La libertad de expresión, independencia de poderes, escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad y tortura, aparecen, entre otros temas, en la lista de preguntas que recibirán los representantes del Estado venezolano en el Examen Periódico Universal

Edecio Brito Adrián, Ronna Risquez, Juan Francisco Alonso y Maru Morales

Ginebra. Este martes 1° de noviembre, el Estado venezolano será evaluado en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismo que revisa el cumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos con los derechos fundamentales de los Estados miembros.

En su primer ciclo del EPU, Venezuela recibió 148 recomendaciones en 29 temas. De estas, aceptó 97 y anotó 51. Además, suscribió nueve compromisos voluntarios que incluyeron actualizar los exámenes pendientes de cinco Tratados, los cuales se efectuaron entre los años 2013-2015. De sus observaciones finales resultaron 159 recomendaciones de carácter vinculante, en virtud de sus disposiciones.

En esta oportunidad, 103 países participarán en la sesión de evaluación, y al menos 10 Estados han adelantado las preguntas que recibirá la delegación que encabezará la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y en los que figuran, entre otros, la ministra de para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas; la ministra de la Mujer, Blanca Eekhout; la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Francia Coello; son otras de las funcionarias que figuran en la comitiva integrada por 19 personas, diez de ellas mujeres.

Las preguntas

Gran parte de los cuestionamientos se fundamentan en la actuación del Estado venezolano –entre otros aspectos- en materia de libertad de expresión, uso excesivo de la fuerza pública, derecho a la protesta, ejecuciones extrajudiciales, igualdad de género y separación de poderes.

Por ejemplo, Estados Unidos, México, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania hacen énfasis en cómo Venezuela creará un mecanismo propicio para tener acceso a la información pública, evitar el acoso e intimidación de periodistas y representantes de la prensa independiente con investigaciones administrativas y penales, basados ​​en acusaciones de desestabilización.

Otro tema que saldrá este martes en la sesión de este martes será la independencia de poderes y la cuestionada subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, y el uso de las instituciones del Estado para perseguir a los opositores y disidentes del Gobierno. Estados Unidos, Alemania y la República Checa harán foco en este aspecto.

La escasez de alimentos y medicinas no escapará de la sesión de diálogo interactivo. Las preguntas –otro país que se suma a esta petición es Suecia- apuntan a qué hará el Estado venezolano para mejorar la oferta nacional de ambos rubros y asegurar la plena aplicación de las recomendaciones que en 2015 realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La emisión de la invitación al país de los relatores especiales sigue siendo materia pendiente para Venezuela. Estados Unidos, Suecia, Bélgica y Países Bajos coinciden en la pregunta, tanto en libertad de expresión como en tortura.

Alemania, concretamente, se interesa por la actuación de los cuerpos de seguridad y de orden público y pregunta qué medidas prevé el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, y usan como argumento lo sucedido durante las protestas de 2014 y la puesta en práctica de la llamada «Operación de Liberación del Pueblo» (OLP).  Esto parte de la premisa de que Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, aspecto que también tomaron en cuenta Bélgica, Suecia y Estados Unidos.