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Policía Metropolitana

El exfuncionario de la Policía Metropolitana lo condenaron a 16 años y 8 meses de prisión por los sucesos de abril de 2002

 

El comisario de la Policía Metropolitana (PM) Marco Hurtado fue liberado este jueves 23 de enero, informó la abogada Theresly Malavé en su cuenta de Twitter. Hurtado estuvo  casi 17 años preso tras la sentencia que lo responsabilizó de los hechos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

 

Sus familiares y abogados aguardaban este jueves por la salida de Hurtado del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde. Hurtado debió salir en libertad desde el 19 de diciembre de 2019. El comisario fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno. Ni Hurtado ni sus compañeros, pudo ser beneficiario de los derechos procesales contemplados en la ley, como medidas alternativas al cumplimiento de la pena o redención de la pena por estudio y trabajo.

Hace una semana, la abogada Theresly Malavé denunció que La Jueza Ada Marina Armas se había negado a emitir la boleta de excarcelación del comisario de la Policía Metropolitana Marco Hurtado, quien terminó de cumplir su pena de 16 años y 8 ocho meses, el pasado mes de diciembre. Malavé señaló entonces que los detenidos han cumplido con todo lo solicitado para obtener su libertad, pero que la magistrada “ni siquiera la ha tramitado”.

Pasado el mediodía, de este jueves 23 de enero, Hurtado vio la luz al salir de Ramo Verde.

El juicio contra los policías metropolitanos por estos asesinatos duró 7 años. En ese tiempo se realizaron 230 audiencias, presentaron 265 experticias, 5.700 fotografías, más de 20 videos; también declararon 198 testigos y participaron 48 expertos, puntualizó Crónica Uno.

 

Funcionarios de la extinta PM siguen presos mientras sus familiares mueren por la crisis de salud

A LOS 83 AÑOS FALLECIÓ EN Guatire Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, uno de los nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, condenados de manera injusta por las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

Maximiliano Toro padecía una penosa enfermedad, cuyo tratamiento se dificultó por la escasez y el alto costo de las medicinas para los pacientes oncológicos. Él estuvo recluido durante 15 días en el hospital de Guatire, donde lograron recuperarlo de una infección urinaria y otros padecimientos.

Sin embargo, el tratamiento se hizo cuesta arriba debido nuevamente a la dificultad para encontrar, y costear, los medicamentos necesarios. Esta tarde, cerca de las 3:30 p.m. murió producto de un paro respiratorio, sumiendo en la tristeza a sus seis hijos, demás familiares y amigos, en especial al inspector Héctor Rovaín, privado de libertad desde hace 16 años y 5 meses por un crimen que no cometió.

La tragedia de la familia Rovaín inició el 11 de abril de 2002. Pero comenzó a concretarse en abril de 2003 cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Marco Hurtado y Arube Pérez decidieron entregarse para demostrar su inocencia. Tres años más tarde, en el juicio más largo de la historia, Maryorie Calderón los condenó a 30 años de prisión, con excepción de Marco Hurtado que recibió una pena de 16 años y 8 meses y Arube Pérez a 17 años y 10 meses.

Rovaín, Bolívar, Molina, Hurtado y Pérez aún permanecen tras los barrotes de la cárcel de Ramo Verde. Los otros cuatro recibieron medidas humanitarias y casa por cárcel por las graves enfermedades que presentaban, la mayoría como consecuencia del inhumano encierro que los privó hasta de los rayos del sol.

En la última entrevista realizada a Maximiliano Toro, a propósito de conmemorarse en 2017 15 años del 11 de abril, él nuevamente criticó el ensañamiento contra su hijo y sus compañeros.

“Esto es una barbaridad. Es un valle de sufrimiento para todos nosotros. Su madre, mi esposa, falleció el 7 de junio de 2013 sin poder ver la libertad de su hijo. Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo, de la mano, al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, dijo.

Maximiliano Toro era un hombre alegre. Le gustaba tocar la guitarra y compartir en familia. Esa alegría la perdió en abril de 2003, cuando su hijo confiado en su inocencia y en la justicia decidió entregarse para iniciar un proceso que le permitiera demostrarla.

Hoy Maximiliano Toro murió y su hijo sigue en prisión. Son aristas de una misma tragedia, esa que inició cuando Hugo Chávez ordenó buscar culpables por los asesinatos de Puente Llaguno, una orden que Eladio Aponte Aponte, Luisa Ortega Díaz, Maryorie Calderón y muchos otros funcionarios del gobierno acataron con prontitud, pese a que violaba todos los principios legales y éticos que en su momento debieron haber jurado defender.

Sus restos serán velados en su casa en Guatire.

A doce años del paro cívico por Eddie A. Ramírez S.

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El paro cívico del 2 diciembre  fue un deber para no ser cómplices de las violaciones a la Constitución, ni permanecer pasivos ante el avance del totalitarismo. La situación actual evidencia el error de intentar convivir con el régimen asumiendo  posiciones de apaciguamiento.  Para  los jóvenes que no vivieron esos acontecimientos y para  los desmemoriados,  transcribimos declaraciones y artículos de algunos protagonistas sobre  dicho evento. Recordemos  que el paro se desencadenó por los atropellos de los paramilitares rojos a las marchas de noviembre, por  la   militarización  de la Policía Metropolitana, la negativa de Chávez de aceptar un referendo consultivo, las trabas del gobierno en la Mesa de Negociación y Acuerdos para una salida electoral y  la renuencia del régimen a establecer una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril.

En ese entonces, quien tomaba decisiones del lado de la oposición eran los partidos políticos representados en la Coordinadora Democrática. Este punto quedó claro cuando el 21 de noviembre Carlos Fernandes, presidente de Fedecámaras, declaró  que  ¨ Estamos  esperando solamente que la Coordinadora Democrática decida cuál será la acción que emprenderán  y nosotros estamos prestos y listos para eso¨.

El día  22 de noviembre el Secretario General de la OEA, César Gaviria, expresó ¨suprema preocupación   por la intervención de la Policía Metropolitana y por  la crisis que atraviesa  la Mesa de Negociación y Acuerdos¨. Reconoció que ¨el principal tema de esta instancia de diálogo es para  encontrar una salida electoral a la crisis, pero que sobre ese tema  no se ha hablado mucho, por lo que espera que se converse, así como la instalación de una comisión de la verdad y respecto al desarme de la población civil¨.

El 24 de noviembre las asociaciones  Queremos Elegir, Ciudadanía Activa y Movimiento 1.011, produjeron un documento en el que afirmaron que el paro cívico ¨no es una acción golpista, es el recurso democrático al alcance de una ciudadanía burlada por el Gobierno y de ser indefinido sería una respuesta al cierre de los caminos institucionales y al fracaso de la mediación internacional¨. El 25 de noviembre, Carlos Raúl Hernández señaló que ¨La  debilidad de los partidos parió la Coordinadora, pero es hoy representación cabal de una sociedad en emergencia. Eso sólo es ya una victoria irreversible, pero además, obtiene una tribuna extraordinaria para llamar la atención sobre el drama venezolano y corregir la distorsión de la imagen internacional de la oposición… la  Coordinadora ya ha ganado un papel esencial en la futura restauración democrática¨

El 27, Andrés Velásquez y Alfredo Ramos  de la Causa R apoyaron  el paro,¨ el cual solo se suspendería  si el CNE aprueba el referendo consultivo y esa decisión es refrendada por el gobierno en la Mesa de Negociación¨. El 1 de diciembre  Ramos Allup precisó que ¨ En AD hemos llegado a apoyar el paro, no presionados por la opinión pública, sino porque creemos que es un instrumento viable para obligar al Gobierno a que acepte una salida electoral¨. El 2 de diciembre, Julio Borges  confirmó que ¨su partido respalda la huelga general y el  3 de diciembre escribió ¨… Primero Justicia no tiene dudas: las marchas, la actitud valiente de las mujeres, la resistencia de los medios de comunicación, la unión de la oposición, la manifestación democrática de Altamira y el paro son todos caminos que conducen al mismo lugar: el pueblo, el ciudadano anónimo y mayoritario que quiere salvar al país con libertad¨.

Los trabajadores de Pdvsa  desencadenamos el paro anterior, en abril,  para defender la meritocracia. En el de diciembre, ni Gente del Petróleo, ni Unapetrol convocaron el paro,  pero  como ciudadanos   nos sumamos a ese intento de detener al totalitarismo. El paro logró que Chávez aceptara realizar un referendo revocatorio y que la OEA acordara hacerle  seguimiento a la situación de la democracia en Venezuela.  Mi reconocimiento a Carlos Ortega, a Pedro Carmona,  a Carlos Fernandes, a la Coordinadora, a los militares que protestaron cívicamente y a todos aquellos que arriesgaron su fuente de ingreso y patrimonio por apoyar ambos paros cívicos.

Como en botica: La valentía e integridad de nuestra diputada María Corina contrastan con las arbitrariedades de Maduro y de Diosdado, así como con la sumisión y deshonestidad intelectual de jueces y  fiscales. Los venezolanos no perdonaríamos a quienes se atrevan a encarcelarla. Felicitaciones a Gustavo Tarre Briceño, hoy injustamente perseguido,  por su libro ¨Solo el poder detiene al poder¨. El incapaz Maduro pretende que en diez días los trabajadores presenten plan para rescatar  las empresas estatizadas  destruidas por el régimen. El problema no es el descenso de los precios del petróleo, sino  la desacertada  política económica, la corrupción y la quiebra de Pdvsa  ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

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