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Polilara esposó a enfermera que le pidió usar tapabocas
El fiscal Tarek William Saab anunció que a los funcionarios Darling Cordero, Pablo Meléndez y Edriany Linares los detuvieron «por esposar y vejar» a María Suárez, del Hospital Pastor Oropeza de Carora»

 

La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció que la enfermera María Suárez, jefa de Enfermería del hospital de Carora, estado Lara, fue esposada por un funcionario Polilara al que le exigió usar el tapabocas en las instalaciones del dentro asistencial.

A Suárez la esposaron «esposada por exigir el uso del tapabocas a un funcionario», quien «se negaba a quitarle las esposas» pese a que el director del centro de salud le exigía que lo hiciera, informó la ONG en su cuenta de Twitter.

Médicos Unidos publicó un video en el que se observa a Suárez esposada y a una mujer policía retirándole los grilletes que le había puesto otro agente, frente a varios compañeros de trabajo.

El fiscal Tarek William Saab anunció que a los funcionarios Darling Cordero, Pablo Meléndez y Edriany Linares los detuvieron «por esposar y vejar a enfermera del Hospital Pastor Oropeza de Carora».

Saab confirmó que a Suárez la esposaron por «pedirle al funcionario Darling Cordero el uso del tapabocas en las instalaciones hospitalarias».

«La Fiscalía 21 del Ministerio Público Lara imputará los delitos de privación ilegítima de libertad y trato cruel», añadió. Con información de EFE

Atienden con insumos que llevan pacientes

El Observatorio de Universidades (OBU) advirtió el 28 de junio que casi el 50% de los estudiantes residentes de centros de salud atienden con los insumos que llevan los pacientes.

Según la Enobu Salud 2022, el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza las condiciones para las actividades clínicas asistenciales en el país.

De acuerdo con el OBU, 4 de cada 10 universitarios que prestan atención en los centros de salud usan insumos que proveen los pacientes o familiares.

El estudio analizó la situación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de Los Andes (ULA), del Zulia (LUZ), de Carabobo (UC), de Oriente (UDO), Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Rómulo Gallegos (UNERG), Francisco de Miranda (UNEFM) y de Ciencias de la Salud Hugo Chávez (UCS).
Un funcionario de Polilara y dos civiles fueron detenidos por sicariato
El Ministerio Público imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica y robo agravado. Los civiles acusados son Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22

Foto: El Impulso

Un funcionario de la Policía del estado Lara (Polilara) y dos civiles a los que el Ministerio Público (MP) señaló de «sicariato» fueron detenidos por su «presunta responsabilidad» en la muerte de un hombre el 6 de mayo en el municipio Iribarren de Barquisimeto.

El MP indicó en un comunicado que le imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica -al ser el autor material del hecho- y robo agravado.

También les atribuyó el delito de comisión de sicariato a los civiles Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22.

Los tres fueron detenidos por la muerte de Carlos Eduardo Linares Loyo, interceptado por el funcionario de Polilara, quien «sin mediar palabra disparó contra la víctima dejándola sin signos vitales para posteriormente despojarlo de su teléfono celular y su motocicleta».

Tras la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), «se determinó que el teléfono sustraído fue comercializado por el victimario, por tal motivo se logró ubicar e identificar al agresor«.

El tribunal correspondiente dictó «medida privativa de libertad» para Rodríguez Sequera, que se encuentra en la Comandancia de la Policía regional, y para los dos civiles, que fueron llevados a la sede del Cicpc de la entidad.

Información de EFE

#MonitorDeVíctimas | Ex funcionario del CONAS fue asesinado dentro de una comisaría de PoliLara

Parientes de Yuleiber Antony Sequera, la víctima, aseguran que el hombre no pudo haber amenazado a los policías con un arma de fuego porque no tenía alguna

 

Por este hecho quedaron privados de libertad dos funcionarios de la Policía de Lara. Según la versión policial, el entonces detenido estaba armado e intentó fugarse

 

@KaryPerazaR

 

A las 7:00 de la noche del pasado jueves 27 de mayo una detonación se escuchó dentro del centro de coordinación policial de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara. 

La mencionada comisaría está a un lado de la plaza Bolívar de la localidad, por lo que las personas que allí se encontraban escucharon el disparo. Después observaron cómo sacaban a una persona herida, la cual fue trasladada hasta el Hospital José María Bengoa de Sanare. 

El hombre tenía una herida de bala en el brazo derecho y otra en el abdomen, su estado de salud era grave y en dicho centro asistencial no contaban con los insumos para atenderlo. Fue remitido al Hospital Central de Barquisimeto. 

La ambulancia salió con lo que hasta ahora era un hombre desconocido y en el camino falleció. La unidad se devolvió al pueblo de Sanare. A eso de las 8:30 de la noche el fallecido fue identificado como Yuleiber Antony Sequera, de 28 años de edad. 

Un pariente de la víctima relató al equipo de Monitor de Víctimas que el joven era ex funcionario del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. 

En dicho organismo el hombre prestó sus servicios por ocho años en Tinaquillo, estado Cojedes. Sin embargo, por la crisis del país y los bajos salarios a Sequera se le hacía cuesta arriba su traslado desde Sanare hasta su lugar de trabajo, por lo que dejó de asistir y estaba en calidad de desertor.

Tenía que mantener a su esposa y a sus hijos: un bebé de 4 meses y dos niños de 2 y 5 años de edad. Había empezado a sembrar caraota y café en unas tierras de su propiedad. 

No tenía arma propia 

Un familiar del occiso indicó que el hombre iba en su moto, cuando fue detenido por cuatro funcionarios de la Policía del estado Lara, quienes se trasladaban en dos motos y le pidieron que lo acompañara a la comisaría. Ya dentro de la comisaría no saben en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

La versión policial indica que desde el primer momento que fue detenido, el ex funcionario del CONAS mostró resistencia para ser revisado y por eso se lo llevaron al centro de coordinación policial. Una vez allí, Sequera forcejó con los funcionarios y sacó un arma de fuego de sus partes íntimas. Supuestamente al verse amenazado, el uniformado disparó.

Los familiares del fallecido manifiestan que esa versión es falsa y aseguran que el hombre no estaba armado, ni siquiera tenía arma personal. “Todos los que son de este pueblo y conocen esa comisaría no hacen el intento de escapar de allí. Si él  hubiera querido fugarse lo hubiera hace desde el momento en que lo detuvieron. Esos policías están mintiendo”, manifestó un pariente del occiso.

Dos imputados por homicidio

El caso está siendo investigado por funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Alfonso de la Torre, Fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, luego de indagar , verificar las versiones del hecho y estudiar las evidencias recabadas, solicitó la aprehensión de dos funcionarios: los oficiales Yimmi Miguel Goyo Pérez y Leonel Alexander Aguilar.

Ambos fueron presentados ante los tribunales larenses e imputados por el delito de homicidio. Los Polilara quedaron privados de su libertad, mientras dura el proceso penal en su contra.

Monitor de Víctimas – Cintillo
#MonitorDeVíctimas | En 24 horas 6 hombres fueron asesinados por las FAES y Polilara en Barquisimeto
Diez horas después que fueron ejecutadas las primeras tres personas, fueron asesinados otros dos hombres. La última víctima murió en manos de la BRI de la Policía Nacional

 Karina Peraza Rodríguez @KaryPerazaR

El 27 y 28 de abril, en un lapso de 24 horas, miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), del estado Lara, asesinaron a seis personas en distintos hechos.

Las autoridades informaron que éstas murieron al enfrentarse con uniformados, pero esa versión fue desmentida por los familiares que iban llegando a la morgue del hospital Central Antonio María Pineda, de Barquisimeto, a retirar los cadáveres.

FAES ultima a tres personas en horas

Las primeras muertes ocurrieron el lunes 27 de abril, en la parroquia Ana Soto, al oeste de Barquisimeto.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), encapuchados y portando armas largas, llegaron a las 4:00 am a la Villa Bolivariana, ubicada en la vía hacia Quíbor. Allí irrumpieron de forma violenta en la casa de Jesús Antonio Infante Flores, de 34 años de edad, quien dormía con su esposa que se encuentra embarazada. La pareja se despertó asustada, a él lo esposaron, a ella la obligaron a montarse en una camioneta y la trasladaron a Tintorero, poblado del municipio Jiménez, donde la dejaron amarrada. Luego, a Jesús Antonio lo llevaron a otro lugar.

La esposa logró zafarse las amarras y regresó a pie a la casa. Al llegar ya Jiménez no estaba, lo habían asesinado.

La madre de Jiménez, quien es oriunda de Caracas, aseguró que su hijo tenía diez años residenciado en Lara, y trabajaba en las adyacencias del Terminal de Pasajeros vendiendo chucherías, maíz, ajo y ají. La dama confesó que su hijo estaba bajo presentación, pero asegura que no delinquía.

Con su muerte queda huérfana una adolescente de 14 años de edad y un bebé por nacer dentro de tres meses.

La segunda víctima

Dos horas más tarde, otra comisión de las FAES llegó a la urbanización Los Cerrajones, donde vivía Ángel de Jesús Martínez Álvarez, de 21 años de edad. Al tocar la puerta, indicaron que se trataba de un operativo.

Cuando abrieron, diez funcionarios encapuchados sometieron a los padres y hermana del joven y les pidieron se vistieran pues debían acudir hasta la sede del cuerpo policial para una entrevista. Martínez se quedó en la casa con los policías mientras que en el vehículo de las FAES fue trasladada la familia a la sede de la Base Territorial de Inteligencia (BTI-FAES), de donde los dejaron salir hora y media después. Cuando la familia regresó a la comunidad, los vecinos les relataron que en su casa se habían escuchado unos disparos y fue en ese momento que comprendieron que lo habían matado.

La víctima fatal también estaba bajo presentación, trabajaba en Santa Elena de Uairén y se encontraba en Barquisimeto por la cuarentena. Tenía un bebé de 3 años de edad.

No fue ningún enfrentamiento

Transcurrió tan solo una hora del segundo crimen, cuando las FAES cometieron un tercer asesinato. Nancy Villegas, madre de Henyer Anderson Guédez Villegas, de 45 años de edad, informó que a las 7:00 am su hijo salió hasta la esquina de su vivienda ubicada en el barrio El Carmen, al noroeste de Barquisimeto, cuando llegó un carro gris del que se bajaron tres hombres y una mujer, y se lo llevaron a la fuerza hasta el sector El Alambique, de la parroquia Unión, donde murió en supuesto  enfrentamiento.

“No pude hacer nada. Lo busqué por todos lados, en la sede del FAES de Santa Rosa, en la sede de la calle 48 y en el CICPC, pero nada. Fue hoy que vi una noticia y lo conseguí aquí”, relató la madre cuando salió de la morgue luego de reconocer el cuerpo de su hijo.

 “Ese fue el regalo de cumpleaños que me dieron, eso no fue ningún enfrentamiento, se lo llevaron en bermudas y sin franela, ellos no investigan nada”, aseguró la progenitora. Guédez tenía tres hijos, dos de 10 y 9 años de edad, y uno de 20 años quien tiene diversidad funcional. Henyer se ganaba la vida arreglando teléfonos celulares.

Polilara tomó el barrio por ocho horas 

El mismo lunes 27 de abril, a las 2:00 pm, funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), adscrita a la Policía del estado Lara, llegaron en vehículos particulares y patrullas, a la comunidad de Villa Guadalupe, ubicada al oeste de Barquisimeto, y tomaron algunas viviendas de la zona entre ellas la de Raismer José Durán.

Un familiar del hombre supo sobre el operativo, corrió hasta la casa y allí vio a Raismer, quien tenía 36 años de edad, arrodillado en la sala. Los policías lo sacaron a empujones. Los funcionarios retiraron a todas las personas de la comunidad que se habían aglomerado en las adyacencias de la casa. A la esposa de Raismer y a su hija de 15 meses de nacida las sacaron de la vivienda y se las llevaron en un vehículo.

Alrededor de las 4:00 pm, los uniformados irrumpieron en la casa a Erwis Alexander Sánchez Palma, de 23 años de edad, y lo llevaron hasta donde estaba Durán. Minutos después se escucharon las primeras detonaciones, aseguraron familiares quienes además observaron que los funcionarios corrían de un lado a otro.

La familia de Raismer vio que sacaban artefactos de su vivienda. Pasaban las horas y a las 8:00 pm los funcionarios detuvieron a otros vecinos entre ellos a la pareja de Raismer, quien tiene cuatro meses de embarazo. Cuando se retiraron eran las 10:00 pm. Luego de tanto esperar por una información supieron que Raismer y Erwis estaban muertos.

Llegó de Colombia y la BRI lo mató

 Edward José Camacaro Perdomo, de 20 años de edad, regresó a Venezuela procedente de Colombia. Luego de haber cumplido con todo el protocolo de la cuarentena de Convid 19 llegó a Lara, su tierra natal.

 El 28 de abril, a las 5:30 am, fue buscado en su casa ubicada en Moyetones al oeste de Barquisimeto, por una comisión de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la PNB que preguntó: ¿“A ti te dicen Chiquito”? Luego de responder afirmativamente le dijeron que se vistiera y que se lo llevaban para un chequeo.

A Camacaro lo montaron en una moto esposado y, diez minutos después, sonaron unos disparos. Su familia lo buscó en la FAES de la calle 48, pero en ese lugar solo le respondieron que fuera a la morgue y fue allí precisamente donde lo encontraron.  

Una prima del fallecido indicó que esa misma comisión dos días antes había detenido al joven junto a un amigo en el Mercado de Mayoristas. En esa oportunidad lo dejaron ir. Camacaro se ganaba la vida como caletero y deja huérfanas a dos niñas de 9 y 2 años de edad.

Funcionarios de la BRI aseguraron que murió en un enfrentamiento que se había registrado en un terreno baldío de la Circunvalación Norte. 

Revisan status judicial de casi 900 presos en Polilara

EL ESTATUS JURÍDICO DE 890 PRIVADOS DE LIBERTAD que se encuentran recluidos en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Lara (Polilara) es revisado desde el lunes 25 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre con la activación de un Plan Cayapa.

Las jornadas se desarrollan dentro de la misma Comandancia conocida también como “La 30”. Miembros del despacho de atención del privado de libertad del Ministerio de Servicios Penitenciarios analizan cada condición de reo para saber quiénes están en proceso de recibir sentencia y cuántos están penados.

La viceministra Rosy Mendoza, del despacho de atención del privado, asignó como representante al abogado Luis Fernando Sosa quien se está encargando de la revisión de los expedientes. Junto a él se encuentran también funcionarios de los diferentes tribunales de Lara con la intención de agilizar los debidos procesos judiciales.

La atención a cada privado de libertad se realiza en el área del comedor de “La 30” además de otro galpón acondicionado para estas jornadas. Este sería la primera larga jornada de este plan que implementa la junta interventora de Polilara que se encuentra instalada en el cuerpo policial desde el pasado 22 de mayo.

Según información aportada por Polilara, aquellos privados que optan una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena deberán aplicarles un examen psicosociológico, para obtener los beneficios que les ofrece la ley. La abogada Martha Pérez aportó que también los procesados podrán verificar si tienen retardo procesal y apoyarlos para aligerar los trámites.

El plan Cayapa, además de juristas, también cuenta con un equipo técnico integrado por criminólogos, sociólogos y psicólogos que son los encargados de la prueba psicosocial.

En “La 30” los privados de libertad durante esta jornada también cuentan con la asistencia de la defensoría pública, representada por Rosa Mendoza y se les ofrece un servicio de orientación, asesoría y representación legal con representantes del Circuito Penal 1, 2 y 3 para atender los casos de los procesados.

Con información de Una Ventana a la Libertad 

Luis Florido: Nos oponemos a intervención de PoliLara y a militarizar policía civil

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El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado por el estado Lara, Luis Florido, declaró este viernes su rechazó a  la  intervención  de la  Policía del estado Lara donde “el gobierno busca controlar a los cuerpos de seguridad para que colectivos armados de Maduro ataquen a la población”.

El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, catalogó esta medida  como un exabrupto, una repuesta que Nicolás Maduro le está dando a una policía  que ha defendido  al  pueblo  de los  colectivos armados.

“Nosotros los larenses, estamos en contra totalmente de esta intervención, estamos en contra de esa decisión de militarizar una policía que es civil”.

Recordemos que el martes el viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), Edylberto Molina, confirmó la intervención de la Polilara.

En este sentido, el General de la Guardia Nacional (GN) Rafael Mirabal, será  el nuevo director del cuerpo de seguridad regional,  mientras dure la intervención, medida llevada  adelante  por instrucciones del ministro Nestor Reverol.

Nuevo golpe de Estado

Ante el anuncio de las bases comiciales para la Constituyente hecha por Nicolás Maduro y de manera exprés por la presidenta del Consejo Nacional Electoral,  Tibisay Lucena, Florido aseguró que  nuevamente en Venezuela se evidencia  que “se consumó un nuevo golpe de Estado”, violando lo establecido en los artículos 5, 347 y 348.

Preso policía en Lara por detener a Fiscal General de la República

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Un hecho particular se conoció la tarde de este domingo cuando extraoficialmente se informara sobre la detención de un funcionario de la Policía del estado Lara en Barquisimeto, por órdenes de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

La situación ocurrió en el punto de control ubicado en el distribuidor San Francisco de la capital larense. Cuando la caravana de la fiscal pasaba por el lugar, el policía detuvo a las tres camionetas que escoltaban a la funcionaria.

Trascendió que una vez detenida la comitiva, Ortega intentó persuadir al oficial haciendo alusión a su cargo en el Ministerio Público, a lo que el policía contestó “está bien mi reina, pero párese a la derecha”, causando indignación en la funcionaria.

La fiscal dio la orden a los guardias nacionales que la acompañaban de hacer la detención del oficial “por falta de respeto”. El PoliLara fue trasladado hasta el Core 4 y se encuentra a la espera de la decisión que se tomará en su contra.

Calabozos policiales son una bomba de tiempo: Descuartizamientos, rehenes, fugas y tuberculosis
En menos de una semana cuatro sucesos registrados en en los calabozos policiales volvieron a poner en la agenda de la opinión pública el tema de la crisis en los centros de detención preventiva. En Politáchira 12 personas, entre ellas 2 funcionarios, cumplieron más de una semana en situación de rehenes; en Poliguacara 40 detenidos se fugaron por un túnel que abrieron; en Polilara dos presos fueron desmembrados y decapitados; y el jueves en la tarde un detenido de Polichacao murió por tuberculosis y desnutrición

 

@Angelicalugob 

CUATRO SUCESOS ESCANDALOSOS REGISTRADOS EN UNA SEMANA en distintos calabozos policiales recuerdan cuál es la crisis actual en los centros de detención preventiva. Aunque estos espacios son lugares acondicionados para albergar a detenidos por un lapso no mayor de 48 horas, la realidad es otra. Desde la creación del Ministerio de Servicio Penitenciario, en julio de 2011, ha habido retrasos en la asignación de cupos para cárceles, situación que sin duda ha trasladado el conflicto carcelario a las sedes policiales.

12 rehenes cumplieron una semana secuestrados en Politáchira

Este jueves detenidos de Politáchira cumplieron una semana liderando una situación de rehenes en la que mantienen secuestradas a 10 personas, entre ellas a 2 funcionarios, para exigir traslados a centros penitenciarios. La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que pese a que los calabozos de esa policía del estado Táchira tienen capacidad para albergar a 120 personas, en la actualidad 350 detenidos se encuentran hacinados allí.

Al cumplirse una semana del conflicto, los detenidos que lideran el secuestro liberaron a la primera rehén. Se trata de Yesenia Ortiz, de 25 años de edad. Autoridades informaron de manera extraoficial que la mujer, que está embarazada, se encuentra estable.

Dos presos desmembrados en Polilara por conflicto de droga 

Tres días después, el domingo 11 de septiembre, dos presos fueron desmembrados y decapitados en el interior del pabellón 1 de Polilara, que también es conocido como Artesanía. Los privados de libertad fueron identificados como Edison José Chirinos Chirinos, de 25 años de edad, quien estaba imputado por robo agravado desde el 2010 y Miguel Ángel Catarí Gutiérrez, de 20 años de edad, quien estaba privado de libertad por homicidio. La versión extraoficial que se maneja de este doble crimen es que fue por un conflicto de control de drogas.

El criminólogo y ex funcionario del Cicpc, comisario Javier Gorriño, considera que los últimos eventos que se han registrado en calabozos demuestran la desesperación de la población reclusa que está en estos espacios a la espera de un traslado para un centro carcelario: «Los detenidos en calabozos policiales, que tienen meses y hasta años presos en estos espacios, tienen desesperación por el hacinamiento y la infraestructura inadecuada para mantenerlos allí por más de 48 horas. En las celdas policiales hay condiciones infrahumanas, los presos tienen que hacer turnos para poder dormir, porque sencillamente no hay espacios y cuando los presos cometen este tipo de crímenes o lideran otras situaciones irregulares, lo hacen para llamar la atención».

40 reclusos fugados de Poliguacara

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El miércoles 14 de septiembre los calabozos policiales volvieron a ser noticia con la fuga de 40 detenidos de Poliguacara, en el estado Carabobo. El alcalde del municipio Guacara, Gerardo Sánchez, informó que los 40 reclusos se fugaron por un túnel. Horas después de la fuga 10 detenidos fueron recuperados:“La fuga tiene que ver con la socavación que se originó en las adyacencias de la sede de la policía por la crecida del Río Guacara la semana pasada, lo que nos trajo como consecuencia la construcción de un túnel por parte de los presos que permitió la fuga desde el calabozo hasta el río que queda muy cerca”.

Detenido de Polichacao muere por tuberculosis y desnutrición

Carlos Enrique Hernández, de 30 años de edad, murió este jueves 15 de septiembre a las 6 de la tarde en los calabozos de Polichacao por desnutrición y tuberculosis. El delincuente, que estaba detenido en esa sede desde el 10 de octubre de 2015, se complicó desde hace aproximadamente un mes, refirieron fuentes policiales.

Hernández estaba detenido por el delito de abuso sexual. Funcionarios de Polichacao lo apresaron al tener conocimiento que estaba solicitado por el Tribunal Quinto de Control de Los Teques, en el estado Miranda. El director de seguridad integral de la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, dijo que hace dos semanas funcionarios de Polichacao notificaron al Tribunal Quinto de Control de Los Teques, a la Fiscalía 14 en materia de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del Pueblo, que el estado de salud del detenido se había deteriorado: “Se les había pedido el traslado a un centro de salud, pues desde 2015 no habíamos ubicado a ningún familiar. Nosotros tenemos la capacidad de prestarle el servicio de salud a los detenidos con Salud Chacao, pero cuando se presenta un cuadro de tuberculosis lo ideal sería que fuera recluido en un centro asistencial que pudiera atender situaciones de esa envergadura”.

A juicio del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, el derecho a la vida es inviolable: “Eso lo contiene nuestro texto constitucional y si esa persona que murió bajo la responsabilidad de ese cuerpo policial, esa policía debe responder ante los organismos públicos por ese señor que falleció. El Observatorio Venezolano de Prisiones está solicitando a la fiscal Luis Ortega Díaz una investigación sobre ese fallecimiento. Ningún cuerpo policial que tenga a su cargo la vida de un ser humano, es que se le muera en sus calabozos porque no le den permiso. Por encima de cualquier excusa, está el derecho a la vida”.

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, reiteró que la crisis en los centros de detención preventiva es alarmante: «Estamos viendo cómo en los recintos de detención preventiva se están trasladando los mismos problemas que estamos acostumbrados a ver en las cárceles. Lo que acaba de ocurrir en Polilara es alarmante, pero que nos permite saber la verdadera situación que se está viviendo en los calabozos policiales. No hay custodia, no hay policías, ni personal con capacidad para custodiar presos y el hacinamiento está desbordado en estos retenes».

A principios del mes de septiembre el defensor del pueblo, Tarek William Saab admitió las condiciones de hacinamiento que hay en calabozos policiales. Dijo que algunos centros de detención preventiva superan hasta diez veces su capacidad y precisó que aproximadamente 33.000 detenidos están en estaciones de policía «con hacinamientos realmente brutales». De acuerdo con información oficial, la cifra de detenidos en retenes se incrementó casi en 11.000, pues el propio defensor del pueblo dijo en el mes de mayo que en los calabozos policiales había 22.759 detenidos.

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