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Más de 100 organizaciones exigen libertad de sindicalistas y trabajadores humanitarios detenidos
Las organizaciones exigieron al Estado venezolano la libertad plena e inmediata de los trabajadores humanitarios Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Javier Tarazona 

 

Más de 100 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil exigieron la liberación de los sindicalistas y trabajadores humanitarios detenidos en días recientes por el régimen de Nicolás Maduro. 

Mediante un comunicado, las organizaciones miembros de la Alianza para la Defensa de los DDHH laborales en Venezuela, condenaron las detenciones arbitrarias ejecutadas en contra de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo y Yeny Pérez.

El comunicado señaló que en Venezuela se han documentado «innumerables casos de violaciones a los derechos laborales» como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios, prohibición de ingreso a las entidades de trabajo, lo que se traduce en una política gubernamental aplicada para neutralizar a la disidencia trabajadora.

Las organizaciones exigieron al Estado venezolano la libertad plena e inmediata tanto de los dirigentes sindicales y defensores de DDHH Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo, así como también la de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.

Además, que cese toda forma de hostigamiento y persecución en contra de los trabajadores, líderes sindicales, defensores de DDHH en Venezuela, contra el partido político Bandera Roja o cualquier otra agrupación política opositora.

Por último, instaron al respeto a la libertad sindical y al ejercicio de la defensa de los DDHH en Venezuela.

¿Quiénes son los activistas detenidos?

Alcides Bracho es un profesor de química artista y activista sindical del sector universitario, a quien vinculan a hechos que no se corresponden con su conducta. 

Gabriel Blanco es un activista sindical de la ciudad de Caracas, que en la actualidad se desempeña como trabajador humanitario y defensor de DDHH.

Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez y Néstor Astudillo son militantes del partido político Bandera Roja, pero en reiteradas ocasiones han ejercido el activismo sindical en los estados Guárico y Falcón.

Jesús Manuel Berbesí militante del partido Bandera Roja en el estado Táchira, a quien se inició una persecución el sábado 9 de julio en horas de la mañana, como parte del patrón represivo contra ese partido político.

Emilio Negrín es defensor de DDHH, sindicalista y Presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, es el segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los DDHH Laborales en Venezuela que fue detenido de manera arbitraria por defender derechos. 

Javier Tarazona es profesor universitario y activista especializado en educación, además es director de la organización de derechos humanos Fundaredes. Se encuentra detenido desde el pasado 2 de julio de 2021.

Puede leer el comunicado completo AQUÍ

El proyecto MonitorDesca certificó a más de 120 líderes emergentes en DDHH
Representantes de organizaciones de la sociedad civil tales como 1001 Ideas para mi país, Cecodap, Método WOM y Caleidoscopio Humano recibieron credenciales como líderes emergentes

La A.C. Consorcio, Desarrollo y Justicia, la Plataforma Nacional Gritemos con Brio y la A.C. EmpoderameVE, en el marco del proyecto #MonitorDescaVE, llevaron a cabo la graduación del programa formativo en documentación de Derechos Humanos, en las instalaciones del Hotel Lidotel, espacio en el que se otorgaron las credenciales a más de 120 nuevos líderes emergentes provenientes de 12 estados del país.

Para dar apertura al evento, realizado este 17 de agosto de 2021, se contó con la participación de la politóloga Karillyan García, coordinadora ejecutiva de Monitor Desca, quien habló de los desafíos que se enfrentan para documentar violaciones a los derechos humanos, en un contexto de persecución, hostigamiento y anulación de quienes se dedican a esta loable y necesaria labor.

De igual forma, se contó con la disertación del Abg. Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos UCAB, en el conversatorio “Sin documentación, no hay defensa posible”, en la que destacó la relevancia del trabajo de los defensores en Derechos Humanos en entornos restrictivos, para la efectiva visibilización de la situación de grupos vulnerables.

“Es impresionante ver como tantos jóvenes se están interesando por lo que pasa en el país. No se están quedando como agentes ajenos a esta situación, sino que desde la proactividad y el compromiso compartido de construir una mejor Venezuela, se han formado para documentar las vulneraciones en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, expresó Trujillo.

Destacadas personalidades como la abogada Ana María Diez, el abogado Carlos Trapani, la licenciada Victoria Romero, la licenciada Gabriela Buada y organizaciones de la sociedad civil como 1001 Ideas para Mi País, A.C. CECODAP, Método WOM, Caleidoscopio Humano, entre otros, estuvieron presentes en la actividad.

Para cerrar la ceremonia, se realizó la presentación musical de la oboísta Virginia Moreno y el cuatrista Isidro Landaeta, quienes interpretaron un repertorio que resaltó la cultura venezolana como una oportunidad para destacar lo afirmativo del país.

Monitor Desca VE

La iniciativa MonitorDescaVE es un proyecto que brinda espacios formativos en la documentación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con el propósito de proveer herramientas y estrategias a líderes emergentes para la defensa de los derechos humanos con incidencia nacional e internacional de manera pacífica y democrática.

157% han aumentado las agresiones contra personas y organizaciones defensoras de DDHH
En dos años se documentaron 338 casos de ataque contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. 
80% de las personas defensoras de DDHH no han podido presentar denuncias o hacer seguimientos de sus casos en el Ministerio Público

Alianza entre organizaciones que se encargan de la protección integral de personas defensoras de derechos humanos presentaron el informe “Enemigos internos: defender derechos humanos en el contexto de la pandemia Covid-19 en Venezuela”, con evidencias sobre el incremento y diversificación de ataques contra quienes han defendido derechos humanos en este periodo pandémico.

“Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, que revisten un carácter tanto cuantitativo como de gravedad en los patrones registrados, habiéndose incrementado las cifras de ataque en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de un 157% con respecto a las cifras de 2019”, se expresa en este documento que reporta las agresiones registradas a lo largo de 2021 en el contexto de los estados de alarma decretados por el Estado venezolano. 

El documento también indica que desde octubre de 2018 a octubre de 2020 se documentaron 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante 2020 el aumento fue exponencial, “en parte porque también se mantuvo la curva ascendente de acciones de exigibilidad de derechos ante la gravedad de la emergencia humanitaria profundizada por las restricciones de los estados de excepción debido a la pandemia”.

Tan solo en el primer semestre de 2020 hubo en promedio 25 protestas diarias (equivalente a un total de 4414 en ese periodo).

“En Venezuela se vive una preocupante escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios, que ha implicado el uso indebido del derecho penal contra personas y organizaciones, en el contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización”, reza el documento.

Señalan como preocupante el impacto de la crisis sanitaria sobre el sistema de justicia y la creación de un andamiaje jurídico restrictivo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. “El 80% de las personas defensoras de derechos humanos encuestadas manifestaron que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”.

Así como la violación de derechos humanos de los integrantes de diferentes ONG, como el caso de Azul Positivo, y el impacto que estas agresiones tiene en la población beneficiaria de la defensa de los derechos humanos”.

Rechazaron la serie de ataques contra medios de comunicación social en el país, lo que contribuye a la reducción significativa del espacio cívico. Entre los que se encuentran Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos.

El documento también da continuidad y actualización del informe presentado a principios de 2020 sobre el seguimiento que dichas organizaciones han realizado en materia de registro de agresiones a personas y organizaciones defensoras.

 

 

 

Organizaciones exigen más pericia sobre informes alimentarios del país
Se refieren al informe sobre los impactos potenciales de la pandemia por COVID-19 sobre la seguridad alimentaria en América Latina, de la FAO

Organizaciones venezolanas de distinta índole manifestaron su preocupación ante los diferentes informes alimentarios del país.

A través de un documento suscrito por 54 organizaciones, consideran que muchos informes no reflejan datos actualizados y ofrecen una visión poco detallada de la crisis que sufre el país.

Las organizaciones aseguran que los informes internacionales más recientes sobre datos alimentarios del país presentan algunas irregularidades.

Además, consideran que esas irregularidades pueden ser contraproducentes para denunciar esta crisis, lo que a su vez es perjudicial para la ayuda que puede optar a recibir la población.

 

Vale acotar que este informe se efectuó a solicitud de la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC.

Al respecto, señala de forma adecuada la crítica situación de inseguridad alimentaria del país, pero luego celebra la «buena práctica» del sistema alimentario CLAP.

De acuerdo con el documento, las organizaciones alertan que destacar los CLAP como una buena práctica resulta paradójico.

En ese contexto, indican que el gobierno de Nicolás Maduro reconoció que hasta un 88% de la población venezolana presenta problemas para adquirir las cajas o bolsas e comida.

 

Asimismo, argumentan que este sistema de distribución de alimentos comete múltiples violaciones al derecho a la alimentación de los venezolanos.

«Estas van, desde la vulneración del derecho a comer por autodeterminación, hasta la de tener que comprarle al Estado una caja de alimentos de la que se desconoce su contenido», agregan.

El documento fue redactado por las siguientes organizaciones:

Observatorio Venezolano de la Salud.

Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Venezuela.

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición.

Capítulo Venezolano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.

Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.

Red Agroalimentaria de Venezuela.

 

Con información de Tal Cual

Así reaccionaron políticos, organizaciones y sociedad civil al ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A PESAR DE LAS NUMEROSAS ACUSACIONES e informes emitidos sobre violación de Derechos Humanos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro obtuvo un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante la noticia, diversas organizaciones, políticos y sociedad civil en general rechazaron que el país forme parte del grupo, pues en Venezuela se han cometido crímenes como torturas y ejecuciones extrajudiciales que quedaron registrados en el informe que presentó Michelle Bachelet en julio de este año. 

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó a través de su cuenta en Twitter que tanto en Venezuela como en Brasil (país que también fue electo) son dos Estados con serios cuestionamientos sobre su desempeño en DDHH. «Bolsonaro y Maduro son expresión del autoritarismo que sigue lesionando las garantías para los DDHH», afirmó. 

El abogado y defensor de Derechos Humanos, Mariano de Alba afirmó que la Elección de Venezuela al Consejo de #DDHH de la ONU por una mayoría de la Asamblea General es un llamado de atención a los países de la región. La diplomacia hay que ejercerla, no bastan comunicados y lo mediático. La tardía candidatura de Costa Rica demuestra improvisación.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma afirmó que :»No me extrañaría que si en la ONU se designa un comité antidroga, incorporen a un representante del Cartel de Cali o de Sinaloa o del Cartel de los soles. Así está el mundo, al revés. Que patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla». 

 

Otras de las reacciones de rechazo a través de Twitter fueron: 

 

 

 

ESTE JUEVES, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS celebrada en Bolivia inició la audiencia exponiendo la situación de derechos humanos en Venezuela en la que participaron al menos 9 organizaciones.

La conferencia inició con la intervención de Espacio Público, quienes informaron que 2018 fue el segundo año con mayores violaciones a la libertad de expresión en 17 años.

La representante de Espacio Público, Marysabel Rodríguez explicó que la principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google, los días de protestas contra Maduro. De igual manera, denunciaron que esta semana la página voluntariosxvenezuela propuesta por la Asamblea Nacional para registrar a las personas que apoyarán la distribución de la ayuda humanitaria en el país fue vulnerado por CANTV.

Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión señaló que en los últimos años han habido bloqueos a la Internet y a las redes sociales lo que dificulta la cobertura de los medios de comunicación tanto públicos como privados. «Nos gustaría saber cómo se va a salir de esta situación en Venezuela sin libertad de expresión», señaló.

El abogado y activista por los derechos humanos, Carlos Patiño señaló que de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Provea, 35 personas fueron asesinadas en una semana en el contexto de manifestaciones. “Durante 2018 La FAES habría asesinado a más de 200 personas». indicó.

Por otra parte, Francisco Eguiguren, relator para Venezuela, preguntó si se conoce cuánta población tiene un trabajo estable y gana salario mínimo ya que las personas “huyen de su país es por el hambre y la necesidad». Además, destacó que no toda la ayuda internacional tiene una buena intención pero el pueblo ha sido el más perjudicado en la situación venezolana.

Defiende Venezuela explicó que 25 mil personas mueren anualmente de cáncer en Venezuela y que desde la organización se han presentado 20 medidas cautelares para estas personas. Por otra parte, el representante señaló que «desde 2016 no se ha entregado medicamentos para tratamiento de esclerosis múltiple, sentenciando a estas personas a sillas de ruedas e incluso la muerte», explicó

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia denunció que ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas. «De los 800 hogares encuestados reciben la caja CLAP de forma irregular. Apenas 0.4% reciben de forma regular la caja CLAP (una vez al mes). 37% una o tres veces al año. La frecuencia es inconsistente para satisfacer las necesidades de la población», señaló.

Por su parte, Margarete May Macaulay de la CIDH explicó que junto al representante de la OEA, han solicitado una visita a Venezuela para hablar sobre la situación de la mujer. «Realmente queremos saber cómo podemos dar asistencia sobre esta situación y nunca hemos podido ir, no hemos recibido una respuesta afirmativa. El Gobierno no ha aceptado nuestra solicitud», explicó.

En la conferencia, Eguiguren, expresó que «si hay miles de millones de dólares que no han podido ingresar al Gobierno, yo quisiera saber el porqué han rechazado lo de la ayuda humanitaria si eso tiene que ver con salud y alimentos para el pueblo». Por lo que, Larry Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que desea que cesen los mecanismos de persecución debido a que  se están teniendo cooperación de todas las agencias de las Naciones Unidas. “Solo ayer, 13 de febrero se recibieron 933 toneladas de medicinas en Venezuela», indicó.

Soledad García, relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales señaló que lo fundamental en este momento son los derechos de la gente por lo que indicó que desea tener más información sobre cómo el estado de Venezuela ha usado los presupuestos. «También queremos saber información sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, las milicias y los Clap».

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que las sanciones tienen sobre la población y se preguntó cómo se gestionan los recursos ya que «de las 4 mil escuelas que hacen falta, el año pasado se construyeron solo 30. No hay dinero para el agua potable ni la sanidad en las escuelas», señaló.

En relación con la situación del sector educativo, Excubitus explicó que el «70% de los alumnos no asiste diario a clase. En 60% se ha estimado la deserción escolar, 15% por embarazo temprano. Según encuestas hay más de 1.800.000 niños desescolarizados», indicó.

De igual manera, Aula Abierta Venezuela denuncia que «desde hace varios años ha habido un ataque contra la libertad académica y autonomía universitaria». Esta organización explicó que «El Vic Min dejó claro que la educación superior se rige por el plan de la patria, es decir que cumple con objetivos socialistas. Las milicias universitarias tienen por fin criminalizar la protesta en las universidades», señaló.

Carlos Patiño, abogado y activista por los derechos humanos expresó que «Nicolás Maduro ha demostrado no querer o poder solucionar la crisis venezolana, cuya solución son elecciones libres y creíbles» mientras que Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que el Estado tiene acuerdos de cooperación con diversas agencias y se están haciendo uso de todos los recursos para acceder a los medicamentos que hacen falta.

La audiencia culminó con la intervención de Antonia Urrejola explicando que Venezuela está en un contexto de crisis tanto en la nación como en la región  por lo que ahora es más necesario que nunca que Venezuela siga presente en este organismo. Por otra parte, señaló que “si no podemos ir a Venezuela, de conversar con las distintas organizaciones, es difícil que nos pronunciamos sobre determinadas materias. Así no podemos estar», expresó.

Si quieres saber qué se estará hablando en los próximos días en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ingresa aquí: CIDH

CNE abre proceso de inscripción de organizaciones con fines políticos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió la inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos nacionales, proceso que comprenderá ocho fases, cuyo desarrollo se extenderá hasta el próximo septiembre.

De acuerdo con un aviso publicado por el organismo comicial, este martes se notificó a los promotores de 30 nuevas organizaciones la aprobación de la denominación provisional que tendrán estos partidos.

Entre el 11 y el 26 de julio se deben consignar ante el Poder Electoral la planilla de solicitud de inscripción de cada organización y la nómina de sus militantes, que debe contener las manifestaciones de voluntad equivalentes a 0,5 % del total de electores de al menos 12 estados del país.

Al cerrarse esta fase comenzará el lapso de impugnación, exclusión y verificación de las nóminas de inscritos, que se realizará entre el 27 de julio y el 27 de agosto.

Durante ese período, los electores “podrán verificar si se ha hecho uso de sus nombres sin sus consentimientos e interponer ante el CNE las respectivas impugnaciones y solicitar su exclusión de la nómina que la contiene”, indicó en Twitter la rectora principal, Tania D’Amelio.

En ese sentido, se tiene previsto publicar el viernes 17 de agosto la notificación de reparo de las manifestaciones de voluntad, que podrán ser subsanadas entre el 18 y el 20 de agosto.

El cronograma también prevé un proceso de validación de las manifestaciones de voluntad, que se realizará en dos jornadas: la primera está prevista para el sábado 18 y el domingo 19 de agosto; la segunda, el sábado 25 y el domingo 26 de agosto.

Entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, el CNE publicará la decisión final sobre el proceso de inscripción de los partidos.

 

Organizaciones reiteran a cancilleres OEA la necesidad de dar respaldo a la sociedad venezolana

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A través de un comunicado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de distintos países americanos y Venezuela insistieron ante los cancilleres asistentes a la 47° Asamblea General de la ONU que se celebra en Cancún, México, la necesidad de que respalden a la sociedad venezolana, aquejada por múltiples tipo de violencia

La Red Latinoamericana y el Caribe por la Democracia – Redlac, Consorcio Desarrollo y Justicia, Chile Transparente, Fundación Aguaclara, La Fondation Patrimonio Pour Haití, Generación Activa,  Cedice Libertad, Sin Mordaza, Acceso a la Justicia, Fundefir, La Escuela de Ciudadanos, Provea, Espacio Público, Una Ventana a la Libertad, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil – Sinergia yTransparencia Venezuela suscriben el comunicado que insiste en demandar el apoyo de los cancilleres ante la crítica situación por la que atraviesa la sociedad venezolana, la cual, señala, está siendo víctima de múltiples tipos de violencia: institucional, ejercida por el Poder que intenta imponer la Constituyente; por parte de los cuerpos policiales que asfixian la protesta pacífica; pero también de la violencia que se esconde detrás del hambre y del desmantelamiento del servicio de salud pública.

Sigue el comunicado agradeciendo “el apoyo de aquellos gobiernos que han asumido una posición valiente en defensa de la democracia en el país y el hemisferio. Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas, Argentina, Uruguay, Santa Lucía, Perú, Paraguay, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guyana, Guatemala y Estados Unidos, ratificaron su compromiso con la paz y los principios democráticos, al tiempo que demostraron con hechos su solidaridad con los venezolanos”.

De otra parte, estas OSC reclaman a los gobiernos de Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, y Antigua y Barbuda haberle dado la espalda a Venezuela, con lo que, señalan, “inscribieron sus nombres en una de las páginas más oscuras de la historia del Continente”.

“Con sus votos negativos y sus abstenciones, han respaldado la instauración de una dictadura militarista que viola los derechos humanos y amenaza la estabilidad de la región (…) Ya son 75 muertos los que se han registrado producto de la represión en el marco de las manifestaciones ciudadanas que exigen democracia y respeto a la Constitución venezolana (…) Sepan aquellos que apoyan a los autores de estos actos abominables, que esa misma sangre también los salpica y los marca ante los ojos de los venezolanos y de quienes en América reclaman más y mejor democracia para todos” condena el comunicado.