UNA DELEGACIÓN ENVIADA A JAPÓN por el presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se reunió con altos funcionarios de la Cancillería de ese país, así como con miembros del Parlamento para exponerle una actualización de las consecuencias de la crisis humanitaria compleja que afrontan los venezolanos y pedir sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, y Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, estuvieron en una visita de cuatro días en Tokio donde además expresaron gratitud por el apoyo dado por Japón a la causa de los venezolanos.

“En los encuentros con parlamentarios y con la Cancillería expusimos lo referente a la tragedia humanitaria que atraviesa Venezuela y la importancia del reconocimiento de Japón al presidente Juan Guaidó; además, les presentamos el informe de la Organización de Estados Americanos sobre crímenes de lesa humanidad y les hablamos de la necesidad de apoyar todos los esfuerzos para aislar a la dictadura de Venezuela para con ello lograr el cese de la usurpación”, explicó Diamanti.

Los delegados agradecieron a Japón su donativo de más de 5 millones de dólares al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para ayudar a solventar los estragos producidos por la crisis migratoria venezolana. El gobierno japonés, en colaboración con ACNUR, planea brindar un apoyo integral a los refugiados venezolanos en los campamentos de atención médica, protección infantil en Brasil.

“Es el comienzo de una larga y nueva relación entre Venezuela y Japón. En todo momento nos ratificaron su apoyo para que podamos recuperar nuestra democracia”, añadió Diamanti.

Por su parte, el diputado Francisco Sucre expresó su esperanza de que el gobierno japonés aplique sanciones económicas contra el régimen de Maduro: “Queremos que el gobierno japonés aumente la presión sobre Maduro», dijo en una entrevista con The Japan News.

En febrero pasado, el gobierno de Japón a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Taro Kono, manifestó su “claro apoyo” al presidente encargado Juan Guaidó y afirmó que ya no seguiría cooperando con el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que insistió en la necesidad de que en Venezuela se den unas elecciones libres y justas “lo antes posible”.

El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y activista en derechos humanos, Rosmit Mantilla, en conjunto con el fundador y presidente de la ONG de DD HH Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, se reunieron con los diputados Damien y Abad Thibault Bazin del Parlamento francés para exponer la grave situación del país.

El diputado del Parlamento venezolano, Rosmit Mantilla, alertó que con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el gobierno de Nicolás Maduro busca destruir el concepto de república en Venezuela. “En menos de dos días el régimen busca consolidar la dictadura y extinguir el concepto de república, copiando una república como Cuba”.

De igual forma, añadió que de consolidarse este proceso fraudulento se perdería todo rastro de democracia. “Con este proceso todos los ciudadanos sabemos que no tendremos voz ni voto en la participación política. Además, se acentuará la crítica situación que se vive con los presos políticos y se materializará la amenaza de que, una vez instalada la ANC, todos los diputados del Poder Legislativo vayan presos, así como el aumento de la crisis humanitaria a la que los venezolanos están expuestos”.

Mantilla reseñó que en días próximos los parlamentarios se comprometieron a elevar esta problemática a la Cámara francesa para ejercer acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

En ese sentido, el presidente de la Organización Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, destacó la preocupación de los diputados franceses, ya que Venezuela fue uno de los países más democráticos de la región y en este momento está a punto de convertirse en una dictadura de facto. “Mostraron su dolor por los más de 100 asesinatos en los últimos meses y su apoyo a nuestra causa”.

Diamanti puntualizó que el legislativo galo se pronunciará en los próximos días, así como el presidente Emmanuel Macron. “Esperamos que en los próximos días el Parlamento francés  y Macron se pronuncien como altos representantes de la comunidad europea para que la dictadura no pueda consolidar este proceso constituyente”.

Sumado a esto, Diamanti denunció el caso de Carlos Graffe, un joven activista por los DDHH y quien fue uno de los fundadores de Un Mundo Sin Mordaza, a quien detuvieron arbitrariamente el pasado 13 de Julio cuando salía de un sitio de salud pública y ahora se encuentra recluido en una cárcel militar. “Cuando lo detuvieron aún se encontraba convaleciente por una operación que había tenido semanas antes”.

Rodrigo Diamanti, Presidente de Un Mundo Sin Mordaza y quien integró la promoción 74 del Colegio San Ignacio de Loyola de Caracas, divulgó una “Poderosa Carta” dirigida a Arturo Sosa SJ, superior general de los jesuitas en el país.

El texto fue escrito a propósito del asesinato de Miguel Castillo Brachoo, hecho ocurrido el pasado miércoles en Las Mercedes, durante una manifestación opositora que fue reprimida.

A continuación, reproducimos la carta íntegra:

Hoy llora San Ignacio de Loyola

Hoy llora San Ignacio de Loyola porque uno de sus hijos cayó abatido por el anticristianismo, el miedo a la justicia y el odio de una dictadura cruel.

Hoy llora San Ignacio de Loyola porque el silencio complice de muchos ha permitido que 39 venezolanos hayan perdido la vida por querer vivir en democracia.

Hoy llora San Ignacio de Loyola y sigue a la espera de que sus discípulos, el Papa Francisco (SJ) y Arturo Sosa (SJ) General de la Compañía de Jesús, se pronuncien en contra del genocidio en Venezuela. Si lo hubiesen hecho antes seguramente habrían podido salvar la vida de nuestro amado Miguel Castillo Bracho y muchos otros venezolanos.

¿Cuál es el número de muertos que la iglesia y la comunidad internacional están esperando para tomar acciones urgente en favor de la solución de la peor crisis que Venezuela haya vivido en su historia?

Lo mínimo que podemos esperar es que en todos los colegios jesuitas de Venezuela se coloque la foto de Miguel Castillo Bracho, quien por actuar de acuerdo al lema de San Ignacio, pagó el precio que ni él mismo San Ignacio tuvo que pagar en vida para demostrar sus valores y amor a Cristo.

Seamos nosotros los Ignacianos en todo el mundo los que luchemos contra este silencio cómplice que ha permitido a la dictadura en Venezuela continuar robando vidas de inocentes.

Honremos el ejemplo de San Ignacio de Loyola y ahora de nuestros amado Miguel Castillo Bracho (+) y hagamos realidad las palabras “en todo amar y servir”
Rodrigo Diamanti
Presidente de Un Mundo Sin Mordaza
Promoción 74 Colegio San Ignacio de Loyola de Caracas.

*Con información de Nota de Prensa

La organización IPYS Venezuela monitoreó del 3 octubre al 3 de diciembre de 2014 las transmisiones del espacio ‘Con el mazo dando’, conducido por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en el que el dirigente acusó a 165 personas y organizaciones por supuestos delitos y acciones que calificó de irregulares.

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), criminaliza a los medios y sus trabajadores en su espacio de opinión «Los mazazos» que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), indica un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La organización no gubernamental monitoreó dos meses de programación del espacio de opinión, transmitidos entre noviembre y diciembre de 2014.

IPYS documentó que durante 9 programas, difundidos en un período de dos meses, Diosdado Cabello acusó a 165 personas y medios, entre los que se cuentan diarios de circulación nacional, directores, editores, periodistas, fotógrafos, activistas, organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos de oposición, representantes de la Iglesia católica, estudiantes y universidades venezolanas.

Vea el reporte completo aquí «Los mazazos» contra los medios y la disidencia

El patrón de señalamientos revela un proceso de constante vigilancia y seguimiento hacia diversos actores: dirigentes de partidos políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes estudiantiles, miembros de la iglesia católica, autoridades universitarias, analistas políticos y económicos, ciudadanos detenidos y bajo procesos judiciales.

A pesar de que los acusados representan a diversos sectores sociopolíticos de Venezuela, tienen un elemento en común: ejercen funciones que desde el gobierno son consideradas subversivas, susceptibles de objeciones.

Las personas y organizaciones que aparecen reseñadas en el programa, frecuentemente, son tildadas como «la derecha», «los fascistas», «los desestabilizadores», «los amargados». Así los califica Diosdado Cabello para abonar la tesis de una supuesta conspiración en contra del gobierno. En los 9 programas analizados, IPYS Venezuela encontró 25 referencias de Diosdado Cabello, vinculadas a este argumento. Habló de «conspiración», «conspiradores», y acciones para «conspirar».

Las acusaciones buscaban criminalizar el trabajo de medios y periodistas, mediante el uso de informantes anónimos referidos por Cabello como «patriotas cooperantes». Bajo la lógica de Los Mazazos, la mayoría los señalamientos son arbitrarios, no están fundamentados en ninguna investigación previa que debería realizarse desde las instituciones del Estado venezolano.

Más allá de reprender o avalar conductas de las personas y organizaciones que han sido señaladas, IPYS Venezuela considera que las leyes nacionales establecen que son los organismos del poder moral y judicial los que están en competencia para llevar adelante cualquier procedimiento de averiguación si los casos los ameritaran. Éste es un rol que le corresponde a las instituciones de justicia y no de un programa de televisión que acusa y sentencia a ciudadanos, con la utilización de la plataforma del principal canal del Estado y desde la vocería del presidente del parlamento nacional y dirigente del partido político oficial.

El abuso del poder del Estado en materia de comunicaciones se hace evidente. Con «el mazo dando» revela una mezcla en la que los roles del Estado se distorsionan y aúpan la impunidad. Esa fusión se llega a naturalizar: el canal estatal actúa como el partido político oficial. Pero a su vez, se vuelven una sola las funciones del gobierno, el parlamento, los encargados de la justica y los órganos de inteligencia policial. Ante las acusaciones como las que se hacen recurrentes en el programa, los ausentes son el debido proceso y la independencia de los poderes públicos del país, garantías fundamentales de la democracia y que están establecidas en la Constitución Nacional.