LA APROBACIÓN POR PARTE DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA-CAF de un crédito por 500 millones de dólares al gobierno de Venezuela no sería reconocido por la Asamblea Nacional.
Así lo manifestó el diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Angel Alvarado, quien agregó que la solicitud de dicho préstamo no fue presentado, ni aprobado por la legítima Asamblea Nacional Venezolana.
Alvarado explicó que la votación se hace en forma electrónica y no públicamente, lo cual ha creado muchas dudas sobre la legalidad de este préstamo, dijo el parlamentario.
Señaló Alvarado que “se considera que el préstamo que hace el organismo internacional es a la persona de Nicolás maduro y no a la Nación, ya que carece de toda legalidad”.
Además, indicó el parlamentario que el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF está incurriendo en lo que se llama el esquema ponzi. Esto significa una operación que implica prestar dinero para pagar una deuda al mismo ente emisor del préstamo, en el caso de Venezuela es darle crédito a una nación que ya está completamente endeudada para que pague la deuda que tiene con la referida institución, lo cual terminará en bancarrota, indicó el diputado.
Agregó Alvarado que la CAF hace esto con el fin de reducir el riesgo de caer en default y así maquillar sus estados financieros.
Para el presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Rafael Guzmán, el procedimiento de esta votación para otorgar el crédito a Venezuela carece de claridad ya que se trata de una elección electrónica y aquellos países miembros que no votan, caen en el silencio administrativo lo que se interpretaría como voto positivo.
Guzmán indicó que este procedimiento no está contemplado en los estatutos de la CAF y enfatizó que la Asamblea Nacional rechaza que a espaldas de los venezolanos se pretenda dar un crédito al presidente Nicolás Maduro para que le pague deudas a la misma Corporación Andina de Fomento, cuando estos créditos generalmente son otorgados a los países miembros para ser invertidos especialmente en materia de infraestructura y no para usar los recursos en pagos de deudas al mismo organismo, dijo.
