Solicitud

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, aseguró este viernes que la institución no tiene exclusividad en el desarrollo de las iniciativas legislativas al referirse a la Ley Orgánica de Referendos que aprobó este miércoles en segunda discusión la Asamblea Nacional (AN).

“El artículo 204 de la Constitución faculta al Poder Electoral a presentar iniciativas, pero no en perjuicio de las propias atribuciones que le otorga la carta magna en el artículo 187 a la AN”, declaró Rondón durante el programa Primera Página por Globovisión.

Asimismo, indicó que para diciembre de este año las directoras del CNE Tania D’ Amelio y Socorro Hernández culminan sus funciones.

De igual forma, Rondón manifestó que las elecciones regionales deben celebrarse a finales de este año.

“La Constitución es clara cuando explica los períodos de ejercicio de los funcionarios públicos. En el CNE estamos a la espera que la Junta Nacional Electoral presente la solicitud de cronograma para la evaluación de la plenaria. Sin embargo, se han venido cumpliendo actividades preliminares, como el sorteo de elegibles para los miembros de los organismos electorales subalternos”, aseveró el rector del CNE.

Por otro lado, Rondón expresó su inconformidad con la entrega de la planilla del referendo revocatorio que planteó la oposición y que pasa por la entrega de un formato para recaudar el 1% de las firmas preliminares requeridas para iniciar el mecanismo de consulta.

“Mi inconformidad viene desde el 9 de marzo, con la solicitud del revocatorio no se deben generar retrasos innecesarios”, afirmó Rondón. También exhortó al ente comicial a entregar con prontitud las planillas para el revocatorio.

En este sentido, agregó que el Poder Electoral está obligado a desarrollar todos esos procesos con transparencia, así como brindar respuesta oportuna a los interesados. “La administración electoral no debe ser obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos”, reiteró.

Por otra parte, explicó algunas de las condiciones que el artículo 72 de la Constitución establece para la activación del referendo revocatorio:

• Que se haya cumplido la mitad del período presidencial
• Que haya la participación de por lo menos el 25% de los electores inscritos en el registro electoral

“El referendo revocatorio es un medio de participación política”, finalizó Rondón.

En horas de la tarde de hoy, Wendell Oviedo Sub-director de Venezuela  Diversa A.C, entregó por quinta vez a la Asamblea Nacional la solicitud de declaratoria del 17 de mayo como «Día Nacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia” la cual espera ser aprobada desde el 30 abril de 2008.

La propuesta busca colocar en la agenda pública la importancia de erradicar todas las prácticas institucionales y sociales que estimulan, mantienen el rechazo y la discriminación hacia las personas LGBTI, en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Cabe mencionar, que en esta oportunidad la comunicación fue dirigida a los Diputados Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez  primer vicepresidente, José Calzadilla segundo vicepresidente, Roberto Marrero secretario,  Delsa Solórzano presidente de la Comisión de Permanente de Política Interior y Miguel Pizarro presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social.

Por lo tanto, la solicitud recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, la igualdad ante la ley y la no discriminación por cualquier causa, en sus artículos 20º, 21º y 22º. De igual manera el Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional según sentencia de fecha 28 febrero 2008 expediente 03-2630 declaro “…que no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona”. Sin embargo se hace imperiosa la necesidad de tomar medidas afirmativas para garantizar tales derechos de manera real y efectiva.

Igualmente, que en materia de derechos de las personas LGBTI, la República Bolivariana de Venezuela ha aprobado las seis resoluciones emanadas de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la materia (AG/RES. 2435 año 2008, AG/RES 2504 año 2009, AG/RES. 2600 año 2010, AG/RES. 2653 año 2011, AG/RES. 2807 año 2013, y AG/RES. 2863 año 2014), y la Resolución de las Naciones Unidas (ONU) del 18 de diciembre del 2008, todas estas orientadas a erradicar toda forma de violencia y discriminación en base a la orientación sexual, identidad y expresión de género.

De igual modo, se recordó que los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes, que la orientación sexual e identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación, violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y escarnio público) o física (ataques y asesinatos).

Finalmente, se reiteró que el Poder Legislativo, sigue estando en mora con las personas LGBTI, y que los legisladores tienen la oportunidad de dar una muestra de su compromiso con los Derechos Humanos, condenando y prohibiendo las prácticas homofobia, transfobia y bifobia en nuestro país

Los venezolanos pasaron del décimo lugar al quinto con más solicitudes de asilo político en los EEUU en apenas un año. Cinco mil 654 solicitudes hicieron que 2015 registrara el “logro” de haber alcanzado un puesto entre países como China, México, Guatemala y el Salvador, que lideran la lista de este tipo de solicitudes.

Julio Henríquez, director de la ONG Refugee Freedom Program – RFP (Programa Libertad del Refugiado) en reunión sostenida entre Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal y miembros de la referida organización, señalaron mediante una rueda de prensa que desde 2014 los venezolanos pasaron a estar debajo del décimo lugar de mayores solicitudes de asilo político al número 5 en este año.

Este incremento es el resultado “definitivamente de las protestas del año pasado (2014) y sus consecuencias en cuanto a la detención de personas, torturas, etcétera ha traído mayor cantidad de venezolanos huyendo del país. Es impresionante como en 10 años el venezolano pasó a ser, de turista en Estados Unidos, a perseguido político“.

Venezuela estaría incluso por encima de países en guerra o conflictos armadoscomo Siria, Ucrania o Irak. Alfredo Romero señaló que “esta situación demuestra más aún el aumento de la persecución política en Venezuela que no sólo afecta al político sino a la ama de casa que manifiesta por la falta de comida o al estudiante o a la mujer como Inés González, que emite un mensaje de twitter. Es triste saber que los venezolanos están básicamente escapando del país por miedo”.

Romero se refirió que que se está en conversaciones con organizaciones como Refugee Freedom Program porque consideran que “la violación a los derechos humanos de los
venezolanos en Venezuela conlleva a una situación que está adquiriendo
un matiz internacional”.

Julio Henríquez, de la ONG Refugee Freedom Program, explicó que “las solicitudes de asilo político de venezolanos se incrementan día a día y ello acompañado de dolor, necesidad y mucho pesar por abandonar su país”.

Según el organismo, la lista de nacionales con mayores solicitudes de asilos políticos en los EE UU es la siguiente:

1. China 18723

2. México 11735

3. Guatemala 8565

4. El Salvador 6792

5. Venezuela 5654

6. Honduras 4861

7. Ecuador 3804

8. India 1808

9. Haití 1472

10. Siria 914

11. Iraq 860

12. Ukrania 453

13. Egipto 284

14. Kyrgyzstán 121

15. Ethiopía 10

*Con información de EN y Efecto Cocuyo

El Ministerio del Poder Popular para el Comercio contará con un nuevo diseño web de su portal, el cual permitirá realizar algunos trámites dedicados al comercio exterior, así lo dio a conocer la titular de esta cartera, Isabel Delgado.

Una nota de prensa difundida este jueves refiere que los empresarios podrán describir al mercado internacional las bondades del bien o servicio que ofrece, y así realizar los enlaces respectivos para exportar sus productos. En el nuevo formato digital se podrá realizar la solicitud de licencia de exportación, con el objeto de promover el desarrollo económico del país en el ámbito internacional.

Además se divulgará la información correspondiente a la gestión comercial del Estado venezolano, detallando así las acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional para combatir la Guerra Económica que promueven los sectores de derecha en el país desde hace algunos meses.

Adicionalmente, la escuela popular de comercio por internet ofrecerá la opción de revisar textos, artículos e infografías relacionados con el comercio en Venezuela y el mundo; precisa la nota.

Los visitantes del portal podrán formular preguntas, hacer denuncias y sugerencias; y tendrán acceso a los instructivos para gestionar trámites en la institución y la actividad comercial.

Otra de las opciones que incluirá esta modernización será la publicación diaria de boletines informativos, artículos especializados, artículos de opinión y contenidos sobre el comercio interior y exterior, con el propósito de que los usuarios que ingresen al portal obtengan la información detallada.

La minera canadiense Gold Reserve reportó una solicitud de declaratoria de Default contra Venezuela por parte de la Corte del Distrito de Columbia (Washington, EEUU) que lleva su caso ante el país.

Tras un proceso de arbitraje concluido en septiembre de 2014, se estimó que la República Bolivariana de Venezuela debía cancelar 740 millones de dólares a la compañía, que en el mes de noviembre de ese mismo año introdujo su petición para ejecutar el fallo ante la mencionada Corte.

La decisión de esta entidad judicial llega luego de la expiración de un plazo de 60 días para que Venezuela presentara su argumentación legal, un lapso que expiró sin que hubiese pronunciamiento alguno, de acuerdo con los reportes de Gold Reserve el día de hoy.

Ante la solicitud de Default emitida por la corte el pasado 27 de marzo, la defensa legal de Venezuela introdujo una acción para denegar la solicitud, que será decidida por un juez en un corto tiempo.

Los pagos sumados de distintos casos de expropiaciones ejecutadas por el gobierno venezolano, tomando en cuenta además de la demanda de Gold Reserve solicitudes de ExxonMobil, Owens Illinois y la compañía Tidewater, suman más de 2,8 millardos de dólares.

ConocoPhillips, petrolera estadounidense involucrada en un proceso de litigio contra el régimen de Caracas por la expropiación de sus activos en Venezuela, introdujo un recurso legal ante una corte de Texas que busca impedir que los recursos de una eventual venta de Citgo sean transferidos al país sudamericano.

Según el recurso legal, la propuesta venta de Citgo podría tratarse de un plan para esquivar un eventual embargo de sus activos a ser introducido por ConocoPhillips, ante la posibilidad de que el tribunal de arbitraje que lleva el caso de las expropiaciones en Venezuela se pronuncie en contra del régimen de Nicolás Maduro el próximo año.

La solicitud, presentada la semana pasada ante la corte de distrito del condado de Harris, Texas, pretende determinar en su etapa de exploración las acusaciones de que Citgo o sus empresas allegadas, incluyendo la estatal Petróleos de Venezuela, están liquidando sus activos en Estados Unidos y en otros lugares “con el propósito de bloquear, demorar o defraudar a sus acreedores, incluyendo la capacidad de ConocoPhillips de cobrar una esperada sentencia de un proceso de arbitraje internacional contra PDVSA”.

El recurso legal presentado por ConocoPhillips “no busca prevenir una venta de Citgo o de sus activos por un precio razonable. Pero sí busca evitar que las partes transfieran los recaudos” a Venezuela, afectando de esa manera los derechos de los solicitantes como acreedores, dijo un portavoz de la compañía estadounidense en un correo electrónico.

La propuesta venta de Citgo, empresa que cuenta con un sistema de refinerías y trabaja con una cadena nacional de estaciones de servicio, ha sido anunciada y suspendida en varias ocasiones por el régimen de Maduro, que se tambalea ante el colapso del modelo “petropopulista” emprendido por el chavismo y la drástica caída de los precios del petróleo de los últimos meses.

Según los datos suministrados en julio en una emisión de bonos, el valor de libros de Citgo alcanzaba los $8,100 millones para finales del 2013, pero expertos creen que una eventual venta podría estar por debajo de los $7,000 millones, mientras que el régimen de Caracas ha señalado que espera obtener más de $10,000 millones.

Según informes de prensa, los bancos internacionales involucrados en los esfuerzos por vender Citgo han presentado un plazo hasta finales de diciembre para que las partes interesadas en Citgo presenten sus ofertas.

El Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias de Inversión (Ciadi), panel arbitral del Banco Mundial que lleva el caso entre ConocoPhillips y el régimen de Maduro, ya dictaminó parcialmente que Venezuela expropió ilegalmente los activos que la empresa tenía en el país sudamericano y que esa acción le acarreó una pérdida de cerca de $4,500 millones a la compañía.

El dictamen final está previsto para el próximo año y pocos dudan que le será adverso al régimen de Caracas en vista de que el Ciadi ya dictaminó que Venezuela no negoció “de buena fe” con Conoco.

El gobierno venezolano nacionalizó parte de los activos de ConocoPhillips en el 2007, tras decidir que quería operar bajo el formato de empresas mixtas con las petroleras trasnacionales que ya tenían operaciones en Venezuela.

Bajo ese formato, las trasnacionales estaban obligadas a otorgarle al régimen venezolano el control mayoritario de las operaciones, planteamiento que fue rechazado por ConocoPhillips, que participaba en los proyectos de petróleo pesado Petrozuata y Hamaca y en el desarrollo costa fuera Corocoro.

Esos proyectos fueron posteriormente expropiados durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

Venezuela, el país con mas demandas en curso ante el Ciadi, se retiró de este órgano en el 2012, cuando el gobierno cuestionó su imparcialidad y argumentó el “derecho del pueblo venezolano” para decidir sus orientaciones estratégicas.

No obstante, Caracas aún debe responder por los casos presentados con anterioridad a esa fecha.

La mayor parte de las demandas contra Venezuela en el Ciadi fueron presentadas por empresas extranjeras que exigen ser indemnizadas por las nacionalizaciones de sus activos decretadas por Chávez.