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Santos anuncia cese bilateral del fuego con el ELN

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BOGOTÁ (AP) — El presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció el lunes un cese bilateral del fuego con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de los diálogos entre ambas partes en busca de un eventual acuerdo de paz.

“Vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN”, dijo Santos en un acto público en la casa de gobierno en Bogotá.

El alto el fuego entrará en vigencia el 1 de octubre y se extenderá por 102 días, indicó el mandatario. “Es decir irá hasta el 12 de enero próximo y se irá renovando a medida que se cumpla y se avance en las negociaciones”, agregó.

El ELN inició en febrero negociaciones con delegados de la administración de Santos en la capital de Ecuador.

Pese al acercamiento con el gobierno, el ELN -que según las autoridades está conformado por unos 1.500 hombres- continuó sus ataques contra la infraestructura petrolera y puestos policiales en diferentes zonas del país.

El mandatario colombiano destacó que el objetivo del cese del fuego es proteger a los ciudadanos. “Por eso durante ese periodo cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil”.

En lo que va del año el ELN realizó 43 ataques contra el oleoducto Caño Limón- Coveñas, en Segundo más importante del país, y mantuvo varios enfrentamientos con el ejército y la policía.

Santos recordó que también un 4 septiembre pero cinco años atrás se anunció el acuerdo marco con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que condujo al acuerdo de paz alcanzado con esa guerrilla en noviembre de 2016.

En su discurso en la casa presidencial Santos se refirió a la visita que hará a Colombia esta semana el papa Francisco. “El papa llega en un momento único de nuestra historia. Viene a hacernos una invitación especial, que nos llegará al alma, viene a que demos entre todos un paso hacia la reconciliación”. Francisco, quien llegará el miércoles al país, visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.

“Estamos listos para recibir con los brazos y el corazón abierto su mensaje de amor y reconciliación. El papa Francisco, cuyas palabras siempre nos alentaron para persistir en la búsqueda de la paz, llegará este miércoles a una Colombia nueva”, añadió Santos.

El ELN publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de Pablo Beltrán, negociador del grupo guerrillero, dándose la mano con el representante del gobierno Juan Camilo Restrepo junto a la frase “¡Sí se pudo! Agradecemos a todas y todos quienes apoyaron decididamente los esfuerzos para alcanzar ese cese al fuego bilateral”.

A su vez el grupo en su página de internet consideró la visita del papa “un hecho trascendental para este momento que vive el país. Su sola presencia traerá esperanzas, su aliento nos dará coraje, la memoria nos predispondrá a todos a honrar a las víctimas y encontrar una salida política al conflicto para construir país con justicia social”.

 

Las ideas en la guerra, por Ibsen Martínez

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Susan Sontag observa en su ensayo Ante el dolor de los demás: “En el centro de las esperanzas y de la sensibilidad ética modernas está la convicción de que la guerra, aunque inevitable, es una aberración. De que la paz, si bien inalcanzable, es la norma. Desde luego, no es así como se ha considerado la guerra a lo largo de la historia. La guerra ha sido la norma, y la paz, la excepción”.

En Colombia se ha firmado un acuerdo de paz que puso fin a casi 7 décadas de atroz conflicto armado que dejó más de 6 millones de víctimas y centenares de miles de muertos. Otra “cifra dura”, equiparable a la de las víctimas, es la opinión de 50,23% de los 12.779.402 ciudadanos consultados en el referéndum de 2016. Ellos dijeron “No” al acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano.

El resultado del referéndum, favorable por un pelo al “No”, aunque carente de fuerza jurídica, invita a preguntarse si la mitad de los consultados está por la prolongación de la guerra. Tal como en Colombia alude a ellos la conversación pública, lo rechazado son los términos del acuerdo, y no la idea del retorno a la paz.

Tampoco ningún político colombiano y casi ningún columnista de prensa opuesto a los acuerdos se han manifestado, que yo sepa, abiertamente partidario de que el Estado siga en pie de guerra hasta que no quede un fóquin guerrillero de las FARC sobre la tierra. “La paz, sí, pero no a cualquier precio” es el motivo común de sus alegatos y lo ha sido, también, y muy acusadamente, de la precampaña electoral.

Sin embargo, a otra mucha gente nos intriga la tibieza con que la sociedad colombiana, en su conjunto, ha recibido el advenimiento de lo que se anuncia como retorno a la norma que echa de menos la Sontag: la paz.

¿Qué idea se han hecho los colombianos de la paz y de las muchas cosas buenas, tangibles o no, que ella permitirá alcanzar, ahora que los funcionarios de la ONU, supervisores del desarme se han marchado, dejándonos su visto bueno?

Ahora que las FARC anuncian campanudamente, con un congreso ideológico y hasta spots publicitarios, su decisión de participar en unas elecciones ateniéndose a las reglas de lo que durante muchas décadas se fulminó como obscena farsa burguesa, ¿qué será del aplastante cúmulo de ideas en favor de la guerra revolucionaria que Colombia ha producido desde el siglo pasado? Si la paz ha llegado al fin, ¿importa conocer de esa ideas?

Tal es el tema de uno de los libros más originales, mejor averiguados y absorbentemente bien escritos que haya producido la vasta literatura colombiana sobre el conflicto armado.

Nadie que lea Las ideas en la guerra (Debate, 2015), del filósofo colombiano Jorge Giraldo Ramírez, podrá conformarse después con el relato periodístico al uso que reduce las FARC, y al medio centenar de organizaciones armadas que signaron para mal la vida de los colombianos durante más de medio siglo, a una inevitable consecuencia de la desigualdad social o de la asfixia política.

En un país prolífico en rudas crónicas de la guerra y en entusiastas alegatos en pro de la violencia que discurren con una mezcla de aquiescencia hacia los sofismas de los violentos e hipócrita consternación ante el sufrimiento de las víctimas, Giraldo recorre la ruta de las ideas equivocadas sobre los fines y los medios que hicieron de Colombia un infierno de muerte y de odios.

Me gustará mucho comentar ese aleccionador libro en mi próxima entrega, la semana que viene.

@IBSENMARTINEZ

Unión Europea pide a Venezuela “estabilidad” en apoyo a la paz en Colombia

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El vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Christian Leffler, pidió hoy a Venezuela que “estabilice sus credenciales democráticas” para contribuir a la paz en Colombia, que ha puesto fin a más de 50 años de enfrentamientos con las FARC.

Leffler destacó en una audiencia en el Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica que los países vecinos de Colombia “deben contribuir y encontrar su propia vía” en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

“Hemos estado esperando grandes esfuerzos en los últimos años para facilitar y promover el diálogo en Venezuela”, indicó.

El representante del servicio diplomático de la UE pidió “mantener el esfuerzo para una Colombia unida y en paz”, aunque alertó de que quedan retos por superar, “sobre todo en el desarme y en la integración en la vida económica y normal de los guerrilleros” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por otra parte, Leffler se refirió también a Venezuela durante su exposición de los tratados de cooperación entre la UE y las distintas regiones latinoamericanas que, insistió, “no abarcan solo el comercio sino la cooperación en un sentido más amplio”.

Venezuela, dijo Leffler, “tiene flecos pendientes varios antes de poder integrarse en esa comunidad” de libre comercio.

Las Farc entregarán sus armas el 1 de junio a las Naciones Unidas

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el próximo 1 de junio terminarán los 180 días previstos para que las Farc entreguen todas sus armas a la misión de las Naciones Unidas encargada de recibirlas.

“Para el 1 de junio -cuando se cumplan 180 días desde el llamado ‘Día D’- todas las armas de las Farc que atemorizaron a nuestra población estarán en poder de las Naciones Unidas. ¡Qué gran logro para Colombia y para el mundo!”, afirmó el mandatario al recibir cartas credenciales a embajadores de 28 países.

En el acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre, el Gobierno y la guerrilla fijaron un periodo de 180 días para la dejación de armas y desmovilización de esa guerrilla, que se convertirá después en un partido político.

Los 180 días comenzaron a contar el pasado 1 de diciembre, pero problemas logísticos retrasaron la llegada de más de 7.000 guerrilleros de las FARC a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde deben reunirse como paso previo a la dejación de armas.

Sin embargo, Santos aseguró que en los próximos días entrará el último guerrillero de las FARC a las ZVTN.

“Lo que hemos visto en estos días es la marcha de la esperanza. Centenas y centenas de personas caminando, llegando en buses, camiones, lanchones, hacia el comienzo de una nueva vida”, expresó sobre la movilización de las FARC.

Al mismo tiempo, el presidente agradeció a las naciones y organizaciones del cuerpo diplomático su contribución y respaldo constante a la paz de Colombia, y al nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático, Ettore Balestrero, por su “voz de aliento” en todo el proceso.

El nuncio afirmó que la comunidad internacional debe seguir colaborando con el Gobierno colombiano para lograr la paz debido a la necesidad de cumplir el cronograma estipulado en el acuerdo firmado con las FARC.

“Colombia ha logrado disminuir la pobreza extrema y (alcanzado) el crecimiento de la clase media, por lo que la contribución internacional debe seguir para lograr el cumplimiento del cronograma de la paz”, agregó.

Balestrero aseguró que la polarización de la población mundial es un gran problema, y por eso el desafío de Colombia es lograr la identidad y cohesión de todos sus ciudadanos, lo cual requiere “ayuda de todos” para que se restablezca la confianza en base a la reconciliación.

Asimismo, afirmó que “la no violencia debe ser el nuevo estilo de política para la paz y la guía de sus acciones debe basarse en la solidaridad”.

 

Informe Otálvora:  Santos busca imponer su acuerdo con las Farc

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Juan Manuel Santos recibe en Casa de Nariño a Ernesto Samper el 19OCT16. Foto: Unasur

 

La noche del 20OCT16, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo bajo control del régimen chavista, anunció la suspensión indefinida del proceso que debería llevar a un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El CNE decidió suspender, sin fecha, la recolección de firmas requeridas para la convocatoria al referendo revocatorio, cerrando así las puertas a lo que diversos gobiernos extranjeros consideraban como la vía para reducir las tensiones políticas en Venezuela. Mediante artilugios de tribunales, el régimen venezolano suspendió el referendo y, de paso, abrió nuevos procesos judiciales contra dirigentes opositores.

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En medio de serios condicionamientos logísticos impuestos mediante normas recientemente aprobadas por autoridades electorales y judiciales, la Oposición venezolana se disponía a mostrar su capacidad organizativa y garantizar que en apenas tres días, es decir en 21  horas útiles, podrían movilizar cerca de cuatro millones de electores para registrar su apoyo al referendo. La recolección de firmas estaba prevista entre el 26 y el 28OCT16 y se realizarían en condiciones de gran dificultad para la Oposición. Además, el CNE ya había adelantado que tardaría 90 días en validar las firmas, haciendo que el referendo perdiera su sentido como mecanismo para renovar la Presidencia de la República. A pesar de ello, el liderazgo opositor aceptó el reto de recolectar las firmas para evidencia la magnitud del rechazo que genera el gobierno Maduro. Pese a ya haber convertir el proceso hacia el referendo en una carrera de crecientes obstáculos contra la Oposición, el régimen finalmente optó por abortar la consulta popular. Dos días antes, el 18OCT16, el CNE igualmente había anunciado su decisión de no realizar las elecciones para gobernadores de estado cuyos mandatos vencen en el mes de diciembre. Ese mismo día, en uno de sus usuales programas de Tv, Maduro amenazó a los gobernadores opositores de no suministrarle recursos durante el año 2017, en caso de que no firmen un documento  reconociendo el Presupuesto de gastos aprobado mediante decreto sin aprobación del parlamento.

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Mediante sentencias de tribunales penales de cinco estados interioranos emitidas de forma simultanea el 20OCT16, el chavismo dejó sin efecto la recolección previa de firmas cumplida por la Oposición en el mes de mayo. Esa recolecta de firmas del 1% del electorado, requisito no contemplado en la Constitución venezolana, fue inventado por el CNE como mecanismo previo al  arranque del proceso revocatorio condicionando la recolección de firmas del 20%. Para la recolección de esas primeras firmas, los electores debieron concurrir dos veces para firmar y corroborar su signatura y luego, tras tres meses de espera, el CNE validó el 01AGO16 las firmas recolectadas en mayo. La línea oficialista para impedir el referendo viró hacia una estratagema propagandística y judicial para desacreditar y anular las firmas recolectadas en mayo, acusando a la dirigencia opositora de haber incurrido en fraude.

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A pocas horas de que tribunales penales (¡no electorales!) de cinco estados acogieran el 20OCT16 las demandas introducidas por representantes del oficialismo, el CNE decidió “acatar” las órdenes de esos tribunales y suspender la prevista recolección de nuevas firmas. A su vez, el tribunal penal de primera instancia del estado Carabobo, a solicitud del gobernador chavista de la  entidad, emitió una orden a las autoridades migratorias para impedir la salida del país de ocho representantes de la Oposición, incluyendo al excandidato presidencial y gobernador Henrique Capriles, al Secretario Ejecutivo de la MUD Jesús “Chuo” Torrealba y a seis directivos de la alianza opositora. Los dirigentes opositores son acusados de “falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al poder electoral”. Capriles y Torrealba se suman a la larga lista de opositores procesados por el régimen quienes se encuentran presos o con medidas que limitan su movilidad.

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El gobierno de Colombia está creando el ambiente político y jurídico para desconocer el resultado del plebiscito del 02OCT16 en el cual el electorado colombiano rechazó el Acuerdo Santos-Farc.

El 19OCT16, tras ser recibido en el Palacio de Nariño en Bogotá, el expresidente colombiano Ernesto Samper quien aún ejerce como Secretario General de Unasur, utilizó la cuenta Twitter de la institución para informar el contenido de su conversación con Santos. “Los acuerdos están vigentes y deben comenzar a implementarse en los aspectos no discutidos”, tuiteó Samper. El día anterior, Santos había aprovechado el acto de posesión de dos magistrados del Consejo de Estado para una de sus ahora usuales alocuciones televisadas. Santos afirmó el 18OCT16 que “vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes y nuestra Constitución, incluidas las sentencias de la Corte Constitucional”.

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El gobierno Santos y las Farc ya acordaron un “mecanismo de trabajo” para analizar las propuestas recolectadas entre quienes se oponen a los términos del Acuerdo. El mecanismo debería comenzar a actuar el 21OCT16 con la llegada a La Habana de los negociadores de Santos. Las declaraciones de varios voceros de las Farc, muy activos estos días en Twitter, dejan entender su rechazo a modificaciones de fondo en lo pactado con Santos, lo que hace suponer que el llamado “nuevo acuerdo” no incluirá las observaciones que han reclamado los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. En su mensaje televisivo del 20OCT16, Santos afirmó que procedería a negociar con las Farc “los ajustes necesarios en el término de la distancia” y agregó que “quiero terminar esto pronto, muy pronto”. Dijo haber recibido “cientos de propuestas” e incluso las clasificó en “razonables” “difíciles pero no imposibles” y “totalmente inviables”. La posibilidad de alcanzar un verdadero nuevo acuerdo con las Farc luce lejana, lo que está obligando a Santos a procurar un atajo judicial a la derrota política que sufrió su Acuerdo con las Farc.

Desde la realización de un nuevo plebiscito convocado por Santos hasta la emisión de leyes y decretos que materialicen el Acuerdo prescindiendo del resultado adverso del plebiscito, son opciones que se manejan en la casa presidencial en Bogotá. El tiempo apremia porque la prisa de Santos en  implementar el Acuerdo incluso antes de su aprobación, se ha convertido en un dolor de cabeza para él y muchos gobiernos a los cuales el presidente colombiano involucró basado en la hipótesis de que el Acuerdo sería aprobado por los colombianos. La ONU ya ha movilizado cientos de observadores a Colombia para monitorear el cumplimiento del cese al fuego y el Acuerdo Santos-Farc por lo que  el Consejo de Seguridad debió el 18OCT16 mantener por ahora esa misión pese a que su legalidad ha sido puesta en duda.

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Uno de los temas más críticos de la actual coyuntura colombiana es el mantenimiento de miles de guerrilleros de las Farc, los cuales de haber prosperado el Acuerdo habrían comenzado a recibir estipendios y subsidios estatales.

El periodista colombiano Daniel Coronell, director de noticias de Univisión, realizó el 16OCT16 en el Hotel Nacional de La Habana una entrevista a Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las Farc, en la cual se trató el tema del “costoso” financiamiento de las tropas guerrilleras. Márquez confesó que “hace algunos meses” las Farc suspendieron “las impuestaciones” lo que “obviamente nos está generando una situación económica que tenemos que discutir con el Gobierno” e incluso adelantó que “creo que tendremos que recurrir a las organizaciones internacionales”. Coronell cortó a su entrevistado para explicar que lo que Márquez llama “impuestaciones” son “extorsiones, secuestros” y otros tipos “de actos delictivos”, a lo que el jefe faraco alegó que “las impuestaciones” son asumidas como parte de “la rebelión”.

Se quejan las Farc que su flujo de caja comienza a ser un problema y aspiran que el gobierno colombiano, o gobiernos extranjeros, financien los costos de mantener varios miles de guerrilleros armados en campamentos.

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El tema del financiamiento surge justo en momentos cuando surgen críticas en varios parlamentos europeos sobre el apoyo otorgado a organizaciones pro Farc. Existen evidencias de que el gobierno suizo suministró decenas de miles de dólares a ONG que promueven la paz en Colombia, pero en medios parlamentarios suizos comienza a censurarse el hecho de que su gobierno financió entidades abiertamente parcializadas con las Farc en el reciente plebiscito. La campaña a favor del SI realizada por la izquierda pro Farc colombiana habría contado con dinero extranjero, según se desprende de las noticias que llegan de Europa.

Si bien no existe aún una investigación parlamentaria, “las donaciones a ONG colombianas que hicieron campaña por el SI están acentuando las preocupaciones por la neutralidad [de Suiza en el plebiscito en Colombia] que varios miembros de la Cámara Baja del parlamento suizo van a formular frente al Canciller el 31OCT16”, comentó el periodista suizo Florian Schwab del semanario Die Weltwoche consultado para este Informe.

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El papa Francisco anunció el 09OCT16 la creación de trece nuevos cardenales de la Iglesia. Uno de ellos será el arzobispo de Mérida, Venezuela, monseñor Baltazar Porras. La selección de Porras creó gran malestar entre los altos jerarcas del régimen, quienes habían convertido en blanco de ataques sistemáticos, incluso físicos, durante la larga hegemonía chavista en Venezuela.

Quien desde el 19NOV16 será llamado Su Eminencia Baltazar Cardenal Porras llegó a Mérida como Obispo Auxiliar en 1983 y la ciudad lo vio adentrarse en las zonas más humildes para reconfortar con mensaje cristiano, pero igualmente lo vio crecer como guía civil, productor intelectual, y referente de la comunidad donde sirve.

 

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Informe Otálvora: Maduro aplica salvaje paquete económico

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Listas de precios de alimentos importados ofrecidos en un abasto de Caracas el 14OCT16.

 

La situación legal del expresidente izquierdista brasileño Lula da Silva tiende a complicarse aún más. El Ministerio Público de Brasil presentó el 10OCT16 denuncia contra Lula por recibir propinas millonarias a cambio de influir para que el estatal Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) aprobara créditos a la constructora Odebrecht destinados a obras en Angola. La acusación de la Fiscalía fue acogida el 13OCT16 por un juez federal de Brasilia quien declaró a Lula como “indiciado”. Hasta la fecha Lula figura como indiciado en tres procesos judiciales distintos, todos ellos relacionados con el esquema de corrupción que conectó a empresas constructoras con altos jefes del partido PT. Según Lula se trata de maniobras de jueces, policías y medios para frenar su candidatura presidencial del 2018. Pero la imagen del otrora dirigente sindical se está convirtiendo en una rémora para su propio partido, según se desprende de los resultados de las elecciones municipales del 02OCT16 en las cuales su electorado tradicional dio la espalda al PT.

Tras la destitución de Dilma Rousseff, el PT acarició la idea de crear un clima de violencia callejera y exigir elecciones anticipadas para reemplazar al presidente Michel Temer. Los resultados electorales municipales pusieron fin a la ilusión izquierdista de Lula arrasando en las urnas y devolviéndolos al poder. En este momento el futuro de Lula pareciera está más cercano a los tribunales de justicia que al palacio presidencial de Brasilia.

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El régimen chavista implementa una nueva fase de su paquete de ajuste económico con el único propósito de garantizar disponibilidad de dólares en manos del Gobierno. Mediante grises mecanismo de importación, con exoneración de aranceles y sin registros sanitarios, los estantes de abastos y cadenas de supermercados venezolanos comienzan a recibir mercadería importada la cual es ofrecida en los envases originales de sus países de origen. Arroz procedente de Brasil donde el precio a nivel del consumidor oscila en menos de un dólar por kilogramo, está siendo vendido en Caracas al equivalente a US$ 3,5. Alimentos  procedentes de EEUU, tales como harina de trigo, arroz, aceite o azúcar son comercializados a más de tres veces el precio ofrecido en cualquier cadena de ventas minoristas estadounidense. El salario mínimo en Venezuela equivale a US$22 y se eleva a US$66 mediante bonificaciones obligatorias. Sólo una pequeña y decreciente fracción de la población venezolana está en capacidad de sufragar sus gastos básicos. Las más extremas propuestas “neoliberales” para la economía venezolana resultan tibias ante el impacto empobrecedor del paquete “antineoliberal y socialista” que aplica Maduro, soportado por la alta jerarquía castrense y por un aparato represivo omnipresente.

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Mediante la declaración del estado de excepción a principios del año 2016, el gobierno Maduro se autoconfirió la potestad de aprobar erogaciones fiscales extrapresupuestarias, sin contar con el aval de la Asamblea Nacional controlada por la Oposición. El chavismo se niega a someter al escrutinio público las cuentas de los diecisiete años en los que han gobernado hegemónicamente al país. En la medianoche del 11OCT16 el Tribunal Supremo de Justicia, totalmente bajo control de chavismo, anunció una sentencia según la cual el Presupuesto Nacional 2017 no requeriría la aprobación del poder Legislativo, bastando la emisión de un Decreto presidencial y la bendición de la Sala Constitucional de ese mismo Tribunal Supremo. La base “legal” para tal sentencia es que según el TSJ, la Asamblea Nacional, es decir la representación popular, estaría en “desacato”. El 14OCT16, a las puertas del Panteón Nacional, Maduro procedió a autoaprobarse el presupuesto de ingresos y gastos del año 2017 incluyendo los montos en los cuales endeudará a la Nación para financiar sus erogaciones. El gobierno chavista, sin que el documento fuera considerado y aprobado por el parlamento, se autorizó a sí mismo a gastar US$ ocho mil millones.

Además, los reiterados decretos emitidos por Maduro que suspenden las garantías constitucionales, debidamente ratificados por el TSJ, lo facultaría para aprobarse su propio presupuesto de la Nación.

La palabra “dictadura” para referirse al régimen venezolano comienza a ser de uso generalizado en los más diversos medios internacionales.

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Tras la derrota sufrida en el plebiscito del 02OCT16 cuando el electorado colombiano rechazó el Acuerdo Santos-Farc, el presidente colombiano está desplegando una intensa operación para lograr, sea como sea, la entrada en vigencia de algún pacto “de paz” con la guerrilla. La estrategia de Santos pareciera ser la de crear un clima de opinión, interno y externo, que neutralice los resultados del plebiscito, muestre a Santos como un “interlocutor” nacional entre las Farc y los “guerreristas” y favorezca la aplicación del Acuerdo Santos-Farc basado en sus genéricas potestades constitucionales.

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El arsenal presidencial de Santos incluye desde inusuales cadenas de televisión casi diarias con sus alocuciones sobre gestiones para la paz, hasta la participación directa de su familia en la organización de propaganda callejera. La propia esposa de Santos, doña María Clemencia, ha estado utilizando su cuenta en Twitter identificada con su apodo familiar “Tutina”, para promocionar operaciones de propaganda capitaneadas por su hijo Martín. Acciones aparentemente espontáneas como pega de afiches en las paredes de Bogotá así como campañas en redes sociales de Internet a favor del “Acuerdo Ya” son  direccionadas desde los salones familiares del presidencial Palacio de Nariño.

El 04OCT16, desde La Habana, el jefe guerrillero Iván Márquez tuiteó: “Aquí no queda otro camino que salir a la calle a defender el Acuerdo de Paz”. Mostrando poco apego a la sentencia de las urnas, las Farc llamaban a desconocer el rechazo popular a las condiciones del Acuerdo firmado con Santos. Esa línea fue asumida por el gobierno Santos, estimulando un “espontaneo” activismo de calle para confrontar a quienes se han opuesto a los términos pactados con la guerrilla. De hecho, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ahora figura como uno de los aspirantes presidenciales santistas, ha divulgado sus imágenes participando en actividades “espontaneas” de apoyo al Acuerdo.

En tanto, desde el Departamento de Estado de EEUU hasta el equipo editorial del The New York Times presionan a Álvaro Uribe para que ceda en sus posiciones. Curiosamente, nadie pide que las Farc cedan en sus exigencias que tienden a la impunidad judicial. La táctica de las Farc pareciera estar ganando: han colocado a parte de la élite gobernante colombiana y al Gobierno y prensa de EEUU a defender los intereses de los jefes guerrilleros.

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La misma noche del 02OCT16 Santos invitó a conversar a quienes identificó  como líderes del “No”: los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Las propuestas formalizadas por Pastrana y Uribe para modificar el Acuerdo Santos-Farc están dirigidas a temas esenciales de lo pactado por el gobierno con la guerrilla. La propuesta opositora propone una amnistía para guerrilleros rasos, rechaza la creación de un aparato de “justicia especial” para guerrilleros, rechazan que los jefes de las Farc sean exonerados de penas de privación de libertad y  sean elegibles a cargos políticos, rechazan el financiamiento privilegiado al partido político que crearían las Farc, se oponen a que el Acuerdo se convierta en parte de la Constitución de Colombia, no aceptan que las Farc comiencen a tener asiento en el Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos. Santos ha prometido llevar a las Farc las propuestas de Uribe y Pastrana sabiendo que no son aceptadas por los jefes guerrilleros. Santos, sin duda, está entrampado entre intentar burlar el resultado del plebiscito o procurar liderar un improbable (¡no imposible!) acercamiento de posiciones.

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El lunes 10OCT16 en la sede de la cancillería de Venezuela en Caracas, el gobierno de Colombia y voceros de la guerrilla ELN, anunciaron el inicio de negociaciones públicas de paz. El acto se produjo sin que el ELN liberara a todos los secuestrados en su poder y pareciera mostrar el apremio de Santos por alejarse de la derrota en el plebiscito. Las negociaciones con el ELN comenzarían el 27OCT16 en Ecuador y no en Caracas como tantas veces solicitó la guerrilla. El gobierno de Brasil, al cual Maduro no reconoce, forma parte de los países garantes del proceso de negociaciones Santos-ELN.

 

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Documento suscrito por el gobierno de Colombia y el ELN en Caracas el 10OCT16.

Aún con el Acuerdo no aprobado, el gobierno Santos procedió a suscribir el 13OCT16 un nuevo protocolo con las Farc y las Naciones Unidas. Se trataría, en parte, de un esquema para el aumento de personal y equipos de la ONU con el propósito de supervisar el actual cese al fuego bilateral. El gobierno colombiano ha mantenido mutismo sobre los términos pactados con la guerrilla, pero el jefe de la misión de la ONU en Colombia Jean Arnault se refirió el 10OCT16 a que la Fuerza Pública colombiana y las Farc  “tomarán medidas de redespliegue que minimicen la posibilidad de encuentros armados”. Tras la firma de este nuevo protocolo, Santos anunció la noche del 13OCT16 la prorroga hasta el 31DIC16 del cese al fuego, aunque para evitar malestar en los jefes de las Farc residenciados en La Habana, el presidente colombiano aclaró que no se trataba de un “ultimátum”.

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En medio de la controversial situación política que vive Colombia, Santos será nuevamente anfitrión de dos decenas de mandatarios extranjeros que se congregarán en la XXV Cumbre Iberoamericana. El 28OCT16 deberá arrancar en Cartagena de Indias la cita de dos días que congrega anualmente a jefes de gobierno de España y Portugal, más una veintena de mandatarios de Latinoamérica, África y Asia, con la segura presencia del rey Felipe VI. Tres días después de la Cumbre Iberoamericana, Santos viajará a Londres donde disfrutará de una de las dos fastuosas visitas de Estado que la reina Isabel concede anualmente a mandatarios extranjeros. Santos junto a su esposa, a la canciller y también precandidata presidencial María Angela Holguín y parte de la larga comitiva se alojará en Palacio de Buckingham.

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Informe Otálvora: Colombia con Nobel pero sin Acuerdo de paz

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Jefes de las Farc esperan el resultado del plebiscito del 02OCT16 arrellanados en el Club Habana en Cuba. Foto: @Alapepastorfarc

 

Juan Manuel Santos orientó su campaña publicitaria para el plebiscito como una falsa disyuntiva entre la paz y la guerra. El propio Comité Nobel de Noruega, que confirió a Santos el Nobel de la Paz el 07OCT16, argumentó en su veredicto que “el plebiscito no era una votación a favor o en contra de la paz”, sino una consulta sobre el “controversial” acuerdo alcanzado con las Farc.

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Los estrategas de la campaña oficialista en Colombia entendían que el único enemigo a vencer en el plebiscito era la abstención y su meta era lograr el umbral mínimo de votos requeridos por ley, dando como supuesto que el voto por el “no” sería minoritario. Pero el “si” al Acuerdo perdió el plebiscito porque el aparataje clientelar político nacional y, básicamente local, que buscó votos para Santos en las elecciones presidenciales de 2014, no se movió para acarrearle electores a las mesas en la consulta por la paz. Santos intentó validar políticamente su Acuerdo con las Farc mediante un mecanismo electoral el cual intentó ganar como si se tratara de una elección, fracasando en el intento. A favor del acuerdo sólo se pronunció el 18,27% del electorado mientras el 18,42% lo rechazó. El tema de las “Farc” la noche del 02OCT16 pasó nuevamente a ser un asunto a negociar entre las élites gobernantes en Colombia, cuyas contradicciones no logró resolver Santos en los seis años que lleva en conversaciones con las Farc.

Santos, al contrario de lo que expresa la propaganda en su contra, difícilmente puede calificarse como un agente “castrochavista”. Pero las Farc no es una organización legalista, democrática y pacifista como ahora pretende presentarse. Además, los resultados del plebiscito dejaron ver que las Farc y la izquierda legal colombiana poseen un peso electoral mínimo en la Colombia actual.

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Tras horas de evidente confusión e incertidumbre, la misma noche del 02OCT16 el gobierno colombiano arrancó un plan para salvar el proceso de paz con las Farc. Santos identificó a los expresidentes Alvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como los voceros legítimos de quienes se opusieron al Acuerdo. El gobierno aceptó lo que rechazaba hasta ese momento: el Acuerdo con las Farc puede ser modificado. Tanto el uribismo como el Gobierno coinciden en que una eventual renegociación debe hacerse entre el Gobierno y las Farc sin participación de terceros. Pareciera que nadie en Colombia, gobierno, oposición y las Farc, desean convocar a una nueva consulta popular sobre un eventual futuro acuerdo modificado. El uribismo, que en 2015 había coqueteado con la idea de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ahora habría desechado esa ruta y considera que el Presidente posee facultades constitucionales para canalizar un acuerdo modificado. La vocería de las Farc insiste en que el Acuerdo firmado es un “tratado internacional” inmodificable y que puede ser puesto en vigencia por Santos sin atender a los resultados del plebiscito.

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Los negociadores de Santos y de las Farc, tras sostener largas conversaciones en Cuba posteriores al plebiscito, emitieron un comunicado que deja ver las tensiones existentes. Los jefes guerrilleros cómodamente residenciados en La Habana, se niegan a considerar cambios sustantivos en el Acuerdo. En el comunicado conjunto leído en el Hotel Palco de La Habana el 07OCT16, las Farc aceptan seguir “escuchando un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016”. La mención a esa sentencia indica que las Farc mantienen la posición de no renegociar el Acuerdo y exigir que sea puesto en vigencia independientemente del resultado del plebiscito. El comunicado se refiere a “ajustes y preocupaciones” que serán “discutidos” por el Gobierno y las Farc “para dar garantías a todos” y no a eventuales cambios de fondo.

Las reformas que la oposición está exigiendo al Acuerdo Santos-Farc son de fondo. La oposición rechaza la amnistía general implícita en el Acuerdo que cobijaría incluso a los altos mandos de las Farc, la creación de tribunales especiales, la no inhabilitación política de los guerrilleros procesados y su consecuente incorporación a la política. Todos ellos son aspectos centrales del Acuerdo y son impugnados por la oposición.

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La ejecución de los términos para la desmovilización acordados por el gobierno colombiano con las Farc no se ha paralizado. Tras la derrota en el plebiscito del 02OCT16, el gobierno Santos decidió continuar la aplicación de lo pactado con la guerrilla en lo atinente a la cesación del fuego y los preparativos para la movilización de guerrilleros hacia las denominadas zonas de concentración. La decisión de Santos cuenta con el apoyo de los opositores al Acuerdo, los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes igualmente se han pronunciado a favor de que la “comunidad internacional” continúe las tareas de monitoreo y verificación que ya parcialmente están cumpliendo. El general argentino Javier Pérez Aquino, designado como jefe de la misión de observadores de la ONU para Colombia, se encuentra cumpliendo funciones en el país al frente de un cuerpo que ya alcanzaría varias centenas de funcionarios internacionales. Se espera que la Secretaría General de la ONU apruebe la continuidad de la presencia de sus observadores a pesar de los resultados del plebiscito.

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El 04OCT16 el Ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, emitió una Directiva normando el cese al fuego por parte de las tropas colombianas con vigencia hasta el 31OCT16. El anuncio fue entendido por diversos medios de prensa y hasta por las Farc, como un plazo para el reinicio del conflicto armado. Sin embargo la Directiva ministerial fue emitida para cubrir un vacío normativo sobre la actividad de los militares ante las Farc, organización que aún permanece armada y al margen de la ley. El cese al fuego oficial que arrancó el 29SEP16 fue establecido mediante el decreto suscrito el 26AGO16 por Santos el cual no contempla plazo final y que no ha sido derogado. El reinicio del conflicto armado es un escenario analizado por planificadores militares colombianos y de países vecinos, pero que oficialmente es negado tanto por el Gobierno Santos como por las Farc.

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Las fotografías que circuló la agencia AFP el 02OCT16 que mostraban al jefe de las Farc, Timoleón Jimenez Timochenko y a otros jefes guerrilleros arrellanados en grandes butacas, fumando habanos en una lujosa sala del exclusivo Club Habana, hacen dudar que la actual jefatura de las Farc, cuyas edades promedian los sesenta años y que han pasado cuatro en Cuba, regrese a las montañas de Colombia a retomar un conflicto armado en el cual han sido derrotados. Una eventual retomada del conflicto armado en Colombia sería con unas Farc dirigidas por nuevos jefes con el peso de la poderosa narcoeconomía globalizada que está estructurando una nueva geografía del narconegocio en Suramérica sediento de  combatientes propios.

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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en su momento rechazara el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, visitó Brasilia el 06OCT16 siendo recibido no sólo por el canciller Jose Serra sino por el propio presidente Michel Temer. Durante la audiencia concedida por Temer a Almagro en el Palacio de Planalto fue tratado el tema “Venezuela” y la evidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no realizar en 2016 el referendo revocatorio presidencial auspiciado por la Oposición. La tesis de suspender al gobierno Maduro  de la OEA, en aplicación a la Carta Democrática, fue analizada en la reunión ya que nuevamente comienza a cobrar cuerpo.

Tres días antes, el 03OCT16, Temer visitó Buenos Aires y Asunción, celebrando reuniones y firmando declaraciones con Mauricio Macri y Horacio Cartes, tanto sobre temas bilaterales como sobre gestiones específicas del Mercosur en las cuales omitieron totalmente al gobierno chavista. El Mercosur se está recomponiendo sin chavismo y a favor de resolver viejas trabas a los acuerdos comerciales que dieron razón de ser al mecanismo. Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en el epicentro de un grupo de gobiernos latinoamericanos que se consultan y actúan en conjunto sobre Venezuela, se disponen a retirar la condición de “miembro pleno” del Mercosur  a Venezuela, y están propugnando su suspensión del Mercosur y de la OEA por violación a las respectivas clausulas democráticas.

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Michel Temer y Mauricio Macri reunidos en la residencia presidencial argentina Quinta de Olivos el 03OCT16. Foto: Presidencia Brasil

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Evo Morales decidió normalizar sus relaciones con el gobierno brasileño abandonando la línea de Cuba y Venezuela que desconocen a Michel Temer como mandatario de Brasil. Morales en una rueda de prensa el 03OCT16 en La Paz, intentó explicar las razones por las cuales ahora sí reconoce a Temer como mandatario. “Si bien ha habido un golpe congresal, me he informado que es legal, que se han cumplido los procedimiento normativos, pero no tienen legitimidad, eso entiendo”, dijo Morales.

La declaración del presidente y líder cocalero boliviano es un verdadero trabalenguas argumental que mantiene la tesis izquierdista según la cual el enjuiciamiento y destitución de Dilma Rousseff habría sido un “golpe”. Pero  Morales igualmente asegura que la presidencia de Temer es “legal” aunque “no tiene legitimidad”. Tras justificar su nueva evaluación del gobierno brasileño al cual ha repudiado hasta le fecha, Morales ordenó el regreso a Brasilia de su embajador   José Kinn. Con una ya sensible reducción de sus ingresos fiscales, para Morales resulta urgente concretar negociaciones de venta de gas a Brasil.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

Andrés Pastrana:

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El abogado, político y ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, conversó en La Cola Feliz, de Unión Radio, acerca sus apreciaciones frente al resultado negativo en el plebiscito por la paz de Colombia realizado el fin de semana.

El expresidente explicó que a un día del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos convocó a los sectores involucrados en la consulta, que lo incluyen a él y al expresidente Álvaro Uribe. Igualmente indicó que los partidarios del “No” están estudiando “cómo formar un bloque para hacer propuestas que permitan consolidar la verdadera paz”.
El dirigente comparó la estrategia del “No” con el de la oposición venezolana y aseguró que “lo que está exigiendo la oposición del Revocatorio es porque está en la Constitución, en unos plazos fijo y determinados. Quien le ha puesto trabas a cumplir con el deber constitucional es el presidente Maduro”.

 

Pastrana expresó que los colombianos decidieron por una opción donde se impone el “respeto a las instituciones y a la Constitución”, pues si ganaba el “Sí” significaba un golpe de estado a la justicia, golpe de estado legislativo.

Hizo hincapié, y volvió a comparar con el caso venezolano, el haber ganado a pesar de la campaña realizada por el “Sí” en la que involucró a la Unión Europea, ONU, la iglesia católica y otros importantes instituciones internacionales, e incluso un acto de cierre de campaña con 17 presidentes. “Cuando el presidente Maduro habla de la no intervención en política, el primero que intervino en la política interna de Colombia fue él.”

 

Al respecto de cómo reaccionó el país y de el porqué del resultados en algunas regiones, Pastrana considera que en el caso del sur de Colombia, donde históricamente ha estado presente la Farc y ganó el “Sí”, hubo denuncias de presión guerrillera en las poblaciones. “La gracias es haber sacado votos del ‘No'”. En el caso del norte, explicó, donde están localizado los líderes políticos, hubo arreglos con el gobierno.

Para Pastrana, durante el proceso del plebiscito se violaron dos sentencia de la Sala Constitucional colombiana: la primera cuando se estableció que no se podía usar la palabra “paz” en la pregunta y la segunda fue que la Farc debía estar desarmada antes de que se llevaran a cabo los comicios.

“La paz de colombia pasa por la democracia de Venezuela”, aseguró el expresidente Pastrana.

 

 

*Con información de Unión Radio