros de generación de proyectos necesarios para el desarrollo sustentable del país. Sin embargo, los problemas económicos y logísticos actuales dificultan sobremanera el trabajo en un medio radicalmente hostil; esto, aunado a las permanentes amenazas de invasiones, ha llevado a que el trabajo del personal adscrito a la Estación Experimental Caparo se torne heroico y riesgoso.
Durante 2018 se efectuaron nuevas invasiones, esta vez dirigidas por una supuesta cooperativa campesina denominada «Embajadores de Cristo 777», con una planificación organizada de manera minuciosa para ocasionar un impacto contundente contra los valores naturales de la Estación Experimental Caparo, que fue tomada por los 4 puntos cardinales y solo después de una larga campaña llevada a cabo por autoridades universitarias, profesores, estudiantes, personal de la estación, la bióloga Diana Liz Duque a través del Proyecto Mono Araña y pobladores de las comunidades vecinas, se logró el desalojo de los invasores que ya habían talado el bosque en múltiples sectores, construido ranchos y establecido siembras de rubros agrícolas.
La Fiscalía Ambiental apoyó a la universidad y ordenó el desalojo de estas personas, que utilizaron una estrategia diferente a invasiones anteriores haciendo uso, como en la actualidad, de medios periodísticos, mintiendo y difamando, presionando y amenazando al personal de la Universidad de Los Andes destacado en la estación. Sobre estas acciones, se detalla información en este enlace de la página de la institución en Facebook.
El poderoso respaldo que estos invasores reciben es de tal medida, que habiendo suscrito el presidente Nicolás Maduro en 2018 un punto de cuenta en el que ordenaba el desalojo de los invasores de la Estación Experimental Caparo, dando al mismo la calificación de URGENTE, pasaron muchas semanas y múltiples esfuerzos de los defensores de la estación para que los organismos competentes hicieran efectiva tal orden.
Durante 2019, después del desalojo, continuaron las amenazas de nuevas invasiones y se ocasionaron incendios en el bosque; pero ha sido ahora, en 2020, cuando alevosamente volvieron las mismas personas, aprovechando el estado de alarma decretado para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, organizadas en la cooperativa Embajadores de Cristo 777, la misma que actuó contra la estación en 2018, reiterando la campaña difamatoria en los medios de comunicación contra la Universidad de Los Andes y el Proyecto Mono Araña.
Imagen de la invasión, 16 de abril de 2020. Obsérvese tocones de árboles talados y otros que empezaban a ser cortados. A la derecha, rancho de palma para alojar a los invasores.
Apenas se insinuaba la difícil situación planetaria originada por la COVID-19 que ha puesto en la palestra pública, entre otras cosas, la necesidad de una relación armónica entre el hombre y el ambiente. En ese instante pensamos que deberíamos divulgar, a mayor escala, los logros de la Estación Experimental Caparo y su importancia; pasados 3 meses y en medio y en una situación mundial inédita, nos vemos en la necesidad de escribirle al país para defender la estación del ataque artero contra la institución e investigadores que hacen vida en ella.
Funcionario del Ejército, asignado a la protección de la Estación Experimental Caparo, inspecciona rancho construido por los invasores (abril 2020).
De la lectura de estos alegatos, que responden a las informaciones ya referidas, las que carecen de toda veracidad y que han encontrado eco en diferentes medios de comunicación sorprendidos en su buena fe, se desprenden las siguientes aclaratorias:
* La Universidad de Los Andes no es una concesionaria maderera en la Reserva Forestal Caparo; tiene una Estación Experimental establecida hace 50 años y maneja el área con fines de investigación, docencia y extensión, sustentada en un contrato de COMODATO suscrito con la República, el cual fue renovado en el año 2006. La madera extraída por la Universidad ha sido producto de las plantaciones hechas por ella. El aprovechamiento comercial del bosque natural, en la Estación Experimental Caparo, cesó en 1996.
* Las 7.000 ha a las que hacen referencia los invasores, son precisamente el área de la Estación Experimental Caparo y son el único relicto boscoso continuo (a pesar de los invasores) de las 174.000 ha originales de la Reserva Forestal Caparo y de las más de 1 millón de ha que conformaban este ecosistema en los llanos venezolanos y colombianos.
* La zona protegida -sobre todo la Estación Experimental- es hogar de al menos 248 especies de aves, 30 anfibios y 60 mamíferos, entre ellos el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) y la danta (Tapirus terrestris). Aquí viven tres especies de primates: el capuchino de frente blanca (Cebus albifrons), el mono aullador rojo (Alouatta seniculus) y el mono araña marrón o multicolor (Ateles hybridus); este último, registrado en Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la UICN y en la Lista Roja de Venezuela de especies amenazadas.
* No explican los invasores algo rotundamente evidente, que solo el área que ha estado bajo la administración y el manejo forestal de la Universidad de Los Andes es la que se ha conservado en sus condiciones naturales originales; el resto de la Reserva Forestal Caparo fue pasto de las acciones de quienes han actuado como depredadores del bosque, enarbolando la bandera de la justicia social, impunemente por décadas.
* La producción técnica y científica de la estación está respaldada por 335 publicaciones que abarcan 52 años de trabajo en el área. Una lista preparada por el profesor Omar Carrero Araque registró 99 trabajos entre los años 1967 y 1999; la misma fue actualizada por el profesor José Lozada para incluir los 236 producidos entre los años 2000 al 2019.
* La Biól. Diana Liz Duque (@Lizduquesa) no posee alguna empresa maderera, no ha suscrito un contrato de concesión con la República y no está involucrada en la explotación de los bosques. El proyecto MONO ARAÑA que dirige, es una investigación sobre la ecología del mono araña, especie en peligro de extinción que tiene, en la Estación Experimental Caparo, una de las pocas áreas de distribución que le restan para su supervivencia. El proyecto es una iniciativa de conservación a largo plazo, que desde el 2012 realiza investigaciones y acciones para proteger a este primate, es financiado internacionalmente y es, hoy en día, el único proyecto con sustento propio en la Estación Experimental Caparo, acorralada y amenazada.
* La Biól. Diana Liz Duque desarrolla las actividades del proyecto Mono Araña con pleno conocimiento de la Universidad de Los Andes, institución a cargo de la administración y manejo de la Estación Experimental Caparo.
Estos invasores no pueden considerarse pobladores tradicionales de la RFC, han intentado establecerse allí de manera ilegal, razón por la que su desalojo ha sido acordado y ejecutado desde diferentes instancias de Poder Público.
* Tratar de convertir los intentos de ocupar ilegalmente la Estación Experimental Caparo en un proceso de carácter político, acusando a mansalva a cualquiera que se oponga a sus acciones ilegales y depredadoras, da una idea clara del carácter de sus protagonistas y la abierta intención de crear un estado de confusión que les permitiría encontrar los modos de concretar sus intenciones.
Mono araña (Ateles hybridus), especie en peligro de extinción, objeto del proyecto de conservación adelantado en la Estación Experimental Caparo. Foto Diana Liz Duque.
Como resultado de la invasión ocurrida en 2018, a la ciudadana Herminia Díaz, quien dirigió esos hechos, le fue impuesta la sanción de efectuar trabajos comunitarios consistentes en el establecimiento de viveros para la reforestación de las áreas intervenidas, sanción que no se está cumpliendo con los parámetros técnicos mínimos que garanticen el logro exitoso de los propósitos que se le asignaron.
Este año, en medio de la cuarentena, continúan los ataques al bosque; ya van hasta la fecha 6 intentos de invasión que han sido impedidos con la actuación del Ejército, del personal de la estación y del Proyecto Mono Araña. En el intento del 6 de abril, amenazaron de muerte a los guardabosques; sin embargo, la estación no está sola y se continúa trabajando aunque siguen recibiendo amenazas. El jueves 16 de abril se dio el último intento de invasión por el sector de la Pica 5, siendo repelidos por los funcionarios del Ejército destacados para la protección de la Estación Experimental, aunque no se descartan nuevas tentativas en los próximos días.
De acuerdo con la Ley de Bosques (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.222 del 16.8.2013) los terrenos donde se localicen bosques naturales no podrán ser considerados ociosos o incultos. Las reservas forestales se establecen en terrenos baldíos, ejidos y otros propiedad de la nación, destinadas al aprovechamiento del patrimonio forestal y a la generación de productos y beneficios ambientales mediante un plan de manejo. En la misma se declara de utilidad pública e interés social la conservación, aprovechamiento y manejo sustentables de los bosques y el patrimonio forestal; y se declara de orden público las disposiciones que rijan la conservación de especies y ecosistemas forestales de especial valor ecológico, la prevención y control de ilícitos contra el patrimonio forestal, y la investigación e innovación tecnológica para el desarrollo forestal sustentable.
Por estas razones, las aspiraciones de los invasores carecen de viabilidad jurídica, a menos que la Reserva Forestal Caparo sea desafectada de su condición legal de Área Bajo Régimen de Administración Especial. En las décadas de 1960 y 1970, con la finalidad de detener las invasiones en la Reserva Forestal Ticoporo, cercana a la de Caparo, se adelantaron sendos procesos de desafectación parcial para establecer asentamientos campesinos; el resultado, las tierras desafectadas terminaron en manos de terratenientes y las invasiones continuaron. Hoy, los bosques de Ticoporo prácticamente desaparecieron, las invasiones asolaron la Reserva Forestal Caparo y de esta solo quedan en pie los bosques de la Estación Experimental Caparo.
La Ley antes citada manda a las universidades a incorporar en sus programas y líneas de investigación, estudios y proyectos relacionados con el conocimiento del bosque, la conservación, manejo y uso sustentable del patrimonio forestal. En esta materia la Universidad de Los Andes, desde la década de 1950, ha tenido entre sus líneas docentes, de investigación y extensión comunitaria la conservación del ambiente y, especialmente, el campo forestal, ámbitos en los que ha sido pionera en Venezuela y Latinoamérica.
La ocupación ilegal de los espacios universitarios destinados a docencia, investigación y extensión se ha convertido en práctica corriente en Venezuela; en el caso de la Universidad de los Andes, además de la Estación Experimental Caparo, han sido objeto de intentos de invasión la Estación Experimental El Irel (Barrancas, municipio Cruz Paredes, estado Barinas) y la finca Judibana (El Vigía, municipio Alberto Adriani, estado Mérida).
La Estación Experimental Caparo es motivo de orgullo para los venezolanos, los barineses y los pobladores del municipio Andrés Eloy Blanco. Su defensa es materia del más elemental sentido nacionalista, no solo para quienes transitamos las sendas del ambientalismo y, especialmente, del manejo forestal sustentable, sino para cualquier ciudadano que entienda el valor ecológico y social de la conservación de estos espacios, donde se asienta nuestro patrimonio natural, el que debemos legar a las generaciones por venir.
Mérida, 19 de abril de 2020.
Firman:
Omar E. Carrero Araque, CI V- 2.504.926. Cofundador de la ESTACIÓN EXPERIMENTAL CAPARO – Jubilado. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Universidad de Los Andes.
José R. Guevara González, CI V- 3.377.231. Profesor jubilado / Curador del Herbario MER. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes
Elides A. Sulbarán Zambrano, CI V-4.493.677. Profesor activo. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Universidad de Los Andes.
Diana Liz Duque Sandoval, CI V-17.759.070. Licenciada en Biología. Directora del Proyecto Mono Araña
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LA INSEGURIDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES de la Universidad de Los Andes (ULA) se ha incrementado drásticamente, tanto así que las autoridades de esta casa de estudios han dedicado varios Consejos Universitarios para denunciar el acoso por parte de la delincuencia. La institución ha sido víctima de constantes robos y hurtos en las distintas dependencias, lo que ha ocasionado contratiempos en la normal actividad de la institución.
Según Gustavo Páez, Coordinador del OVV Mérida, desde finales de 2016, todo 2017 y 2018, la ULA ha sido azotada por la delincuencia. “Estamos viendo un proceso de desmantelamiento progresivo de la Universidad, en el cual prácticamente no se ha salvado alguna de sus tres sedes (Táchira, Mérida y Trujillo) y seguramente ninguna de sus facultades y otras dependencias”.
Las reseñas periodísticas muestran las denuncias que han realizado algunas autoridades universitarias sobre robos y hurtos no sólo en las distintas facultades sino en muchos centros de investigación. Prácticamente todas las facultades y dependencias han reportado actividades delictivas. Es oportuno señalar –indicó Gustavo Páez- que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP), ubicado hacia la zona norte de la ciudad de Mérida, específicamente en el sector Santa Rosa, es una de las dependencias que más se ha visto afectada por la delincuencia. “La mayoría de estos robos y hurtos en nuestra institución han ocurrido en horas de la noche, fines de semana o en temporadas de vacaciones colectivas extensas, es decir, las de los meses de agosto y diciembre”, recalcó Gustavo Páez.
A manera de ejemplo, solo en el IIAP, entre 2017 y 2018, se han contabilizado una docena de robos y hurtos en sus instalaciones, algunos de ellos perpetrados por los victimarios con armas de fuego. “En las inmediaciones donde se ubica la empresa Lácteos Santa Rosa, los clientes se han visto afectados por robos a plena luz del día. Incluso se han presentado matanza y hurto de varias cabezas de ganado pertenecientes a la Universidad, las cuales se ubican en potreros de la mencionada dependencia, donde queda la interrogante, si el delito cometido fue por hambre o para posteriormente comercializar el producto en carnicerías”, agregó el representante del OVV Mérida.
De acuerdo a una revisión de prensa encabezada por el equipo de Mérida, se lograron cuantificar entre 2017 y 2018 unos 32 robos y hurtos ocurridos en ese período. Adicionalmente, en un sondeo rápido hecho a las autoridades de algunas dependencias, se contabilizaron unos 22 actos delictivos más, entre robos y hurtos. “Ello representa seguramente solo una pequeña muestra de todos los robos y hurtos cometidos contra las instalaciones y bienes de la Universidad, donde también es probable que un buen número de hechos delictivos no sea denunciado”, explicó Páez.
A mediados del mes de noviembre, un hecho impactó a la comunidad ulandina cuando sujetos armados entraron a la Facultad de Humanidades, específicamente a la Escuela de Medios Audiovisuales e hirieron de gravedad a un vigilante y procedieron a robar 19 computadoras, con lo que desmantelaron el área de producción de esta dependencia. Todo parece indicar, y así lo han dejado ver las denuncias realizadas por autoridades de la ULA, que existen grupos delincuenciales que operan dentro de la universidad. Cantidades de llamados se han realizado desde el Consejo Universitario para que las autoridades gubernamentales atiendan la situación de inseguridad presente en el campus universitario.
Finalmente, el coordinador del OVV Mérida recalcó que en la consumación de esos delitos los delincuentes han sustraído, entre otros equipos, cantidades de metros de fibra óptica, computadoras de oficina, laptops, equipos de jardinería, diversidad de materiales de oficina, partes de vehículos (incluso se han llevado vehículos completos), fluorescentes, bombillos, tuberías y cables de electricidad.
Todo esto sin ahondar en la cantidad de robos (con armas de fuego y armas blancas) que se ejecutan a diario en los alrededores de las distintas facultades y dentro de las mismas en salones, pasillos, áreas verdes y estacionamientos. “La Universidad de Los Andes viene padeciendo un proceso de desmantelamiento progresivo en sus diversas instalaciones que, además del factor negativo de asfixia presupuestaria y migración masiva de sus profesores y personal administrativo, técnico y obrero, la está conduciendo inexorablemente a corto o mediano plazo a un cierre técnico”, concluyó el profesor Gustavo Páez.
