Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.
Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.
“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.
El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.
“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.
Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.
La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.
“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.
La ‘mano dura’ de Maduro
Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.
De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.
La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,
“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió Vigil, en la entrevista con InSight Crime.
Sanciones no afectaron economías ilícitas
En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).
El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.
Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.
Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.
El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.
Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.
El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.
Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.
Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.
Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.
También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.
En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.
“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.
Aumenta el control militar
La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.
En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.
“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.
Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.
La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.
Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.
La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.
