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Así reaccionaron políticos, organizaciones y sociedad civil al ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A PESAR DE LAS NUMEROSAS ACUSACIONES e informes emitidos sobre violación de Derechos Humanos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro obtuvo un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante la noticia, diversas organizaciones, políticos y sociedad civil en general rechazaron que el país forme parte del grupo, pues en Venezuela se han cometido crímenes como torturas y ejecuciones extrajudiciales que quedaron registrados en el informe que presentó Michelle Bachelet en julio de este año. 

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó a través de su cuenta en Twitter que tanto en Venezuela como en Brasil (país que también fue electo) son dos Estados con serios cuestionamientos sobre su desempeño en DDHH. “Bolsonaro y Maduro son expresión del autoritarismo que sigue lesionando las garantías para los DDHH”, afirmó. 

El abogado y defensor de Derechos Humanos, Mariano de Alba afirmó que la Elección de Venezuela al Consejo de #DDHH de la ONU por una mayoría de la Asamblea General es un llamado de atención a los países de la región. La diplomacia hay que ejercerla, no bastan comunicados y lo mediático. La tardía candidatura de Costa Rica demuestra improvisación.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma afirmó que :”No me extrañaría que si en la ONU se designa un comité antidroga, incorporen a un representante del Cartel de Cali o de Sinaloa o del Cartel de los soles. Así está el mundo, al revés. Que patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla”. 

 

Otras de las reacciones de rechazo a través de Twitter fueron: 

 

 

 

ESTE JUEVES, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS celebrada en Bolivia inició la audiencia exponiendo la situación de derechos humanos en Venezuela en la que participaron al menos 9 organizaciones.

La conferencia inició con la intervención de Espacio Público, quienes informaron que 2018 fue el segundo año con mayores violaciones a la libertad de expresión en 17 años.

La representante de Espacio Público, Marysabel Rodríguez explicó que la principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google, los días de protestas contra Maduro. De igual manera, denunciaron que esta semana la página voluntariosxvenezuela propuesta por la Asamblea Nacional para registrar a las personas que apoyarán la distribución de la ayuda humanitaria en el país fue vulnerado por CANTV.

Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión señaló que en los últimos años han habido bloqueos a la Internet y a las redes sociales lo que dificulta la cobertura de los medios de comunicación tanto públicos como privados. “Nos gustaría saber cómo se va a salir de esta situación en Venezuela sin libertad de expresión”, señaló.

El abogado y activista por los derechos humanos, Carlos Patiño señaló que de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Provea, 35 personas fueron asesinadas en una semana en el contexto de manifestaciones. “Durante 2018 La FAES habría asesinado a más de 200 personas”. indicó.

Por otra parte, Francisco Eguiguren, relator para Venezuela, preguntó si se conoce cuánta población tiene un trabajo estable y gana salario mínimo ya que las personas “huyen de su país es por el hambre y la necesidad”. Además, destacó que no toda la ayuda internacional tiene una buena intención pero el pueblo ha sido el más perjudicado en la situación venezolana.

Defiende Venezuela explicó que 25 mil personas mueren anualmente de cáncer en Venezuela y que desde la organización se han presentado 20 medidas cautelares para estas personas. Por otra parte, el representante señaló que “desde 2016 no se ha entregado medicamentos para tratamiento de esclerosis múltiple, sentenciando a estas personas a sillas de ruedas e incluso la muerte”, explicó

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia denunció que ante la inseguridad alimentaria, en un contexto hiperinflacionario que agrava la accesibilidad y disponibilidad de alimentos, el Estado venezolano no ha diseñado ni implementado medidas idóneas. “De los 800 hogares encuestados reciben la caja CLAP de forma irregular. Apenas 0.4% reciben de forma regular la caja CLAP (una vez al mes). 37% una o tres veces al año. La frecuencia es inconsistente para satisfacer las necesidades de la población”, señaló.

Por su parte, Margarete May Macaulay de la CIDH explicó que junto al representante de la OEA, han solicitado una visita a Venezuela para hablar sobre la situación de la mujer. “Realmente queremos saber cómo podemos dar asistencia sobre esta situación y nunca hemos podido ir, no hemos recibido una respuesta afirmativa. El Gobierno no ha aceptado nuestra solicitud”, explicó.

En la conferencia, Eguiguren, expresó que “si hay miles de millones de dólares que no han podido ingresar al Gobierno, yo quisiera saber el porqué han rechazado lo de la ayuda humanitaria si eso tiene que ver con salud y alimentos para el pueblo”. Por lo que, Larry Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que desea que cesen los mecanismos de persecución debido a que  se están teniendo cooperación de todas las agencias de las Naciones Unidas. “Solo ayer, 13 de febrero se recibieron 933 toneladas de medicinas en Venezuela”, indicó.

Soledad García, relatora Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales señaló que lo fundamental en este momento son los derechos de la gente por lo que indicó que desea tener más información sobre cómo el estado de Venezuela ha usado los presupuestos. “También queremos saber información sobre el acceso a la información pública, rendición de cuentas, las milicias y los Clap”.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que las sanciones tienen sobre la población y se preguntó cómo se gestionan los recursos ya que “de las 4 mil escuelas que hacen falta, el año pasado se construyeron solo 30. No hay dinero para el agua potable ni la sanidad en las escuelas”, señaló.

En relación con la situación del sector educativo, Excubitus explicó que el “70% de los alumnos no asiste diario a clase. En 60% se ha estimado la deserción escolar, 15% por embarazo temprano. Según encuestas hay más de 1.800.000 niños desescolarizados”, indicó.

De igual manera, Aula Abierta Venezuela denuncia que “desde hace varios años ha habido un ataque contra la libertad académica y autonomía universitaria”. Esta organización explicó que “El Vic Min dejó claro que la educación superior se rige por el plan de la patria, es decir que cumple con objetivos socialistas. Las milicias universitarias tienen por fin criminalizar la protesta en las universidades”, señaló.

Carlos Patiño, abogado y activista por los derechos humanos expresó que “Nicolás Maduro ha demostrado no querer o poder solucionar la crisis venezolana, cuya solución son elecciones libres y creíbles” mientras que Devoe, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado señaló que el Estado tiene acuerdos de cooperación con diversas agencias y se están haciendo uso de todos los recursos para acceder a los medicamentos que hacen falta.

La audiencia culminó con la intervención de Antonia Urrejola explicando que Venezuela está en un contexto de crisis tanto en la nación como en la región  por lo que ahora es más necesario que nunca que Venezuela siga presente en este organismo. Por otra parte, señaló que “si no podemos ir a Venezuela, de conversar con las distintas organizaciones, es difícil que nos pronunciamos sobre determinadas materias. Así no podemos estar”, expresó.

Si quieres saber qué se estará hablando en los próximos días en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ingresa aquí: CIDH

CNE abre proceso de inscripción de organizaciones con fines políticos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió la inscripción de nuevas organizaciones con fines políticos nacionales, proceso que comprenderá ocho fases, cuyo desarrollo se extenderá hasta el próximo septiembre.

De acuerdo con un aviso publicado por el organismo comicial, este martes se notificó a los promotores de 30 nuevas organizaciones la aprobación de la denominación provisional que tendrán estos partidos.

Entre el 11 y el 26 de julio se deben consignar ante el Poder Electoral la planilla de solicitud de inscripción de cada organización y la nómina de sus militantes, que debe contener las manifestaciones de voluntad equivalentes a 0,5 % del total de electores de al menos 12 estados del país.

Al cerrarse esta fase comenzará el lapso de impugnación, exclusión y verificación de las nóminas de inscritos, que se realizará entre el 27 de julio y el 27 de agosto.

Durante ese período, los electores “podrán verificar si se ha hecho uso de sus nombres sin sus consentimientos e interponer ante el CNE las respectivas impugnaciones y solicitar su exclusión de la nómina que la contiene”, indicó en Twitter la rectora principal, Tania D’Amelio.

En ese sentido, se tiene previsto publicar el viernes 17 de agosto la notificación de reparo de las manifestaciones de voluntad, que podrán ser subsanadas entre el 18 y el 20 de agosto.

El cronograma también prevé un proceso de validación de las manifestaciones de voluntad, que se realizará en dos jornadas: la primera está prevista para el sábado 18 y el domingo 19 de agosto; la segunda, el sábado 25 y el domingo 26 de agosto.

Entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, el CNE publicará la decisión final sobre el proceso de inscripción de los partidos.

 

Organizaciones reiteran a cancilleres OEA la necesidad de dar respaldo a la sociedad venezolana

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A través de un comunicado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de distintos países americanos y Venezuela insistieron ante los cancilleres asistentes a la 47° Asamblea General de la ONU que se celebra en Cancún, México, la necesidad de que respalden a la sociedad venezolana, aquejada por múltiples tipo de violencia

La Red Latinoamericana y el Caribe por la Democracia – Redlac, Consorcio Desarrollo y Justicia, Chile Transparente, Fundación Aguaclara, La Fondation Patrimonio Pour Haití, Generación Activa,  Cedice Libertad, Sin Mordaza, Acceso a la Justicia, Fundefir, La Escuela de Ciudadanos, Provea, Espacio Público, Una Ventana a la Libertad, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil – Sinergia yTransparencia Venezuela suscriben el comunicado que insiste en demandar el apoyo de los cancilleres ante la crítica situación por la que atraviesa la sociedad venezolana, la cual, señala, está siendo víctima de múltiples tipos de violencia: institucional, ejercida por el Poder que intenta imponer la Constituyente; por parte de los cuerpos policiales que asfixian la protesta pacífica; pero también de la violencia que se esconde detrás del hambre y del desmantelamiento del servicio de salud pública.

Sigue el comunicado agradeciendo “el apoyo de aquellos gobiernos que han asumido una posición valiente en defensa de la democracia en el país y el hemisferio. Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas, Argentina, Uruguay, Santa Lucía, Perú, Paraguay, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guyana, Guatemala y Estados Unidos, ratificaron su compromiso con la paz y los principios democráticos, al tiempo que demostraron con hechos su solidaridad con los venezolanos”.

De otra parte, estas OSC reclaman a los gobiernos de Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, y Antigua y Barbuda haberle dado la espalda a Venezuela, con lo que, señalan, “inscribieron sus nombres en una de las páginas más oscuras de la historia del Continente”.

“Con sus votos negativos y sus abstenciones, han respaldado la instauración de una dictadura militarista que viola los derechos humanos y amenaza la estabilidad de la región (…) Ya son 75 muertos los que se han registrado producto de la represión en el marco de las manifestaciones ciudadanas que exigen democracia y respeto a la Constitución venezolana (…) Sepan aquellos que apoyan a los autores de estos actos abominables, que esa misma sangre también los salpica y los marca ante los ojos de los venezolanos y de quienes en América reclaman más y mejor democracia para todos” condena el comunicado.

Defensor del Pueblo renuncie, por Carlos Nieto Palma

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Desde hace algún tiempo he estado escribiendo sobre la pobre actuación de la defensoría del pueblo en su principal función que es defender los derechos humanos de los ciudadanos.

Los venezolanos en verdad no hemos pegado una con esta institución, desde su creación en la Constitución Nacional de 1.999, a pesar de todo lo que trabajamos las organizaciones de derechos humanos que hacíamos vida en Venezuela en esa época, al menos por mi parte solo siento una gran decepción.

Con excepción de Dilia Parra Guillen, la primera defensora del pueblo venezolano a quien solo le dieron un carro y un chofer para iniciar su gestión y que servía de oficina de la naciente defensoría del pueblo, mujer que con gran trabajo, humildad y rodeada de gente capaz logro muchas cosas importantes, como al menos darle institucionalidad a esa naciente criatura, lástima que solo estuvo un año en su cargo, a la iniciante revolución no le convenía alguien así en ese cargo, Dilia si sabía lo que era hablar alto y claro y eso no lo quería la revolución.

Después de la corta gestión de Dilia Parra, no creo que haya nada que comentar, German Mundarain y Gabriela Ramírez compitieron por cual era peor en su gestión, se ganaron en buena lid el título popular de defensor del puesto, nombre con el que hoy se conoce a quien ocupa ese cargo.

Cuando designan a Tarek William Saab como Defensor del Pueblo, muchos pensábamos que se iba a dar un resurgimiento de esa institución, pues el nuevo defensor, había participado en el movimiento de derechos humanos en los años 80 y 90, además conocía del tema y el trabajo de las organizaciones que hacíamos vida en Venezuela, habíamos muchos sido sus compañeros de la primera especialización en derechos humanos que se creó en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela, aunque no la concluyo, inclusive a los pocos días de su nombramiento convocó a un nutrido grupo de organizaciones no gubernamentales y prometió trabajar conjuntamente con nosotros, crear mesas de trabajo y todas esas cosas que se ofrecen cuando se inicia una gestión. Lamentablemente, al menos en mi caso, tengo que aceptar que me equivoque y nada de lo ofrecido se ha cumplido, no hubo mesas de trabajo, ni encuentros posteriores y aquella reunión de enero de 2015 quedó en el baúl de los recuerdos, está nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, ha sido más de lo mismo, solo defiende al gobierno y sus adeptos, el pueblo que ellos defienden se circunscribió solo a los que llevan camisas rojas.

En agosto del año pasado, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI), organización que agrupa a las diferentes defensorías del pueblo del mundo y que se encarga de calificar las actuaciones de estas instituciones y ubicarlas en el nivel que les corresponda según su actuación, niveles que comprenden tres categorías “A”, “B” y “C”, decidió luego de una revisión exhaustiva del trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo de Venezuela, recomendar que fuera degradada de categoría y ubicada en el tipo “B” y no en la “A” como estaba en ese momento, perdiendo su derecho a voz en los organismos de naciones unidas, una prueba de esto, es no haber visto al Defensor presente en el examen periódico universal que se le hizo a Venezuela recientemente en la ONU, no podía hablar.

Según el informe presentado en esa oportunidad “El Subcomité era de la opinión de que la Defensoría del Pueblo venezolana no ha hablado alto y claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos”. Sobre estos hay una lista larga de que hablar donde el defensor se ha hecho el loco o peor aún no han existido como las fosas comunes que recientemente aparecieron en la Penitenciaria General de Venezuela, una cárcel situada en el estado Guárico y de lo cual no se enteró.

Un grupo de más de 110 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y personalidades vinculadas al área pidieron el pasado miércoles la renuncia del Defensor del Pueblo de su cargo, algo nunca visto en nuestro país, en ese documento, entre los que nos encontramos como suscriptores expresamos “ Conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Por lo expuesto anteriormente, quienes suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos,  asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad. Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Desde la organización que dirijo “Una Ventana a la Libertad” y mi persona nos unimos a este clamor y le pedimos al Defensor del Pueblo su renuncia, es un deseo ciudadano que debe ser cumplido

@cnietopalma

Organizaciones Estudiantes por Venezuela y Venezuela Joven ofrecen balance de la apertura de mesas

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Un grupo de estudiantes venezolanos  se han organizado para monitorear el desempeño de las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre, en 3 momentos del día: apertura de mesas, media jornada, y cierre. El trabajo recopila datos de 61 mesas de votación en 11 estados del país. A continuación el trabajo completo:

 

Monitoreo apertura de mesas 6D

Estados Unidos, Venezuela y Unasur: cuatro preguntas por Paz Zárate

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El reciente anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos a siete funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en razón de severas violaciones a los derechos humanos ha gatillado pronunciamientos de alto calibre en la región. La Asamblea Nacional venezolana concedió a Maduro autorización para gobernar por decreto para “garantizar la pervivencia de la nación” ante sanciones que el Presidente calificó como una intervención de tipo “enloquecido, infame, infausto y vergonzante”. Legislar “de manera ágil” evitaría efectos perniciosos de la injerencia de “potencias extranjeras” —en plural— y reforzaría la “protección de la economía local ante los causantes de la guerra económica”.

No menos dramática fue la encrucijada trazada por Maduro para el resto de la región (“o se está con Venezuela, o se está con el imperio yanqui”). La Unión de naciones sudamericanas, UNASUR, no dejó lugar a dudas de su posición, pues consideró estas medidas como contravenientes de la legalidad internacional, al amenazar —a su juicio— la soberanía y el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados. La expresión “derechos humanos” brilla por su ausencia en el breve comunicado de UNASUR. Su identificación con la posición del gobierno venezolano es total, erosionando la posibilidad de ejercer buenos oficios para fomentar diálogo o mediación en calidad de tercero imparcial.

Estos hechos deben generarnos cuatro preguntas. Y la primera debe ser si estas reacciones son proporcionales a la causa que las genera. No cabe duda que Caracas tiene el derecho soberano de sentirse ofendida por las medidas tomadas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, estas acciones no son “el paso más agresivo, injusto y nefasto jamás dado contra Venezuela” como las describió Maduro. Las medidas no se han tomado contra el país en su conjunto, ni contra todos sus ciudadanos, ni contra su economía, el comercio o las inversiones bilaterales, sino sólo respecto de siete funcionarios con responsabilidades individuales por violaciones severas y masivas a los derechos humanos. Individuos que —a mayor abundamiento— no están amparados por inmunidad (que podría caber para altos oficiales). A estos siete individuos se les prohíbe el ingreso a territorio estadounidense y se les impide realizar transacciones relativas a bienes localizados en Estados Unidos.

El restringido ámbito material y personal de estas sanciones responde a la primera pregunta. Lo siguiente es que nos preguntemos si estas sanciones —tan individuales que llegan a ser simbólicas—se ajustan a derecho. ¿Tiene razón Unasur en llamarlas ilegales? La justificación dada por la administración Obama fue el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de instituciones democráticas en el marco del derecho internacional. Estas normas se contienen tanto en tratados de los cuales Venezuela y Estados Unidos son signatarios, como en el derecho internacional consuetudinario.

Las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Son la excepción al principio de no intervención

Unasur —que curiosamente no contempla un director jurídico entre su staff senior, recientemente reclutado— da la impresión a través de su comunicado que los doce cancilleres firmantes no creyeron necesario evaluar la legalidad de estas medidas con la ayuda de un jurista especializado. Pues si lo hubieran hecho, los cancilleres habrían sopesado —antes de firmar— el hecho que las violaciones graves a los Derechos Humanos no constituyen “asuntos internos”. Es decir, tales violaciones son la excepción al principio de no intervención. Y en el caso de Venezuela, estas violaciones han sido establecidas por la ONU y los más respetados organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las obligaciones internacionales esenciales relativas a los derechos humanos las asume cada Estado frente a toda la comunidad internacional: no frente a grupo de Estados en particular. Ni siquiera es necesario firmar un tratado para estar obligado por estos principios. Como revisten suprema jerarquía, y los mecanismos multilaterales existentes no cuentan con una policía central para forzar la ejecución de estas obligaciones, es posible adoptar sanciones contra el Estado infractor tanto en foros multilaterales como de manera unilateral. Lo de Venezuela es un caso que tiene precedentes de sanciones de rango material y personal muchísimo más elevado (Siria, Zimbabue, Irán, Corea del Norte, por nombrar algunos). Frente a esas sanciones, las sanciones de Estados Unidos para siete funcionarios venezolanos quedan como lo que son: un gesto menor y que el derecho, excepcionalmente, permite.

La tercera pregunta es ¿Por qué Estados Unidos? ¿No hay aquí doble estándares? Se argumenta que que el récord de cumplimiento de derechos humanos de las potencias –y hablemos en plural- dista de ser perfecto. Es verdad que pese a la jerarquía de los derechos humanos en el sistema internacional, los países en general tienden a evitar tomar acciones propias cuando se violan los derechos humanos en otro Estado: inevitablemente, las medidas generarán una controversia con el país frente al cual se adoptan. Pero tal renuencia no significa que cada Estado –cualquiera- no pueda, individualmente, adoptar sanciones, algunas pequeñas, otras más considerables. Y para hacerlo, el derecho internacional no pide exhibir una hoja de vida sin mácula (no hay Estado que la tenga).

Los efectos prácticos para los siete funcionarios venezolanos afectados por las sanciones son mínimos. El impasse entre Washington y Caracas eventualmente se solucionará. Pero la pregunta final, la más importante, queda sin respuesta: ¿qué efectos tendrá para las garantías individuales de sus ciudadanos el que Venezuela -donde ya la represión lleva una cuenta creciente de muerte y tortura- sea gobernada por decreto?

 

@pyz30

El País