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Tráfico de drogas

El fiscal general designado por la Constituyente indicó en rueda de prensa que por el tráfico de cocaína líquida se detuvieron a 29 personas

Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, alertó este jueves 7 de noviembre sobre una nueva modalidad de tráfico de drogas con cocaína líquida,

“Al disolverse la cocaína es más difícil de detectar con Rayos X. Además, se puede mezclar con otros compuestos como aceites, lociones, champú y licores”, dijo Saab en rueda de prensa.

Según su explicación, “una vez que la droga líquida llega a su destino, puede regresar a su estado original mediante un proceso de decantación, filtrado y prensado, recuperándose cerca del 90% del producto” añadió Saab.

 

Indicó que durante este 2019 se detectaron 20 casos de tráfico de cocaína líquida. Fueron incautados 69 kilos con 505 gramos, valorados en 2 millones de dólares. Por esto, se procesaron a 29 personas de las cuales 19 fueron acusadas y tres ya fueron condenadas.

Destacó el caso del venezolano Farit Perdomo Yunda, quien se dirigía a Madrid, España, fue acusado el 20 agosto por la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte.

“El 23 julio efectivos de la Unidad Especial Antidrogas de la GNB en el aeropuerto. Detectaron en el doble fondo de una maleta 18 láminas de diversos tamaños con cocaína líquida, cuyo peso aproximado fue de 5 kilogramos”, precisó.

Además, dijo que en el bolso de mano del mismo pasajero se detectaron otras 16 láminas con un peso aproximado de 3 kilos 200 gramos.

 

Presuntamente, Johandry Chacín Balza forma parte de la misma red de narcotráfico, por lo cual se emitió una orden de captura en su contra.

¿Por qué los secretos de ‘El Pollo’ Carvajal podrían hundir a Maduro?

HUGO “EL POLLO” CARVAJAL, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las autoridades estadounidenses.

De cooperar, “podría llegar a ser el testigo más importante en la historia criminal de Venezuela” dado a que como director de Inteligencia Militar, mantuvo espiados por más de una década a todos los integrantes del régimen, documentando sus actividades criminales en expedientes que luego podían ser usados contra ellos en caso de que intentaran ser desleales a Chávez.

“Construyó expedientes de inteligencia sobre todas las actividades criminales en las que se involucró el régimen desde la época de Chávez —ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de humano, corrupción y lavado de dinero. Tiene los detalles de todos los actores y de todos los crímenes cometidos durante la era de Chávez y de Maduro”, dijo Martín Rodil, un experto en las operaciones criminales del régimen bolivariano.

Más información en El Nuevo Herald.

Con gran despliegue de seguridad comienza juicio de “El Chapo”

ESTE LUNES LA CIUDAD DE Nueva York será escenario de un gran despliegue de seguridad en el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, considerado por el Gobierno de EEUU como “extremadamente peligroso” por ser el líder del cartel de Sinaloa.

Las medidas van desde las condiciones extremas de su encarcelamiento hasta su transporte a la corte, y se extienden más allá para proteger a los miembros del jurado y a los testigos de una posible venganza del presunto capo, del que las autoridades temen que use sicarios para secuestrar y asesinar a quienes se atrevan a hablar en su contra.

Sus abogados rechazan que su cliente represente una amenaza para testigos o jurado debido a las extremas medidas de seguridad con las que se le mantiene, en una celda en aislamiento, lo que según uno de ellos, Eduardo Balarezo, hace imposible que pueda tener contacto con sus socios del narcotráfico.

Guzmán, de 61 años, está en el ala más segura del Metropolitan Correctional Center en Manhattan, una de las prisiones más seguras del país, donde es mantenido 23 horas en una celda de 18 metros cuadrados en la que nunca se apaga la luz, con una pequeña ventana opaca que no le permite ver el exterior.

Tampoco tiene contacto con otros presos, ni con su esposa, y no sale al patio debido a su historial tras haberse fugado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, la última de ellas a través de un túnel al que accedió desde su celda.

Sólo se le permite una hora para ejercitarse y una llamada mensual de 15 minutos a su madre y hermana que es escuchada por las autoridades. También cuenta con una Biblia y un diccionario de inglés a español.

A sus abogados tampoco se les permite tener contacto físico con su cliente, lo que alegan ha sido un obstáculo para preparar su defensa, y ni siquiera a sus hijas de siete años que le han visitado, ya que todo ocurre en una habitación con una pared de vidrio, desde la cual Guzmán sólo puede mantener una conversación.

Algunos reos que han estado en sus mismas condiciones han calificado la sección 10 South de la cárcel en la que se encuentra de “cámara de tortura”.

Sus traslados a la corte federal de Brooklyn, donde se lleva el proceso en su contra para audiencias previas al juicio, han sido un dolor de cabeza para los neoyorquinos que utilizan el puente de Brooklyn, cerca de la cárcel donde “El Chapo” espera su juicio, ya que se cierra mientras dura el recorrido del convoy de coches y policías fuertemente armados, lo que genera problemas en el tráfico.

Además, la comitiva del traslado siempre es vigilada desde un helicóptero policial.

Esas medidas se repetirán ahora dos veces al día, y en horas punta, mientras dure el juicio, que podría extenderse hasta 3 o 4 meses.

Sus abogados pidieron que a Guzmán se le trasladase a otra jurisdicción para evitar el aparatoso operativo, que alegan va en contra de la imagen de su cliente, lo que fue rechazado por el juez Brian Cogan que preside el caso.

Aunque el juez se comprometió a trabajar en una solución con la policía para aliviar el problema en el puente, el juicio se inicia mañana con la incertidumbre de si el capo de la droga permanecerá en otra prisión federal en Brooklyn mientras dure el proceso o si se queda en Manhattan y buscan otras medidas de transporte.

Las medidas de extrema seguridad que rodean a Guzmán desde su llegada a EEUU también incluyen a la corte federal, donde se lleva a cabo el proceso judicial en su contra, que de por sí ya es un lugar que se mantiene vigilado por los agentes del tribunal.

Allí puede verse a agentes con armas largas y unidades caninas que custodian el lugar y se ha colocado un segundo detector de metales frente a la sala de Cogan, un proceso regular para los casos de narcotráfico en la esfera federal.

El objetivo es también proteger al jurado, que se mantendrá en el anonimato, y a los testigos en contra de “El Chapo”.

Senadores de Estados Unidos piden investigar presuntos lazos de funcionarios venezolanos con tráfico de drogas

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Dos senadores estadounidenses pidieron el miércoles al Departamento de Justicia que investigue un supuesto lazo con el narcotráfico de importantes funcionarios del Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.

En una carta al fiscal general Jeff Sessions, el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez dijeron que temían posibles lazos entre el Gobierno de Maduro y organizaciones de tráfico de drogas y que querían que se investigue para “comprender mejor el nexo entre actores criminales y miembros del círculo más cercano de Maduro”.

Rubio es el presidente del subcomité para el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense, y Menéndez es su principal integrante demócrata.

Destacan que el 1 de agosto de 2016, un tribunal de distrito de los EE UU anunció la acusación formal de Néstor Reverol, ahora ministro del Interior de Venezuela, por cargos de participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra el vicepresidente venezolano Tareck el-Aissami por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Y en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron declarados culpables en el tribunal federal de los EE. UU. por tráfico de drogas.

Rubio y Menéndez también solicitaron que apoye los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para abordar las preocupaciones de derechos humanos en Venezuela.

Más información en La Patilla.

 

InSight Crime: Gobierno de Maduro fortalece sus nexos criminales

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Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.

Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.

“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.

El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.

“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.

Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.

La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.

 

“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.

La ‘mano dura’ de Maduro

Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.

De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.

La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió  Vigil, en la entrevista con InSight Crime.

Sanciones no afectaron economías ilícitas

En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).

El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.

Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.

Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.

El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.

Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.

El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.

Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.

Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.

Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.

También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.

En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.

“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.

Aumenta el control militar 

La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.

En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.

“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.

Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.

La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.

La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.

Detienen a venezolanos durante decomiso de 1.500 paquetes de droga en Dominicana

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Foto: @kathernandez

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana informó este martes, 2 de enero de 2018, el decomiso de más de 1.500 paquetes de droga, presuntamente, cocaína, durante una operación que contó con la colaboración de Estados Unidos y Holanda y en el que fueron detenidas 12 personas de varias nacionalidades, entre ellos, venezolanos.

La operación fue realizada el pasado domingo 31 de diciembre, según dio a conocer en una rueda de prensa la agencia antidrogas.

Las autoridades dominicanas, junto a países aliados, daban seguimiento a un buque “con alto perfil sospechoso” – que supuestamente trasladaba alimentos – que fue interceptado por unidades navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado por miembros de la Armada Dominicana al Puerto de Sans Souci en Santo Domingo.

En el operativo fueron detenidas 12 personas, que formaban parte de la tripulación, entre los que figuran colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, hondureños y dominicanos. Todavía no se han revelado ni las identidades de los apresados ni la bandera del barco.

“Los implicados en este caso, están siendo entregados al Ministerio Publico para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas”, apuntó la DNCD en un comunicado leído en la rueda de prensa.

Más información en La Patilla.

Tráfico de drogas y sicariato entre principales delitos en primer semestre de 2017

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 se registraron diez tipos de delito organizado en Venezuela, según datos del Monitor de Delito Organizado.

El tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión y el secuestro fueron los delitos reportados hasta en el 85% de los casos analizados.

Con respecto al primer semestre del año anterior, si bien se observara una disminución del 17,9% y del 2,4% en los casos de tráfico de drogas y secuestro, los casos de extorsión reseñados por la prensa se incrementaron hasta en un 96,6%.

Según el reporte del Monitor, el hecho de que la atención haya recaído principalmente sobre cuatro delitos organizados, no quiere decir que sean los únicos perpetrados en el país. Durante el primer semestre se registraron delitos como corrupción (30 casos), contrabando (25 casos), delitos financieros (16 casos), delitos informáticos (5 casos), Minería ilegal (2 casos) y legitimación de capitales (1 caso).

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Expertos en seguridad ciudadana como el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño y el analista Marcos Tarre Briceño, sostuvieron que pese a que una reducción en los casos de secuestro pintaría un escenario optimista, dicho dato debería leerse entre líneas porque el plagio convencional dado sus problemas logísticos y económicos, ha ido mutando hacia formas mucho más rápidas y económicamente más rentables como algunas modalidades de extorsión.

Mandan los hombres 

El delito organizado durante el primer semestre del año en Venezuela fue perpetrado casi exclusivamente por hombres. Según datos aportados por el Monitor de Delito Organizado casi 9 de cada 10 individuos implicados en delitos pertenecen al género masculino.

Las mujeres, por su parte, tendieron a implicarse en aquellos delitos organizados no violentos como los informáticos (44%) y financieros (39%), al tiempo en que representaban roles menos violentos en delitos como el secuestro, en los que principalmente actuaban como cuidadoras del cautivo o la extorsión, en los cuales se encargaban, predominantemente, de la recepción del pago por parte de la víctima.

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Finalmente, según los datos ofrecidos por el Monitor, el 66% de las personas implicadas en delitos organizados tendrían entre 18 y 35 años de edad y el 43,8% entre 25 y 34 años de edad. Advierten que las personas jóvenes, de entre 18 y 24 años tienden a involucrarse en los delitos más violentos, tales como el secuestro y la extorsión, mientras que se observó un aumento en la edad promedio del victimario en los casos de tráfico de drogas y el delito financiero.

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Organismos oficiales 

Según datos del Monitor de Delito Organizado, los cuerpos policiales (41%), especialmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (18%), encabezadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se vieron implicados en el 59% de las apariciones en casos de delito organizado.Merece especial mención, además, el hecho de que según este informe sean delitos violentos, tales como el secuestro y la extorsión, aquellos perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad.

Empresas del estado, con PDVSA y sus filiales a la cabeza, e instituciones de registro e identidad, dentro de las cuales destacó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), participarían respectivamente en otro 15% de dicha muestra, siendo todos casos de corrupción, mientras el porcentaje restante correspondería a la participación en delitos de ciertas instituciones de justicia, de salud, de gobierno (Alcaldía), de prevención (Protección Civil) y económicas, como la SUNDDE.

Con información de Paz Activa 

 

MONITOR DELITO ORGANIZADO TRANSNACIONAL Agosto 2017 by runrunesweb on Scribd

Resumen Informe DOT – AGOSTO 2017 by runrunesweb on Scribd

Las ocho razones por las cuales el juez negó un nuevo juicio a los sobrinos de Maduro

 

Juicio sobrinos Flores

El juez del caso, Paul Crotty, fija posición ante los argumentos de la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La autoridad federal puntualizó las razones por las que considera que Campo y Flores no deben ser sometidos a un nuevo proceso

 

@AdrianitaN

EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES DE FREITAS, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, no tendrán un nuevo juicio. Así lo hizo saber este viernes Paul Crotty, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y máxima autoridad en el caso que sigue la justicia estadounidense contra los sobrinos de Nicolás Maduro desde noviembre de 2015.

Adicionalmente, los primos tendrán que esperar tres meses y diecinueve días más de lo previsto originalmente para conocer su condena. La audiencia en la que se haría pública la decisión del juez, pautada originalmente para el 7 de marzo, fue pospuesta para el 26 de junio de 2017 a la espera de que la Fiscalía presente nuevos argumentos para rebatir la posición fijada por la defensa.

El 18 de noviembre de 2016 el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron declarados culpables del delito de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos. Desde entonces, la defensa ha puesto un gran empeño por probar fuera de la Corte lo que no pudo demostrar dentro de ella.

El 23 de enero de 2017 el equipo de defensores introdujo ante la Corte un documento en el que detallaron las supuestas irregularidades presentadas durante el proceso judicial contra sus clientes y solicitaron un nuevo juicio; en contraposición, el 13 de febrero la Fiscalía presentó un documento de 113 páginas en el que mostraron presuntas relaciones —tanto antiguas como actuales— de los defendidos con el negocio del narcotráfico. Además, revelaron nuevos nombres y supuestas conexiones con  autoridades y delincuentes venezolanos.

Lea también: Caso de los sobrinos de Maduro “salpica” a un magistrado y al director del INAC

El 6 de marzo la defensa respondió con otro documento en el que descartaron cualquier vinculación de los sobrinos Flores con el capo Hermágoras González Polanco y reclamaron la interpretación que la Corte dio a las conversaciones en “clave” halladas en los teléfonos incautados en el momento de la detención. A juicio del equipo defensor las acusaciones están sustentadas en “inferencias”. Pusieron como ejemplo la reacción de Campo cuando se le interrogó sobre la foto en la que aparece sosteniendo un bloque de supuesta cocaína. “Tú sabes lo que es”, respondió el sobrino al agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sandalio González.

Un documento de 15 páginas titulado Opinion and order y firmado por Crotty vino a zanjar el debate epistolar. A continuación los ocho argumentos que utilizó el juez para negar un nuevo proceso para Campo y Flores:

  1. La insistencia con “El Sentado”

Campo y Flores no estaban contentos con la lentitud para concretar los “negocios” por parte de su socio hondureño Carlos Amílcar Leva Cabrera (alias “El Sentado”). En conversaciones extraídas de los teléfonos incautados los defendidos reclamaban a José Santos Peña (CS1) que “El Sentado” no se comunicaba con la frecuencia necesaria y explicaban que “eso pasa cuando la gente se llena de papel (dinero)”.

La defensa ha insistido en que fue Leva Cabrera quien instigó y orquestó toda la operación para señalar a Campo y Flores como objetivos para la DEA. Sin embargo, argumenta el juez, no hay evidencia de que haya sido “El Sentado” quien contactó a los primos Flores y, por el contrario, ellos se comunicaron e insistieron en hacer negocios con él. Cuando la operación no se movió a la velocidad que esperaban, amenazaron con “moverse por otro lado”.  

El juez señaló, además, que los sobrinos admitieron que fue Mohamad Abdul Razzak  —alias “Hamudi”, contacto en Venezuela— quien les presentó a César Daza, alias “El Flaco” y que este, a su vez, fue el enlace con “El Sentado”.

  1. No le dijeron no a Estados Unidos

La defensa ha insistido en que nunca salió de la boca de los primos Flores una mención directa a Estados Unidos; por lo tanto, aseguraron, su intención no era que el rumbo del cargamento de drogas fuese hacia el país norteamericano.

Las fuentes encubiertas de la DEA que participaron en la operación mencionaron, al menos en trece oportunidades, a Estados Unidos como destino final. Ante los ojos del juez, el hecho de que los sobrinos no hayan dado una mínima muestra de oposición ante esto los hace corresponsables. “Una manifestación explícita no es requerida”, aseguró la autoridad.

Adicionalmente, Crotty retomó el testimonio ofrecido durante el juicio por el agente especial de la DEA Daniel Mahoney, en el que se explicó que, aproximadamente, 80% de la cocaína enviada desde Venezuela, por medio del corredor de Centroamérica, tiene como destino Estados Unidos.

  1. Caminaron con sus propios pies

“Los defendidos tomaron un número de acciones voluntarias en pro de la conspiración”, señaló el juez y enumeró las que, a su juicio, son las cuatro principales: participar en reuniones para discutir el acuerdo e incluso llevar a una de las reuniones un supuesto bloque de cocaína; intentar enviar a unos pilotos para continuar discusiones sobre logística; viajar a Honduras, el 6 de noviembre, para discutir la logística de la carga de los 800 kilos de cocaína; y volar a Haití, el 10 de noviembre, para recoger el dinero por el acuerdo y finalizar detalles.  

  1. Canadá, Europa y otros mercados

En uno de los audios recolectados por la fuente confidencial de la DEA y presentados en el juicio se escucha a Campo muy interesado por conocer los precios de la cocaína en Canadá. Santos Peña respondió con cifras de la venta en Ottawa y Vancouver. “Yo tengo una prima allá arriba, en Canadá, que es cónsul”, replicó Campo.

“Yo tenía un contacto en Europa, pero ahí es difícil conseguir gente corrupta”, añadió el sobrino Flores. El juez consideró, adicionalmente, que “los defendidos buscaron establecer un acuerdo para el tráfico de drogas con un sujeto apodado ‘Pepe’ ”.

  1. La inexperiencia es algo de experiencia

“Hay un principio para todo y nada excusa un crimen, así sea la primera vez”. Así respondió el juez Crotty a la intención de la defensa de presentar a los defendidos como “estúpidos”, “fáciles de engañar”, “poco sofisticados” e “inexpertos”.

  1. La silla del juez y las del jurado

La defensa ha considerado que las pruebas presentadas ante el jurado no fueron suficientemente objetivas como para llevarlos a tomar una decisión correcta. “La Corte no está en ninguna posición mejor que el jurado para hallar los hechos en este caso, ni el interés de la justicia exige que el veredicto sea puesto a un lado”, puntualizó Crotty.

El juez rechazó que se le incitara a usurpar el rol del jurado, conformado por personas ajenas a la situación política, económica y social de Venezuela.

  1. El castigo a CS1

Eliminar todo rastro de credibilidad del testigo estrella del caso fue la tarea principal del equipo de defensores. José Santos Peña, CS1, le mintió a la agencia antinarcóticos estadounidense; estuvo haciendo negocios de narcotráfico paralelamente a su desempeño como fuente confidencial. Esto le llevó a la cárcel, desde donde no cesó su actividad delictiva, según logró demostrar la defensa en pleno juicio.

Allí, frente a todos los presentes, la Fiscalía revocó el acuerdo de cooperación con la DEA de CS1. Aún habiendo presenciado eso, el jurado decidió tomar como válido el testimonio de Santos Peña. El juez rechazó nuevamente que se tratara de restar validez al criterio del jurado.

Otro criterio fijado antes, pero no mencionado en el documento publicado este viernes cobra relevancia: CS1 proveyó evidencias inculpatorias en audios, imágenes y videos, recogidas usando equipos cifrados propiedad de la DEA.       

  1. Vale más parecer que ser  

La posición del juez Crotty sobre la importancia de que la muestra de cocaína fuese real quedó clara en una audiencia previa al juicio celebrada el 9 de julio de 2016. “No hay ningún indicio de que esas fuesen drogas reales”, expuso el abogado Randall Jackson. “Bueno, yo no sé eso tampoco, pero su cliente dijo que esas eran drogas (…) ellos ofrecieron una muestra”, replicó Crotty en esa oportunidad.   

El testimonio de CS1 fue clave para describir la naturaleza de la “sustancia polvorosa”. Ante el juez y el jurado aseguró que su olor, color y el “aceite” que soltó cuando la frotó le hacían estar seguro de que era una muestra de cocaína. Por medio de una carta consignada después del juicio, la defensa presentó el testimonio de Andrea Holmes, experta en Química, quien evaluó como irreal la transición de una sustancia sólida a un estado líquido tan solo con el calor de las manos.

“Interesante, pero ese no fue el testimonio de CS1 (…) el testimonio de la doctora Holmes no hace referencia a si la cocaína, aún sólida, puede ser grasosa al frotarla”, asentó Crotty. El juez añadió: “La declaración sobre el porcentaje de pureza fue hecha durante la conversación grabada con los dos defendidos en Caracas, en la reunión donde Campo Flores produjo la muestra”.