Poderes

 

Venezuela vive una barbarie; ya no se trata de una simple lucha de poderes. Las actuaciones que estamos viviendo, sobre todo en los últimos días, por grupos de desadaptados afectos al régimen, no podemos calificarlas de otra forma que como un acto de salvajismo propio de mentes perversas y primitivas.

Me tocó el horror de vivir la barbarie de cerca, el pasado martes 4 de julio. Mis vecinos estaban en la calle realizando el trancazo, apenas eran como las 3:00 de la tarde, yo me arreglaba para bajar a acompañarlos. Debo decir que era un trancazo bien light, cerraban la calle cuando el semáforo de la avenida O’Higgins en El Paraíso estaba rojo y se quitaban cuando estaba en verde, todo muy pacífico y normal. De repente comencé a escuchar una gritería y sonaban disparos, cuando me asomo al balcón veo un grupo grande de motorizados vestidos de negro, con pasamontañas que supongo eran colectivos o policías encubiertos, no tenían identificación de un cuerpo policial, le estaban cayendo a golpes a la gente y la robaban; cuando uno se asomaba al balcón lo apuntaban con un arma así que por precaución uno se asomaba con cautela. En todo ese trajín tocan la puerta de mi casa y traen a un tío mío, que vive en mi casa, de 82 años y sordomudo, herido y en medio de una profunda crisis nerviosa, los colectivos lo agarraron y lo golpearon, gracias a Dios fueron solo golpes y heridas leves, los vecinos lo trajeron a la casa, un gran susto en verdad.

Situaciones como esta se han venido repitiendo de la misma manera en todo el país, un grupo de delincuentes que bajo absoluta impunidad y amparados por la dictadura mantiene azotada a la población, infundiéndoles temor y que de esta manera no ejerzan su derecho constitucional de protestar, simple terrorismo de Estado.

Estamos ante una situación nunca vista en Venezuela, un régimen forajido que se cree dueño absoluto del país, y de la manera que sea luchan por mantenerse en el poder, independientemente de lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos piense; su único objetivo es gobernar así sea a costa de la vida de muchos venezolanos, a poco de cumplir 100 días del inicio de las protestas, la dictadura ya lleva más de 100 personas muertas a su haber.

Venezuela está viviendo uno de los episodios más graves de su historia, las generaciones que nacimos después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez jamás habíamos visto una situación similar y me atrevo a decir que las anteriores tampoco.

La dictadura cada vez aumenta la represión, las instituciones encargadas de garantizar que en Venezuela exista un Estado de Derecho han sido secuestradas por ellos mismos, y quien se atreva a ir contra sus mandatos es perseguido, atacado, vilipendiado, un claro ejemplo lo tenemos con todo lo que está sucediendo con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

La hasta hace poco llamada “la mejor Constitución del mundo” ya está derogada de facto y el régimen pretende de manera írrita e ilegal realizar una asamblea nacional constituyente para hacer una nueva Constitución que se ajuste a los requerimientos de la dictadura.

Las violaciones de los derechos humanos se han vuelto parte de la cotidianidad de los venezolanos ante un defensor del pueblo que se ha convertido, ya sin ningún tipo de caretas ni disfraces, en el defensor de la dictadura, en su celestino. Cuando estos días oscuros que vivimos los venezolanos pasen, que va a pasar, Tarek William Saab tendrá mucho que responder a la justicia por su negligencia ante las constantes violaciones de los derechos humanos que se han cometido; que no se le olvide que las violaciones de los derechos humanos no prescriben.

La gran demostración de la barbarie que vivimos en Venezuela fue el asalto a la Asamblea Nacional mientras se conmemoraba el 206 aniversario de la firma del Acta de la Independencia, cuando adeptos a la dictadura tomaron el Palacio Legislativo de forma violenta. Una descripción muy clara de lo ocurrido la hace la periodista Luz Mely Reyes en el portal web Efecto Cocuyo donde narra: “Una piñata sangrienta. En medio de una furia llena de tubos, piedras, botellas, golpes, explosivos e insultos que dejó como saldo de heridos a los diputados de la MUD Armando Armas, José Leonardo Regnault y Américo De Grazia, así como a los trabajadores Franklin Babó y Luis Herreira, quedó una profunda sensación de desamparo en algunas de las 400 personas que fueron mantenidas contra su voluntad en el Palacio Legislativo”.

La comunidad internacional ha deplorado la actuación de este grupo de adeptos a la dictadura, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido claro en afirmar: «Cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia. La utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica con que el gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder (…) El régimen pretende instaurar la violencia institucional del Estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad».

La dictadura arrecia y con ella la barbarie, seguimos resistiendo y luchando por el retorno de la democracia.

 

@cnietopalma

 

El derecho a protestar pacíficamente está garantizado en nuestra Constitución, como lo está la separación de Poderes. El principio de que el pueblo es el soberano (no el régimen) está también grabado en nuestra Constitución tal como lo está la defensa de los DDHH. El pueblo sólo delega indirectamente el ejercicio de esa soberanía cuando los Poderes se acogen a la Constitución y respetan la decisión expresada en sufragios libres.

Cuando la decisión del pueblo es violada por uno de los Poderes, como ocurrió cuando la Sala Electoral pretendió acusar un fraude en las elecciones del Estado Amazonas (sin adelantar un juicio ni convocar nuevas elecciones), ese Poder está  violentando la soberanía del popular. Lo hizo para birlarle al pueblo la mayoría de las 2/3 partes que este le entregó a la oposición en el Congreso.

El equilibrio de los Poderes ha desaparecido y con ello la democracia ha dejado de existir. Un TSJ -irregularmente  designado por una repudiada y moribunda Asamblea Nacional que estaba a punto de exhalar su último aliento- se ha enseñoreado en el país.

Cuando la Sala Constitucional pretende acusar de desacato a un Parlamento legítimo (sin estar para ello facultada por nuestra Constitución) también está violentando la soberanía del pueblo, máxime cuando pretende arrogarse funciones que solo corresponden al Poder Legislativo. Al hacerlo rompió el hilo constitucional como lo denunció la Fiscal General de la República.

Y como si fuera poco la corrupción y el narcotráfico, en los más altos niveles imaginables, llenan de vergüenza a unos ciudadanos que no saben explicarle al mundo cómo es posible que esto haya llegado a ocurrir en nuestro país.

El pueblo salió el 19 de abril a protestar, tal como lo hizo en esa misma fecha en 1810, iniciando así el proceso de independencia de Venezuela. En este 19 de abril de 2017 cerca de 2,5 millones de caraqueños repitieron lo que le habían dicho a Emparan: «Fuera, fuera, no lo queremos».

Y a partir de allí el pueblo ha seguido en la calle, reclamando sus derechos, pacíficamente, a pesar de la arremetida con la cual el régimen y sus grupos armados lo han atacado.

El régimen está acorralado. Pretende a la fuerza implantar un modelo socialista que los venezolanos rechazaron expresamente en el Referendo Constitucional del 2007. Ese modelo que de espaldas a la soberanía popular pretende imponer el régimen, además de ilegal, sólo ha servido para arruinar a Venezuela.

Hoy nuestra economía colapsó. Padecemos la inflación más alta del mundo y probablemente la mayor contracción económica del planeta. Destruyeron uno de los aparatos productivos que, aunque en problemas, era uno de los más prósperos del continente. Empobrecieron a la población en términos inaceptables al extremo que hoy el 82% de los venezolanos viven por debajo de la línea de la pobreza y el 50% en pobreza extrema, conforme a estudio de las Universidades Central de Venezuela, Católica y Simón Bolívar. Destruyeron también a PDVSA, que para poder seguir operando requiere hoy de tan abultados auxilios financieros del BCV que se ha transformado en la causa principal de la atroz inflación que nos afecta. Dejaron a Venezuela aislada financieramente del mundo, ya que ninguna institución seria le otorgaría financiamientos sin contar con la autorización de la AN. Arrasaron con nuestros campos. Están acabando con las reservas en oro del BCV a través de oscuras operaciones de SWAP. Hipotecaron en un 100% a CITGO, que es el principal brazo comercializador de nuestro petróleo. Pretenden crear empresas mixtas sin la aprobación de la AN. Expropiaron a infinidad de empresas que antes eran productivas y ya no lo son y hundieron al país en una crisis humanitaria sin precedentes.

Por eso el bravo pueblo está en la calle. Pocas veces en la historia se han visto manifestaciones tan numerosas y otras ciudades del país siguen el ejemplo que Caracas dio.

Y no es para menos. Es un fenómeno humillante que, conquistando a un solo hombre, un país pequeño y pobre haya podido apoderarse de otro país grande y rico, succionándole sus riquezas e imponiéndolo un modo de vida extraño a su idiosincracia.

La paciencia de los venezolanos ya superó todos los límites. También la paciencia de la comunidad internacional. En Venezuela soplan vientos de cambio. Una gesta heroica y cargada de ética se está desarrollando en el país. Un pueblo armado solamente con la Constitución y la ley se está enfrentando con un régimen descarrilado que anuncia estar dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder.

Ya no hay marcha atrás. Retroceder implicaría arrodillarse ante una tiranía y resignarnos a ser nuevamente una colonia.

 

@josetorohardy

 

La libertad de expresión, independencia de poderes, escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad y tortura, aparecen, entre otros temas, en la lista de preguntas que recibirán los representantes del Estado venezolano en el Examen Periódico Universal

 

Edecio Brito Adrián, Ronna Risquez, Juan Francisco Alonso y Maru Morales

Ginebra. Este martes 1° de noviembre, el Estado venezolano será evaluado en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismo que revisa el cumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos con los derechos fundamentales de los Estados miembros.

En su primer ciclo del EPU, Venezuela recibió 148 recomendaciones en 29 temas. De estas, aceptó 97 y anotó 51. Además, suscribió nueve compromisos voluntarios que incluyeron actualizar los exámenes pendientes de cinco Tratados, los cuales se efectuaron entre los años 2013-2015. De sus observaciones finales resultaron 159 recomendaciones de carácter vinculante, en virtud de sus disposiciones.

En esta oportunidad, 103 países participarán en la sesión de evaluación, y al menos 10 Estados han adelantado las preguntas que recibirá la delegación que encabezará la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y en los que figuran, entre otros, la ministra de para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas; la ministra de la Mujer, Blanca Eekhout; la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Francia Coello; son otras de las funcionarias que figuran en la comitiva integrada por 19 personas, diez de ellas mujeres.

Las preguntas

Gran parte de los cuestionamientos se fundamentan en la actuación del Estado venezolano –entre otros aspectos- en materia de libertad de expresión, uso excesivo de la fuerza pública, derecho a la protesta, ejecuciones extrajudiciales, igualdad de género y separación de poderes.

Por ejemplo, Estados Unidos, México, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania hacen énfasis en cómo Venezuela creará un mecanismo propicio para tener acceso a la información pública, evitar el acoso e intimidación de periodistas y representantes de la prensa independiente con investigaciones administrativas y penales, basados ​​en acusaciones de desestabilización.

Otro tema que saldrá este martes en la sesión de este martes será la independencia de poderes y la cuestionada subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, y el uso de las instituciones del Estado para perseguir a los opositores y disidentes del Gobierno. Estados Unidos, Alemania y la República Checa harán foco en este aspecto.

La escasez de alimentos y medicinas no escapará de la sesión de diálogo interactivo. Las preguntas –otro país que se suma a esta petición es Suecia- apuntan a qué hará el Estado venezolano para mejorar la oferta nacional de ambos rubros y asegurar la plena aplicación de las recomendaciones que en 2015 realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La emisión de la invitación al país de los relatores especiales sigue siendo materia pendiente para Venezuela. Estados Unidos, Suecia, Bélgica y Países Bajos coinciden en la pregunta, tanto en libertad de expresión como en tortura.

Alemania, concretamente, se interesa por la actuación de los cuerpos de seguridad y de orden público y pregunta qué medidas prevé el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, y usan como argumento lo sucedido durante las protestas de 2014 y la puesta en práctica de la llamada «Operación de Liberación del Pueblo» (OLP).  Esto parte de la premisa de que Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, aspecto que también tomaron en cuenta Bélgica, Suecia y Estados Unidos.

 

 

 

Los legisladores que redactaron la Constitución de 1999 –entre quienes se encontraba Nicolás Maduro, por cierto- nunca imaginaron que en Venezuela iba a haber un choque de poderes como el que hoy vivimos. Tal vez porque en aquel momento no habían considerado radicalizarse como después lo hicieron, siguiendo las órdenes de los hermanos Castro. Por desgracia, una receta que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. La consecuencia es que no previeron qué debería hacerse si un poder se enfrentaba con otro, como es el caso de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

 

Lo que sí me queda claro es que la Asamblea Nacional, como órgano representativo del pueblo, no puede ser anulada, destituida, apabullada ni cayapeada por la Sala Constitucional del TSJ. Siete magistrados nombrados por la antigua AN de manera espuria, no pueden ni deben tener más poder que la Asamblea electa por el pueblo. Cualquier tribunal internacional fallaría a favor de los diputados de la MUD. Y si vamos a cifras, como pareciera que le gusta a la canciller, 69,83% que obtuvo la MUD es mucho más que 32,93% del PSUV. Por cierto, a la señora Rodríguez se le olvida cada vez que habla de los votos que sacó Nicolás Maduro en 2014 para compararlos con los de Henry Ramos Allup (comparación por demás injusta porque es una votación nacional versus la de un circuito), que no sólo fue Ramos: los legisladores de la MUD juntos obtuvieron más votos que Maduro.  ¿Y entonces?… ¿Legitima o deslegitima?… ¿Quién es más “auténtico” representante del pueblo?… Las anteriores no son preguntas ni consideraciones que deberían darse en una democracia. Aún, así estamos…

 

Pero el tema es el choque de poderes. Nos encontramos en una situación similar a lo que en Teoría de Juegos se llama el Juego de la Gallina (Chicken Game): dos carros se dirigen uno en dirección al otro a toda velocidad y el que primero que gire para evitar la colisión se considera un cobarde (gallina) y es humillado por ello. Me imagino que en la vida real lo habrán jugado algunos que otros adolescentes intoxicados, pero en el cine ha sido tema de varias películas, como en “Rebelde sin causa”, donde los carros se dirigían a un acantilado a toda velocidad. Es un juego sin ganadores y lo mejor sería no jugarlo. ¿Cuál es la solución?…

 

Ninguno de los escenarios es fácil. Si el TSJ, por ejemplo, decidiera eliminar a la AN por cualquier razón sacada de un sombrero de prestidigitador, habría que convocar a nuevas elecciones legislativas y no me queda duda de que el PSUV estaría perdido: la MUD le ganaría con mucho más margen y a pesar del CNE. Entonces eso no lo harán. ¿Se atreverán a disolver la AN con lo que internacionalmente implicaría un acto como ése?

 

Otra solución sería enmendar la Constitución y que los magistrados fueran electos por voto popular. De esa manera podrían elegirse personas idóneas, que no respondieran a ninguna parcialidad política. Y para mí ése sería el escenario ideal. Así no habría oportunidad de incluir magistrados que en vez de currículos tengan prontuarios, o títulos falsos, o simplemente, cuyas trayectorias no respalden el honor que significa profesionalmente pertenecer al máximo tribunal de justicia de un país.

 

El hecho es que el juego está trancado, como escribió César Miguel Rondón en uno de sus recientes y lúcidos editoriales. Los poderes fueron creados para balancearse, no para chocar. Y a quienes se saben perdidos no les importa sacrificar lo que sea. Ya lo estamos viviendo: quien pierde es Venezuela.

 

@cjaimesb

 

Cabello: No habrá diálogo porque no se realizará el revocatorio

El primer vicepresidente del Partido Socialismo Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró que no habrá diálogo porque «no hay manera de que haya referendo revocatorio ni este año, ni en el 2017».

 

«No aceptaremos chantaje, si ustedes dicen que no habrá diálogo sin revocatorio, pues no habrá ni lo uno, ni lo otro»

El diputado encabeza este martes una movilización en apoyo a la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro en el estado Trujillo.

 

En este sentido, aseveró que desde la Asamblea Nacional los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conspiran para sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia.

 

“Atacan a nuestro pueblo porque hace 117 años decidió ser libre, soberano e independiente, si fuésemos sumisos al imperio no nos atacarían, pero no llegamos aquí a rendirle pleitesía al imperio (…) nosotros no nos quedamos en nuestras casas salimos a defender nuestra patria”.

Cabello, instó a sus seguidores a seguir los consejos del fallecido presidente Hugo Chávez. «No se rindan, vamos a la batalla a defender la revolución».

 

“Si quieren calle, vayan a la calle, para que nos consigan (…) Si cometen la locura que alugnos van a tomar las armas contra la República, tengan la certeza que también tomaremos las armas, no nos dejaremos», concluyó.  (Globovisión)

 

Álvarez: En Venezuela hace falta un proceso de convivencia de poderes

Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Venezuela en dicho organismo, Bernardo Álvarez, indicó este martes que en el país “el dialogo es la única solución posible para atender los problemas (…) Los actores tiene que hacer que ese diálogo sea posible”.

Criticó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “no impulse la idea del diálogo y se haya aliado a sectores muy radicales de la oposición venezolana que están en contra del diálogo. Es una irresponsabilidad política”.

 

“El señor Almagro tiene una histeria en el tratamiento del caso de Venezuela”, opinó Álvarez en el programa Vladimir a la 1 de Globovisión. “La Carta Democrática no está activada como él lo dice. En el Consejo Permanente de la OEA se presentó el informe de Almagro sobre Venezuela, donde solo se escuchó y se tomó nota. No se concluyó nada”, agregó.

 

Asimismo, aseguró que la OEA ha tenido una participación como corresponde en apoyar un diálogo en Venezuela. “Hay que darle tiempo al diálogo para que comience”. (El Universal)

 

Borges: Invitación formal al Vaticano debe hacerla el Gobierno

El jefe de la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvo que efectivamente el Vaticano no ha sido invitado formalmente como mediador de un posible diálogo y señaló que la convocatoria debe hacerla el Gobierno Nacional.

 

Entrevistado en el Parlamento, antes de comenzar la sesión de este martes, el dirigente de Primero Justicia señaló que han conversado con los expresidentes José Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, así como con Ernesto Samper sobre la inclusión del Vaticano en el proceso de conversación entre el Gobierno y la oposición.

 

Borges también indicó que el diálogo debe darse en el marco de la Constitución. A su juicio, éste es necesario, pero con respeto a las leyes y a los demás.

 

Amazonas y marchas. Por otra parte, Borges informo que este jueves 28 de julio se reincorporarán los diputados del estado Amazonas a la Asamblea Nacional.

 

La cuenta oficial en Twitter de la AN difundió la información. “La decisión tomada es que el jueves se incorporen los diputados de Amazonas”, destacó Borges. (Últimas Noticias)

 

Vicepresidente Istúriz anunció otro posible aumento de sueldo

El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró este martes que el Ejecutivo nacional podría anunciar un nuevo incremento de salario adicional a los dos que ya se han decretado este año.

 

“Tenemos que ir actualizando el salario y ajustándolo en la medida en que vayamos siendo golpeados por la inflación (…) Hemos tenido dos aumentos de salario en el año, y nadie se sorprenda si viene otro, podría ocurrir. Podría venir lo que significa el bono alimentario, dos veces el bono alimentario se ha aumentado y el salario. Desde el punto de vista tributario se exceptuó al que gana hasta 50 mil bolívares, eso dejó que nos ingresaran más de 37 mil millones de bolívares, pero ahí estamos”, recalcó.

 

Durante el consejo de economía que se realiza cada martes, Istúriz insistió en que debe mantenerse una dualidad cambiaria, y descartó la unificación por el momento.

 

“El nuevo régimen cambiario ha sido muy discutido, porque hay gente que cree que debemos tener un solo cambio, nosotros sostenemos que tenemos que tener, por ahora, un dólar protegido para abordar el problema de la alimentación y el problema de los medicamentos, y tener un dólar flotante. Claro, lo que nos ha dificultado más es la falta de divisas, porque si nosotros incluyéramos al mercado unas cuantas divisas, por supuesto que estaríamos en mejores condiciones de golpear al dólar paralelo, esa es la verdad, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, no con lo que deseamos”, subrayó. (El Mundo)

 

Arriban al país 530 toneladas de alimento para camarones

Este martes llegaron al Puerto de Maracaibo 530 toneladas de alimento balanceado para camarones. El ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario junto al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hicieron el anuncio a través de un pase por Venezolana de Televisión.

 

“Todos los sacos de alimento contienen 25 kilos cada uno”, apuntó el ministro de Pesca y Acuicultura, al tiempo que señaló que este arribo de alimentos para camarones se da “en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano”.

 

Belisario mencionó que se está reimpulsando la capacidad camaronera para que «Venezuela vuelva a entrar en los mercados asiáticos, europeos y de todo el mundo”, para obtener un importante ingreso de divisas.

 

Por su parte, Arias Cárdenas explicó que el Puerto se está reactivando. “Tenemos esta buena noticia, esta alianza con el sector productivo, para exportar y traer divisas al Zulia”, aseguró. De igual forma, indicó que estos son logros gracias al convenio de las empresas privadas junto al gobierno nacional.  (El Mundo)

 

Mintur autoriza a prestadores de servicios turísticos el cobro en dólares

El Ministerio para el Turismo ya hizo oficiales las normas que los prestadores de servicios turísticos deberán seguir para esta temporada vacacional, bajo  la resolución 019 en la Gaceta Oficial publicada el  22 de julio de 2016, en la que se les permitirá cobrar en dólares a los turistas extranjeros.

 

El reglamento establece el trámite y los deberes que tendrán que cumplir los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, agencias de viajes  y transporte turístico.

 

El documento también reza que los prestadores deben tener actualizado su Registro Turístico Nacional, licencia de Turismo vigente o credencial provisional, para poder ejercer su actividad de forma legal e igualmente estar solvente con la contribución de pago Especial de Turismo.

 

Por otro lado, se hace oficial la creación de el «Patrón Nacional de Prestadores Turísticos para realizar operaciones en divisas», que incluye los siguientes operadores:

 

 

Prestadores de servicios de alojamiento de mínimo 4 estrellas.

Prestadores de servicios de alojamiento que estén ubicados en sitios de interés turísticos debidamente declaradas.

Prestadores de servicios de alojamiento, independientemente de su categorización y ubicación.

Prestadores de servicios de transporte turístico.

Red de hoteles Venetur

Agencias de viajes y turismos que facturen y cobren en divisas a turistas receptivos.  (El Nacional)

 

Exigieron distribución de alimentos en Monagas

Habitantes del sector Simón Bolívar, ubicado en la parroquia San Vicente de Maturín, cerraron la vía ayer lunes para exigir suministro de alimentos.

 

Alberto Véliz, uno de los más de doscientos residentes del lugar, explicó que los vecinos tomaron la medida por cuanto se ven afectados por la situación que cada día se agudiza más. «Decidimos tomar las calles porque es la única forma que nos tomen en cuenta. Llevamos tres meses esperando el Clap y no podemos seguir así. Nuestros niños se están desnutriendo», expresó.

 

Señalaron que la bolsa de los Clap, la están esperando desde hace tres meses, beneficio que lamentablemente no les ha llegado. Además, señalaron que cuando por casualidad consiguen alguno de los rubros que están desaparecidos, se encuentran extremadamente costosos, inalcanzables para sus bolsillos.

 

La Guardia Nacional y la Policía del estado Monagas intentaron mediar con los protestantes que trancaron la vía a las 6:00 de la mañana, sin embargo, hasta después de las diez de la mañana, todavía se negaban a remover los palos, cauchos y otros objetos que fueron colocados  para impedir el paso de los vehículos.  «La escasez nos tiene asfixiados», agregó Héctor Brito. (El Universal)

 

Presentada en la Corte Penal Internacional la sistematización de la tortura en Venezuela

La Directora Ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció en la Corte Penal Internacional la sistematización de las Torturas en Venezuela de los ultimos 14 años.

 

La intención fue demostrar que la Tortura, así como los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes son y han sido, política de Estado, para intimidar y para castigar a opositores y manifestantes en general, para obtener confesión e incriminar a personas, partidos políticos y líderes de la sociedad civil o realizarlas como castigos ejemplarizantes que sirven para reprimir la acción de los ciudadanos.

 

Los Organismos de Seguridad han, no solo sistematizado las Torturas y Tratos Crueles sino que las han sofisticado para supuestamente y según los mismos funcionarios que la practican “no dejar huellas”. Los métodos que todos han copiado son por ejemplo golpes y puntapies en todo el cuerpo, uso de schok eléctricos, asfixia con bolsas plásticas que incluso están impregnadas de gases tóxicos, torturas sexuales como desnudamientos, intentos de violación, amenazas de violación, amenazas de muerte, posiciones inhumanas por largos periodos de tiempo, aislamiento, disparos a quema ropa con perdigones para causar más daño fisico a la victima entre otras.

 

El Sebin, el CICPC, la DGCIM, la PNB y la FANB (GN y Ejército) tienen el mayor numero de casos. Luego están algunas policías regionales y custodios de las cárceles comunes en los distintos estados del país. (La Patilla)

 

Paraguay no participará en reunión del Mercosur el sábado

Paraguay  endureció este martes su posición contra Venezuela anunciando que no participará el próximo sábado en Montevideo de la reunión Grupo Mercado Común, del Mercosur. El gobierno de Paraguay criticó el hecho de que Uruguay resolvió, aparentemente, entregar la presidencia temporal del bloque aduanero regional, argumentando que Venezuela está sumida en una crisis política, económica y social.

“Queremos que Venezuela encuentre la vía más conveniente para la solución a los problemas internos; no queremos inmiscuirnos, pero sí creemos y estamos convencidos de la existencia de principios y valores democráticos que todos debemos respetar”, dijo el canciller Eladio Loizaga en conferencia de prensa.

Loizaga agregó: “Uruguay debería continuar ejerciendo la presidencia temporal hasta que Venezuela cambie su situación”.

Los miembros plenos del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

(El Nacional)

 

Cuando se cumplirán 2 años de los primeros tres asesinatos del grupo de 43 personas que perdieron la vida en el contexto de manifestaciones durante el año 2014, la ausencia de justicia, en la gran mayoría de los casos, refleja las dificultades de la justicia en el país, que en la práctica ocasionan la existencia de una impunidad estructural en Venezuela. Se habla de la existencia de impunidad estructural cuando la actuación, de los diferentes órganos del sistema de administración de justicia, de manera articulada o no, genera en un alto porcentaje la no sanción de los delitos y violaciones de derechos humanos.

Al revisar los sitios web, tanto del Ministerio Público como del Tribunal Supremo de Justicia, se constata que la mayoría de los casos se encuentran en fase de investigación y juicio. Si bien algunos de los presuntos responsables se encuentran privados de libertad, la ausencia de sentencias definitivamente firmes  en casi todos los casos, nos obliga a afirmar la carencia de justicia, lo cual favorece que hechos similares puedan repetirse.

Por otra parte, el Informe de Gestión Anual 2015, presentado recientemente por el Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, no informa sobre el adelanto del conjunto de los casos reportados, contabilizados en 43 víctimas por la propia Fiscalía, 32 de ellos civiles y 10 funcionarios policiales y militares. Esta opacidad en el acceso a la información forma parte del conjunto de situaciones que promueven impunidad en el país.

Si bien todos los delitos y violaciones de derechos humanos deben ser sancionados, estableciendo diferentes mecanismos de reparación a las víctimas, la conmoción nacional generada por las 43 personas que perdieron la vida en el contexto de la conflictividad iniciada a comienzos de febrero de 2014 debió haber motivado un especial interés de las autoridades por resolver todos y cada uno de los casos, sin discriminación alguna, garantizando el debido proceso para las personas imputadas.

En su momento diferentes altos funcionarios, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, adelantaron públicamente responsabilidades por los hechos, violando los principios de no intervención en el Poder Judicial y presunción de inocencia que forman parte del derecho humano a la justicia. La propia Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, en una comunicación enviada a Amnistía Internacional en febrero de 2015 afirmaba que las protestas eran motivadas por “planes políticos injerencistas” y que las personas muertas y lesionadas eran producto de acciones violentas con fines políticos, lo cual evidenciada la ausencia de independencia del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones con imparcialidad, transparencia y autonomía.

La impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos es utilizada por el Ejecutivo Nacional como herramienta propagandística para la criminalización de la crítica a su gestión. Omitiendo su responsabilidad de impartir justicia y sancionar  a los responsables, los esfuerzos oficiales se han canalizado en intentar capitalizar políticamente los crímenes, incluyendo aquellos donde se han señalado a funcionarios policiales y militares como responsables. A pesar que el informe presentado por el propio Ministerio Público en febrero de 2015, que no es de acceso público y al cual sólo accedieron los medios de comunicación, afirma que en un caso, el del obrero Elvis Rafael Durán De La Rosa (29), falleció producto de politraumatismos tras impactar contra un alambre colocado en la Avenida Rómulo Gallegos de Caracas, diferentes voceros del Ejecutivo Nacional y el Sistema Nacional de Medios Públicos afirman insistentemente la existencia de asesinados por “degollamiento” durante las protestas. Otros lamentables hechos de conmoción también se mantienen sin resolver con objetivos similares, como por ejemplo las muertes ocurridas durante los hechos del Golpe de Estado de 2002 o el asesinato del Fiscal Danilo Anderson o sucesos más antiguos como el Caracazo. Este uso propagandístico de la impunidad, por quien debería garantizar el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, es inaceptable en una sociedad democrática.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la pobreza, constituyen las violaciones de derechos humanos más preocupantes del país y agudizan otras problemáticas, como la violencia e inseguridad ciudadana. El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia afecta especialmente a los sectores más vulnerables del país, quienes no tienen la capacidad económica o el acceso a los medios de comunicación para hacer frente al abuso de poder cometido por funcionarios policiales, cuerpos de investigación, fiscales, tribunales y centros penitenciarios del país. Cualquier proyecto de fortalecimiento de las instituciones democráticas del país pasa, necesariamente, por una profunda reestructuración de las condiciones en que los ciudadanos acceden a su derecho humano a la justicia.

Ante un nuevo aniversario se repetirán los discursos oficiales sobre la voluntad de hacer justicia. Sin embargo, los familiares de las víctimas –del 2004, del 2002, del Caracazo o de La Masacre del Amparo- y el país siguen esperando que se sancione a los responsables materiales e intelectuales.

 

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz se refirió a las declaraciones de la diputada Delsa Solórzano, en la que aseguró que el informe es perfectamente congruente y coherente y de fácil lectura para cualquier persona “cualquier especulación, indudablemente tiene una mala intención de mal informar al país”.

En ese sentido, insistió que la Máxima Representante del Ministerio Público no puede ser interpelada, pues eso violaría la independencia de los poderes, “no obstante, yo estaría dispuesta a conversar y analizar el informe con quien sea” puntualizó.

Asimismo señaló que la cifra oficial de homicidios que presentó ante la Asamblea Nacional responde a un método científico regido por estándares internacionales como el protocolo de Bogotá, que establece que no se incorporan los homicidios culposos, es decir, aquellos en los que no existía intención de cometer el delito.

En declaraciones a Venevisión Ortega Díaz reiteró que tampoco se pueden incluir en los indices los homicidios frustrados por ello recalcó que la cifra oficial de homicidios ocurridos en el país durante 2015 es 17.778.