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Informe de Misión de la ONU en Venezuela corrobora denuncias de torturas a presos políticos
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida

Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados (archivados), con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.

En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos.

La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.

Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.

Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.

Los pasos de los arrestos

Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.

La Misión identifica los siguientes:

1. Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.

2. Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.

3. Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.

4. Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.

5. Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.

6. La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

7. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.

8. En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observó una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.

9. Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.

10. En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.

11. La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.

“Llegó a tener desprendimiento de testículos a causa de las torturas”: El sufrimiento del capitán Caguaripano

La costumbre de desaparecer

Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.

La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.

“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.

Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.

Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.

La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.

“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:

• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.

• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.

• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.

• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede.

• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda.

• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.

Es tortura

Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.

“El propósito específico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.

“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.

Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio’”.

Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.

Las noticias económicas más importantes de hoy #3Dic

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Ventas flojas en navidad, caída de la economía ronda por 30 % y Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito, son los temas más destacados del día.

Freddy Bernal: La mejor manera de controlar la frontera es abrirla comercialmente

El candidato para la Asamblea Nacional, cabeza de la lista regional por la alianza PSUV – Gran Polo Patriótico, Freddy Bernal, habló sobre la propuesta parlamentaria que pretende llevar al palacio legislativo, de ganar las elecciones este 6 de diciembre. Se enfocó en la reactivación fronteriza y en la lucha contra las sanciones económicas norteamericanas sobre Venezuela, como bandera de sus propuestas. “La mejor manera de controlar la frontera es abrir la frontera comercial”, declaró, al mismo tiempo en que explicó que son las mafias las únicas beneficiadas con la frontera cerrada. Descifrado

Ventas «flojas» en navidad reflejan la crisis económica que vive el país

La tristeza se respira en las calles. Llegó diciembre y la asfixiante crisis económica impide que los valencianos puedan comprar los estrenos de Navidad y Año Nuevo. Jetzy Villasana se siente deprimida. Después de un recorrido por las vitrinas del bulevar Constitución de Valencia, llegó a la melancólica conclusión: no habrá ropa nueva para ninguno de sus tres hijos por lo que resta de año porque el dinero no le alcanza. “Es muy triste trabajar todo el año y no tener para comprarle estrenos a mis hijos, ni el niño Jesús, ni nada”. Descifrado

La caída de la economía del país este año ronda por 30% y lo califican de «catastrófico»

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica afirmó que «el año 2020 ha sido catastrófico para Venezuela y el mundo. En el país la caída de la economía ronda el 30% y estimamos que se siga contrayendo aunque en un ritmo menor».  «De cara al 2021 la economia venezolana no se perfila que crezca, nosostros estimamos que se siga contrayendo y puede estar por el orden del 1%, hemos llamado a eso estabilización en el foso», expresó. Descifrado

Entra en vigencia reforma de ordenanzas sobre actividades económicas e inmuebles en Caracas

Este martes 1° de diciembre entraron en vigencia las Ordenanzas de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios, normativas legales que se dan en cumplimiento al acuerdo nacional de armonización tributaria, reseña el portal VTV. Como política de la nueva institucionalidad fiscal, se creó un nuevo clasificador de actividades económicas simplificadas y con disminución de alícuotas, el cual servirá como elemento orientador para establecer alícuotas mínimas y máximas de impuestos municipales de las actividades de producción, industria, comercio y servicios, difundió la municipalidad. Bancaynegocios

Trabajadores: incendio por falla en una válvula paró la refinería El Palito

Una falla paralizó de nuevo la producción de gasolina en la refinería El Palito del estado Carabobo desde el lunes 30 de noviembre, cuando una válvula explotó y provocó un incendio leve. Este pudo ser controlado, pero la falla causó, una vez mas, el cese de la actividad refinadora. El Pitazo

Asamblea Nacional se mantiene sin decidir si apela sentencia que declaró la legalidad del bono PDVSA 2020

La sentencia de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 fue publicada este 1º de diciembre y a partir de esa fecha corre un plazo de un mes, que vence el 2 de enero de 2021, para que la autoridades de Petróleos de Venezuela  nombradas por la Asamblea Nacional decidan si apelan esa decisión u optan aceptar el dictamen que ordenar pagar 1.924 millones de dólares a los tenedores de estos títulos. Petroguía

Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) practicaron este lunes la detención de un grupo de trabajadores de la refinería El Palito, estado Carabobo, acusado de retardos y sabotaje en el arranque de la planta. El Carabobeño

Reactivan planta compresora de gas en Anzoátegui para 20.000 bombonas

Este miércoles 2 de diciembre ha sido reactivada la Planta Compresora Santa Rosa, con la que reincorporan 120 millones de pies cúbicos de gas para satisfacer el mercado interno, anunció el vicepresidente Sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami. Banca y Negocios

Julio Borges: ONU ratificó incoherencias en las versiones de la muerte de Fernando Albán
El comisionado afirmó que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado

 

La ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que fueron documentadas por la Misión de Determinación de Hechos, afirmó el Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Venezuela que preside Juan Guaidó.

Borges aseveró que en el informe se revela que las huellas dactilares encontradas por el Cicpc en la ventada no pertenecían a Fernando Albán, sino a un funcionario del Sebin.

“La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte de nuestro hermano Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados”, indicó Borges.

“El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la CPI como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger. Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado”, reiteró el comisionado.

El informe es un instrumento fundamental para el ejercicio de la justicia universal y la activación de la responsabilidad para proteger.

*Con información de CCN

Sebin se llevó los equipos de Venepress
Venepress indicó que los funcionarios no entregaron una orden para justificar el allanamiento por lo que consideran el hecho como “un robo”

 

La mañana de este miércoles, 11 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron a la sede de Venepress sin orden judicial y se llevaron todos los equipos.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta en Twitter del medio de comunicación donde explicaron que de acuerdo con los “abogados en tribunales no existe ninguna orden, por lo que se podría considerar el hecho como un robo”.

Funcionarios con chaquetas que los identificaban como Policía Nacional Contra la Corrupción y que quedaron grabados en un video dijeron al cerrar las puertas: «Con esto ya cumplimos nuestra misión».

Las oficinas de Venepress ya había sido clausurada el pasado 18 de diciembre, cuando el Ministerio Público emitió una orden para su cierre con la finalidad de “proteger los bienes”, mientras se efectuaba una investigación por legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir contra uno de los directivos del medio.

En ese momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condenó la presencia de funcionario del Sebin en la sede del medio de comunicación, hecho que calificaron como un nuevo atentado contra la libertad de prensa por parte de régimen de Nicolás Maduro.

Denuncian desaparición de Gerardo Yanes, integrante del equipo de Juan Guaidó
La detención del internacionalista se suma a la ola de aprenhensiones que ha ejecutado la administración de Nicolás Maduro tras la salida de Leopoldo López de Venezuela

 

La madrugada de este miércoles, 28 de octubre, el director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional (AN), Luis Somaza denunció la desaparición forzada de Gerardo Yanes Gil, un integrante de su equipo.

Según Somaza, se desconoce el paradero de Yanes Gil desde el mismo 26 de octubre y lo último que se conoce es que fue amenazado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras la juramentación del comando para la consulta propiciada por la oposición en el estado Vargas que ocurrió el domingo 25.

Somaza infiere que el «delito» que habría cometido Yanes Gil sería grabar a quienes intentaron agredir a Guaidó en Vargas, así como a la población que estaba con el en el acto de juramentación de los comandos para la consulta opositora que se pretende hacer.

“Estas detenciones no son hechos aislados, forman parte de una política del dictador”, escribió en su cuenta Twitter.

La diputada Delsa Solórzano también denunció la desaparición de Yanes. “Gerardo fue fotografiado y amenazado por el Sebin durante la juramentación de los Comandos en el estado Vargas”, apuntó la legisladora.

La denuncia de la desaparición de Yanes ocurre cercana a la detención arbitraria practicada contra el periodista y militante de Voluntad Popular, Roland Carreño, la tarde del lunes 26 de octubre junto a otras dos personas cerca a su residencia en Valle Abajo.

Gerardo Yanes es internacionalista, egresado de la Universidad Santa María (USM) y pertenece al equipo de protocolo de la Presidencia encargada.

Esta detención se suma a la ola de recientes aprehensiones que ha ejecutado la administración de Nicolás Maduro tras la salida de Leopoldo López de Venezuela. Entre ellas, la del periodista Roland Carreño, detenido el pasado 26 de octubre y acusado de portar “armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”, según declaraciones del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab. 

 

 

Sebin liberó seis vigilantes de la embajada de España tras fuga de Leopoldo López
López llegó este domingo, 25 de octubre, a Madrid, España, donde se reencontró con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) liberó a seis vigilantes de la embajada de España en Caracas, que detuvieron luego de la fuga del líder opositor Leopoldo López.

Luego de que López salió de la embajada de España, los agentes del Sebin registraron la estructura donde vive la mayor parte de los agentes de la Policía de la embajada y también “visitaron” sus residencias, reseñó Europa Press.

A su vez, la diputada Delsa Solórzano denunció este lunes, 26 de octubre, que venezolanos que trabajan en esta embajada están “secuestrados” por cuerpos de seguridad.

Según Solórzano, Nubia Campos, Ibrahim Sojo y Carlos García no han podido comunicarse ni con sus abogados ni con sus familiares.

Solórzano explicó que Nubia Campos, quien le llevaba la comida a López; Sojo, García (trabajadores de seguridad); José Neira, vigilante privado de la embajada de España, prestaban sus servicios al embajador en funciones, Jesús Silva Gutiérrez.

En un hilo que publicó en Twitter, Solórzano señaló que todos estos ciudadanos  fueron dejados en la legación para “interrogarlos” debido al escape de López.

López llegó este domingo, 25 de octubre, a Madrid, España, donde se reencontró con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos. De acuerdo con ABC, el dirigente entró a España con una identificación falsa.

Sebin detiene a cuatro personas tras salida de Leopoldo López de la embajada española
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a Nubia Campos, cocinera personal del dirigente de Voluntad Popular, a dos de sus escoltas, y a José Neira, vigilante del edificio donde reside el personal diplomático de la embajada de España en Caracas

 

La noche del sábado 24 de octubre, tras confirmarse la salida del país de Leopoldo López, funcionarios del Sebin detuvieron en su casa a Nubia Campos, persona que durante el último año y medio se encargó de llevar comida al líder opositor Leopoldo López mientras estuvo en la residencia del embajador de España en Venezuela.

Dos escoltas vinculados a López también fueron detenidos por funcionarios del cuerpo policial a las 9:50 pm de la noche del sábado. El hecho ocurrió en la UD-4 de Caricuao, según información reseñada por Radio Caracas Radio.

Asimismo, detuvieron a un vigilante privado de la embajada de España en Caracas. El trabajador fue identificado como José Neira, quien tenía dos años trabajando en el edificio diplomático, según información de la agencia EFE.

En total, suman cuatro detenciones arbitrarias del entorno del líder de Voluntad Popular a menos de 24 horas de que salió del país, inicialmente con rumbo a Colombia, aunque fuentes aseguraron después que logró escapar vía Aruba con Madrid como su destino final, donde lo esperan su esposa, hijos y padres. 

Liberan a periodistas del Correo del Caroní tras cinco horas de arresto
Luego de seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a las trabajadoras y decomisaron cuadernos administrativos y una computadora

La periodista María Ramírez Cabello y su compañera de trabajo Susana Reyes, ambas del diario regional Correo del Caroní, fueron puestas en libertad este martes luego de horas bajo arresto en el estado Bolívar, informó el rotativo.

“Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)” en la ciudad de San Félix, indicó el periódico en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambas mujeres.

La información fue difundida en la misma red social por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que a ambas “les devolvieron sus teléfonos celulares”.

El rotativo había informado antes que, tras seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a Ramírez y Reyes y les habían decomisado cuadernos administrativos y una computadora.

Una fuente del sindicato aseguró a Efe que las mujeres estuvieron durante más de tres horas “detenidas y sin abogados”.

Allanamiento al diario

Un grupo de agentes del Sebin allanó este martes, en la ciudad de Puerto Ordaz, la sede del periódico Correo del Caroní, cuyo director, David Natera, fue detenido durante unas horas el pasado 12 de octubre.

Cerca de las 10.10 hora local (14.10 GMT), el diario denunció en su cuenta de Twitter que una comisión del Sebin allanaba la sede e impedía la entrada al abogado del medio, Roderick Germán Borregales.

“Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, dijo Borregales, según recoge el propio diario en Twitter.

Detenciones anteriores

El pasado 12 de octubre, varios miembros del Sebin allanaron el domicilio de Natera, y posteriormente le detuvieron durante unas horas.

El rotativo detalló entonces que Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.

Posteriormente, le dejaron ingresar durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior, puesto que no tenía una identificación profesional.

El pasado 31 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron “arbitrariamente” al reportero gráfico William Urdaneta, también del Correo del Caroní, según denunció entonces el SNTP.

Urdaneta fue arrestado durante varias horas en Puerto Ordaz mientras tomaba fotografías del tráfico en la avenida Guayana, así como la actividad comercial, puesto que en el estado Bolívar se había radicalizado en ese momento la cuarentena para frenar la covid-19.

Denuncian hostigamiento a la prensa 

La ONG Espacio Público documentó en septiembre pasado 49 violaciones a la libertad de expresión, de los que la mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4 %). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.