El domingo, en una zona boscosa de Montalbán II, 18 niños y tres adultos jugaban baloncesto cuando fueron sometidos por delincuentes armados, maniatados, amordazados y secuestrados, informó el periodista de El Pitazo, Darvinson Rojas.
Los jóvenes que pertenecen al equipo de baloncesto de la «Fundación Integral Deportiva Comunitaria La Vega», fueron sometidos y trasladados hacia la parte alta de un lugar montañoso. Los efectivos policiales desconocen la finalidad del cautiverio.
Las víctimas fueron rescatadas por funcionarios de la Estación Policial La Vega del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), quienes vieron a los criminales huyendo hacia el monte cuando patrullaban la avenida Teherán. A pesar de que fue implementado un dispositivo de seguridad para capturar a los secuestradores, no hubo resultados positivos.
Rescatados 18 niños que estaban maniatados en Montalbán. Jugaban baloncesto cuando fueron sometidos por delincuentes armados #Caracaspic.twitter.com/nAIVUmDHSm
Los niños rescatados en Montalbán pertenencen a equipo de baloncesto de una fundación. Estaban manitados con tres adultos #Caracas — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 15 de enero de 2017
Policías buscan a delincuentes en Montalbán. Hasta ahora desconocen con que finalidad sometieron a los 18 niños #Caracas
No es en un barrio, no es producto de una encuesta en la Morgue de Bello Monte, en cualquier familia, en cualquier oficina, preguntando, sumamos que casi seis de cada diez personas entre nosotros ha sido tocada por un crimen violento.
La muestra puede no ser estadísticamente válida, pero es patéticamente elocuente. En una oficina de ocho personas, seis han sufrido al menos un crimen violento recientemente. A la asistente del Presidente de la Fundación que allí manejamos, le mataron al papá en un atraco hace dos años. El hermano de la abogada se salvó de chiripa, como dicen, en otro asalto, y quedó con una bala incrustada en el tórax. La administradora, al salir de la universidad, vio como mataban a un compañero con ocho disparos en plena calle, y «del tiro» se retiró. A la Gerente le mataron a un primo con un punzón en el corazón en una discusión callejera sobre Chávez. Al Consultor Legal se le mató un hijo que venía siendo perseguido en la autopista, según presumen los investigadores. Estos, como tantos otros hechos, quedaron impune. ¡Van cinco! Y eso que no le preguntamos al mensajero, ni la señora que limpia, por pena, porque esos debe tener más de un muerto cada uno en su familia…
En efecto, la Procuraduría General de la República ha dicho que 98% de los crímenes en Venezuela quedan impunes. Gallup revela en sus encuestas que la criminalidad se ubica como primera preocupación de los venezolanos, en una lucha cabeza a cabeza con la escasez y la inflación, seguramente, ahora.
Informes del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos indican que somos la ruta predilecta del narcotráfico hacia el norte. Y apartando las versiones de «Alicia en el País de las Maravillas» que nos presenta la Fiscal General, el Observatorio Venezolano contra la Violencia ubica la tasa de asesinatos sobre 90 muertos de cada 100.000 habitantes. ¡Díganselo a la gente de la oficina!
Y no estamos hablando de robos, ni secuestros, sino de muertos. Las reaseguradoras internacionales indican que en Venezuela, en todo momento, hay al menos 90 personas secuestradas. Y las agencias de seguridad del mundo alertan que hay militares y policías involucrados en esto, como en el narcotráfico, cosa que leemos en la prensa a diario.
Y si queremos sumar algo más humanitario, la revolución mata. Nuestro propio padre muere en diciembre por falta de medicinas. A decir verdad, en alguna oportunidad se consiguieron solo dos de un cocktail de cuatro pastillas que tomaba a diario. Ese desbalance le disparó un ACV que un año en cama después terminó llevándoselo.
Es que hasta el perro se nos murió la semana pasada por falta de alimentos y medicinas. Lo que se conseguía para darle de comer era basura con tinta que le causaba alergias y problemas renales y hepaticos que se fueron agravando.
A Luisa Mendoza (nombre ficticio para proteger su identidad), unos hombres armados la interceptaron a comienzos de junio, cuando llegaba a su residencia en la urbanización Valle Arriba de la población de Guatire, estado Miranda.
La mujer iba en su camioneta Chevrolet Captiva, de color blanco. Uno de los delincuentes la obligó a montarse en la parte posterior del vehículo y tomó el control del volante. Le dijeron que es comerciante de la zona, que por su bien se quedara tranquila porque se trataba de un secuestro. Se la llevaron a Caracas y les exigieron a sus familiares que pagaran en dólares por su liberación. Sus parientes denunciaron el caso al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y se ubicó el sitio en donde permanecía secuestrada. Se produjo un enfrentamiento en el que resultaron muertos tres de los plagiarios. Otros miembros de la banda de secuestradores se fugaron.
Las investigaciones determinaron que Mendoza fue plagiada por un grupo que forma parte de una banda criminal de la Cota 905 y que ha extendido sus tentáculos hacia el eje Guarenas-Guatire y Barlovento. El caso, según los cuerpos de seguridad, forma parte del 60% de los plagios que se reportan en esas ciudades dormitorio. “Ellos (bandas de la Cota 905 y de El Cementerio) establecen conexiones con bandas de Guatire y de Barlovento para refugiarse en esos lugares y evadirse de los Operativos de Liberación del Pueblo, así como también pescar nuevas víctimas que en su mayoría son comerciantes, propietarios de areneras y ganaderos”, informó una fuente del Cicpc.
Los miembros de las organizaciones delictivas de Barlovento y de Guatire, de acuerdo con la fuente consultada, estudian a las víctimas, elaboran una ficha técnica del secuestrado: manejan información sobre las empresas que dirige, los integrantes de su núcleo familiar y las horas que entra y sale del negocio y de su vivienda. Esta información la transmiten a las organizaciones de Caracas y actúan de forma conjunta. En la mayoría de los casos, se los llevan a Caracas y algunas veces las tienen en refugios que improvisan en las zonas boscosas de los municipios Andrés Bello y Páez (Barlovento).
Entre las bandas aliadas se reparten el dinero del pago de los plagios. “Crean una especie de sociedad. De ahí que en la zona de Barlovento, parte de las megabandas están constituidas por delincuentes que provienen de Caracas y de los Valles del Tuy”, explicó.
Delito y mujeres en ascenso. La incursión de organizaciones delictivas foráneas ha disparado las cifras de secuestros en el eje Guarenas-Guatire y Barlovento. “Hasta el año pasado eran denunciados un máximo de dos plagios mensuales. Ahora manejamos hasta cuatro al mes. De enero a julio se han contabilizado 26 denuncias de plagios en esas regiones. 60% de los secuestros son cometidos en las jurisdicciones de Andrés Bello y Páez”.
En la mayoría de los plagios cometidos en Guatire participan mujeres que son usadas como señuelo. Los delincuentes suelen interceptar a comerciantes y empresarios cuando entran o salen de su residencia, destacó Modesto Trocell, director de Polizamora.
Mientras, en Barlovento los plagios son reportados en las carreteras, en especial en la vía que conecta al Guapo con Río Chico, en el trayecto entre El Cacao y San José, así como en la entrada de Paparo. “De forma paradójica los secuestros son cometidos a pocos metros de los puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana”, dijo la fuente del Cicpc al explicar que como modus operandi los delincuentes colocan barricadas y se esconden en la zona boscosa. Una vez que los conductores se bajan los interceptan y se los llevan. A los dueños de las areneras y comerciantes les hacen seguimiento. Si no los plagian, los extorsionan. De acuerdo con el funcionario de la policía científica, los obligan a cancelar una cuota de hasta 600.000 bolívares mensuales.
Huyen de los extorsionadores. Muchos comerciantes han optado por marcharse de la zona, dado que no pueden costear las vacunas y se declaran en quiebra.
Ese es el caso de Juan Briceño (nombre ficticio para proteger su identidad). Briceño era propietario de una ferretería en Río Chico y mensualmente debía pagarle 500.000 bolívares a una banda que opera en El Cementerio y que actúa de forma conjunta con la organización delictiva de San José, oriunda de Barlovento. “Son más de 50 hombres que portan fusiles de asalto. Para que me dejaran trabajar tranquilo y no se metieran con mi familia, debía pagarles puntualmente los cinco primeros días de cada mes. Si me atrasaba unos días con la cancelación de la cuota, enviaban a un emisario para amenazarme. Era terrible, pues debía lidiar con las bajas ventas y, de paso, pagar las vacunas. No pude más, vendí el negocio y me mudé a otra zona más segura para comenzar una nueva vida, sin lujos, pero lejos de la presión de los delincuentes”, relató la víctima.
En un video exclusivo para Runrun.es, una residente de Ciudad Caribia contó detalles de la OLP que se realizó en pasado 30 de junio en ese urbanismo. Revela que colectivos de Pérez Bonalde coordinaron la operación de intervención “policial”. Marcaron a sus víctimas días antes, usando como excusa los Clap. Luego entraron a sus viviendas y las ejecutaron
Para la elaboración de este reportaje se evaluó el comportamiento del delito durante un año de OLP en la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Se contabilizaron los homicidios ocurridos entre el 13 de julio de 2015 y el 13 de julio de 2016. Las estadísticas muestran que 62,9% de las muertes se atribuyen a casos de violencia policial (ejecuciones extrajudiciales, presuntos enfrentamientos con delincuentes y OLP)
El análisis con expertos y la información sobre otros delitos permitió concluir que estos operativos no redujeron la criminalidad en estas tres “zonas de paz”. Un estudio elaborado por la ONG Provea muestra cómo la OLP en su nueva fase cambió su objetivo, que era el abordaje del problema de la inseguridad, y se convirtió en un “ejército de ocupación”, con la finalidad de recuperar territorios, mantener un control social y reprimir
@ronnarisquez @loremelendez @Angelicalugob
Infografía: Jessica Aharonov
Videos: Orlando Zamora
LAS GOTAS DE SANGRE DERRAMADA por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.
La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino cinco días antes, el sábado 25 de junio. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira. Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde.La visita había llegado con tres anuncios.
El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.
El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.
Honor y gloria a Omar Molina, joven dirigente del PSUV en Ciudad Caribia, asesinado hoy. Justicia! pic.twitter.com/M1nTNvjntO
Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.
Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal “Un sueño en revolución”, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora del Liceo Gran Cacique Guaicaipuro. “Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.
El domingo, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la GNB. Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo.Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.
El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes
“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”
Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.
Foto: MRIJP
Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.
Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-.Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
Una testigo cuenta en exclusiva para Runrun.es cómo los colectivos actuaron los colectivos con el apoyo de la OLP.
Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido. “Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.
“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.
El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres. “Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron.Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.
“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo.La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.
En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin. “A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.
Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, «secuestrado» por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.
Un gringo en manos de paramilitares de Pérez Bonalde
En el edificio 12 fue detenido Jhosua Anthony Hold (24) y su esposa Tamara Belén Caleño (25). El primero, es un ciudadano estadounidense que había venido al país para casarse, tenía menos de un mes en Venezuela. Esperaba que a Caleño, recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), le entregaran los documentos necesarios para que se residenciara con él en Estados Unidos.
Una nota de prensa del Ministerio Público señala que el día de la OLP, los funcionarios ingresaron a su casa tras observar una “actitud sospechosa”. En el apartamento supuestamente consiguieron un fusil AK-47 y un facsímil de granada. A ambos los dejaron detenidos en el Sebin de El Helicoide por porte ilícito de armas de guerra.“Eso se lo sembraron, estoy segura. Conozco a Tamara y ella no tenía eso en su casa”, sentenció una vecina de la Terraza A que conocía a la joven detenida.
Tanto Hold como Caleño pertenecen a la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días. Aunque fueron detenidos el jueves 30 de junio, no fue sino hasta el viernes 8 de julio -una semana después- cuando se conoció la noticia de que habían sido imputados y privados de libertad. Versiones extraoficiales señalan que el estadounidense permaneció en Sebin sin ser presentado en tribunales, mientras era extorsionado. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso.
Foto: MRIJP
Dos semanas después de aquella OLP, pocos quieren hablar de lo sucedido. Los familiares de muchas de las víctimas trabajan en instituciones del Gobierno establecidas en el mismo urbanismo, y en estos tiempos es mejor cerrar la boca y aguantar el llanto para no perder el empleo.
Además en Ciudad Caribia viven ahora varios miembros de los colectivos que ese 30 de junio estaban junto a los policías. Uno de ellos, descrito como un hombre lleno de tatuajes, se mudó dos semanas antes de los hechos a un apartamento que le quitaron a una pareja con cuatro niñas en una OLP anterior. El nuevo «propietario» entró y se apoderó del lugar supuestamente con una “orden presidencial”, afirmó un vecino.
“Ahorita está tranquilo, pero en las noches esto es horrible porque esta gente sale (los colectivos) y se pone a merodear por ahí. Son esa gente que vive así, por vivir, y viven feo. Entonces, lo que uno hace es encerrarse. Esa gente lo que quiere es apropiarse de las construcciones, de las obras”, apuntó un habitante.
Dos hombres que esperan al autobús de la única ruta que los saca de Ciudad Caribia, añaden que la mayoría de los muertos eran “los malandros del sindicato”, quienes cometían secuestros, robos y controlaban no sólo las obras, sino también la venta de estupefacientes. “Pero las cosas no se hacen así. No pueden venir aquí a matar a la gente, porque ellos tenían derecho a defenderse. Esos son los derechos humanos. Además, ahí también murieron inocentes. Y fueron muchos más de los que dicen los periódicos, porque ahí murieron más de 20 personas y otras están desaparecidas”, recalcó uno de los habitantes de la que sería la “comuna” soñada por Chávez.
En Ciudad Caribia también queda una dependencia del Ministerio Público. Una inscripción en la fachada dice: Fiscalía 162° de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Unidad de Atención a la Víctima. El equipo de Runrun.es, que visitó el urbanismo, intentó conversar con los fiscales de esa oficina acerca de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos sin orden judicial y la participación de colectivos en la OLP-NF del 30 de junio. Pero uno de los funcionarios dijo que allí “no trataban esos casos” y se negó a responder qué tipo de casos trabajaban entonces. En la parte baja de la puerta del edificio también se lee la consigna: “¡No a la impunidad!”…
… Esta historia continuó y el jueves 14 de julio, una OLP sorprendió a los habitantes del Observatorio en el 23 de Enero. Según testigos, también allí los colectivos dirigieron a los cuerpos policiales en el procedimiento que acabó con la vida de 5 presuntos delincuentes.
A un año de la OLP, la actividad del crimen organizado sigue casi intacta en la Cota 905, El Valle y El Cementerio. El tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios no solo se mantiene en esta “zona de paz”, sino que algunos de estos delitos han evolucionado hacia sofisticadas prácticas.
En el caso de los homicidios,Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP.
Las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos por parte de funcionarios policiales fueron comunes en muchas de las muertes, especialmente a las cometidas dentro de la OLP. Sobre este punto el abogado y criminólogo, Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.
Ávila está convencido de que los resultados de la OLP no son exitosos. “Ante la pregunta sencilla: ‘¿Disminuyó la violencia delictiva en el país?’. Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, así como los de la sociedad en general. En 2015 aumentaron 53% las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con 2014”.
La data trabajada por Runrun.es tmabién refleja que 19% de las personas murieron a manos del hampa y 5% de los fallecidos son funcionarios policiales. Además el mes de abril de 2016 fue el más violento de la medición, con 32 casos; seguido por diciembre de 2015, con 26 casos y septiembre de 2015, con 24 muertes violentas. Si bien no hay una comparación con los homicidios ocurridos antes de la OLP de julio de 2015, sí se puede establecer que desde ese mes, solo junio de este año, con 9 casos, muestra una reducción significativa en las cifras. Contradictoriamente ha sido el mes con más homicidios este año en Caracas: 500 casos.
No solo se mantiene una escandalosa cantidad de homicidios, más allá de los números están las características de muchos de estos crímenes. Cuando se trata de una venganza, las bandas se ensañan con sus víctimas. No basta con darle varios tiros, quemar, descuartizar y torturar forman parte del nuevo ritual del asesinato.Cuando el objetivo es funcionario de los cuerpos de seguridad, y específicamente policía, la crueldad es aún mayor. Y en ocasiones la sangre del policía no es suficiente, así que los delincuentes van por sus hijos o por sus familiares. En marzo de este año se reportó el asesinato del jefe de la brigada Motorizada de Policaracas, Larry Morillo, junto a su hijo Yonaiker Morillo. Ambos cuerpos fueron quemados por sus victimarios.
También en marzo alias “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, muertos posteriormente en supuestos enfrentamientos con la policía, armaron un ejército de más de 150 hombres y atacaron a los líderes de una banda rival en El Valle. Este hecho dejó 9 muertos, y dio inicio a un “toque de queda” impuesto por el hampa a los habitantes de las 3 zonas y la avenida Nueva Granada.
Pero el homicidio no es el único que delito que sirve como indicador de que no hubo una reducción de la criminalidad en la zona donde nació la OLP. Se calcula, con base a cifras extraoficiales del Cicpc, que 25% de los secuestro denunciados en Caracas en 2015 fueron cometidos por bandas que operan en el eje Cota 905-El Cementerio-El Valle-La Vega. Esto equivale a 58 plagios conocidos por las autoridades, pues solo uno de cada 10 secuestros es denunciado en el país. El mismo registro indica que entre agosto y noviembre -inmediatamente después del inicio de la OLP- se conocieron 12 casos de víctimas que estuvieron en cautiverio en esas zonas, entre ellas la hijastra del jefe de Interpol Venezuela, comisario Ramón Silva Torcat.
Este año, si bien las bandas de la zona han estado de bajo perfil, se afianzó el cobro de rescates en dólares, que iniciaron las organizaciones de plagiarios de la zona el año pasado. En un operativo “que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril… los funcionarios incautaron 5 armas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo”, refiere una información difundida por el Ministerio de Relaciones Interiores.
Las bandas de la Cota 905 y El Cementerio también son las creadoras de la “tercerización del secuestro”. Estos grupos de delincuencia organizada contratan personas solo para que se ocupen de capturar a las víctimas. “Forman diariamente tres o cuatro grupos de secuestradores, integrados por 4 o 5 personas cada uno. Todas estas personas reciben 1.000 dólares de pago. Cada grupo asume el compromiso de llevar entre 3 y 5 secuestrados por día”, explica un experto en la investigación de secuestros. Posteriormente las víctimas son entregadas a la organización delictiva que se encarga de cobrar el rescate, con montos que van desde los 5.000 dólares.
El experto asegura que a pesar de la muerte de “El Lucifer” -quien lideraba una de las bandas más poderosas de la zona- los secuestros en se han incrementado en ese eje, así como también crecieron en el país 166% en el primer semestre de 2016, según cifras extraoficiales del Cicpc. Afirma que, al menos, hasta junio continuaba operando un grupo de secuestradores en El Cementerio.
El cobro de vacuna o extorsión es otro de los delitos que se ha consolidado en esta zonas. Los comerciantes y transportistas son obligados por los delincuentes a pagar un peaje para poder ejercer su actividad. “Los gariteros son quienes cobran las vacunas en El Valle, Cota 905 y El Cementerio. Por lo general lo hacen los viernes en la mañana. Por ejemplo, a una panadería en El Cementerio le cobran 40 mil bolívares semanales. A un comercio pequeño le cobran 5 mil bolívares semanales y en otros establecimientos la vacuna oscila entre 10 y 15 mil bolívares”, detalló un vecino del sector.
También se mantienen operando las bandas de robo de vehículo y el principal negocio de estas organizaciones criminales sigue siendo el tráfico de drogas. En opinión del ex director del Cicpc, “las medidas coyunturales y puntuales como las OLP no son suficiente para combatir la criminalidad. No se puede combatir la violencia con violencia. Son necesarias políticas que educativas y de atención social”.
En una intervención reciente en un foro sobre inseguridad organizado por el grupo Últimas Noticias, el psicólogo y jefe de la Cátedra de Criminología de la UCV, Andrés Antillano, aseguró que durante la implementación de OLP aumentó la violencia policial y aumentó la violencia social en el país. “Estas prácticas incrementan la violencia y en particular las violencia contra los más pobres. Mientras más abatidos, pareciera ser el mensaje, mejor”.
Afirmó, con base a las cifras oficiales de homicidios clasificados como resistencia a la autoridad y presunta averiguación muerte, que “se trata de una lógica bélica de exterminio. Solo en la guerra un objetivo puede ser puede ser la muerte de un adversario. No es la seguridad ciudadana el mejor escenario para pensar en términos bélicos”.
El experto agregó que: “Estas políticas de mano dura lejos de reducir los homicidios los han aumentado. Se relaciona el aumento de los homicidios con el aumento de la violencia policial”. Y señaló que en 2015, 15% de los homicidios están atribuidos a la intervención de policías o militares.
“Sensación de seguridad” en el corredor de la muerte
El legado de los difuntos ex cabecillas de las bandas que operan en el eje Cota 905, El Valle y El Cementerio se mantiene sigiloso en los barrios de los tres sectores populares, que a inicios de 2015 se consolidaron como “zona de paz”, gracias a la intervención del ex viceministro de Relaciones Interiores, José Vicente Rangel Ávalos,y luego de un pacto de no agresión que hicieron los delincuentes para enfrentar a la policía, desplazarse por sus territorios con libertad y proteger su negocio: el comercio de droga.
Pero el acuerdo de “paz” empezó a debilitarse en marzo de este año. Una guerra entre delincuentes dejó 9 muertos, entre ellos “Franklin el menor”, uno de los cabecillas del grupo del barrio El 70 en El Valle. Posteriormente sus verdugos y adversarios, “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, cayeron en procedimientos policiales. Con la desaparición física de los principales jefes de bandas de la zona y la llegada de la OLP-NF, el 10 de mayo, comenzó a cambiar la rutina el en “corredor de la muerte”, como bautizó el ex diputado oficialista Freddy Bernal a este eje.
Los grupos delictivos han asumido una conducta bajo perfil para resguardarse. Dejaron de comunicarse a través de los radios portátiles -que siempre llevaban consigo- poco después de la primera OLP. Suponían que la policía los escuchaba por una de las frecuencias y así los ubicaba. Con la nueva fase del operativo, los vecinos aseguran que no se ha visto más a los jóvenes “gariteros”, que por lo general pasaban el tiempo en cibers y en puntos estratégicos para informarle a los líderes de las bandas cómo es el movimiento en la zona.
Los cambios de luces que debían hacer los conductores de jeeps y vecinos con sus vehículos, para identificarse cuando subían al barrio, ya no son necesarios. Los recorridos en motos por las noches, tampoco se han repetido. Estas “normas” impuestas por las bandas, al menos por ahora, dejaron de ser rutina en el barrio. Los vecinos se sienten más tranquilos porque los policías en esta nueva etapa están de manera permanente en la zona.
Una mujer que administra una Bodeguita de La Patria en la misma zona, relató que desde que inició la segunda fase de la OLP, los miembros de las bandas ya no se desplazan libremente por el barrio. “Como la policía ahora está aquí, ya no se ve a los malandros por ahí”, dijo. Pero como los delincuentes también comen, la condición de resguardo no les impide acceder a los “beneficios” de los Clap. “Ahora encargan sus bolsas y las mandan a buscar”, con el respectivo pago, aclara la dependiente.
“Sentimos temor, no lo podemos negar, de que se sigan desarrollando enfrentamientos entre delincuentes y policías. Pero estamos más tranquilos. Por primera vez sentimos que hay ley en el barrio. Ya no se escuchan tantos tiroteos y los delincuentes no se muestran sobrados al frente de nuestras narices”, explicó un vecino de la calle 2 de Los Jardines de El Valle.
Una residente del sector Los Laureles de la Cota 905 que dice sentirse más tranquila explicó: “Los policías han instalado unas especies de comisarías en algunas viviendas que fueron abandonadas por familias desplazadas por el hampa, como por ejemplo, casas en las que vivían funcionarios policiales amenazados por delincuentes. En estos espacios los policías hacen sus guardias y a las 6:00 de la mañana cambian el turno con otros compañeros”.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. «Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos», dijo.
Aunque “Lucifer” -delincuente que impuso el toque de queda a comerciantes y vecinos del eje Cota 905, El Valle y El Cementerio- está muerto, su “ley” sigue viva: desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana el tránsito por las calles de estos sectores es prácticamente nulo. No es fácil vencer el miedo.
Una pareja de esposos que vive en el barrio Primero de Mayo de El Cementerio también confirma que el barrio está más tranquilo. Sin embargo, ambos tienen claro cómo se ha consolidado la nueva fase de la OLP. Explican que los funcionarios de los cuerpos de seguridad se apoyan en información que les dan algunos vecinos para identificar a los delincuentes. Pero además advierten la presencia de nuevos actores: los colectivos.
Estas organizaciones paramilitares -que operaban en algunas parroquias del oeste de Caracas- ahora apoyan, participan y hasta lideran en el plan de seguridad ciudadana. “Estos grupos están volviendo a tener control, luego de la segunda fase de la OLP, pues en 2015 tanto ellos (los colectivos) como la policía habían perdido terreno debido al pacto de paz entre las bandas”, dijo un vecino de El Cementerio.
El lunes 11 de julio a las 11:30 de la noche vecinos del sector vieron cómo seis hombres encapuchados, con armas largas se llevaron a la fuerza a dos adolescentes, que supuestamente tienen vínculos con bandas del sector. Un tercer joven logró escapar porque los hombres le dijeron que corriera por su vida. Una versión extraoficial refiere que quienes se llevaron a los menores de edad son integrantes del colectivo Divino Niño, que opera en el barrio Los Sin Techo.
Además de la llegada de los colectivos, el “fantasma” de las bandas sigue en el sector. Testimonios de vecinos refieren que está circulando un mensaje amenazante de los nuevos líderes de grupos delictivos: “Las familias sapas que nos han vendido con la policía nos la van a pagar”. La advertencia ha sido difundida en cadenas enviadas por mensajes de texto y de whatsapp, pero también de boca en boca entre los lugareños.
El asesinato de la líder de la UBCH, Elizabeth Aguilera, de 43 años de edad, el 28 de junio confirmó que los delincuentes “no están jugando carrito”. La mujer fue atacada a tiros y posteriormente quemaron su cadáver, en venganza por presuntamente darle información a la policía. La OLP-NF en esta “zona de paz” parece ser solo una “sensación de seguridad”.
El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, considera que las OLP no son una política acertada para pacificar a la sociedad. “violencia trae violencia”, precisa al referirse a la segunda fase de este plan de seguridad: “Era evidente que los delincuentes iban a tomar represalias con los vecinos porque los funcionarios están incursionando en los barrios como los militares, en una acción de invasión sin una previa labor de inteligencia en la zona y, ¿quiénes les dan información de los grupos criminales?, los habitantes del barrio”.
El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, no tiene la menor duda de que las OLP tienen aceptación en la sociedad, incluso aún más en los sectores populares en donde los cuerpos de seguridad las aplican.
“Este operativo tiene aceptación porque la gente en medio de la desesperación pide a gritos a la policía en el barrio y lo están cumpliendo. Eso es popular, pero muchos de estos funcionarios no tienen formación en Derechos Humanos y en muchos procedimientos han muerto inocentes. En Venezuela no hay pena de muerte”, advierte Cedeño.
Para el desarrollo de la segunda fase de la OLP, a juicio de Briceño León, es necesario que las autoridades ejecuten un programa de restauración social en la zona que baje el tono de violencia y de confrontación. “Por más que estos grupos de funcionarios, que por lo general no tienen la preparación para este tipo de operativos, se instalen en las zonas, no van a tener la capacidad para frenar la venganza de los grupos delictivos en contra de los vecinos”, precisó el sociólogo, quien considera que los ataques y asesinatos a policías por parte de criminales son una respuesta a operativos como las OLP.
Así mutó la OLP en su nueva fase: Represión y control social
Las organizaciones exigen pagos en dólares u otras monedas extranjeras, y ante el menor titubeo matan a sus víctimas. Los homicidios en cautiverio se han incrementado en 1.300% con respecto a 2015
@javiermayorca
EL LUNES 13 DE JUNIO, dos hombres fueron capturados por una banda de secuestradores cuando intentaban cerrar el negocio de un vehículo, frente a una alcabala en la calle A de Caurimare.
La información manejada por Cicpc indica que ambas víctimas quedaron en poder del mismo grupo que días atrás plagió al jefe de prensa de Voluntad Popular, el periodista Johan Merchán. Como este caso “calentó” momentáneamente las urbanizaciones de Sebucán y Altamira, los antisociales desplazaron su actividad hacia Caurimare durante la segunda semana de junio.
Una de los cautivos, José Luis Gómez, vino al país para concretar la venta de varios bienes que dejó luego de emigrar a España con su familia. El otro es un hombre de 83 años de edad.
Los plagiarios negociaron simultáneamente con allegados de ambas víctimas. Pero en el caso de Gómez se presentó una dificultad, pues él prácticamente no tenía en Venezuela grandes sumas de dinero que pudiese entregar a cambio de su libertad. Al parecer, los familiares de la segunda víctima llegaron al acuerdo de cancelar un solo rescate por ambos hombres. El ofrecimiento fue de 5.000 dólares en efectivo. Sin embargo, el pago sólo llegó a 700 dólares y varios miles de bolívares.
A Gómez lo ejecutaron. Sus deudos tardaron varios días en llegar al país para reclamar su cadáver. Su funeral se llevó a cabo una semana después del secuestro.
Ese mismo día, lunes 20, hallaron en Guaicoco el cadáver de Pablo Alexander Brito, un pequeño comerciante de 26 años de edad. Sería una víctima de otra vieja banda de secuestradores que logró recomponerse. La llaman Los Petareños, debido al lugar donde suelen capturar a sus víctimas. A Brito lo interceptaron el domingo en la mañana, presumiblemente cuando salió de su casa en el barrio Agricultura para visitar a unos amigos.
Según el exdirector de la policía judicial, Miguel Dao, ambas muertes ocurrieron cuando los plagiarios percibieron problemas durante las negociaciones.
En el caso de Gómez, supuestamente hubo un intento de continuar conversando con los familiares en el exterior, aún después de que lo habían asesinado.
Con estos dos casos, ya son 13 las personas que han muerto este año mientras permanecían en poder de secuestradores. Esta cifra representa un incremento de 1.300% con relación a las muertes en cautiverio durante los primeros seis meses de 2015.
Bandas nuevas y reorganizadas
Hasta la tercera semana de junio la policía judicial había recibido denuncias sobre el plagio de 280 personas en todo el país. Esta cifra representa un incremento de 166% si se compara con el total correspondiente a los primeros seis meses de 2015. Pero no abarca ni siquiera todos los casos reportados a las autoridades. Tanto la Guardia Nacional como el Ministerio Público y los cuerpos preventivos de las regiones y municipios instruyen expedientes por secuestros que no son reportados a CICPC. Tampoco son tomados en consideración los casos en los que la acción del hampa resulta frustrada.
En el estado Miranda, el aumento de la victimización por secuestro ha sido de 359%, y 148% en Caracas.
Según el consultor Mario Mármol, esta situación es producto del accionar de cuatro bandas formadas en Distrito Capital.
La más activa en toda la gran Caracas actualmente tiene su base en un edificio abandonado de Nueva Tacagua (Catia). Los miembros del grupo están parcialmente identificados. Pero se cree que algunos formaron parte anteriormente de las bandas del eje Cementerio-Cota 905-El 70. Se habrían desplazado a la parroquia Sucre de Libertador debido a la segunda fase de la Operación para la Liberación del Pueblo.
Miguel Dao indicó que esta organización está en capacidad de llevar a cabo varios secuestros a la vez, una modalidad que se conoce como “carroussel”. En las últimas dos semanas han buscado a sus posibles víctimas en las urbanizaciones Santa Marta, Santa Paula, El Cafetal y Caurimare, desde donde toman la autopista Francisco Fajardo por el puente Los Ruices.
En El Cementerio continúa operando un grupo de plagiarios. Según Dao, asumieron un perfil bajo desde mayo. No obstante, desde entonces se han reportado por lo menos dos casos en los que los rescates son cobrados al pie de los túneles de la autopista Norte-Sur, que pasa por este sector.
Las otras dos bandas comenzaron operando en los sectores José Félix Ribas y la vía Petare-Mariches. Mármol explicó que son grupos que también buscan a sus víctimas en los municipios del este de Caracas. También extorsionan a los comerciantes y pequeños industriales de Sucre.
Policías y zonas de paz
Otras organizaciones están perpetrando secuestros ocasionalmente en la capital. Una de ellas es conocida debido a que utiliza una camioneta Toyota Land Cruiser blanca con respiradero (snorkel) para interceptar a sus víctimas.
Se cree que esta banda está formada por agentes de un cuerpo policial, en combinación con un colectivo armado del municipio Libertador. En dos oportunidades, cámaras de vigilancia los grabaron cuando capturaban a una víctima. En mayo se reportó un intento de secuestro por parte de este grupo en la vía de Los Campitos.
Otros grupos viajan desde las zonas de paz ubicadas en Barlovento para secuestrar en Caracas y en la vía hacia esas zonas.
La estructura más activa sería una megabanda asentada en San José de Barlovento. Sus miembros poseen armas de guerra y generalmente interceptan a sus víctimas mientras circulan por la Troncal 9 en la noche. Sin embargo, durante 2016 han ocurrido dos casos en los que las víctimas son llevadas desde Caracas hasta zonas boscosas de los municipios Acevedo y Brión.
Esta banda sería la responsable por el secuestro simultáneo de dos personas esta semana, así como también por la muerte en cautiverio del comerciante Roger Alexander Rojas, de 40 años, en mayo.
Dao insistió en la necesidad de denunciar cuanto antes los casos de secuestro. Recordó que tanto la policía judicial como la Guardia Nacional cuentan con unidades especializadas en la investigación de este delito. Las asesorías externas, indicó, solo sirven como complemento a la acción de estos cuerpos de seguridad.
Proveedores externos
El secuestro se ha diversificado de tal forma en el Distrito Capital que algunas bandas ya están acudiendo a la figura del “proveedor externo” o outsourcing.
Según Dao, los secuestros constan de cinco grandes fases: la intercepción, la puesta en custodia, la negociación, el cobro y la liberación del cautivo. En los casos catalogados como express o breves, los grupos involucrados desempeñan las funciones en varias fases.
Sin embargo, las organizaciones de Cementerio y la Cota 905 están admitiendo que grupos externos hagan la captura de la víctima para luego colocarla en poder de ellos, y continuar el proceso. Al final, la organización que llevó a cabo las últimas fases del proceso pagará un porcentaje de lo ganado a la banda que actuó en primera instancia.
Un esquema parecido ya era aplicado anteriormente en secuestros convencionales de la frontera, donde grupos de bandoleros capturaban a ganaderos y los ponían posteriormente en manos de frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Años después, en abril de 2005, aplicaron esta misma modalidad al banquero Jorge Azpúrua.
Del operativo que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril, que dejó al menos 4 presuntos delincuentes, los funcionarios incautaron 5 armas decomisadas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo,
La periodista de suceso Jenny Oropeza explicó en su cuenta de Twitter que las arma y drogas encontradas son de las bandas que operan en la zona y los dólares proviene del pago de rescate de secuestros que realizaban.
Oropeza explicó que el operativo se llevó a cabo bajo la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) al mando del General Eduardo Serrano Díaz.
La denuncia telefónica que una mujer hizo a la División Contra Extorsión y Secuestro de la policía judicial, le dio pistas a los pesquisas para dar con la vivienda de uno de los involucrados en el delito de secuestro en la barriada que desde el primer trimestre de 2015 es conocida como “zona de paz” en Caracas
Otro caso de secuestro y de ataque a funcionarios policiales involucra a delincuentes que operan en la Cota 905, uno de los sectores populares que, al igual que El Cementerio y El Valle es conocido como “zona de paz” en Caracas desde el primer trimestre de 2015.
La novedad policial más reciente es del miércoles 30 de marzo. Ese día, a las 9:50 pm, una comisión de la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc fue atacada a tiros cuando se desplazaba en unidades policiales y en vehículos particulares por el sector Las Quintas de la Cota 905.
Los pesquisas llegaron al lugar para investigar una denuncia telefónica que una mujer hizo a esa división para advertirles que en el sector Las Quintas de la Cota 905 opera una banda que posee armas largas y granadas y que se dedica a extorsionar y secuestrar a comerciantes de la zona.
En el momento en que la comisión del Cicpc fue atacada por los delincuentes, dos de éstos se dieron a la fuga por una zona boscosa y otro se escondió en una vivienda. Los funcionarios lograron ingresar. De acuerdo con el reporte policial, cuando penetraron en la residencia se originó un enfrentamiento con el presunto delincuente, quien resultó herido y, después de ser trasladado a un hospital, falleció. Fue identificado como Jean José Pérez Flores.
Una fuente consultada por Runrun.es explicó que Pérez estaba solicitado desde el 25 de junio de 2013 por el delito de secuestro. En la vivienda donde resultó herido el delincuente estaban dos mujeres que fueron detenidas para averiguaciones.
Cuando los funcionarios buscaban evidencias de interés criminalístico en la residencia, encontraron un papel con un número telefónico de una persona que fue secuestrada. Los agentes contactaron a la víctima, que es gerente de una empresa que produce harina de trigo, y que declaró que el 29 de marzo permaneció unas horas cautiva en la Cota 905 hasta que sus familiares cancelaron su rescate.
Hasta el 30 de marzo 98 secuestros fueron denunciados a la policía científica en todo el país, de acuerdo con datos extraoficiales. Un informe policial detalla que hasta esa fecha hubo al menos 130 víctimas y otras siete permanecían cautivas.
El jueves 17 de marzo tres casos de plagios fueron denunciados en la División Contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Una de las víctimas, que fue secuestrada ese día a las 7:30 am en Los Samanes cuando iba a hacer mercado, estuvo dos días en cautiverio en el sector El Pajui de la carretera vieja Caracas La Guaira. Las autoridades realizan las investigaciones para dar con los plagiarios. Uno de los delincuentes es conocido como «Eber» y tiene antecedentes desde 2008 por secuestro
Una mujer de 48 años de edad, que estuvo dos días en cautiverio, fue liberada por sus captores el sábado en la noche en la avenida San Martín por presión policial. La víctima fue interceptada el jueves 17 de marzo a las 7:30 am en Los Samanes cuando se disponía a hacer mercado. Posteriormente, los plagiarios se comunicaron con sus familiares para pedir el rescate en dólares y, tras pesquisas de funcionarios de Polibaruta y de la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc, las autoridades dieron con el centro de operaciones del grupo delictivo.
La víctima estuvo en cautiverio en el sector El Pajui de la carretera vieja Caracas La Guaira. Las comisiones a cargo del caso buscan a los implicados en el plagio. Uno de ellos fue identificado como Alberto Galvis, conocido como «Eber» y tiene antecedentes desde 2008 por secuestro, informaron fuentes policiales.
Ese jueves a las 7:20 pm un comerciante fue secuestrado en La Candelaria, frente al negocio Abastos Sorrente, ubicado en la esquina Paradero. Los plagiarios establecieron contacto con sus familiares y también solicitaron pago en dólares. Horas después, entre las novedades de secuestros que maneja la policía judicial, fue agregada la novedad de una liberación de un comerciante que fue dejado en la Avenida Fuerzas Armadas, a la altura de El Helicoide. Sus parientes pagaron su rescate en dólares.
82 denuncias en dos meses y medio
Hasta el 18 de marzo fueron denunciados 82 secuestros en la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc, de acuerdo con datos extraoficiales. Miranda, con 37 casos, es la entidad con más casos seguida de Distrito Capital con 35 denuncias de plagios. La versión extraoficial indica que hasta esa fecha 10 personas que fueron secuestradas murieron en cautiverio. Siete de las víctimas murieron en Miranda, dos en Distrito Capital y una en el estado Zulia.
El informe interno de la policía judicial indica que en los 82 secuestros que se reportaron hasta el 18 de marzo 111 personas fueron víctimas del delito. Para esa fecha cinco personas permanecían en cautiverio.
