“Usted se está comportando más como ministro del gobierno de España que como canciller de Europa”, le soltó un eurodiputado a Josep Borrell en la sesión plenaria del Parlamento Europeo que discutió hoy en Estrasburgo, Francia, cuestiones que a la postre pondrían en duda las fortalezas de la Unión Europea (UE) en materia de seguridad (la solidez y completitud de sus propias normas).
Antes de la sesión, ese mismo eurodiputado, el español Jordi Cañas, del partido Ciudadanos, le había hecho tres preguntas muy pertinentes al Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE:
1 – ¿Va a llevar a cabo una investigación sobre la posible violación del régimen de sanciones de la Unión Europea?
2 – ¿Por qué la Comisión Europea deja en manos de la parte interesada dirimir si hubo violación del régimen de sanciones?
3 – ¿Qué amonestación tiene previsto tomar el Alto Representante contra el Gobierno de España por no haber asegurado el cumplimiento de las sanciones internacionales que pesan sobre Delcy Rodríguez?
El Parlamento había discutido con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el informe anual de la institución financiera. Al término de ese debate, muchos parlamentarios abandonaron el hemiciclo. Y comenzó lo que podría ser considerado una desigual prueba de fuerzas entre españoles y no una discusión de fondo que interesara a los otros 26 países de la Unión. Othmar Karas, del Partido Popular de Austria, dirigía el debate, con un mazo en la mano derecha para no permitir ningún exceso verbal y un cronómetro en la izquierda para punir cualquier desorden temporal. En el derecho de palabra estaban anotados quince oradores, de los cuales 12 eran españoles, una checa, un portugués y un irlandés.
Entró al ruedo Josep Borrell, el canciller europeo. Intervendría en la apertura y en el cierre de ese debate y de otro que se realizaría poco después, relacionado con la guerra en Siria y los recientes planes de paz de Estados Unidos para Israel y Palestina, así como una nueva estrategia para las relaciones de la UE con África. Para ambos, Borrell contaba con varios asesores y fajos de documentos que bullían en su atril. El caso “Delcy-Ábalos-España-Europa” al parecer lo tenía resuelto de antemano. Como canciller de Pedro Sánchez, en su etapa de presidente de gobierno en funciones, participó en diversas interpelaciones parlamentarias sobre el caso “Venezuela”.
Ha sido miembro del Congreso de los Diputados durante 18 años consecutivos, y sabe muy bien cómo son las transiciones hacia la democracia desde que se inscribió en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1975, año de la muerte del dictador Francisco Franco. Ha sido presidente de ese Parlamento Europeo con el que ahora le toca lidiar. Y conoce de vista o trato a los 12 eurodiputados españoles que se proponen bombardearle, unos, y auparle, otros.
Lo sorprendente a estas horas en el hemiciclo es que a pesar de haber logrado colar por escaso margen, a última hora, el tema “Venezuela-España” en el orden del día, los partidos PP, Ciudadanos y Vox (“la derecha española”) solo contaban con cuatro voceros, mientras que los factores que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez formaban una batería de 8 vociferantes. Por ello, quizá Borrell estaba tranquilo, aunque una hora después luciría despeinado y excesivamente jaquetón.
En la apertura del debate, razonó así:
-Las competencias de la Comisión Europea (CE) se limitan al monitoreo y seguimiento de las medidas adoptadas en su seno. Esas normas se pueden discutir, pero (modificarlas) implicaría un cambio en los tratados (fundamentales de la propia Unión Europea). En estos momentos la situación es clara. La CE no puede incoar ningún procedimiento en lo que hace a una supuesta violación de la prohibición de viajes. Esta es una decisión de la CE que no cae en la jurisdicción del derecho comunitario. Por lo tanto, la CE no desempeña ningún papel en la aplicación (de las sanciones) y no puede incoar ningún procedimiento. (Lo digo) para estar claros.
El tema de la levitación de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y las contradicciones del ministro de Transportes José Luis Ábalos al recibirla, conversar con ella en el propio avión, evitar que la detuvieran, volver a la charla en la sala VIP de la terminal y quizá permitir que también hablara por teléfono con el presidente Sánchez, poco antes de que Juan Guaidó plenara la Puerta del Sol el sábado 25 de enero sin pasar antes por Moncloa, continuaba abotagando el cotarro político español.
De la defensiva, el gobierno había pasado al bloqueo en las cortes, en aplicación de su mayoría parlamentaria. En la reunión de hoy de la junta de portavoces del Congreso de los Diputados, la coalición formada por el PSOE, Podemos, Partido Nacionalista Vasco y los separatistas CUP y Bildu rechazaron la creación de una comisión de investigación del caso, propuesta por el PP y Ciudadanos.
En Estrasburgo, una vez que Borrell asumió sin pestañear las normas (es responsabilidad de los estados miembros de la UE aplicar las sanciones), la discusión se centró en si ese era un debate español o un debate europeo, si se trataba de beneficiar al pueblo venezolano o de hacerle daño al gobierno de España, de si la derecha estaba haciendo o no el ridículo, si se estaba contribuyendo al descrédito de España ante el resto de Europa. La socialista Mónica González llegó a decir: “aquí no hay caso. Delcy Rodríguez ni pisó suelo español ni cruzó el control de pasaportes”. Borrell no atendía lo que unos y otros decían. Mientras intervenían, firmaba papeles y recibía visitas como si estuviera en su despacho.
El irlandés Mick Wallace, del Grupo Izquierda Unitaria, calificó a Guaidó de “engorro” para Europa. Joao Ferreira, del Partido Comunista de Portugal, señaló que esa discusión exponía a la UE al ridículo internacional. Ernest Urtasum, de Cataluña en Común, recalcó que los mismos del Grupo Popular que aprobaron la realización del debate “ni siquiera han venido por aquí”. Los voceros del PP, Cs y Vox exhibían absoluta falta de munición. Y perdieron.
El venezolano Leopoldo López Gil (PP) no se excedió del minuto permitido ni se hizo acreedor de reprimendas de parte del severo director de debates: “Pedimos al Consejo que investigue a fondo este asunto mediante la formación ´Sanciones´ del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX) e informe oportunamente a esta Cámara. Ciertamente nadie está por encima de la ley, tampoco los estados, ni sus gobernantes.”
Ya Borrell está preparado para el estoque. Le toca cerrar. Repite lo conceptual: la vigilancia de las normas le corresponde a los estados. Entonces se relaja un poco, ve fijamente la banca de los preguntones, sonríe, apoya el codo izquierdo en el atril de los interpelados, entrelaza las manos y vuelve a mirar hacia el tendido. “Para un ciudadano normal, esto le debería sorprender, pero a un eurodiputado, no. La Comisión Europea no tiene ningún papel en el control de la situación. No es una Union Law”.
Se detiene, sonríe de nuevo, baja un tanto la testa y sus mechones blancos se le notan dispersos y alborotados, levanta la mirada y parece enfocar a Dolores Monserrat (PP) o a Hermann Tertsch (Vox): “Ustedes son eurodiputados, ¿no? Ustedes deben saber eso. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? Me parece que deberían estudiar un poco más, porque esto no les debería sorprender. ¿Dónde está el fallo lógico de mi argumento? Y si yo no tengo fallo lógico, lo tienen ustedes”.
Inmediatamente Borrell recoge sus papeles, los asistentes le abren paso, e inicia un nuevo debate.
En Caracas, una vez franqueado el control del aeropuerto de Maiquetía, bajo el acoso de un centenar de enfurecidos chavistas que han ido expresamente a agredirlo, Juan Guaidó, ya en la Plaza Bolívar de Chacao, en sus primeras palabras luego de 23 días fuera del país, cuenta que en Bruselas se ha reunido con Josep Borrell y que habían acordado unificar las sanciones que contra los chavistas han sido adoptadas en Europa y en el resto del mundo.
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