Transparencia Venezuela

UN VIDEO DE NANCY PELOSI, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que fue editado para que pareciera como si estuviera borracha; fotos de un helicóptero sobrevolando una particular Amazonía “llena de pinos”; un avión Sukhoi que vuela de Caracas a Bogotá en 11 segundos. Cientos, miles de informaciones falsas aparecen en el mundo cada día. 

Desde este martes 15 de octubre, existe EsPaja.com un nuevo portal de verificación de información que combate la desinformación desmontando mensajes potencialmente falsos, de los que circulan como noticia pero también los que son emitidos por voceros ante la opinión pública.

EsPaja.com es un proyecto de Transparencia Venezuela que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 

“La lucha contra la corrupción requiere, entre muchas otras cosas, datos e información confiable y verificable. La institucionalización de la opacidad, la censura y cierre de medios, la propaganda con ribetes de dato oficial, hace difícil dirimir entre lo real y lo falso”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. 

El nuevo portal es una excelente herramienta para quienes quieran despejar las dudas sobre informaciones potencialmente falsas, además con la posibilidad de hacer consultas y solicitar confirmaciones, según afirmó Víctor Amaya, director del proyecto.

“Cada vez más necesitamos saber qué es verdad, pero también qué es paja y lo que esté en la mitad, por eso en EsPaja.com hemos creado una herramienta para que verificar lo que te llega, lo que leíste por allí, no solamente para que estés más informado, sino mejor informado. En EsPaja.com hacemos periodismo para que estemos claros”, agregó el periodista.

EsPaja.com es el primer portal venezolano en su tipo que permitirá a la audiencia solicitar verificaciones. Para ello, los ciudadanos cuentan con un número de Whatsapp 0424-1981060, un formulario de contacto en la propia página, las cuentas oficiales @EsPajave en Twitter, Facebook e Instagram, así como la aplicación de denuncias DiloAquí en Android y Iphone.

El fenómeno de las informaciones falsas o fake news no es nuevo, pero el florecimiento de las redes sociales les ha brindado mayor espacio para su desarrollo en el ámbito público. Por otra parte, el auge del populismo como estrategia para llegar al poder, tanto de derecha como de izquierda, ha incrementado la desinformación entre los ciudadanos. 

“Lo que importa es que las sociedades generen sistemas mediáticos poderosos, fuertes, por la vía de la observancia y el chequeo y sobre todo lo que llamamos ahora alfabetización digital”, dijo María Fernanda Madriz, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco-UCV) durante la presentación del portal.

Madriz considera que estos nuevos instrumentos de verificación les brindan a periodistas, directores de medios, a ciudadanos que ahora son emisores, recursos y motivación para observar dos veces antes de reenviar una información. 

“Espaja.com con su equipo de profesionales dedicados, con metodología para la verificación de rumores y de discurso público y con tecnologías de comunicación e información, están allí, desde hoy, para ayudar a desentrañar los misterios, dirimir si ocurrió o no ocurrió, o si es mentira o verdad”, dijo De Freitas al tiempo que enfatizó que “Espaja.com dejará en evidencia a los mentirosos, los manipuladores, los exagerados o los que dicen las cosas tal cual son”.

 

 

EL ALTO ÍNDICE DE PERCEPCIÓN de la corrupción existente en Venezuela ha permanecido invariable los últimos 12 meses, según el Barómetro Global de Corrupción (GBC) en América Latina y el Caribe 2019, publicado este 23 de septiembre por Transparencia Internacional en Berlín. El estudio arrojó que 87% de los venezolanos considera que el fenómeno continúa en alza, mientras que 93% lo cataloga como un problema grave.

La encuesta muestra la falta de integridad política en el país, al registrar que los ciudadanos consideran que la mayoría o todas las personas en las instituciones del gobierno son corruptas. El espectro comprende desde la Presidencia de la República, en primer lugar -con una tasa que pasó de 63% en 2017 a 87% en 2019-, los empleados públicos, la cuestionada Constituyente, los policías, jueces y magistrados. La percepción de corrupción en la presidencia desplazó a los efectivos de seguridad de la primera posición.

En este sentido, los venezolanos (91%) estiman que la labor del gobierno en la lucha contra la corrupción es cada vez más deficiente, con una mala actuación frente a los ilícitos.

DE LOS DIEZ DIRECTORES de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya no laboran en la estatal petrolera, según consta en el registro mercantil del país europeo.

Esta dependencia de Pdvsa existe desde 2016, lo que no debería sorprender porque ese país es una de las plazas económicas más importantes del mundo y también sede de empresas energéticas globales como la British Petroleum (BP). 

De acuerdo a los documentos que reposan en el Companies House, que es el registro mercantil británico, son directivos de Petróleos de Venezuela LTD, Eulogio Del Pino, Antón Castillo, Orlando Chacín, Jesús Luongo, Carlos Malpica (cuya fecha de nacimiento es diciembre de 1958), Ricardo Menéndez Prieto, Rodolfo Marco Torres, Wills Rangel, Aracelis Suez y un ciudadano húngaro llamado György Varga.

De la lista anterior destaca el nombre Del Pino, quien fue presidente de Pdvsa y ministro de Energía. Bajo su administración se abrió la filial británica. Es público y notorio que este ingeniero fue detenido el 30 de noviembre de 2017 por presuntos hechos de corrupción y hasta donde se conoce está recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El anuncio de la aprehensión del ex presidente de Pdvsa, la dio el fiscal general designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, quien lo señaló de participar en la trama de corrupción que habría permitido desviar miles millones de dólares de las cuentas de la petrolera en los últimos años.

Saab acusó a Del Pino de irregularidades en Petrozamora que habrían afectado al socio Gazprombank Latin América. Lo señaló por la pérdida de 15 millones de barriles (entre 2015 y 2017), que se traducirían en 500 millones de dólares. También fue detenido por la presunta alteración de las cifras fiscalizadas de producción de crudo entre 2014 y 2017.

Del Pino fue apresado junto a Nelson Martínez, quien lo había sustituido como presidente de la estatal petrolera y exministro de Energía. El último murió estando bajo custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018.

Pese a esta situación las autoridades de la petrolera han seguido presentando a Del Pino como director de la filial británica de la compañía ante los organismos reguladores del Reino Unido, como se pueden ver en los archivos del registro mercantil del país europeo.

Puras joyitas

Pero el caso de Del Pino no es el único. Están en una situación comprometida Antón Castillo Bastardo, Orlando Chacín Castillo y Jesús Enrique Luongo.

Entre finales de 2017 y 2018 Castillo Bastardo, Chacín Castillo y Luongo fueron acusados en Venezuela por su supuesta participación en distintos hechos de corrupción. 

A Antón Castillo Bastardo, quien fue presidente de Pdvsa Gas, el intervenido Ministerio Público lo relacionó con el desfalco por 100 millones de dólares que sufrió la compañía en la oficina de Colombia.

Orlando Chacín Castillo fue vinculado a irregularidades en la adquisición de vehículos durante su paso por la Presidencia de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

Jesús Enrique Luongo, ex director Interno y ex vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, fue imputado el 20 de marzo de 2018. Se le acusó de autorizar un contrato– a una compañía privada-para la venta de combustible a vehículos que la petrolera usaba en el Centro Refinador de Paraguaná con un de sobreprecio de más de 2.189.316,60%.

El fiscal general de la Constituyente aseguró que había desmantelado más de una veintena de tramas de corrupción en la estatal petrolera y que estaban tras las rejas más de un centenar de directivos y gerentes de la empresa desde 2017. Asimismo, Tarek William Saab calculó que alrededor de 15 millardos de dólares se habrían perdido por tramas de corrupción en Pdvsa, Cencoex (ente regulador de divisas) y la Banca Privada de Andorra.

Por su parte, la Asamblea Nacional ha cifrado en 11 millardos de dólares los daños que ha sufrido las arcas de la petroleras, durante la gestión de Rafael Ramírez, debido a las irregularidades administrativas y malos manejos durante los últimos tres lustros.

 

Los otros directivos

En cuanto al resto de los directivos de Pdvsa LTD, en el Reino Unido, también se han detectado irregularidades. Rodolfo Marco Torres, por ejemplo,no debería formar parte del grupo pues desde finales de 2017 se desempeña como gobernador del estado Aragua, en el centro del país. Este militar retirado consiguió un cargo en la petrolera porque se desempeñó antes como ministro de Finanzas.

No hay registro judicial sobre Carlos Malpica, quien es otro de los 10 directivos, según el CompaniesHouse. En la página de la dependencia del Reino Unido solo se señala que nació en diciembre de 1958.

Ricardo Menéndez Prieto y Wills Rangel, son actualmente directores externos de Pdvsa, según la Gaceta Oficial Nº 41.653 del 12 de junio de 2019, mientras que Aracelis Coromoto Suez, ex directora interna de la petrolera, ya no forma parte de la junta directiva de Pdvsa en Venezuela.

Una filial activa en un local de encomiendas

Petróleos de Venezuela LTD, tiene su sede en la ciudad inglesa de Manchester, y aunque la sucursal no registra actividad económica desde su creación, la casa matriz ha presentado cada año los documentos necesarios ante las autoridades británicas para mantenerla activa.

El 25 de abril de 2019 representantes de la petrolera presentaron los últimos balances, en ellos se informa que la compañía tiene 10 millones de acciones valoradas cada una en 100 libras esterlinas(121 dólares al cambio actual). Es decir, que está valorada en más de 1,2 millardos de dólares. Las cifras fueron exactamente igual a las presentadas en el período fiscal anterior.

Sin embargo, lo que llama la atención es que en los documentos se asegura que los recaudos fueron presentados por Del Pino o en su nombre, que está detenido. 

Otra cosa que destaca es que en la dirección donde supuestamente Pdvsa tiene su oficina, en el 132-134 de la calle Great Ancoats, aparentemente opera u operó una tienda de encomiendas, de acuerdo a la información disponible en Google Maps y verificada por otras aplicaciones para ubicar direcciones.

Transparencia Venezuela trató de contactar telefónicamente con esa empresa para saber si en el edificio había alguna oficina a nombre de Pdvsa, pero no consiguió ponerse en contacto.

Por su parte, en la filial británica de Transparencia Internacional consideran que estas inconsistencias suponen una demostración más de las fallas que permiten al Reino Unido convertirse en “el paraíso para el lavado de capitales” provenientes de actividades ilícitas como la corrupción o el narcotráfico. 

“Las autoridades venezolanas enviaron una información sospechosa, porque hay personas que ya no trabajan en la compañía y que siguen figurando como miembros de ella, pero el Gobierno británico falló en verificar esa información, para lo cual solo haría falta una búsqueda en Google”, explicaron desde la organización.

Lo anterior deja muchas dudas. ¿Cómo se explica que una empresa como Pdvsa no tenga mecanismos de control para verificar que los balances estén firmados por un persona presa por supuesta corrupción? ¿Cómo es posible que las designaciones de las filiales de Pdvsa en el exterior no sean del dominio público? ¿Quién presentó los balances de la filial a nombre de Del Pino? Estas irregularidades atentan contra los principios básicos de la administración pública y son muestra cómo el dinero del Estado no cuenta con los mínimos contralores.

CAPÍTULOS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN América Latina presentaron el primer informe sobre las denuncias en torno al presunto manejo irregular de los recursos utilizados en la asistencia de los funcionarios policiales y militares venezolanos, que cruzaron la frontera hacia Colombia el pasado 23 de febrero y días sucesivos.

Se trata de una veeduría ciudadana en la que se deja claro que aun en medio de la emergencia son esenciales los mecanismos de control y transparencia en resguardo del patrimonio público.

Estas consideraciones se presentan a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos.

A continuación presentamos el informe de Transparencia Venezuela:

1°-Reporte-Veeduría-Septiembre-Caso-Cúcuta

DE ACUERDO A LA ONG ACCESO A LA JUSTICIA, el gobierno de Maduro por medio de una fachada de institucionalidad ha trazado una hoja de ruta para tomar el control absoluto del Estado.

Durante su intervención en el evento ¿Por qué es necesaria una Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) paraVenezuela?, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia dijo que la coartación del Poder Judicial ha sido el elemento clave para mantenerse en Miraflores.

“La situación del país evidencia lo que puede pasar cuando no se atienden a tiempo las alertas o denuncias sobre violaciones graves a la independencia judicial, al Estado de derecho y a los derechos humanos”, dijo Daniels. 

Daniels dijo que el Tribunal Supremo de Justicia se ha dedicado a atacar de manera constante a la Asamblea Nacional, el único poder legítimo que queda en Venezuela.

105 sentencias ha emitido el TSJ contra el parlamento desde su elección en diciembre de 2015.

“Dentro de estas decisiones se encuentran las que avalan un estado de emergencia sin límites desde hace más de tres años, el cual le concede todo el poder al presidente de la República sin control alguno, permitiendo que apruebe el presupuesto nacional usurpando las potestad de la Asamblea Nacional”, dijo el abogado.

Daniels igualmente dijo que según la ONG Transparencia Venezuela, el monto de pagos a la constructora de Brasil Odebrecht fue de 13 mil 226 millones de dólares.

La obras de la empresa no fueron concluidas, nadie ha sido imputado ni mucho menos condenado por ello.

Para Daniels, el régimen de Maduro, mediante el TSJ, ha hecho de la persecución política un patrón y una política sistemática ontra quienes piensen distinto.

“La falsa de institucionalidad llega al punto de que los jueces militares, contrario a lo que dice la Constitución, son nombrados por el Poder Ejecutivo, para luego juzgar a civiles, como es el caso del líder sindical Rubén González, condenado a cinco años de prisión”, dijo Daniels. “La perversión del sistema judicial es tal que unos bomberos, por un video satírico, fueron acusados sobre la base de la citada Ley contra el odio, que contempla penas de hasta treinta años, mientras que a los responsables de la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba en poder del Estado, de acuerdo con la ONG Foro Penal, apenas los condenaría con 9 años de prisión. Esa es la justicia revolucionaria”.

De acuerdo al Bloque Constitucional, al menos 76% de los jueces en Venezuela son nombrados a dedo y pueden ser destituidos sin proceso alguno y segun el portal ArmandoInfo, 56,3% de los jueces son o han sido miembros del partido oficial.

“El temor de los jueces al régimen es tal que nada hacen cuando la policía política se niega a cumplir sentencias que liberan presos políticos, pero si la AN intenta actuar, anula todas sus decisiones. De allí que no sorprenda que la impunidad sea la regla para las violaciones de derechos humanos y en general para todo tipo de delito”, expuso Daniels. 

El director de Acceso a la Justicia puso como ejemplo a la ONG Cecodap, la cual solicitó al TSJ que obligara al gobierno a proporcionar medicamentos para niños en riesgo, pero en cuatro oportunidades le fue negada la petición.

“En Venezuela no se puede hablar de sistema de justicia ni Poder Judicial, sino de un brazo sancionador que aplica condenas judiciales según la conveniencia del Ejecutivo. En el país es clara la inexistencia de un verdadero Poder Judicial ni de jueces que protejan los derechos de los ciudadanos ni sancionen a los responsables. Por tanto, en Venezuela la justicia es en realidad la falta justicia”, dijo Daniels.

 

 

COMPADRAZGO y dólares. La conspiración gestada en Corpoelec que involucra a dos generales venezolanos y dos empresarios, es uno de los 19 casos investigados en Estados Unidos, al menos hasta mediados de este año, según un registro adelantado por Transparencia Venezuela sobre la más grande red  de corrupción en nuestro país, cuyos tentáculos se extienden al menos a 69 naciones.

En junio de 2019 se presentaron en el Distrito Sur de Florida cargos por lavado de dinero contra el  exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, general Luis Motta Domínguez, acusación que también recayó sobre el  exviceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, el militar, Eustiquio José Lugo Gómez. Casi en paralelo, la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a ambos generales.

Se les señala por otorgar contratos de compras de Corpoelec por más de 60 millones de dólares a tres empresas en Florida a cambio de sobornos.  

¿Cómo funcionó esta conspiración?

Los empresarios Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Haddad obtuvieron 11 contratos, entre 2016 y 2018,  con los buenos oficios del general Luis Motta Domínguez- entonces ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec- y del también general Eustiquio Lugo Gómez, jefe adquisiciones. 

Bajo las supuestas buenas intenciones de frenar la crisis eléctrica, se enviaron a Venezuela, por ejemplo,  500 transformadores que solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. También compraron 40 montacargas en Emiratos Árabes Unidos que vendieron a Corpoelec con un sobreprecio de 300%. 

Los empresarios  Veroes y Chacín Haddad están en una prisión federal en EEUU por blanqueo de capitales. 

 

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SI ALGO CARACTERIZA la corrupción que ha vivido Venezuela durante la era del chavismo es el robo sin precedentes que sufrió el país y la extensión de sus tentáculos fuera de las fronteras. Muestra de ello son losmás de 50 casos de desfalco al patrimonio venezolano que han sido investigados alrededor del mundo, de acuerdo con lo que ha registrado hasta ahora Transparencia Venezuela.

Pese a que por mucho tiempo hubo total impunidad por los casos de corrupción vinculados con el dinero venezolano, en los últimos años ha trascendido que fiscalías, tribunales y parlamentos de al menos 20 países han abierto investigaciones sobre el desfalco que ha sumido a Venezuela en una emergencia humanitaria compleja y que supera los 24.479 millones de dólares, según cálculos propios. Reportes periodísticos dan cuenta de que la red de corrupción se estaría investigando también en otros 49 países.

Investigaciones de Transparencia Venezuela han permitido identificar que los casos de corrupción venezolana alrededor del mundoinvolucran a más de 200 personas, entre las que destacan exfuncionarios chavistas, personajes de alto nivel de los gobiernos en otros países, así como supuestos empresarios.

Hasta ahora el país en el que se han abierto más casos por corrupción vinculada con Venezuela es Estados Unidos. Por lo menos 19 procesos judiciales se han adelantado en Washington y representan más de 5.700 millones de dólares.

Una de las investigaciones que está abierta en Estados Unidos y que involucra alrededor de 2.400 millones de dólares tiene que ver con el lavado de dinero producto de delitos de la Oficina Nacional del Tesoro durante las jefaturas de Alejandro Andrade y de Claudia Díaz. Los funcionarios venezolanos habrían recibido sobornos de parte de empresarios como Raúl Gorrín, a cambio de favorecerlos en la asignación de bonos que compraban en bolívares, pero que el Estado debía pagar en dólares. Por este caso la justicia estadounidense sentenció a Andrade a 10 años de prisión.

Después de Estados Unidos, el país en el que se sabe que hay más causas abiertas vinculadas a la corrupción en Venezuela es España. Allí hay cuatro procedimientos en marcha. Uno de esos también involucra a Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación y a su esposo Adrián Velásquez, quien ejerció como guardaespaldas del presidente Hugo Chávez.

El juzgado de instrucción 28 de Madrid abrió la investigación contra la pareja para averiguar si los 1,8 millones de euros que usaron para comprar un apartamento de lujo en esa ciudad provenían de las arcas de Venezuela.

También destaca la investigación contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa más grande del país, hoy sumida en una profunda crisis.

Nervis Villalobos, quien se desempeñó como viceministro y ministro encargado de Energía y Minas en 2003 y 2006, también está siendo investigado en España por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos de Pdvsa. Su causa está en el juzgado de instrucción 41 de Madrid a cargo del juez español Juan Carlos Peinado, quién además le sigue la pista a todos los casos relacionados con el desfalco de la estatal venezolana.

Otro país europeo que ha investigado fondos provenientes de la corrupción en Venezuela es Portugal. Uno de las causas que destaca es la del Banco Espírito Santo y su ex presidente Ricardo Salgado, quien estaría involucrado en la desaparición de más de 3.500 millones de euros provenientes de cuentas de Pdvsa.

Sin límites

En países más cercanos como Brasil también se han abierto investigaciones por el desfalco de dinero a Venezuela. Una de las tres causas que se identificaron es la que involucra a la empresa JBS que proveyó carne a la empresa estatal venezolana CASA. La Policía Federal de Brasil investigó irregularidades en la carne que se vendió a Venezuela.

Otro de los países que ha abierto tres procedimientos es Ecuador. Uno de ellos está vinculado al uso irregular de la moneda virtual El Sucre, creada durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. La Fiscalía General del Estado de Ecuador reveló que en ese país se constituyeron empresas de fachada que simularon operaciones de comercio exterior con Venezuela, es decir, hubo exportaciones ficticias y sobrevaloradas desde Ecuador a Venezuela a través del Sucre.

En Colombia se han abierto dos investigaciones que involucran fondos venezolanos. Desataca la que solicitó el ex presidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2018, a raíz de la incautación en el puerto de Cartagena de 400 toneladas de alimentos que estaban destinados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. En ese momento se adelantó que había evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La corrupción venezolana también está siendo investigada en Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Suiza, Haití, Aruba, Italia, El Salvador, Puerto Rico, Uganda, Liechtenstein, Bulgaria y Andorra.

JUAN CARLOS CABRERA MÁRQUEZ era un hombre desconocido para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio en España, horas después que acudió ante el juez Santiago Pedraz por un caso de corrupción que involucra al ex embajador español Raúl Morodo con negocios presuntamente ilegales con Pdvsa. Era la empresa en la que este ejecutivo de muy bajo perfil ocupó al menos 22 cargos.

“Muy discreto”, “para la internet, Márquez es un completo desconocido”, “Un hombre bien mandado”, se lee en reseñas de medios españoles y locales, tras su muerte.Había mucho interés en él, porque era una pieza clave en el escándalo investigado en España.

Cuando se ingresa el número de cédula de este abogado y politólogo venezolano, quien también tenía la nacionalidad española, en el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se obtienen sus datos como ocurriría con cualquier ciudadano. Se indica que ese número “no corresponde a un elector”. 

 

 

Los 22 cargos en Pdvsa

Márquez Cabrera fue incluido en 2016 en la lista de funcionarios citados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, cuando era presidida por el diputado Freddy Guevara, hoy en día refugiado en la residencia del embajador de Chile. Este desconocido estaba en la lista junto a altos jerarcas del Gobierno, como Rafael Ramírez, Alejandro Andrade y Nelson Merentes. 

Ninguno acudió. El Parlamento declaró luego a Ramírez responsable de desfalcar $ 11.000 millones en Pdvsa.

Del seguimiento hecho por Transparencia Venezuela se constató, a través de la revisión de varias gacetas oficiales,  que fue nombrado en 19 cargos desde 2006, la mayoría como representante legal de varias filiales. Informaciones de prensa le atribuyen otros tres cargos: entre 2004-2013, integrante del Gabinete Jurídico Pdvsa, miembro del Consejo de Administración de la petrolera y secretario general de Entes Corporativos.

En algunas gacetas oficiales es nombrado el mismo día en varios cargos, como por ejemplo el 17 de agosto de 2016 fue designado por Eulogio Del Pino- hoy en día detenido por orden del Ministerio Público- como representante judicial de las filiales entre ellas Petroboscan, S.A, Petroindependiente, S.A y Petroregional del Lago, S.A, según la Gaceta oficial 38.502. El 8 de septiembre de ese mismo año, un mes después y de acuerdo a la Gaceta oficial 38.518, fue nombrado en el mismo cargo para otras tres filiales:Petroritupano, Petroven-Bras, S.A y Petrowayu, S.A.

El nombre de Juan Carlos Márquez Cabrera se repetía, junto a otros ejecutivos, en casi todas las filiales.  Entre ellos Orlando Chacín, quien figuró como director principal y suplente al mismo tiempo en algunas empresas y hoy  está imputado por el Ministerio Público. 

Un caso similar es el de Asdrubal Iriza, que por lo general era nombrado director suplente. Sobre él no pesa una investigación oficial, pero fue sancionado por la Dirección de Patrimonio de la Contraloría General en 2013.Luis Barberán es otro ejecutivo que siempre fue designado director suplente en varias filies, pero en su contra no existe ningún expediente penal abierto.

El registro hecho por nuestra organización dio los siguientes resultados:

 

Actividad empresarial y el escándalo

Mientras estuvo en Pdvsa, Márquez Cabrera autorizó pagos a las empresas Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL,dedicadas a la compra y venta de inmuebles en España, que tenían como único socio a Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, quien se desempeñó como embajador de ese país en Venezuela, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero.Todo un escándalo en la madre patria.

De allí la importancia de su testimonio en ese juicio, que se vio truncado por su repentina y controversial muerte, cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades españolas.

Las otras dos empresas en España a las cuales estuvo vinculado son: Consultora Alcander SL(Alquiler de inmuebles) y Marpre Asesores y Consultores (Consultoría en hidrocarburos).

De las empresas en las que prestó servicio o fue propietario Márquez Cabrera, una está en Panamá y se llama Dumont Alliance, S.A. En España hay dos que se tenga conocimiento: Inversiones generales 89 2009 SL y Márquez Ulloa Consultores SL, que tenían como único socio a Carlos Adolfo Prada, quien según versiones de prensa fue la persona que localizó el cadáver del abogado.