Transparencia Venezuela

Las irregularidades se iniciaron en la madrugada del domingo 5 de enero cuando cuerpos de seguridad del Estado asediaron a parlamentarios opositores en el hotel en el que se alojaban

 

Transparencia Venezuela rechaza enérgicamente el abuso cometido por las fuerzas de seguridad del Estado que, siguiendo órdenes del Ejecutivo de Nicolás Maduro, impidió el ingreso de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional al Palacio Federal Legislativo el domingo 5 de enero de 2020 y permitió la supuesta imposición de una nueva junta directiva, sin contar con el quórum necesario y sin realizar la votación establecida en la Constitución y las leyes.

La junta directiva que se pretendió instalar, mientras se limitaba el acceso de la mayoría de los diputados, está liderada por Luis Parra, uno de los parlamentarios acusado de estar involucrado en una supuesta trama de corrupción entre la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y proveedores de los CLAP, que está siendo investigada por una comisión especial de la Asamblea Nacional. Por el caso también han sido señalados 8 diputados más.

La supuesta instalación de la junta directiva también contó con el respaldo de los parlamentarios de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y de diputados acusados de haber recibido sobornos para retirar su apoyo a la oposición y respaldar al gobierno de Maduro, en lo que ha sido denominado como “Operación Alacrán”.

Las irregularidades cometidas el domingo iniciaron en la madrugada cuando cuerpos de seguridad del Estado asediaron a los parlamentarios opositores en el hotel en el que se estaban quedando, hacia el este de Caracas.

La instalación

Las acciones intimidatorias del día obligaron a los legisladores opositores a sesionar en otro lugar. A las 5 de la tarde, Juan Guaidó y a los diputados que lo respaldan, amparándose en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento, sesionó en la sede del diario El Nacional con el quórum reglamentario para elegir la nueva junta directiva para el período 2020-2021. La elección fue nominal y Guaidó resultó reelecto con el respaldo de 100 diputados presentes. No hubo necesidad de activar el mecanismo del voto telemático.

En la directiva lo acompañaran los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como primer vicepresidente y segundo vicepresidente respectivamente. La secretaría quedó en manos de Angelo Palmeri y la subsecretaria corresponde a José Luis Cartaya, por segundo año consecutivo. La diputada Delsa Solórzano, en representación de los partidos minoritarios que hacen vida en la Asamblea Nacional, fue la encargada de hacer la postulación de la junta directiva.

Según la Constitución Nacional, en su artículo 221, el quórum necesario para celebrar una sesión es la mayoría absoluta de los miembros (84 diputados), mientras que el Reglamento de Interior y Debates, en su artículo 26, establece que le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional dirigir las sesiones, por lo que el acto donde fue proclamado Parra carece de legalidad. Ambas normas fueron cumplidas en la sesión de la tarde.

Transparencia Venezuela insiste en la defensa de la institucionalidad. La vigencia de la Constitución Nacional y las leyes debe prevalecer, en especial en momentos tan difíciles para el país, por lo que se hace necesario el respeto a la legitimidad de los parlamentarios que recibieron el respaldo de los venezolanos.

La organización relata la presencia de grupos irregulares, además de grupos armados afianzados en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

La organización Transparencia Venezuela, a través de su informe del 2019 titulado “Crimen Organizado y Corrupción en Venezuela”,  hace un crudo relato sobre la presencia de grupos irregulares, además de pandillas y bandas en el país.

En cuanto a los colectivos, la ONG señala que surgieron en la época de Hugo Chávez y han logrado consolidarse durante el régimen de Nicolás Maduro.

Según el informe, los colectivos se han afianzado más durante el tiempo de Maduro “quizás por su desconfianza en los componentes militares y policiales, o por considerar que es más potable ante la comunidad internacional, presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, y así tratar de esquivar delitos violatorios a los DDHH que comprometan al gobierno”.

“Se les puede ver también todos los días que hay sesión en la legítima Asamblea Nacional, insultando y agrediendo a los diputados de la oposición. En su accionar, estos grupos gozan de total impunidad. Prohíben la entrada de los cuerpos policiales, si no tiene permiso de ellos, y en las zonas que dominan regularmente tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados”.

 

FBL

En el caso de las Fuerzas bolivarianas de liberación (“boliches”), identificado como grupo guerrillero que nace y se desarrolla en Venezuela, el informe señala: “Opera fundamentalmente en el estado Apure, pero también tiene presencia en otros estados como Táchira y Barinas”.

Presuntamente, los inicios de la organización “parecen remontarse a 1992, cuando realizaron una serie de atentados en la ciudad de Caracas, siendo el más recordado el sufrido por Antonio Ríos, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)”.

“Hoy el FBL pudiera tener entre 1.000 y 4.000 integrantes. Se financia principalmente mediante la extorsión a ganaderos y a empresas en la frontera con Colombia. El FBL también utiliza los cruces fluviales para contrabandear ganado y gasolina a Colombia, y también ha participado en la extorsión a migrantes”.

 

FARC y ELN

Según el informe de Transparencia Venezuela, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las denominadas BACRIM, bandas criminales de origen colombiano, controlan territorio en Venezuela.

“La intensificación del accionar de los grupos irregulares colombianos se debe a dos factores: la llegada de chavismo al poder en 1999 y su afinidad ideológica con estas agrupaciones delictivas y, en segundo término, la existencia paralela en Colombia de gobiernos con una clara política de combate a estas guerrillas”, agrega.

Señala también que el accionar del ELN se ha “multiplicado y diversificado” desde el año 1999. “Hoy seguramente es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela. Su accionar se ha multiplicado y diversificado desde 1999. Hoy seguramente es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela”, suma.

Por otra parte, Transparencia Venezuela destaca que el ELN tendría presencia en los estados Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure, “con grupos armados y emisoras clandestinas para adoctrinar”.

“El ELN se ha concentrado en el control de algunas minas dentro del denominado Arco Minero. El ELN asesinó a 8 miembros de la Armada venezolana en un puesto naval fronterizo en el estado Apure, esto no ha significado un obstáculo para que el ELN estreche lazos con los que hoy están en el poder en Venezuela”, reza el informe.

 

Con información de Infobae

La gestión de Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 

Mientras en el mundo se debate sobre cómo lograr que los gobiernos publiquen más documentos presupuestarios, en Venezuela crece la opacidad gubernamental en torno al uso del dinero público. Este lunes 16 de diciembre de 2019, la cuestionada Constituyente aprobó la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2020, sin difundir siquiera los montos autorizados.

Por cuarto año consecutivo, la gestión de Nicolás Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los proyectos de presupuesto y de endeudamiento deben ser entregados a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. El Ejecutivo insiste en que el Parlamento está en desacato.

“Esto (la Ley de Presupuesto) tiene entre los trámites pasar por la Asamblea Nacional, el gobierno nacional lo debe presentar a la AN, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la AN, si bien existe como institución, tiene una Junta Directiva en desacato por lo que uno no sabe a quién escribirle para este fin”, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente al momento de aprobar las leyes.

El supuesto desacato ha servido como excusa para que desde 2017 el Ejecutivo mantenga oculto el presupuesto. Pese a que el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece que la síntesis de la Ley de Presupuesto debe ser publicada en gaceta oficial, esto no ha ocurrido.

Según la Gaceta Oficial No. 41.301 de diciembre de 2017, la síntesis del presupuesto 2018 sería publicada en la gaceta oficial No. 6.347, pero nunca se tuvo acceso a ella. Igualmente, de acuerdo con la Gaceta Oficial No. 41.550 de diciembre de 2018, la síntesis de presupuesto de 2019 sería publicada en la Gaceta Oficial No. 6.416. Ninguna de esas gacetas se encuentra en el portal web de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Tampoco están disponibles en físico en la oficina del ente.

Los ciudadanos no han tenido acceso al presupuesto nacional, no han podido conocer sus proyectos ni como éstos tendrán un impacto en su vida, tampoco pudieron tener acceso a la distribución general del gasto, ni a la información general de los ingresos nacionales que debe ser mostrada en la síntesis de presupuesto.

A cuentagotas

En la presentación del presupuesto ante la Constituyente, Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Maduro, se limitó a decir que la Ley de Presupuesto 2020 cuenta con 404 proyectos para la protección social y añadió que 75,9% de los ingresos nacionales estarán destinados a la inversión social.

Aunque en medios trascendió que el monto del presupuesto supera los 252,18 billones de bolívares o 5.439 millones de dólares, la cifra no ha sido informada públicamente.

Trasparencia Venezuela demanda conocer cuáles son los proyectos que están contemplados en la ley, cuáles son sus objetivos, cuántos recursos se asignan para su ejecución, qué resultados se esperan obtener, y quiénes son sus responsables, tal como lo establece la Constitución.

También exige conocer cuáles fueron los supuestos macroeconómicos que se usaron para la construcción de la Ley de Presupuesto y la Ley especial de Endeudamiento para el próximo año. No se puede olvidar que en los últimos 12 años el Ejecutivo ha optado por subestimar las leyes para terminar asignando recursos de manera discrecional, a través de créditos adicionales que desde 2016 tampoco pasan por la Asamblea Nacional.

Entre enero y el 15 de diciembre de este año, Transparencia Venezuela ha logrado conseguir 29 créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial que han hecho crecer el presupuesto de la Nación en 1.274,56%, en términos nominales. Vale destacar que no todas las gacetas oficiales de este año están disponibles y el monto de los recursos aprobados a través de modificaciones presupuestarias puede variar.

El presupuesto inicial aprobado para el ejercicio fiscal 2019 era de 1.529.780.457.117 bolívares soberanos (Un billón quinientos veintinueve mil setecientos ochenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete bolívares), pero con la aprobación de los créditos adicionales llegó a 21.027.692.313.092,8 bolívares soberanos (Veintiún billones veintisiete mil seiscientos noventa y dos millones trescientos trece mil noventa y dos con ocho bolívares soberanos). Eso sin tomar en cuenta los recursos que se manejan a través de fondos paralelos al presupuesto.

El comportamiento del Ejecutivo con los recursos públicos lo que deja en evidencia, una vez más, es una gran falta de planificación y un desequilibrio fiscal que compromete el desarrollo económico del país, sumido en la peor contracción de su historia.

El negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros

 

En medio de la peor contracción económica que ha sufrido Venezuela, con una caída estrepitosa en la producción de petróleo, principal fuente de divisas, una hiperinflación que lleva dos años azotando a los venezolanos y altos niveles de corrupción, el mandatario Nicolás Maduro subsiste refugiándose en la venta de oro, un metal precioso que es extraído de las profundidades del suelo venezolano y que esconde tras su brillo baños de sangre, deforestación y corrupción.

En este especial de Transparencia Venezuela, se pudo constatar que el negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros que operan con total libertad, sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Los grupos delictivos copiaron estructuras como las del pranato en las cárceles venezolanas para controlar de la forma más violenta y cruel todo lo que ocurre dentro de las minas. Instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no “obedecen” que incluye desde palizas, hasta la muerte por descuartizamiento.

La investigación, complementada con reportajes de medios nacionales e internacionales, dejó en evidencia que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora privada Ecoanalítica.

Lea el especial Oro mortal: entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción a través del siguiente enlace:

 

Vea el especial aquí

De acuerdo a la Coalición Anticorrupción se han presentado 12 acciones para acabar con este flagelo 

 

La Coalición Anticorrupción, movimiento ciudadano que aglutina a diferentes sectores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, cuenta hoy con 330 organizaciones que se han incorporado desde distintas regiones del país, y que trabajan en 129 iniciativas para erradicar la corrupción, responsable de la crisis humanitaria compleja que afecta a los venezolanos, informó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante la clausura del I Encuentro Nacional de la Alianza Gobierno Abierto Venezuela.

De Freitas afirmó que esta coalición representa la oportunidad para que la sociedad venezolana se incorpore a exigir, a líderes políticos y a quienes tienen en sus manos la responsabilidad del Estado, acciones concretas contra el patrón de Gran Corrupción, fenómeno extraordinario presente en Venezuela desde hace más de una década que requiere acciones igualmente extraordinarias para su erradicación. 

Explicó que existen 12 factores causantes de ese patrón, ante los cuales la Coalición Anticorrupción ha presentado 12 acciones que se deben “asumir con responsabilidad y con urgencia”. Uno de esos pasos es la implementación del Gobierno Abierto como vía para que los venezolanos se incorporen a esta lucha. Sin embargo, existen otras tareas más complejas que requieren un “esfuerzo titánico”, como exigir la separación de poderes, la construcción de un sistema anti impunidad, y la depuración del sistema de justicia, entre otras.

Subrayó De Freitas que además de exigir el cambio al Estado y a la clase política, la sociedad venezolana debe estar también dispuesta a involucrarse en esa transformación que convoca por igual a organizaciones de derechos humanos y de derecho social, sindicatos, gremios profesionales, grupos que hacen cultura o deporte y al sector privado- En definitiva, a todos. En tal sentido, resaltó que en mes y medio de trabajo en los programas que financia la representación diplomática del Reino Unido en el país, se ha confirmado ya a estas primeras 330 organizaciones. 

Agregó que se han desarrollado más de 80 presentaciones y encuentros en el país, así como 22 grandes eventos para discutir sobre el tema de la corrupción y cómo sumar voluntades a la lucha emprendida desde la Coalición Anticorrupción. “Una de las propuestas de Transparencia Venezuela es que aprendamos en cada una de las áreas en que trabajamos cómo nos afecta que haya corrupción, que haya crimen organizado, que surge de esa corrupción y esa impunidad que reinan en Venezuela, cómo enfrentarla y cómo participar”. 

“Las buenas intenciones no bastan, pues el problema es muy complejo. Es por eso que desarrollamos cada día más investigación, más estudios con profesionales que nos dejan cada vez más claro cuál es el panorama y, con ese diagnóstico firme, consolidado, profesional, podamos desarrollar estrategias viables y que tengan verdaderas posibilidades de éxito”, subrayó.

La organización propone algunas medidas puntuales que puede tomar el Poder Legislativo

 

Entre 2000 y 2014, el gobierno firmó más de 40 proyectos eléctricos por US$ 37.000 millones, con un sobreprecio estimado que superó los US$ 23.000 millones

 

En Transparencia Venezuela somos conscientes de la grave emergencia eléctrica que padece el país, que ha provocado irreparables pérdidas humanas e innumerables daños materiales, y que se ha agudizado durante este año 2019, sometiendo a millones de ciudadanos a la agonía de estar largos períodos sin luz, en especial los habitantes del estado Zulia, donde paradójicamente nació la energía eléctrica en Venezuela.

Nuestra organización ha denunciado que entre las principales causas de esta emergencia están la Gran Corrupción, la falta de mantenimiento y la mala gestión que en las últimas décadas se ha apoderado del sector eléctrico. En este escenario se anuncia un nuevo endeudamiento por 350 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la ejecución de proyectos eléctricos.

No podemos olvidar que, entre los años 2000 y 2014, el gobierno firmó más de 40 proyectos eléctricos por un total de US$ 37.000 millones, con un sobreprecio estimado que superó los US$ 23.000 millones. Pese a la gran cantidad de dinero, no se logró superar la emergencia eléctrica pues 17 de las obras no se concluyeron, entre ellas la represa de Tocoma, financiada en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que aportaría 2.160 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Tampoco se contó con el personal técnico ni se realizó el mantenimiento necesario.

En vista de lo sucedido, cualquier decisión sobre este nuevo endeudamiento requiere que las partes involucradas den respuestas claras y convincentes a una serie de preguntas que se presentan en el siguiente documento:

 

Lea el documento aquí

La trama de corrupción recae sobre diez legisladores,

 

En atención al tema que tiene movilizado al país, Transparencia Venezuela expresa su indignación y reitera a la Asamblea Nacional la necesidad de mostrar señales claras que den sustento a la confianza que el ciudadano debe tener en sus legisladores y que responda al apoyo internacional que han recibido.

La denuncia sobre la existencia de una supuesta trama de corrupción que enfrenta ahora el Poder Legislativo, publicada por el reconocido portal de investigación Armando.info, y que recae sobre diez legisladores, ocho de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría, obliga a nuestra organización a reiterar un conjunto de recomendaciones que fueron presentadas al Parlamento en diciembre de 2016, y actualizadas en 2018, contenidas en el Índice de Transparencia Legislativa, que cada dos años adelantamos 24 organizaciones, de 13 países integrantes de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), para promover la transparencia, el acceso a la información, la responsabilidad y la reducción de los riesgos de corrupción en los parlamentos.

Para ver el especial completo pulse aqui