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Derechos Humanos en el Sebin y Dgcim, por Carlos Nieto Palma

Foto original: Infobae.com 

@cnietopalma 

El pasado miércoles 22 de abril de 2020, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo, presentó el informe “Situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” el cual es una actualización condensada de dos documentos presentados por UVL en junio y en noviembre de 2017.

El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco fue puesto específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política del régimen venezolano. Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses. En ese periodo se llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, defensores de derechos humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía permanecen detenidas. En oportunidades la comunicación se dio mediante mensajes directos o llamadas a través de sistemas de mensajería. 

Uno de los hallazgos de esta investigación según información suministrada por UVL en nota de prensa fue que “los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019”.

Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.

Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. “Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.

Entre las conclusiones importantes que resalta este informe están que: “Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incrementaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”.

“Llama la atención que durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del Sebin (previo a la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones según las pautas dictadas por un libreto”.

Igualmente “Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un suprapoder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo”. 

De igual manera el informe de UVL concluye:

“No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.

“Durante la realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con un periodista que dio cifras sobre afectados por COVID-19 distintas a las que divulgaban los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas anteriormente por efectivos del Sebin”.

“En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión”.

Informe disponible en la web de Una Ventana a la Libertad

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Luis Lippa denuncia que el Sebin rodeó su residencia en Apure
Primero Justicia, partido en el que milita Lippa, hizo responsable a Nicolás Maduro de lo que pueda sucederle a él y a su familia

Luis Lippa, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) rodearon su casa en el estado Apure.

Este domingo 2 de febrero en horas de la noche, Lippa publicó en Twitter una imagen donde aparece una patrulla del Sebin y dos funcionarios encapuchados y con armas largas.

“En estos momentos el Sebin frente a mi casa, una vez más el acoso, la persecución, la intimidación y el amedrentamiento de los órganos represivos de la dictadura contra los diputados y sus familiares”, alertó.

Por su parte, en la cuenta de Twitter de Primero Justicia compartieron un video donde hicieron responsable a Nicolás Maduro de lo que pueda sucederle al diputado y a su familia por parte de estos efectivos.

La diputada María Beatriz Martínez (PJ-Portuguesa) denunció que desde la mañana de este domingo hay una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en las afueras de su residencia, en Guanare, estado Portuguesa.

“Hoy 2 de febrero desde horas de la mañana, patrullas de los órganos de represión del régimen de Maduro (Sebin) se encuentran a las afueras de mi casa en Guanare, Portuguesa”, relató la diputada en su cuenta de Twitter.

Igualmente su partido, Primero Justicia, denunció acoso por parte del Sebin a la diputada Martínez. “Nuestra diputada así como los 100 diputados de la dignidad de la Asamblea Nacional, siguen firmes. Hacemos responsables al régimen de lo que pueda sucederle a ella y su familia”, agregaron.  

 

Denuncian que Sebin intenta allanar despacho de Juan Guaidó

Este martes 21 de enero el equipo de prensa del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentan ingresar a las oficinas del despacho del parlamentario, ubicadas en El Rosal.

A través de la cuenta de Twitter el Centro de Comunicación Nacional se informó que los efectivos intentan allanar el despacho del máximo representante del Parlamento, quien se encuentra en Reino Unido como parte de una gira internacional para buscar que naciones del mundo se sumen a apoyar su gestión y el restablecimiento de la democracia en el país.

Las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solorzano denunciaron a través de las redes sociales que cualquier procedimiento que hagan dentro de las oficinas del Presidente encargado del país; lo están realizando sin ningún tipo de permiso, testigos u orden de allanamiento.

La denuncia surge luego que diputados de la AN sesionaran en la plaza de Cumbres de Curumo y no en el Palacio Federal Legislativo, por las trabas puestas por el régimen de Nicolás Maduro para evitar que los parlamentarios, que se concentraban en la sede de Acción Democrática (AD) salieran en caravana hacia la sede del Parlamento.

Reportaron presunto artefacto explosivo en hotel donde se alojaban diputados

El Centro de Comunicación Nacional (CCN) del Parlamento alertó la noche de este 4 de enero que un sujeto dejó una maleta con un presunto artefacto explosivo en la entrada del hotel Paseo Las Mercedes, donde se alojan diputados para la sesión de este 5 de enero.

Aunque la maleta posee la apariencia de una bomba, los parlamentarios le han restado gravedad al incidente, señalando que pudiera tratarse de un intento del gobierno de Nicolás Maduro para intervenir el hotel y requisar a sus huéspedes.

«Denunciamos que es parte de una estrategia burda para justificar presencia de cuerpos represivos en hotel y vigilancia», escribió el CCN a través de su cuenta de Twitter, @Presidencia_VE.

El Centro de Comunicación Nacional (CCN) del Parlamento alertó la noche de este 4 de enero que un sujeto dejó una maleta con un presunto artefacto explosivo en la entrada del hotel Paseo Las Mercedes, donde se alojan diputados para la sesión de este 5 de enero.

Aunque la maleta posee la apariencia de una bomba, los parlamentarios le han restado gravedad al incidente, señalando que pudiera tratarse de un intento del gobierno de Nicolás Maduro para intervenir el hotel y requisar a sus huéspedes.

«Denunciamos que es parte de una estrategia burda para justificar presencia de cuerpos represivos en hotel y vigilancia», escribió el CCN a través de su cuenta de Twitter, @Presidencia_VE.

 

A seis meses del asesinato del capitán Acosta Arévalo y todavía no se ha hecho justicia
Alonso Medina Roa, abogado defensor de Acosta Arévalo, reiteró que con esta decisión la administración de Nicolás Maduro decidió una vez más ignorar todo lo establecido en la “ley contra la tortura”

Este domingo se cumplieron seis meses desde el vil asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fuese torturado por régimen de Nicolás Maduro, mientras se encontraba en las manos de los organismos de seguridad del Estado.

Acosta Arévalo fue detenido el pasado 22 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por presuntamente encontrarse involucrado en un supuesto atentado contra gobernante venezolano “que se realizaría dos días después”.

Días más tarde, Arévalo fue presentado en el tribunal militar tercero de control, donde, de acuerdo con la información suministrada a periodistas conocedores de la fuente, llegó sentado en una silla de ruedas ya que no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados.

Más información en TalCual.

La diputada Adriana Pichardo notificó vía Twitter que este domingo a las 5:00 pm se inició la audiencia de presentación del parlamentario Gilber Caro y del periodista Víctor Ugas en el Tribunal 49 de control, pero no se le permitió la entrada a sus abogados.

El también diputado Winston Flores condenó esta actuación tras afirmar que Caro “está ilegalmente detenido” y afirmó que “siguen las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”. A juicio de Flores estas detenciones forman parte de la Operación Alacrán y “buscan disminuir a la Asamblea Nacional”.

Flores explicó que la Operación Alacrán tiene dos fases: la primera es la compra de diputados por hasta un millón de dólares y, si esta no funcionaba, la segunda consiste en la persecución y el amedrentamiento.

Igualmente, los diputados de oposición alertan a la comunidad internacional por lo que ellos consideran es una “nueva oleada de persecución contra los diputados que no se dejaron comprar por el régimen de Maduro”.

Esta es la tercera vez que el régimen de Nicolás Maduro detiene al diputado Gilber Caro. El viernes fue detenido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Ugas fue detenido el 13 de octubre de 2014 en Carúpano, estado Sucre al ser señalado como el responsable de publicar una serie de fotos del cadáver del ex diputado Robert Serra en la Morgue de Bello Monte. Ugas permaneció recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) hasta enero de 2018.

Luego de estar cuatro años detenido en instalaciones del Sebin, Víctor Ugas fue detenido nuevamente por funcionarios de la FAES

El viernes 20 de diciembre funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) detuvieron, por tercera vez, al diputado Gilber Caro. Junto al parlamentario, el comunicador social y ex preso político Víctor Ugas también fue detenido.

Según la organización Espacio Público y Runrun.es, Ugas fue detenido el 13 de octubre de 2014 en Carúpano, estado Sucre. El comunicador fue señalado como el responsable de publicar una serie de fotos del cadáver del ex diputado Robert Serra en la Morgue de Bello Monte. Ugas permaneció recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) hasta enero de 2018.

Lee también: FAES detuvo en La Florida al diputado Gilber Caro

A pesar de tener una primera boleta de excarcelación en 2015, Ugas permaneció detenido. En abril de 2017 fue emitida una nueva boleta de excarcelación donde se estableció  la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la condena y estableció la libertad plena y sin restricciones. Sin embargo, su madre, Iris Azócar, aseguró que la boleta fue entregada a funcionarios del Sebin y no fue liberado sino hasta enero de 2018.

El Ministerio Público (MP) le imputó al comunicador social los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal, y espionaje informático.

El parlamentario Renzo Prieto confirmó la aprehensión de Ugas, también asistente personal de Caro, a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, es secuestrado Víctor Ugas, quién estuvo cuatro años tras las rejas del SEBIN teniendo incluso boleta de excarcelación.

Ugas al salir en libertad siguió con sus estudios, hace unos días obtuvo el título de Licenciado en Com Social y hoy su mamá está de cumpleaños. pic.twitter.com/RrqIbZmtb4

— Renzo Prieto (@RenzoPrietoVzla) December 21, 2019

El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, @HUMBERTOPRADOS rechaza la detención arbitraria por parte de funcionarios de las FAES contra el diputado Gilber Caro y su asistente Víctor Ugas quienes llevan ya más de 15 horas desaparecidos.

— ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) December 21, 2019

#URGENTE | Desde hace 15 horas desconocemos el paradero del diputado @gilbercaro y de su asistente, Víctor Ugas.
Hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro por la vida y la integridad física y mental del diputado y de @VictorUgas_#21Dic

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) December 21, 2019