Un informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela concluye que el sistema de justicia del país ha servido, durante años, para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al gobierno de Maduro
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó la mañana del 16 de septiembre su segundo informe, correspondiente a la actuación del sistema judicial venezolano ante violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El informe concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
El documento, que se analizará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revela el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar detenciones ilegales.
De acuerdo con la Misión, existen «motivos razonables» para creer que funcionarios de alto nivel han influido de manera considerable en el Poder Judicial del país.
Durante la presentación del informe, la abogada Marta Valiñas, presidenta de la Misión, expresó: «Los ataques que hemos documentado están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al gobierno».
«Hemos concluido que, en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos«, añadió.
La investigación realizada, sumó la abogada, deja al descubierto «un sistema de justicia comprometido y que ha violado el debido proceso por motivaciones políticas».
«Hemos documentados acoso e intimidación contra las familias de las personas detenidas, además de los 90 casos documentados en el informe anterior de la Misión, solo 3 han tenido avances (…) Muchos de los patrones y casos que denunciamos en nuestro primer informe continúan», precisó Valiñas.
El investigador Michael Cox, director del LSE Ideas, también intervino en la presentación del informe y manifestó: «El uso excesivo de la detención preventiva se ve agravada por la tardanza o falta de ordenes de liberación por parte de los jueces. La mayoría de los detenidos fueron por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica».
«Hemos documentado tanto en el informe anterior como en el actual que miembros del personal militar ha sido víctimas de torturas. Tenemos casos documentados de militares siendo torturados y usar sus declaraciones como evidencia durante los juicios militares (…) Documentamos obstáculos para que los abogados defensores tengan acceso a sus representados, así como demoras para establecer las fechas de las audiencias y juicios», detalló.
“La contribución del sistema de justicia a la crisis de DDHH de Venezuela no puede menospreciarse. Necesita una reforma urgente, para … garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas”
– Francisco Cox Vial, #FFMVenezuela pic.twitter.com/aWtHYTIJHI
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) September 16, 2021
De igual manera, aseguró que siguen investigando «las violaciones y crímenes documentados en el informe anterior, como el abuso sexual, tortura y persecución«.
