protestas 2014

Ghina Rodríguez se fue de Venezuela con sus dos hijos luego de que su esposo Guillermo Sánchez falleciera tras ser herido de gravedad por civiles armados en las protestas de 2014

El responsable de la muerte de Guillermo fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable

Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja

@ValeriaPedicini

Era 12 de marzo de 2014 y en Venezuela había protestas antigubernamentales. Aunque Guillermo Sánchez vivía en una avenida de La Isabelica, Valencia, donde esa mañana había manifestaciones, salió temprano de su residencia para ir a pintar la casa de su madre. 

El hombre de 42 años caminaba por la avenida Henry Ford de la urbanización cuando fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes disparaban a quienes desde hace días se encontraban bloqueando una vía pública en señal de protesta contra el gobierno.

“En la zona había muchos policías y militares pero no intervinieron. Yo observé varias camionetas con insignias del SEBIN con personas repartiendo armas y municiones. Eso no me lo contaron, yo lo vi”, aseguró su esposa Ghina Rodríguez a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Según registros de Amnistía Internacional, fueron los policías quienes dejaron a Guillermo en la puerta de una clínica, donde intentaron salvarle la vida al experimentado deportista vinculado a Criollitos de Venezuela. 

Tras su cruel y duro asesinato hace 8 años, la familia de Guillermo Sánchez se tuvo que ir del país. Sus hijos y esposa lo lloran, extrañan y recuerdan desde muy lejos. Su lucha por la memoria y la justicia continua.#ConstruimosMemoria pic.twitter.com/RwmcYk6A3m

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 12, 2022

Según el Informe de la Fiscalía titulado, “Hechos de violencia 2014”, al 12 de febrero de 2015, el caso estaba a cargo del Fiscal 61° Nacional y 27º del estado Carabobo.

Jhon Anderson Torres Sinisterra, civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública, al haberse encontrado evidencia balística que le relaciona con los hechos. El funcionario habría alegado que prestó su arma a otra persona que hasta la fecha no había sido identificada.

Guillermo Sánchez fue asesinado por civiles armados durante las protestas de 2014, casos como este no deben repetirse y el Estado debe garantizar justicia y reparación a los familiares#13Marhttps://t.co/SQpYmeblF7 pic.twitter.com/XpYn1m1TvZ

— Marcos Gómez 🕯 (@GomezMarcos) March 14, 2018

La causa se encontraba en fase intermedia para febrero de 2015. A febrero de 2016, según información suministrada por familiares a Amnistía Internacional, Torres Sinisterra habría sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable aceptando los hechos.

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El miedo de denunciar

Ghina Rodríguez forma parte del Frente de Víctimas contra la Represión, organización que fue creada por familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas entre febrero y julio de 2014.

Desde que se inició la investigación por la muerte de Guillermo, Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja. Cuando Ghina Rodríguez denunció los hechos, la fiscalía le otorgó medidas cautelares que consistían en protección durante 24 horas de la policía municipal de Valencia. 

Sin embargo, cuando se acercó a la policía a solicitar que se hiciera efectiva la medida de protección los agentes se burlaron de ella diciéndole que no iban a perder el tiempo en cuidarla. Nunca cumplieron. “No es fácil contar esta historia, pero la voy a seguir contando porque algún día se debe hacer justicia”.

Guillermo Sánchez murió el 12 de marzo de 2014 al recibir disparos de un grupo de civiles armados mientras se desarrollaba una protesta en Valencia

Ghina Rodríguez, su esposa, salió del país con sus hijos tras recibir amenazas https://t.co/RcwURTyP5M#RepresionProtestas2014 pic.twitter.com/s1Fi98zmw8

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) March 12, 2022

Ghina y sus dos hijos abandonaron Venezuela en julio de 2014 por temor a su seguridad. Actualmente se encuentran en México donde se les ha reconocido la condición de refugiados.

“Si hablamos de justicia, muchas personas debieran estar pagando por el crimen: los agresores que golpearon a mi esposo, quienes dispararon, las personas que les entregaron las armas, quienes apoyan a estos, los policías y militares que vieron lo que ocurría y no intervinieron, además de los funcionarios del SEBIN que te comenté antes. Por eso es que yo digo que en Venezuela no hay justicia, esa palabra no existe. La familia de mi esposo decidió no actuar, no los juzgo, quizás tuvieron miedo porque no hay confianza en el sistema judicial. Yo, que sí protesté, finalmente tuve que salir huyendo del país”.

Aunque hay días difíciles, Ghina sabe que en Venezuela no encontrarán tranquilidad. “Algunas veces me pega la nostalgia y la soledad, y quisiera regresar a Venezuela, pero luego lo pienso mejor y concluyo que las condiciones no están dadas para eso. Debo pensar primero en mis hijos”.

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La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad busca ubicar a quienes sufrieron atropellos en las protestas de 2014 y 2017 y emigraron sin denunciar 

Antes de que el fiscal Karim Khan visitara Venezuela a comienzos de noviembre de este año y dijera que la Corte Penal Internacional va a abrir una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro, la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad había empezado un estudio para dar con las víctimas de violaciones a derechos humanos fuera del país. 

Alonso Domínguez, coordinador de la red, sostuvo que en este 2021 las organizaciones Defiende Venezuela, Un Mundo sin Mordaza y el Observatorio Venezolano contra Crímenes de Lesa Humanidad comenzaron un trabajo para recolectar testimonios de personas que sufrieron la represión de organismos de seguridad del Estado en el marco de las protestas de 2014 y 2017 y decidieron emigrar sin denunciar. 

“Nuestra hipótesis de trabajo es que hay muchas víctimas que no fueron atendidas, fueron encarceladas y sometidas a torturas por funcionarios del gobierno y posteriormente emigraron, huyendo de esta violencia y de la crisis humanitaria compleja”.

Domínguez informó que, en vista de esta realidad, decidieron crear un voluntariado fuera de las fronteras venezolanas para recolectar testimonios de posibles víctimas.  

“Suponemos además que hay muchos afectados que ni siquiera tienen conciencia de que sufrieron una violencia de Estado, porque regímenes autoritarios hacen ver ciertas prácticas policiales como normales”.

Somos una red internacional de documentación y denuncia de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra venezolanos que han huido del país.🇻🇪

Nuestro objetivo es facilitar investigaciones internacionales y lograr justicia para las víctimas. ⚖️ pic.twitter.com/T83OQgVJJB

— Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) May 11, 2021

Más de 100

El abogado indicó que, hasta el momento, han identificado a 150 eventuales víctimas de atropellos a los DDHH en el exterior y cuentan con 17 casos plenamente documentados.

“Nuestro objetivo es que no quede ni un venezolano que esté fuera y haya sufrido esta tragedia sin denunciar”, agregó.  Para ello, disponen de un grupo de personas voluntarias que están llevando a cabo la investigación. 

“A esos equipos de trabajo le damos una capacitación en materia de derechos y le hacemos el respectivo seguimiento. No es fácil, porque en la mayoría de los casos, también son migrantes que tienen dos y tres trabajos y deben abrir un espacio en su agenda para hacer esta labor que es voluntaria”. 

Domínguez informó que hasta ahora cuentan con voluntariado en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú y México y es probable que se sumen en el futuro cercano Alemania, Paraguay y El Salvador.

“Solamente en Estados Unidos ya representa un reto. Los venezolanos están dispersos por todos los 50 estados de ese país, no hablamos únicamente de Florida y Texas, hemos detectado casos en poblaciones como Omaha, Nebraska y Missouri”, detalló. 

Humano Derecho con Alonso Domínguez de la la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad

Un par de años indagando

Al coordinador de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad le parece atrevido estipular un tiempo para recolectar toda la información, pero considera que en dos años podrán contar con una base de datos sólida.  

Dijo que la finalidad de las organizaciones que recogen testimonios de personas víctimas de violaciones a DDHH es complementar el trabajo que hace la Corte Penal Internacional.

“La investigación que acaba de abrir la CPI está referida a hechos en 2017, pero hay que exigir que la investigación se amplíe a 2014, donde también hubo un número importante de víctimas a raíz de las protestas de ese año”, recordó.

Domínguez confía en que el proceso que inició la CPI llegue a buen puerto y sean sometidos a la justicia los verdaderos responsables de la represión en Venezuela.  

“El temor de que haya unas personas de rango medio que sean expuestos como chivos expiatorios no debe existir. El Estatuto de Roma, acuerdo al que Venezuela está suscrito, establece que en los crímenes de lesa humanidad se deben buscar a las cabezas de las cadenas de mando, no solo a los perpetradores”, recordó. 

El abogado indicó que, como en todo caso de derech,o hay un camino largo que recorrer. “Estamos confiados en que la CPI hará su trabajo de recabar pruebas y testimonios. No sabemos cuántas víctimas serán, esto apenas está comenzando, incluso sabemos que la propia CPI tiene problemas presupuestarios”.

Domínguez informó que cualquier persona que quiera ponerse en contacto con ellos para ofrecer su testimonio u ofrecerse como voluntario puede hacerlo a través del correo electrónico documentacionclh@sinmordaza.org. También alerto que en la página www.redclh.org estará disponible un mapa con la ubicación de todas las víctimas en el mundo. “Por supuesto respetando la privacidad de cada una de ellas”.

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La joven Geraldin Moreno falleció el 22 de febrero de 2014 tras haber sido herida en una protesta en el estado Carabobo. Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a 30 y 16 años de prisión

@ValeriaPedicini

Rosa Orozco estaba en su casa y veía el programa de las ocho de la noche en la televisión. Su hija había insistido en salir a la entrada de la urbanización a cacerolear con los vecinos, como habían hecho todos los días desde el 12 de febrero cuando empezaron las protestas de 2014 en Venezuela, pero no se quiso despegar de la pantalla. “Me voy porque Venezuela no puede esperar por ti”, le dijo Geraldin. 

Escuchaba los cohetones, pero no había nada de qué preocuparse. A los minutos sonaron cinco detonaciones y Rosa reconoció el ruido. “Esto no es cohete o tumbarrancho”, pensó. Un amigo de su hija que estaba bañado en sangre tocó a su puerta y le dio la mala noticia: a Geraldin le habían disparado en la cara. 

Agarró las llaves y el celular para buscar a su hija. La encontró tirada en el piso de la calle sobre un charco de sangre. Un paramédico del sector que se encontraba en el sitio cuando la hirieron ya le había vendado la cara. Entre todos la montaron en un carro y la trasladaron como pudieron a la clínica más cercana. 

Rosa estaba tranquila, pensaba que la joven de 23 años no tenía nada grave. Que tenía unos cuantos perdigones y con solo limpiarle la cara era suficiente. Además, la tenía ahí frente a ella y le hablaba sin problemas. 

—Mami, bendición.

—Dios te bendiga, mi amor. Todo va a salir bien. 

Se despidieron. Esas fueron las últimas palabras que intercambió con Geraldin. Era 19 de febrero de 2014. 

*** 

Era de madrugada cuando Rosa recibió una llamada telefónica mientras estaba en la clínica y se dispuso a revisar las redes sociales. La cara de su hija estaba en todos lados, se había hecho viral. Estaba herida, un rostro que no reconocía. Fue hasta la terapia intensiva y le pidió a las enfermeras que destaparan a Geraldin. Lo que vio al otro lado de las vendas todavía es difícil de asimilar. 

Los amigos de su hija le contaron que estaban protestando en el sector Tazajal del estado Carabobo e hicieron una barricada al final de la calle, debajo del semáforo. En la urbanización privada entró un contingente de 13 motos con 24 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). No dijeron nada antes de empezar a disparar perdigones. 

Los manifestantes empezaron a correr, Geraldin hizo lo mismo. Aunque era una atleta de alto rendimiento tras miles de horas jugando al fútbol y cuando corría era difícil alcanzarla, los efectivos le dispararon en la espalda. Trastabilló y cayó. El GNB se bajó de la moto, se acercó a donde estaba la joven y le disparó directo al rostro.

“Ella en el suelo pidiendo clemencia y el parrillero se bajó de la moto y le disparó a 10 centímetros de la cara. Está comprobado que pidió demencia, porque se puso la mano izquierda en la cara para que no le dispararan y tenía toda la palma de la mano y todo el brazo, la parte de atrás y la parte de adelante, y la cara… parecía un colador. Mi hija era un colador de perdigones”, detalló Rosa. 

Geraldine fue atendida por los mejores médicos de distintas especialidades: neurocirujanos, oftalmólogos intensivistas, cirujanos maxilofaciales. Sin embargo, el daño era más grande.  A Rosa le informaron que su hija había perdido el ojo derecho y el izquierdo no tenía visión. El 22 de febrero la neuróloga le dice que hicieron lo que pudieron y que había que pedir por un milagro. Intentó entender lo que le estaba diciendo. 

—Doctora, si yo le quito ese aparatero que tiene, ¿cuánto tiempo puede durar?

—Todos sus miembros están perfectos pero su sistema neurológico no existe. Puede durar una hora, tres horas, 15 minutos. No lo sabemos.

Rosa lo pensó, lo discutió con el papá de Geraldin. Y tomaron una decisión. “Doctora, aquí sufre mi familia, sufre Geraldin, sufrimos todos. Ella ya no está ahí. Es hora de dejarla ir”. 

El 22 de febrero desconectaron los cables que la joven tenía a lo largo de su cuerpo. A las 12:35 pm su corazón dejó de latir y la máquina dejó de sonar. Geraldin Moreno había fallecido. 

*** 

Según datos recabados por la organización Justicia, Encuentro y Perdón desde 2014 hasta la actualidad, las muertes durante protestas y las ocurridas como consecuencia del patrón de persecución por razones políticas, alcanza la cifra de 332 venezolanos. 

Las investigaciones por lo sucedido con Geraldin empezaron el 1 de abril. Ahí empezó la lucha por la justicia de la muerte de su hija. A pesar del buen trabajo de los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ella misma reconoce, Rosa no tuvo acceso a los expedientes del caso durante los primeros meses. 

Entre las muchas cosas que hacía para esclarecer las cosas, persiguió a la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz. “Fueron cuatro largos años poniendo tuits todos los días del mundo a esa mujer, diciéndole que hiciera su trabajo y que revisara los expedientes porque aquí no son dos guardias nacionales nada más que dispararon. Aquí hay 24 guardias nacionales que entraron a esa urbanización, aquí hay un comandante en jefe que dio la orden y aquí hay una línea de mando que dio la orden de disparar en la cabeza a cualquiera que estuviera en la calle”. 

Un video que hizo un vecino sirvió para comprobar la presencia de los cuerpos de seguridad en el lugar. Un amigo de la joven que se escondió bajo un carro fue uno de los testigos principales. El cartucho que quedó alojado en el globo ocular de Geraldin permitió identificar a los responsables materiales.

Aunque todavía faltan que el resto de los responsables sean señalados, ya que tras la partida de Ortega Díaz el caso se estancó, Rosa optó por perdonar. “Yo hice un trabajo para perdonarlos porque sino mi vida iba a ser cargada de dolor y odio. Nadie con dolor y odio puede seguir adelante. Ese día me liberé”. 

Esa insistencia por hacer justicia, no rendirse a pesar de lo difícil que pueda ser el proceso, hizo que Rosa Orozco creara la organización de derechos humanos. Justicia, Encuentro y Perdón donde trabaja con familiares de víctimas que, como ella, deben enfrentar el desafío de transformar el dolor en justicia. 

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) a través de la Sala de Casación Penal ratificó la sentencia condenatoria a prisión para Alvin David Bonilla Rojas y Francisco Caridad Barroso, responsables del homicidio de la joven Geraldine Moreno, hecho ocurrido en el municipio Naguanagua, estado Carabobo el pasado 19 de febrero de 2014. 

La sentencia N° 175-2019 de la mencionada Sala del Alto Juzgado, indicó que se desestimaron los recursos de casación interpuestos por las respectivas defensas de los acusados declarando sin lugar los recursos de apelación contra el fallo del juzgado de juicio que los condenó a prisión.

Por el asesinato de la joven, Bonilla Rojas fue condenado a la pena de 30 años de prisión por la comisión de los delitos de autor en el delito de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles e innobles. Mientras que, Barroso fue condenado a 16 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de complicidad no necesaria en el delito de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivo fútiles.

Geraldine Moreno se encontraba en la puerta de su casa donde a pocos metros había un grupo de personas manifestando y obstaculizando la vía. Al lugar llegó una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con el fin de restablecer el orden. Sin embargo, Alvin Bonilla Rojas portando un arma de fuego con perdigones (de reglamento), efectuó disparos a quemarropa que impactaron directamente en el rostro de la joven quien a los pocos días falleció en un centro de salud. 

*Con información de nota de prensa

LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) dijo hoy que el examen preliminar sobre el “gobierno bolivariano” por supuestos crímenes de lesa humanidad “se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable”.

Estas declaraciones se producen después de que la fiscal general, Fatou Bensouda, haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre Venezuela, paso posterior al examen preliminar que ya abrió en febrero.

La oficina de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, dio a conocer hoy el informe sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada hoy en La Haya.

En el apartado de Venezuela, el documento explica que, desde el pasado febrero, ha seguido recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.

El informe constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” en el marco de las manifestaciones de abril de 2017 contra el Gobierno.

La CPI aclara que, dada la naturaleza abierta de la situación, continuará registrando las denuncias de delitos cometidos en Venezuela e incluirá en su análisis cualquier presunto delito cometido desde el 12 de febrero de 2014, fecha en que iniciaron una serie de protestas ciudadanas contra el gobierno de Maduro en las que murieron más de 40 personas.

Asimismo, el documento añade que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

Según la información recibida por la Fiscalía, “fuerzas de seguridad del Estado” y “altos funcionarios” fueron responsables de “crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra opositores” como “asesinato, encarcelación, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos”.

Otro punto que trata el informe es la supuesta “fuerza excesiva” empleada por las autoridades en “operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de las manifestaciones contra el Gobierno”.

Por otro lado, el documento especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

La Fiscalía señaló que también tiene bajo su lupa la colaboración entre autoridades y “civiles armados favorables al Gobierno, incluidos los grupos denominados ‘colectivos’, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

*Con información de EFE

Luego de un mes de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, 48 venezolanos han muerto víctimas de la represión del Estado o en medio de confusas revueltas que involucraron a paramilitares

La represión aniquila a los más jóvenes: 30 tenían menos de 30 años de edad y, de estos, 5 víctimas ni siquiera tenían 18 años de edad

La mayoría de los casos ha ocurrido en el Distrito Capital: 19 en total. En Carabobo han muerto 12 personas, mientras que en Miranda ya son 7 los caídos

En 31 de los casos se desconoce quién fue el victimario. 23 personas murieron por impactos de bala

@loremelendez | Foto: EFE

HACE UN MES, EL 6 DE ABRIL DE 2017, un funcionario de la Policía Nacional asesinó a Jairo Ortiz, de 19 años de edad, cuando este pasaba cerca de una protesta que se desarrollaba en el sector Montaña Alta, de Carrizal, en el estado Miranda. Desde allí, la escalada de la violencia y la represión en contra de los que manifiestan o están en las adyacencias de las zona de conflicto ha cobrado la vida de 48 venezolanos, de acuerdo al conteo que lleva Runrun.es. La mayoría de ellos son civiles. La mayoría de ellos eran menores de 30 años.

La cifra de 48 muertos es superior a la que se registró en 2014, cuando las manifestaciones de «La Salida» dejaron un saldo de 43 caídos a lo largo de tres meses. La diferencia se acentúa cuando se toma en cuenta que las marchas de 2017 llevan poco más de 30 días y que el primer homicidio sucedió hace un mes atrás.

El primer mes de protestas de 2014 fue empañado por 26 muertes, es decir, 22 menos que las contabilizadas este año. La comparación entre ambos períodos indica que este año ha habido un incremento de 84,6% en la cifra de homicidios durante manifestaciones.

La lista de Runrun.es incluye a víctimas que no están todavía en el conteo oficial que lleva el Ministerio Público, el cual hasta este viernes, 5 de mayo, sumaba 36 muertos en hechos asociados a protestas y saqueos.

Las víctimas que no están incluidas son Manuel Pérez, Natalie Martínez, José Ramón Gutiérrez, Ángel Lugo Salas y Estefany Tapias, todos caídos en El Valle, en Caracas, durante los disturbios del pasado 20 de abril, donde hubo disparos de paramilitares, funcionarios de la PNB y presuntos delincuentes. Estos nombres corresponden testimonios de familiares, empleados del Hospital Universitario (a donde fueron trasladados los cadáveres) y vecinos del sector.

Tampoco figuran en la lista oficial de la Fiscalía Carlos Eduardo Aranguren, asesinado durante las protestas en El Llanito, parroquia Petare del estado Miranda, el pasado 2 de mayo; ni Miguel Medina, que murió en el sector La Pomona de Maracaibo, estado Zulia. En el primer caso, periodistas de sucesos recogieron el testimonio de familiares de la víctima en la morgue de Bello Monte, quienes narraron cómo Aranguren fue alcanzado por un proyectil durante una manifestación.

En el conteo oficial también faltan por registrar otras 5 personas que murieron en Carabobo en hechos asociados a las protestas y saqueos: Daniel Gamboa, Jesús Asdrúbal Sarmiento, Luis Eloy Pacheco, Carlos Mora y un hombre aún no identificado que murió electrocutado presuntamente en un saqueo en Valencia.

Familiares de estas víctimas contaron sus historias en morgues y hospitales a los reporteros de sucesos de esa región.

Jóvenes en la mira

Si bien las manifestaciones de 2017 se han caracterizado por ser multitudinarias y con un variado rango de edades, los jóvenes han sido los más expuestos y vulnerables a la represión.

En la lista de los 48 muertos,  30 (que representan 62,5% del total) eran menores de 30 años. De este grupo, 5 eran menores de edad (entre los 14 y 17 años). Dos de estos casos son de muchachos que acababan de comenzar o estaban por empezar sus estudios universitarios: Armando Cañizales, quien iba a pre inscribirse en Medicina; y Carlos José Moreno, que cursaba el primer semestre de Economía. Ambos residían en el Área Metropolitana de Caracas.

En este grupo de jóvenes y estudiantes también está Juan Pernalete, de 20 años de edad, estudiante de la Universidad Metropolitana.

Disparos para silenciar

Las heridas de armas de fuego son la primera causa de muerte en las protestas de 2017 que se han registrado hasta ahora. En total, 23 personas –casi la mitad– han caído por impactos de bala, mientras que dos lo han hecho por perdigones. Otras 16 murieron al presuntamente quedar electrocutadas.

Distrito Capital es la entidad con el mayor saldo rojo. Allí, 19 han perdido la vida en medio de las manifestaciones. Le sigue el estado Carabobo, con 12 muertos, Miranda con 7 y Lara con 5. Es en este estado, por cierto, donde se ha reseñado la mayor cantidad de víctimas fatales de paramilitares del chavismo. De acuerdo con testigos de los hechos, en los asesinatos de Bryan Principal, Miguel Colmenares, Johan Medina y Eyker Rojas Gil participaron los llamados «colectivos». Las otras dos personas que murieron en estas circunstancias fueron Carlos José Moreno, en San Bernardino, en Caracas; y Renzo Rodríguez Roa, en Barinitas, estado Barinas.

En la mayoría de los sucesos (31 de 48), se desconoce quién o quiénes causaron la caída de la víctima. Hubo 4 que murieron a manos de la GNB, mientras que otros 5 lo hicieron por disparos de funcionarios policiales.

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Eduardo García, detenido desde 2014 por protestar,  permanece recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Maracaibo, estado Zulia, a pesar de que un tribunal le otorgó la libertad.

El pasado 10 de marzo de 2017, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ordenó la suspensión condicional del proceso del caso de Eduardo García y emitió un oficio de libertad, según el cual desde esa fecha debía cesar el confinamiento de García en el SEBIN. No obstante, tras salir del tribunal, García fue trasladado a la sede del organismo de la capital zuliana y encerrado nuevamente bajo el argumento de que esta medida formaba parte del procedimiento interno del organismo.

Actualmente, García permanece ilegítimamente privado de su libertad, mientras que el SEBIN continúa en desacato de una orden judicial. Al respecto, los funcionarios del organismo de seguridad en Maracaibo han esgrimido que esperan la llegada de una autorización del director esta institución en Caracas para liberar a García.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) denunciamos este hecho que calificamos como una privación ilegítima de libertad y exigimos al SEBIN la liberación de Eduardo García, tal como lo establece la orden judicial emanada del referido tribunal. Este 24 de marzo, el equipo legal de CODHEZ, que ha llevado la defensa de García desde inicios del proceso, interpondrá un recurso de amparo con el que se busca lograr que sean respetados sus derechos humanos.

El caso de Eduardo García se suma a los 115 detenidos políticos que Gonzalo Himiob, Director de Foro Penal, expuso el pasado martes 21 de marzo junto a representantes de diversas ONG venezolanas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos.

Eduardo García es la única persona que se mantiene privada de libertad en el Zulia por las manifestaciones del año 2014. Desde su detención el 7 de mayo de 2014, se encuentra en los calabozos de la sede del SEBIN de la capital zuliana y su proceso ha estado plagado de irregularidades: fue aprehendido por funcionarios no identificados que lo trasladaron con los ojos cubiertos y, una vez internado en la sede del SEBIN, se le impidió comunicarse con sus familiares y abogados antes de la audiencia de presentación. Igualmente, esta se celebró 122 horas después de practicada la aprehensión.

Desde el inicio de su reclusión, García presenta trastornos del sueño, ansiedad y permanece en un sótano donde no tiene acceso a luz natural. Además, desde el mes de diciembre 2016, depende de donaciones y de su equipo de defensa para poder alimentarse, debido a que el comedor del organismo de seguridad dejó de funcionar.

El caso de Eduardo García está siendo presentado ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Al cumplirse dos años de las protestas cuya represión costó la vida a 43 venezolanos y llevó al encarcelamiento de 3.350 ciudadanos, incluidos los dirigentes políticos Leopoldo López, Enzo Scarano y Daniel Ceballos, únicamente 7 casos han llegado a la fase de sentencia, según revela un informe del Ministerio Público.

De acuerdo con la organización no gubernamental, Provea, esta situación evidencia “la existencia de impunidad estructural en Venezuela”. La ONG explica que dicha impunidad estructural se da cuando la actuación de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

“Si bien algunos de los presuntos responsables se encuentran privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes por parte del tribunal impide afirmar que los casos han encontrado justicia”, afirma la organización no gubernamental que trabaja en pro de la defensa de los derechos humanos.

Los 7 casos que han llegado a la fase de sentencia corresponden a: Johan Quintero (33 años), quien murió al recibir un disparo mientras se encontraba en las adyacencias del Centro Comercial Súper Líder en El Limón, estado Aragua; Guillermo Sánchez (42 años), quien recibió un disparo durante una manifestación en La Isabelica, Valencia; Mariana Ceballos (32 años), quien fue atropellada durante una protesta en Valencia; Arturo Martínez, taxista de 58 años quien recibió un impacto de bala mientras limpiaba la vía pública en Barquisimeto; Miguel Parras, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, quien recibió un disparo mientras retiraba una barricada en el sector El Campito, estado Mérida.

El caso de Adriana Urquiola (28 años), también recibió sentencia aunque la Fiscalía manifestó que apelará la decisión que condenó a Yonny Bolívar a 17 años de prisión. El caso de Danny Melgarejo completa este grupo. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Melgarejo (20 años), murió tras recibir una herida con un arma blanca cuando reñía con otro manifestante, un adolescente de 16 años.   

Tras dos años de investigación, 9 casos avanzaron a la fase de juicio, a saber, el de Bassil Da Costa, por el que están acusados 8 funcionarios; el del dirigente sindical Juan Carlos Montoya, por el que una persona está privada de libertad; el caso de Asdrúbal Rodríguez, por el que están acusados dos funcionarios; el del ingeniero José Márquez, por el que también está acusado un funcionario; el caso de Glidis Chacón, por el que fueron acusados dos funcionarios; el caso de Geraldin Moreno, por el que están privados de libertad dos funcionarios de la Guardia Nacional; el caso de Génesis Carmona, por el cual fueron acusadas dos personas, una de las cuales se encuentra detenida y la otra está solicitada; el caso de Jesús Acosta, estudiante de 22 años asesinado por un funcionario del Cicpc; y José Méndez, adolescente de 17 años quien fue atropellado mientras manifestaba.    

Provea manifiesta preocupación porque un total de 17 casos aún se encuentran en la fase de investigación. Uno de estos casos corresponde al asesinato de Roberto Redman, del cual la Fiscalía únicamente ha dicho que su muerte fue consecuencia del “fuego entrecruzado” y no ha presentado todavía a ningún responsable.

Finalmente, el Ministerio Público consideró sobreseída la causa en 8 casos. Tal es la situación del caso de Eduardo Anzola, quien sufrió traumatismo craneoencefálico cuando derrapó su motocicleta al intentar esquivar una barricada, según reseña el informe de la Fiscalía.

Caso de Leopoldo López sigue en fase de apelación

“Hace dos años Leopoldo López se entregó a una justicia parcializada y mediatizada por los mandatos de Miraflores. Hace dos años dijo que si su encarcelamiento servía para que el pueblo venezolano despertara valía la pena sufrir la cárcel y el pueblo venezolano despertó; la demostración el 6 de diciembre cuando majestuosamente se volcó a la urnas”, señaló Luis Useche, coordinador de redes de Voluntad Popular en Táchira.

El líder opositor fue imputado y sentenciado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Actualmente su caso se encuentra en fase de apelación; no obstante, López ha dicho que confía en que sea “el pueblo” quien le quite las esposas, en alusión a la eventual aprobación de la Ley de Amnistía, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.

Los ex alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos también fueron a prisión como consecuencia de las protestas de 2014. Scarano, si bien está en libertad, fue posteriormente inhabilitado políticamente y no pudo presentarse a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Por su parte, Daniel Ceballos recibió en agosto del año pasado la medida de arresto domiciliario, en consideración a su precario estado de salud.