Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable
Guzmán reiteró que el gobierno de Maduro aún enfrenta retos para erradicar la trata, prostitución y explotación sexual de venezolanos migrantes
Dafna Hacker Dror reiteró que la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluyen situaciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco
Tras la presentación del noveno informe periódico del Estado venezolano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), organizaciones no gubernamentales del país y expertos de la CEDAW rechazaron los alegatos presentados por la delegación venezolana.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil e incluso expertas de otras delegaciones de la CEDAW cuestionaron la presentación de la delegación venezolana y presentaron pruebas que desdicen lo que presentó el Estado venezolano.
«Me preocupa la falta de atención que se le concede a la prostitución, a la explotación de la mujer venezolana. Me rompe el corazón escuchar informes alarmantes de mujeres venezolanas que han sido víctimas de trata sexual en su tránsito a otros países. Teniendo en cuenta que millones de mujeres han abandonado el país en los últimos años en situaciones complicadas», señaló la experta israelí en temas de género, Hacker Dror, ante el balance de la delegación del gobierno de Maduro.
Diva Guzmán León, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, había sido la encargada de presentar el informe de la delegación de Nicolás Maduro ante la CEDAW. En el grupo gubernamental había representantes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; la Asamblea Nacional; el Consejo Nacional de Derechos Humanos; la Corte Suprema de Justicia; el Ministerio Público; el Consejo Nacional Electoral; y el Representante Permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Durante su presentación, Guzmán reiteró el «compromiso» del Estado venezolano con las políticas de igualdad de género, señalando que el gobierno ha promulgado leyes a favor de la igualdad de género y derechos de la mujer a una vida libre de violencia y aseguró que las sanciones han impedido la compra de piezas para equipos médicos, así como la procura de reactivos para laboratorios, material médico quirúrgico y vacunas.
Trata de mujeres venezolanas
A pesar de las aseveraciones de la delegación venezolana en la CEDAW, en donde afirmaron que el Ministerio Interior, Justicia y Paz cuenta con frentes preventivos, asegurando que «sean zonas rurales o indígenas, no importa cual sea el área del territorio, ahí estamos desplegados», organizaciones y expertas de otras delegaciones presentaron información que contradice el discurso de la delegación venezolana.
Hacker Dror reiteró que la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluyen situaciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, que se desvelaron tras la Misión de Investigación sobre Venezuela a través de un informe que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en 2022.
«El informe describe la explotación sexual de niñas y adolescentes en las minas que afectan ante todo a niñas y adolescentes indígenas de esa zona del Orinoco», aseguró Hacker Dror.
En septiembre de 2022, la ONG Kapé-Kapé advirtió que la implementación del Arco Minero ha diversificado el impacto de la violencia contra las mujeres indígenas.
Diversos derechos vulnerados
Durante la presentación del informe de Sombra sobre Venezuela de las ONG ante la CEDAW se relató que las mujeres en Venezuela deben enfrentarse a diversas violaciones de sus derechos.
María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide, resaltó que la escasez de anticonceptivos y la dificultad para acceder a ellos ha generado que mujeres de bajos recursos recurran a prácticas irreversibles.
«Las jornadas de esterilización para mujeres, hechas por el Plan Quirúrgico Nacional, son una medida de discriminación basada en género que refuerza los estereotipos», aseguró Ibáñez.
En su intervención, Cristina Ciordiat, coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) recordó que en el 2014, la Cedaw instó al Estado venezolano a producir y publicar datos desagregados y confiables sobre tipos de violencia contra la mujer, la recomendación no ha sido cumplida.
«Los datos presentados por Venezuela provienen de inconsistentes órganos del Estado, que no cumplen con las recomendaciones sobre registro desagregado y son cifras que nunca han sido de acceso público, ni son verificables», sostuvo Ciordiat.
Además, Emilin Piña, presidenta de la Fundación Mujer tu Voz tiene Poder, indicó que el Estado venezolano no ha garantizado los acuerdos pactados porque se han incumplido no solamente las leyes que rigen en Venezuela, sino que también se han infringido los acuerdos y los tratados internacionales que se han dado en el mismo marco.
Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que la ausencia absoluta del estado de derecho y justicia en Venezuela se debe a la ruptura institucional producto de que jueces, fiscales y defensores públicos no tienen autonomía alguna y por eso no cumplen su rol de control del poder político.
«Se deben designar verdaderos operadores de justicia que cumplan y defiendan los derechos de los ciudadanos y no se limiten a cumplir órdenes», dijo Louza.
Cofavic, por su parte, denunció que en el desarrollo de mecanismos de «seguridad ciudadana» las mujeres y niñas son obligadas a presenciar actos violentos y que son objeto de otro tipo de vulneraciones de sus derechos a través de «amenazas de violencia sexual, insultos misóginos, golpes y detenciones arbitrarias».
En total, las ONG venezolanas presentaron más de 30 informes en la Cedaw, en los que documentaron la falta de interés del Estado venezolano para resguardar los derechos de las mujeres en Venezuela
«Las ONG venezolanas se han esforzado por visibilizar el contexto restrictivo en el cual se desenvuelven las mujeres, que cada vez se ven más afectadas por la falta de recursos y de manera diferenciada por la emergencia humanitaria compleja (EHC)», detalló en una publicación Sinergia, red venezolana de OSC.
Las ONG venezolanas se articularon desde hace más de un año para producir estos informes que evidencian la realidad del incumplimiento de las obligaciones del Estado en resguardo de los derechos de las mujeres en Venezuela.
CEDAW rechaza ataques a la CPI
Entretanto, la presidenta de CEDAW, Ana Peláez Narváez, rechazó los ataques en contra de la Corte Penal Internacional (CPI) que hizo el representante del gobierno de Nicolás Maduro, Larry Devoe.
Durante la sesión, las expertas de la ONU preguntaron por las denuncias de violaciones y violencia sexual que investiga la CPI. Como respuesta, Devoe se mostró en contra de la investigación que lleva adelante el fiscal Karim Khan.
“El proceso que se está desarrollando en la Corte Penal internacional es un proyecto, es un proceso que responde a objetivos políticos. Forma parte de la agresión multiforme que desde el Gobierno de los Estados Unidos se ha impulsado para promover un cambio de régimen en Venezuela”, aseguró.
Además, indicó que está “demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo cual la Corte Penal internacional no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela”.
