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Inti Rodríguez: Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado
El coordinador de investigación de la ONG Provea explicó que los perseguidos políticos y sus familiares no son las únicas víctimas de torturas, también quienes están presos por delitos comunes

 

Las masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela son muy dramáticas, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja. Las víctimas de abusos no tienen adónde acudir, pues el Estado no les brinda ayuda.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la impunidad favorece estas acciones, porque protege a los perpetradores y se convierte en un aliento para nuevos abusos. Los cuerpos policiales cometen gran parte de los atropellos.

El 14 de julio de 2017 el presidente Nicolás Maduro presentó oficialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas han liderado las masacres en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– en 2019 fue el cuerpo policial que actuó en más casos: 233, solo en los cinco municipios de Caracas. Investigaciones de Provea aseguran que entre cinco y nueve personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en promedio, por cada operativo que ejecutan.

El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Rodríguez explicó que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, también son líderes en las violaciones de los derechos humanos cuando toman las comunidades.

Su intención es afianzar el mecanismo de control social de Maduro. Cometen allanamientos ilegales, hurtos y robos, destrozos en las viviendas, amenazas, agresiones físicas y un repertorio represivo que genera terror en la población, dijo.

Provea calcula que en dos años, desde la creación de las FAES, pasaron de 150 funcionarios a un aproximado de 2000. El financiamiento del Estado no ha disminuido y más bien los dotan de equipos. 

—¿Qué mensaje pretende llevar el gobierno de Maduro con la actuación de las FAES?

—Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado. Con sus actuaciones están mandando un mensaje de castigo a toda la población, no únicamente a la disidencia política. Cometen un amplio repertorio de abusos contra los derechos humanos y tienen un poder enorme que les garantiza fidelidad al proyecto político de Maduro. Ellos ingresan encapuchados a una comunidad, allanan viviendas, roban y hacen los que le da la gana.

—¿Por qué es precisamente este cuerpo policial y no otro el que emplean para el terrorismo de Estado?

—Las FAES no son el único cuerpo que comete violaciones de los derechos humanos. Pero sí la integran muchos colectivos, como lo comprobamos en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. El gobierno de Maduro tiene control directo de las FAES, lo que no sucede del todo con la Dgcim y el Sebin.

—Además de los operativos policiales, ¿qué otras acciones son parte del terrorismo de Estado?

—Como fueron creadas con exclusividad para el Gobierno, también reprimen manifestaciones y no solo eso, persiguen a quienes protestan para enviar el mensaje de dominio. Buscan recuperar el control de zonas y la estructura criminal. Sucedió con las protestas en Petare (2019), que ellos no solo reprimieron con toda su fuerza, sino que también mostraron simbólicamente que Petare no se puede sublevar. El allanamiento que hubo en los edificios Los Verdes, en El Paraíso, es otro ejemplo. Ahí castigaron a todos los manifestantes, mataron a un perro, dentro de una casa y enviaron el mensaje a todos los vecinos porque los castigaron de tal forma que entraron a la vivienda y al núcleo familiar.

—¿La tortura, como parte del terrorismo, ahora va en contra de familiares y mascotas de los perseguidos políticos?

—Parte del terrorismo de Estado también es emplear el secuestro, el chantaje y la extorsión para doblegar al principal objetivo. Exterminar al enemigo no solo implica aniquilación física, sino su aniquilación emocional. Si no se puede contra ellos porque algunos salieron del país, entonces van contra la familia o las mascotas. 

—¿La tortura la viven solo los políticos y sus familiares?

—No. En las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad allanan las viviendas, las roban, amenazan a los familiares, matan a los hijos en frente de ellos y los vuelven a amenazar si denuncian. 

“En 2019 Provea documentó 574 casos de tortura en un contexto en el cual la gente no denuncia porque en algún nivel la tortura ya se normalizó. El Cicpc es el cuerpo que más casos tiene, la mayoría ocurrieron en calabozos y están vinculados a la comisión de delitos comunes. 

“El segundo grupo de torturados son los militares y es por dos objetivos: uno, para detener a quienes supuestamente están conspirando, y dos, enviar un mensaje para que el resto no se atreva. Es decir, el mensaje es que ellos mataron a un capitán de corbeta y a un concejal y no pasó nada”, subrayó.

 

 

Hermana de Vasco Da Costa: Régulo García Castro fue torturado esta madrugada
El imputado por el llamado Caso Gedeon II, habría sido torturado por el director de la Dgcim, coronel Hannover Guerrero Mijares

 

Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, denunció este viernes, 27 de diciembre, que Régulo García Castro, imputado en el llamado «caso Gedeon II», fue torturado esta madrugada por el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), coronel Hannover Guerrero Mijares .

Da Costa relató que a García Castro le pusieron electricidad en la nariz y en la nuca. Lo golpearon y patearon por todo el cuerpo. Añadió que le dieron cachazos con un arma de marca beretta en la cabeza y el cuerpo. «Todo esto sucedió en el casino de la cárcel de Ramo Verde», precisó.

«Fue una noche de terror para los que están en Ramo Verde y para los familiares que estamos afuera», enfatizó la hermana del detenido Vasco Da Costa.

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El minuto de silencio se extiende en la Asamblea Nacional
Los diputados homenajearon al exconcejal de Voluntad Popular, Edmundo “Pipo” Rada, encontrado asesinado el 17 de octubre en la Carretera Petare-Santa Lucía
Los asesinatos a dirigentes y militares se van haciendo un tema recurrente en el Parlamento

@saracosco/Foto: Prensa AN

El minuto de silencio se ha convertido en una práctica recurrente dentro del Hemiciclo de Sesiones de la Asamblea Nacional para rendir homenaje a las víctimas de violación de Derechos Humanos en Venezuela. 

Este martes ese minuto de silencio fue dedicado al dirigente político y exconcejal de Voluntad Popular, Edmundo “Pipo” Rada, luego de que su cuerpo fuera encontrado calcinado el pasado 17 de octubre en la carretera Petare-Santa Lucía. 

Los familiares también participaron en el minuto de silencio – junto a la Tribuna de Oradores- mientras sostenían un pendón con la imagen de un “Pipo” sonriente y con la frase “Petare es Pipo”. 

Las causas del asesinato todavía no se han esclarecido, aunque los que conocieron a “Pipo” aseguraron que es un motivo político, porque el dirigente denunciaba la merma en la calidad de vida de los habitantes de Petare y también la actuación irregular de las Fuerzas de Acciones Especial (FAES). 

Con lágrimas y la voz quebrada, Tadeo Rada – hermano de “Pipo”- expresó que tienen “el alma destruida”. 

“Pedimos justicia, legal y sin trucos”, dijo el hermano.  

Con otro minuto de silencio -pero hace dos semanas – Luz Mariela Albán, hermana del concejal Fernando Albán, también exigió justicia. 

Fernando Albán, cayó del piso 10  de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde estaba custodiado por funcionarios policiales después de haber sido detenido por su supuesta relación con el “Caso de los drones”. 

La versión del Gobierno de Nicolás Maduro fue la del suicidio del concejal, pero Luz Mariela Albán aseguró que a su hermano lo asesinaron y que no se cansarán “de buscar justicia”. Aunque hay dos custodios detenidos por este caso, pero no por violación de Derechos Humanos o torturas. 

Que este tipo de hechos sigan ocurriendo es un temor que va tomando fuerza dentro del Parlamento. Hace tres meses, Zaida Angarita, madre del Teniente de Fragata Gustavo Carrero, quien se encuentra detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), alertó que lo que le sucedió al Capitán Rafael Acosta Arévalo – torturado y asesinado en esa misma sede policial a principios de julio y por quien también se hizo un minuto de silencio-, “le puede pasar a cualquiera de los militares presos”. 

Esta misma frase la repitió la diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes) – dirigida en este caso a líderes políticos y parlamentarios- quien además criticó que si el Gobierno de Maduro hubiera seguido las recomendaciones de desmantelar las FAES incluidas en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, “hoy no estaríamos lamentando la muerte de Pipo”.

 

Fijan nuevamente audiencia de juicio del caso de violación y tortura a un joven en el Zulia

PARA ESTE 7 DE AGOSTO ESTÁ FIJADA nuevamente la audiencia de juicio de los exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados por la violación de un estudiante, quien también fue víctima de tratos crueles, durante las protestas de 2017.

Esta fecha fue acordada después de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia aprobó el recurso de apelación presentado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Esta decisión representa un reconocimiento al derecho de defensa de la víctima, pues, inicialmente el Juzgado de Control había desestimado las pruebas promovidas por Codhez.

De esta forma, la Comisión considera que hay posibilidades de llevar a cabo un proceso más exhaustivo y transparente que ayude a la reparación de los derechos de la víctima y la condena a los responsables.

No obstante, Codhez reitera que el Estado venezolano sigue sin juzgar el delito de tortura en sus tribunales. Aunque en este caso hay elementos de convicción que demuestran que se cometió tortura, los acusados serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que disminuye la posibilidad de que haya justicia plena, algo que preocupa debido al incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país.

Codhez también alerta sobre el retardo procesal presente en este caso: en 2018, la audiencia preliminar fue diferida 6 veces, mientras que este año, la apertura a juicio ha sido diferida en dos oportunidades. 

Con información de nota de prensa de Codhez

Detenido en Costa Rica exgobernador Eduardo Manuitt

El director de la Policía Judicial de Costa Rica, Walter Espinoza, informó la mañana de este miércoles, 24 de julio, la captura del exgobernador de Guárico, Eduardo Manuitt Carpio, sospechoso de delitos de privación de libertad, torturas, amenazas y coacción.

Igualmente junto a Manuitt fueron detenidos su hermano, Alberto Martínez y su hijo Carlos Manuitt Morao.

La investigación del país centroamericano empezó en el mes de abril cuando los ahora detenidos, denunciaron el robo de cinco cabezas de ganado.

Posterior a la denuncia, Eduardo Manuitt, junto a su hijo y hermano amenazaron con armas de fuego a los habitantes de fincas aleñadas, para obtener información sobre el robo.

Igualmente serían sospechosos de haber retenido a cuatro hombres, que además torturaron porque los creían culpables del asalto del ganado. 

En el operativo también fueron capturados dos ciudadanos costarricenses identificados como José Francisco Villalobos y Juan Aguilar Aguirre.

Con información de CR Hoy

Familiares de militares presos: “Los victimarios son cada vez más crueles y despiadados”

“LO QUE LE PASÓ AL CAPITÁN RAFAEL ACOSTA ARÉVALO, le puede pasar a cualquiera de los militares presos”, fueron las palabras de Zaida Angarita, madre del Teniente de Fragata Gustavo Carrero, quien también se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Angarita y Keyla Flores esperaron sentadas a un lado de la tribuna de oradores del Hemiciclo de Sesiones, mientras la diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández (AD-Cojedes) daba inicio al debate de la Asamblea Nacional que denunciaba la tortura, tratos crueles a los militares presos y el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

Fernández exigió al Hemiciclo no solo presentar un proyecto de acuerdo, si no hacerle seguimiento a cada uno de los casos y prestar apoyo a todos los familiares. Por eso las invitó a hablar junto a ella y dar más detalle de lo que sufren los militares presos.

Flores llevaba puesta una franela que mostraba la fotografía de su esposo, Ruperto Molina, mientras Zaida Angarita tenía un cartel con la denuncia de que Gustavo Carrero tiene 381 días preso. 

Pero no solo hablaron de sus familiares directos, porque Angarita denunció que junto a su hijo, hay otros compañeros de la Armada que tienen el mismo tiempo detenidos y tampoco se han salvado de las torturas.

Los diputados, periodistas y el resto de familiares escuchó con atención y con expresión de alarma todo lo que han padecido los funcionarios presos tanto en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Ramo Verde.

Asfixia con bolsas plásticas, ojos vendados, manos esposadas con uñas ensangrentadas, corte en las plantas de los pies, son algunas de las prácticas denunciadas.

Además los mantienen en celdas de 2×2 con paredes blancas y la luz encendida todo el tiempo, con lo cual no saben cuándo es de noche o de día. “Hacen sus necesidades en bolsas plásticas y luego pueden pasar una o dos semanas sin recoger los desechos”, alertó Angarita.

Keyla Flores expresó que los victimarios son “cada vez más crueles y despiadados” y con una voz tenue pero segura agregó que ahora ellas son la voz para salvaguardar la vida de sus familiares. 

No lloraron y tampoco quebraron su voz. Fueron enfáticas en exigir el cese de las torturas y también la intervención de estos cuerpos de seguridad. Además de pedir el apoyo del Parlamento, también mostraron su agradecimiento a los diputados y Angarita aseguró, con una sonrisa, que Venezuela “pronto logrará su libertad”. 

Justicia Imparcial

Luego de finalizar su intervención, Angarita y Flores se volvieron a sentar en las mismas sillas al lado de la tribuna de oradores. Desde allí escucharon a cada uno de los diputados que condenaba la muerte del Capitán Acosta Arévalo y exigía a los organismos internacionales levantar su voz. 

Dennis Fernández explicó que en el proyecto de acuerdo se exhorta a que un comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instale en el país para hacer un registro de estas violaciones. 

También que la oficina técnica del Alto Comisionado para Derechos Humanos esté de forma permanente y que la Cruz Roja verifique el estado de salud de los presos políticos, tanto civiles como militares.

El diputado chavista Eustoquio Contreras (Bloque Socialista-Guárico) también tomó el derecho de palabra para condenar el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, afirmando que “no se puede pedir justicia a quien ha cometido el delito”, refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro.

Aseguró que lo que mueve a todos los diputados es un “dolor de patria” y no una parcialidad política y recordó otros hechos de violación a los Derechos Humanos como El Porteñazo, el Caracazo y el asesinato de Jorge Rodríguez padre.

Además ofreció su visión de analista político en la que recomendó que la salida a la crisis debe ser institucional, democrática y electoral, lo cual fue refutado por el diputado José Luis Pirela que solicitó en más de una oportunidad la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y del artículo 187 de la Constitución.

Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) exigió que se debe aplicar el Tratado de Estocolmo, que es para víctimas de torturas y el Tratado de Minnesota, para que haya una investigación imparcial sobre los hechos. 

Criticó que los dos funcionarios detenidos por la muerte del Capitán Arévalo pueden llegar a tener una pena de entre 4 y 6 años, que se podría reducir a 14 meses, mientras que al diputado Juan Requesens lo culpan de homicidio intencional que serían hasta 30 años de cárcel, “cuando solo es un parlamentario joven e inocente”.

Desde la tribuna de oradores, con la voz alzada y agitando sus manos fustigó el comunicado de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet por felicitar a la Fiscalía, designada por la ANC, por el inicio de una investigación, “cuando la impunidad es de 98% y en temas de Derechos Humanos es de 99%. Entonces ¿A quién vamos a felicitar, Bachelet?”.

El debate sobre la tortura y tratos crueles a militares se repite en el Parlamento una semana después, cuando los diputados aseguraron que son más de 100 los funcionarios castrenses en las mazmorras de la policía política y militar. 

El presidente encargado volvió a tomar la palabra en esta discusión y preguntó ante la audiencia cómo los familiares van a superar el dolor. 

Hizo un llamado a que a pesar del dolor y el luto, los venezolanos no se dejen llevar por la frustración y ratificó la convocatoria a marchar el próximo viernes, 5 de julio. Además aplaudió a los tachirenses por salir a protestar luego de que funcionarios de Politáchira le dispararon al joven Rufo Antonio Chacón, de 16 años, haciéndole perder la vista, “porque exigen el derecho a vivir con dignidad”.

Con el sonido constante de las cámaras fotográficas, Guaidó expresó que es una paradoja que  “condenamos el asesinato del Capitán Acosta y al mismo tiempo la acción del militar que le disparó a Rufo”, también pidió dejar al lado los eufemismos para catalogar a Maduro “porque es un dictador”. 

Al finalizar su intervención con el Decreto de ascender a Acosta Arévalo a Capitán de Fragata, Guaidó se acercó a Angarita y Flores, les dio un beso a cada una en la mejilla y luego salió con ellas para tener una reunión privada en su despacho.

Foto: Sarai Coscojuela

Esposa de capitán muerto en la Dgcim exige al Gobierno que le entreguen su cuerpo

Waleska Pérez, esposa del fallecido capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, exigió al régimen de Nicolás Maduro que le haga entrega del cuerpo del funcionario.

Pérez hace este exhorto 48 horas después de conocerse sobre el deceso de su esposo, quien falleció como consecuencia de presuntas torturas que habría recibido por funcionarios mientras estuvo detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

A través de su cuenta en la red social Twitter, también pidió respaldo a la comunidad internacional y se realice un examen independiente coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para determinar las verdaderas causas de la muerte del capitán de corbeta.

El abogado del militar, Alonso Medina Roa, hizo fue quien confirmó su muerte. A través de Twitter informó el 29 de junio que su fallecimiento fue “producto de las salvajes torturas de las que fue víctima. Estas conductas las venimos denunciando, pero la complicidad de las instituciones permitió que llegáramos a ese extremo”.

Alta Comisionada de la ONU expresa su preocupación por asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó estar consternada por el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo cuando se encontraba detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

A través de un comunicado señaló que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una “investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte”.

Bachelet expresó estar conmocionada por la “presunta tortura” del Capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al “que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”.

Aunque la Alta Comisionada ve con buenos ojos el llamado de la Fiscalía, designada por la ANC, para investigar el caso, y que haya ya dos funcionarios de la Dgcim detenidos, lamentó que las “alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos”.

Hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que permitan que los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos puedan recibir visitas de sus abogados y familiares. Además de asegurarse que sean tratados con humanidad y dignidad.

Por último, Bachelet hizo un llamado para que se adopten medidas urgentes “para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.