reclusos

Las cárceles son un gran negocio, de eso no hay la menor duda, en los más de 25 años que tengo dedicado al tema penitenciario he visto la corrupción de diferentes maneras, Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo moderno venezolano y de quien aprendí gran parte de lo que hoy conozco en el tema penitenciario, siempre repetía “Las cárceles son un negocio tan productivo como PDVSA”, el maestro Gómez Grillo aseveraba que las cárceles producían mucho dinero mal habido a personas inescrupulosas, de ahí su afán en formar a penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarios, como textualmente lo dice el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional.

Lo que ha variado a través de los años es la forma de corrupción, en los años 70, 80 y 90 la forma más usada de corrupción era con la comida de los reclusos, a costa de la comida de los presos muchos directores y personal cercano a estos, de muchos recintos carcelarios hicieron su fortuna personal, recuerdo que me impresionaba ver los carros que tenían con los bajos sueldos que ganaban, me preguntaba siempre ¿Cómo hacen para tener esos carros y darse vida de millonarios?, la respuesta era clara corrupción.

Con el paso de los años la corrupción se fue perfeccionando y ya no era la comida el negocio sino muchos más, que un recluso tuviera privilegios dentro de una cárcel, el traslado a tribunales, armas, teléfonos celulares, drogas, alcohol, prostitución eran los elementos nuevos que surgían ya a finales de los años 90 y que ampliaba los ingresos no solo del personal directivo de muchas cárceles sino de gran parte del personal, incluyendo custodias penitenciarios y funcionarios de la Guardia Nacional.

Quiero dejar claro que también he conocido a muchos funcionarios honestos y comprometidos con su trabajo, con vocación por el trabajo que realizan, lamentablemente no son la mayoría.

Ya a inicios del nuevo milenio, las mafias carcelarias se habían convertido en un gran poder dentro del sistema penitenciario venezolano y que abarcaba no solo a los que trabajaban dentro de la prisión sino al entorno completo vinculado al área carcelaria, es en esos momentos cuando surgen los “Pranes”, lideres negativos de las cárceles que mantienen el control de la población penitenciaria y manejan los grandes negocios de las cárceles venezolanas.

Tengo la teoría personal que los “Pranes” son creados por los propios funcionarios del sistema penitenciario, incluyendo a la Guardia Nacional que mantiene la custodia externa de los recintos carcelarios, las mafias necesitaban a una o varias personas adentro de los recintos carcelarios, que les llevara el control de los negocios que tenían, que cada día producía más dinero, por lo que era necesario un grupo de personas que trabajaran junto a ellos en sus negocios ilicitos, en mi opinión los “Pranes” no nacieron por generación espontánea, fueron los mismos funcionarios del Estado que les permitieron tener el poder que hoy detentan y que ha suplantado el que el Estado debería tener dentro de los recintos carcelarios para cedérselos a estos reclusos y su equipo.

Uno de estos grandes negocios que se dan en nuestras cárceles se conoce como “la causa” que es un monto semanal que paga cada recluso para gastos de la cárcel, protección, armas, etc., según la periodista María Isoliett Iglesias en un trabajo publicado en el Diario “El Universal” en fecha 15 de mayo de 2012  decía que solo por este concepto “En Venezuela, 32 de las 34 cárceles, censadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, producen más de 125 millones de bolívares en un año, es decir un promedio de más de 10 millones de bolívares cada mes” y agregaba “Pero es mucho más. A esos 125 millones de bolívares, indicaron las fuentes consultadas, no se le sumó el dinero que se paga por derecho a pernoctas, en caso de que se hagan, tampoco por el derecho a las cantinas o abastos o a los puestos de teléfono, ni tampoco el dinero que se cobra como impuesto por el derecho a vender droga en el centro penitenciario. Tampoco están contempladas las ganancias por los delitos que se cometen desde esos reclusorios: secuestros, extorsiones y alquiler de armas” evidentemente un gran negocio.

Es difícil entender que esto ocurra dentro de un recinto carcelario que es completamente cerrado, donde la custodia externa la tiene la Guardia Nacional Bolivariana y la interna el Ministerio para el Servicio Penitenciario, es claro que ellos forman parte del negocio, de allí mi teoría de que ellos fueron los creadores del “Pranato” que dirige las cárceles venezolanas  así la Ministra Penitenciaria diga que en nuestras cárceles ya no hay “Pranes”.

Una clara muestra del poder de las mafias carcelarias lo vimos hace unos pocos días en la Penitenciaria General de Venezuela en el Estado Guárico, donde los pranes mantuvieron por 7 días secuestradas a 54 funcionarios del Ministerio Penitenciario, que trabajaban dentro de ese recinto y que obligó a negociar con los pranes y pagar un rescate que ellos pidieron, que consistió en el traslado de más de 2.000 reclusos de otros sitios del país hacia esa cárcel, para que los ingresos por concepto de “la causa” aumentaran porque últimamente habían disminuido.

Después de esto creo que es difícil hablar de un “nuevo régimen penitenciario” “construcción del hombre nuevo” o que “ya no hay pranes en las cárceles” o una barbaridad como que en Venezuela tenemos “el mejor sistema penitenciario del mundo”.

@cnietopalma 

El Nacional

 

Muchos son los problemas que se viven en las cárceles venezolanas y a las cuales me he referido muchas veces en este espacio semanal, aunado a los altos niveles de hacinamiento, armas en poder de los reclusos, control de los recintos carcelarios por la población reclusa a quien el Estado les ha cedido su responsabilidad, también hay un grave problema que es la tenencia de teléfonos celulares y conexiones a Internet por parte de los privados de libertad, desde donde se cometen gran cantidad de delitos como extorsiones, secuestros, etc.

Recientemente la Comisión de Política Interior conjuntamente con la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios que fue elaborado por los doctores Fermín Mármol García, Javier Gorriño y Luis Izquiel, grandes conocedores y estudiosos del tema de la seguridad en Venezuela.

Dicho proyecto, presentado recientemente ante la plenaria de la Asamblea Nacional, fue aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de este ente legislativo, lo que pone en evidencia que tanto el gobierno como la oposición coinciden en lo grave de la situación que se vive en nuestras cárceles y que se trata de un problema que todos debemos abordar de manera seria y sin darle matices políticos que en nada ayudaría a su solución.

La exposición de motivos de este proyecto de ley resalta lo siguiente “Cada día se hace más frecuente que desde las cárceles y penitenciarias de nuestro país los privados de libertad empleen teléfonos celulares y medios tecnológicos dependientes de la Internet para realizar extorsiones, secuestros virtuales, trata de blancas, operaciones de narcotráfico, cobros de secuestros, ordenar sicariatos y hacer solicitudes de pago por la recuperación de vehículos robados o hurtados, entre otros delitos graves. Los casos y las denuncias por estas razones se han hecho innumerables”…“Durante años los venezolanos han  observado con asombro cómo bandas delictivas, que mantienen el verdadero dominio dentro de la mayoría de nuestros centros penitenciarios, poseen innumerables armas de fuego, inclusive de las consideradas de guerra, las cuales son utilizadas para crear zozobra en las comunidades aledañas y para asesinar, lesionar y someter al resto de la población reclusa. Buena parte del financiamiento para poseer este arsenal proviene de los distintos hechos delictivos cometidos desde el interior de los recintos carcelarios mediante la utilización de la telefonía celular o la Internet, por ello es imprescindible que el Estado ejecute con urgencia acciones preventivas para que esta realidad no continúe ocurriendo”.

Tal realidad no puede ser ocultada y a pesar que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario pretenden hacernos creer que esto no existe ya en nuestras cárceles, sabemos que no es así y el uso de teléfonos celulares y la Internet se ha convertido en uso común de la población reclusa y en otro de los muchos negocios que funcionarios inescrupulosos utilizan para lucrarse ilícitamente dentro de las cárceles. El ingreso por parte de funcionarios civiles y militares de teléfonos celulares, computadoras, modem inalámbricos para el uso de Internet, son junto al ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias ilicitas, algunos de los negocios que las mafias carcelarias manejan desde esos recintos.

Esta Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios establece en su primer artículo lo siguiente “Esta Ley tiene por objeto prevenir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de la telefonía celular, la Internet y, en general, de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones”.

Posteriormente explica el mecanismo para evitar el uso de teléfonos celulares e Internet en las cárceles y nos dice “El Ministerio para el Servicio Penitenciario deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios  del país”.

Igualmente la ley establece sanciones a “Quien introduzca o facilite la introducción de teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos de comunicación personal a los establecimientos penitenciarios con la finalidad de que sean utilizados por los reclusos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La pena será de 4 a 6 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Igualmente “Quien intencionalmente dañe, apague o de alguna forma obstruya, aun de forma temporal, el funcionamiento ordinario de alguno de los equipos destinados a anular la señal de los teléfonos celulares y la Internet en los establecimientos  penitenciarios del país, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La pena será de 6 a 8 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Hay que destacar que el motivo de esta ley ha sido una propuesta que desde hace muchos años hemos presentado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajamos el tema penitenciario y que ahora está a punto de ser una realidad.

La inhibición de señales de celulares e Internet en las cárceles, entre otras cosas eliminaría el problema de hacer una requisa para incautar teléfonos y computadoras, simplemente no lo pueden usar y por lo tanto no lo necesitan en las cárceles.

Tal vez el único problema a tomar en cuenta, aun y cuando el proyecto de ley lo establece, es que las compañías de telefonía acondicionen dentro de los recintos carcelarios una buena cantidad de teléfonos públicos que funcionen con tarjetas o con llamadas con cobro al destinatario para garantizar la comunicación de los privados de libertad dentro de los recintos carcelarios con el mundo exterior. Esto tendría que trabajarse conjuntamente con la colocación de inhibidores de señal, previamente a su instalación deben estar preparadas y acondicionadas las áreas para teléfonos públicos en las diferentes cárceles del país.

Adicionalmente la aplicación de esta ley no ocasiona grandes costos pues los inhibidores de señal en realidad no son muy costosos y más si tomamos en cuenta los miles de millones de bolívares que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han despilfarrado en cosas innecesarias y en corrupción de sus funcionarios.

Aun y cuando el Código Orgánico Penitenciario, recientemente en vigencia, establece expresamente esta prohibición, es necesario una ley que amplié y establezca claramente los mecanismos y sanciones para eliminar el uso de teléfonos celulares e Internet en los recintos carcelarios.

Esperamos que pronto sea aprobada esta ley y que así como se aprobó por mayoría absoluta en la primera discusión de los Diputados de la Asamblea Nacional, la veamos igualmente aprobaba en la segunda discusión, definitivamente contribuiría mucho a solucionar uno de los muchos problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, un buen comienzo para salir del caos.

 

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

El Nacional

@loremelendez

MICROESTADOS QUE FUNCIONAN AL MARGEN DE LA LEY y las autoridades, o con el aval de estas últimas: eso son las cárceles venezolanas.  Las megabandas criminales que azotan al país son protegidas y coordinadas por los «pranes» de los grandes penales; la prisión de Tocorón, en Aragua, se parece más a un resort que a un centro de reclusión; de acuerdo con cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 90% de las extorsiones telefónicas se realizan desde los internados. Detrás de los barrotes, la violencia se ha desatado hacia afuera y todo ocurre bajo la égida de un ministerio creado, hace cuatro años y tres meses, bajo la administración de Iris Varela.

El nacimiento de esta instancia no fue casual. Entre junio y julio de 2011, más de treinta personas fueron asesinadas dentro del Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda. El poder de los «pranes» se evidenció cuando las autoridades debieron trasladar a más de 800 reclusos a otros centros, con la intención de protegerlos, y cuando se descubrió que tras las rejas había un arsenal de armas de guerra en manos de los presos.

La respuesta del gobierno, luego de casi 30 días de conflicto, fue anunciar que un nuevo organismo se encargaría de frenar las cifras rojas de los penales: el 26 de julio de ese año se publicó en Gaceta Oficial la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario, con Iris Varela como titular de la cartera.

Pero los secuestros, motines, asesinatos y enfrentamientos con armas blancas y de fuego no han dejado de ocurrir en las cárceles. Bajo el mandato de Varela se ha registrado, hasta diciembre de 2014, la muerte de 1.622 personas. Otras 2.238 han quedado heridas en hechos violentos sucedidos en los internados, de acuerdo con los números recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Desde el Estado no se ha ofrecido un balance al respecto. Las cifras rojas son esquivas a los medios de comunicación.

Dentro de los penales, la represión también se ha hecho patente. En 2013, la desocupación del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como cárcel de Uribana, se convirtió en la mayor masacre cometida en un internado judicial por funcionarios venezolanos: 66 reos cayeron. En los últimos años, los desalojos y clausuras de prisiones son sinónimo de muerte.

El Régimen Penitenciario —un control que se implementó en más de la mitad de las cárceles en manos del Ministerio— tampoco han parado los reclamos de los reclusos, quienes en 2014 protagonizaron una huelga de hambre y 10 de sangre para obligar al gobierno a escuchar sus quejas sobre el hacinamiento, la mala alimentación y los malos tratos que reciben.

En 2015, la situación no ha sido diferente. Muestra de ello es la reciente crisis ocurrida en el Rodeo el pasado 16 de octubre, cuando los presidiarios secuestraron a cinco custodios para exigir sus derechos. La tensión se mantuvo por una semana y dejó dos reclusos muertos. Al cierre del conflicto, Varela repitió una de sus frases más polémicas: «Nosotros somos campeones en Derechos Humanos». 

Cronología de los motines

2011: Ministerio de estreno

Durante los primeros 100 días del Ministerio del Servicio Penitenciario hubo cuatro secuestros de custodios y familiares y, por lo menos, siete enfrentamientos con saldos mortales. Uno de los hechos violentos incluyó la explosión de una granada, lo que da fe a la existencia de las armas de guerra en los penales. En total, hubo 560 muertos en las cárceles, cifra que supera en 15% a la de 2010, cuando se registraron 476 decesos.

2012: Comienzan las clausuras

El año comenzó con protestas. En Yare, más de 1.300 familiares decidieron permanecer tras las rejas junto a los presos como medida de presión ante las condiciones de hacinamiento que sufrían. La situación se extendió a otras cuatro cárceles. En febrero se registró uno de los “coliseos” de Uribana más sangrientos, con 128 heridos y tres muertos. La clausura de La Planta, en Caracas, y del Internado Judicial de Coro, pusieron en tela de juicio la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la población penitenciaria: en ambas hubo excesos contra los reclusos. En ambas hubo muertos. 2012 cerró con 591 fallecidos, 31 más que en 2011.

2013: Uribana y los caídos

Lo que iba a ser una requisa, culminó como la masacre más violenta de la historia carcelaria de Venezuela. La Guardia Nacional desocupó la cárcel de Uribana, en Lara, con un operativo que dejó 63 muertos en apenas tres días. La mayoría de ellos eran reos. En septiembre, la clausura de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, acabó con un saldo mortal: cayeron 16 presos. Secuestros, motines y enfrentamientos continuaron en la lista de sucesos dentro de los penales. Por primera vez, descendió la cifra total de muertos en el año. De 591, en 2012, bajó a 506, en 2013.

2014: El año del coctel de la muerte

La antigua cárcel de Uribana, designada ahora Centro Penitenciario David Viloria, fue nuevamente el centro de la noticia. Los presos llamaron la atención de autoridades y medios cuando comenzaron una protesta para denunciar los maltratos del nuevo director del penal. Según la versión oficial, un grupo de reos asaltó de madrugada la enfermería y ligó medicamentos para drogarse. Cincuenta de ellos murieron víctimas de un coctel de alcohol absoluto y yodado con otras sustancias. Los enfrentamientos entre reclusos fueron menos numerosos, pero los motines y secuestros de custodios terminaron con cifras rojas. No se conocen los responsables de este hecho, ni se hizo justicia por este caso. Tampoco hay detenidos por la masacre de 2013.

2015: De incendios y secuestros

Este año, los traslados a otros centros de reclusión y la mala alimentación han sido la causa de motines en cárceles que funcionan bajo el Régimen Penitenciario implantado desde el Ministerio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Rodeo II, donde hubo una crisis en octubre que incluyó el secuestro de los custodios. El incendio en uno de los pabellones de Tocuyito, que cobró 16 vidas, fue otro de los sucesos del año.

Este lunes 22 de junio, se reportó una fuga de 13 reclusos de la subdelegación  del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en San José de Barlovento, municipio Pedro Leal.

Según informaciones policiales, los detenidos abrieron un boquete y escaparon de sede policial.

Las personas que huyeron de dicha sede son Javier Blanco González, Julio Madrid Benítez, Daniel Bustamante Sosa, Eduardo Antonio Monzón, Nelson Rojas Camejo, William José Brito, Junior Leonardo Aguirre, Julio César Marapata, Ángel José Galindo, Manuel Gómez Reyes, Rafael Antonio Torres, Alexis Herrera García y Luis Francisco Martínez.

Último Min. Según versión policial esta madrugada 13 detenidos se evadieron de la sala de aprehensiones del Cicpc en San José Barlovento.

— Daniel G. Colina (@dcolina_gv) junio 22, 2015

Versión Policial: Los privados de libertad en el Cicpc de Barlovento, abrieron un boquete y huyeron del recinto policial.

— Daniel G. Colina (@dcolina_gv) junio 22, 2015

Evadidos del Cicpc Barlovento según versión Policial: Javier Blanco González,Julio Madird, Daniel Enrique Bustamante, Antonio Eduardo Monzón

— Daniel G. Colina (@dcolina_gv) junio 22, 2015

Evadidos Cicpc Barlovento versión Policial 2: Nelson David Rojas, José William Brito,Junior Aguirre, Julio Cesar Marapata José Ángel Galindo

— Daniel G. Colina (@dcolina_gv) junio 22, 2015

Evadidos del Cicpc Barlovento 3 versión Policial: MANUEL, Rafael Torres Rivas, Alexis Jesús Herrera, Luis Francisco Martínez.

— Daniel G. Colina (@dcolina_gv) junio 22, 2015

Fuga de 13 detenidos en Cicpc de Barlovento fue por un boquete.Según «no escucharon ni vieron nada»los allí destacados.

— YASMIN VELASCO (@Yasminvelasc) junio 22, 2015

 

Con información de Daniel Colina y Yasmin Velasco

Humberto Prado.- 

 

Venezuela debería impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales para esclarecer la muerte de 35 internos en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como cárcel de Uribana), en el estado de Lara, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno debería reformar su sistema penitenciario para mejorar las condiciones carcelarias y abordar la violencia dentro de las prisiones.

El 24 de noviembre de 2014, internos de la cárcel de Uribana iniciaron una huelga de hambre en protesta por las condiciones penitenciarias y el maltrato de los reclusos y sus familiares, entre otros temas. Un grupo de internos supuestamente habría tomado el control del puesto de salud del establecimiento durante la protesta y, según fuentes oficiales, 35 reclusos murieron y 145 se enfermaron tras ingerir alcohol y medicamentos que sustrajeron de la farmacia de la cárcel. Veinte de estas personas se encuentran en coma, según autoridades. No obstante, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental, familiares sostienen que muchos internos fueron presuntamente envenenados con agua y alimentos que les suministraron guardias penitenciarios durante la protesta.

“Miles de internos han muerto en las prisiones venezolanas en los últimos años, incluyendo decenas de ellos en la cárcel de Uribana desde 2013”, declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario?”

En 2011, el entonces Presidente Hugo Chávez creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario con el fin de mejorar el sistema penitenciario, con el cual, dijo, el gobierno tenía “una deuda muy grande”.

En enero de 2013, según versiones oficiales, al menos 56 internos y un miembro de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre integrantes de la Guardia Nacional y presos de la cárcel de Uribana. Producto de ese incidente, 46 internos fueron hospitalizados con lesiones graves. En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado a Venezuela que adoptara medidas provisionales para “evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes”. La medida de la Corte continúa vigente.

En noviembre de 2014, luego de examinar el cumplimiento por parte de Venezuela de la Convención contra la Tortura, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación por la discrepancia entre estadísticas oficiales y extraoficiales relativas al hacinamiento carcelario. El Comité expresó su preocupación por hechos de violencia y condiciones deficientes, incluidos el acceso inadecuado a atención médica, agua, alimentos y ventilación.

El Comité contra la Tortura ha manifestado “su alarma ante informes que describen el alto grado de violencia en los centros penitenciarios, registrándose 4.791 muertes y 9.931 heridos [en cárceles de Venezuela] desde enero de 2004”, incluidas 140 muertes ocurridas en 2014. Al menos 1.400 personas han muerto en cárceles desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.

La impunidad de las violaciones de los derechos humanos de los presos es la regla en Venezuela, sostuvo Human Rights Watch. En noviembre, las autoridades aún investigaban el “elevado número” de enfrentamientos violentos registrados en cárceles venezolanas en los últimos años, según el Comité contra la Tortura.

El 27 de noviembre, el Ministerio Público creó un “equipo multidisciplinario” para investigar la “situación irregular” en la cárcel de Uribana, y asignó tres fiscales al caso. El director del centro penitenciario habría sido detenido en el curso de la investigación.

“Además de investigar en forma exhaustiva este caso, el gobierno de Venezuela debería aceptar la solicitud pendiente del Relator Especial contra la tortura de la ONU para visitar el país y debería permitirle que tenga acceso pleno para llevar a cabo una investigación independiente sobre las condiciones en los centros penitenciarios del país”, señaló Vivanco.

 

Prohíben a entes del Estado exigir copias certificadas de documentos públicos

 

La nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos establece que los órganos y entes de la Administración Pública no podrán exigir para trámite alguno la presentación de copias certificadas de documentos públicos, salvo los casos expresamente establecidos por dicha ley.

La normativa, que aparece publicada en la Gaceta Extraordinaria N° 6.149, señala que «cuando razones legales, funcionales o convenios suscritos y ratificados por la República lo justifiquen, la autoridad nacional unificada de trámites administrativos podrá autorizar a determinados organismos la exigencia de copias certificadas para ciertos trámites, de manera particular.

Igualmente los entes del Estado no podrán exigir copias de la cédula de identidad como requisito para el cumplimiento de una determinada tramitación. Sin embargo podrá establecerse como obligatoria la presentación de un documento original de identificación al momento de cumplimiento del trámite. (El Mundo)

 

Realizan operativo por fuga de presos de calabozos del Cicpc en Los Teques

 

Al menos 42 presos que estaban en los calabozos del Cicpc de los Teques, ubicada en El Paso se habrían fugado esta madrugada.

Los funcionarios realizan el conteo del número de presos que se encuentran en el recinto para determinar el número exacto de fugados.

En la capital mirandina están desplegando un operativo parar tratar de capturar a los evadidos mientras los funcionarios que estaban de guardia serán sometidos a investigación.

Las autoridades denuncian desde hace meses la situación de hacinamiento que hay en esa dependencia del Cicpc

Se conoció que la capacidad de los calabozos de Los Teques es de 40 presos y había al menos 130 personas en el recinto. (El Nacional)

 

Tres reclusos de Uribana habrían fallecido por sobredosis de psicotrópicos

 

De manera extraoficial se conoció que los cadáveres de tres internos de la penitenciaría “David Viloria”, fueron ingresados la tarde de este martes a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto, sin que hasta el momento se tenga la identidad de los mismos.

Versión asomada por familiares de la población privada de libertad de Uribana, indica que los reclusos habrían muerto al ingresar al centro de salud barquisimetano, donde fueron llevados en estado de gravedad por sobredosis de drogas consumidas dentro del penal.

Trascendió que otros siete sujetos fueron trasladados a la emergencia del principal centro asistencial de la región por supuestamente presentar intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas y se desconoce su estado de salud.

En las afueras de la morgue y en medio de gritos, decenas de personas buscaban información al respecto y se esperaba que a primera hora de la mañana de este miércoles se revelara la identidad de los fallecidos y de los hospitalizados. (Sunoticiero)

 

Pérez Abad: 2015 será un año positivo para el relanzamiento de industria venezolana

 

La Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria) está empeñada en hacer de 2015 un año altamente positivo para el relanzamiento de la industria nacional, afirmó el presidente de este organismo, Miguel Pérez Abad, en entrevista este miécoles en Venezolana de Televisión.

Sostuvo que las leyes habilitantes promulgadas por el presidente Nicolás Maduro coadyuvarán al desarrollo del potencial productivo del país, «nosotros las consideramos una sobre marcha económica y productiva cuando vemos el componente fundamental como es transformar el aparato productivo nacional, y en esa lucha van los empresarios nacionales».

Pérez Abad refirió, además, que las habilitantes demuestran coherencia política y que el gobierno está comprometido con la transformación socioproductiva del país.

Citó entre las normativas la reforma a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, «un ajuste que era necesario para retabular lo que es la definición de esas industrias en Venezuela, y la ley de zonas económicas especiales, que permitirá un ámbito importante para inversión productiva en estados determinados».

El titular de Fedeindustria recordó que en febrero pasado comenzaron mesas de diálogo con el gobierno en las cuales se convocaron a representantes del sector privado productivo, y esto tuvo como fruto el surgimiento de propuestas planteadas en las leyes pormulgadas en la habilitante, así como «el reconocimiento del sector productivo venezolano aún con las diferencias que pudieran existir, por lo que esos espacios de diálogo productivo deben ser permanentes y ahora concretar una alianza estratégica productiva, que lo planteó el presidente Maduro hace tres meses en un encuentro con empresarios».

Pérez Abad insistió en que se debe rearticular todo ese esfuerzo para corregir desviaciones que ya están identificadas, «lo que dará resultados alentadores para 2015 desde el punto de vista de la industria venezolana, y trabajamos para ello».

«Hemos propuesto ir armonizando precios y salarios, direccionar más recursos a la industria nacional, porque Venezuela generó una poderosa clase media popular que hoy tiene capacidad de compra y de consumo. Es importante armonizar la oferta y la demanda y para eso están los empresarios nacionales conjuntamente con el Gobierno Bolivariano», puntualizó. (AVN)

 

Fiscal: Colombia está haciendo los trámites para extradición de Padilla

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz informó que Colombia está tramitando la extradición de Leiver Padilla Mendoza, alias “Colombia” y reiteró que el presunto asesino del diputado Robert Serra sí es colombiano.

“Colombia” fue detenido en Cartagena tras la emisión de una orden de Interpol.

 

Caso López

 

Ortega informó que en la cárcel de Ramo Verde hay cámaras para monitorear a Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano para dejar constancia de que no están siendo bañados de ninguna sustancia, a propósito de las denuncias presentadas en días pasados por las esposas de los detenidos.

Aseguró que el pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidos (ONU) sobre la liberación del dirigente de Voluntad Popular, “son simples recomendaciones”.

“Ustedes toman o no las recomendaciones”, argumentó tras la entrega de una ofrenda floral ante la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar, con motivo del aniversario del Ministerio Público.

 

Lucha contra la corrupción y terrorismo

“El Ministerio Publico apoyará a las instancias que cree el Ejecutivo para luchar contra la corrupción” aseguró la ministra quien además celebró la creación de estas nuevas instancias. “Que bueno tener un cuerpo solo especializado en lucha contra la corrupción”, afirmó la fiscal asegurando que dichas instancias no le quitarán competencia al Ministerio Público.

 

Periodo vencido

Sobre el período vencido del cargo que ocupa la fiscal prefirió no ofrecer declaraciones reiterando que el tema es competencia de la Asamblea Nacional.

“Eso esta en manos de la Asamblea Nacional (…) todavia no pienso hacer del conocimiento público los planes que tengo”, afirmó. (Globovisión)

 

Los reclusos del Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, conocido como Uribana, iniciaron una huelga de hambre indefinida para denunciar la violación de sus derechos humanos por los continuos maltratos a los que son sometidos.

Raúl Baduel, que se encuentra preso en esa cárcel, forma parte de la protesta, informó en Twitter su hermana, Andreína Baduel. También lo acompaña en la huelga Alexander Tirado, “el Gato de Aragua”.

 

#Alerta Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado junto con los reclusos de Uribana inician huelga. No más violación a los DDHH

— ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) noviembre 24, 2014

 

Familia de @RBaduel hijo y @elgatodearagua informan q empeoro situacion en Uribana! @NicolasMaduro @lortegadiaz @irisvarela @gestionperfecta

— Freddy Guevara (@FreddyGuevara) noviembre 24, 2014

 

“Nuestra lucha no es contra autoridades ni régimen penitenciario, nuestra lucha es para exigir la destitución inmediata del violador de los derechos humanos, director actual Julio César Pérez, quien se ha dedicado a torturar, humillar, maltratar a todos quienes permanecemos en este penal”, denuncian los reclusos en un comunicado.

Presuntamente los internos fueron maltratados y se escuchan detonaciones dentro del penal.