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Crímenes sin Castigo: Venezuela, ruta segura

 

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

 

@javiermayorca

 

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.

Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.

Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos.

Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína va en aumento. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.

 

Estimados de áreas cultivadas de coca (izq.) y producción mundial de cocaína (der.)

Fuente: ONU

 

A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido en aumento. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto incrementa el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína.

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.

En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.

Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.

Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:

 

Principales rutas de la cocaína

Fuente: ONU

 

Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.

Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.

La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.

Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

 

Breves

 

El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

 

* La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

 

* La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

 

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puer

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 21.02.2017: MEDIO: Dos hechos
ALERTA ROJA ROJITA: 

Dos hechos políticamente significativos ocurrieron la semana pasada. Seguro que ninguno de los “cuartos de guerra”, “comandos estratégicos” o “salas situacionales”, bien del propio gobierno como de cualquiera de las facciones que lo integran, los han dejado pasar por alto: la espectacular reacción estudiantil  de la UCV que al momento que el TSJ les prohíbe realizar sus elecciones internas deciden –unilateralmente- llevarlas a cabo, alcanzado orden, disciplina, legitimidad y una victoria contundente, en la cual el termino más preciso es que la representación del régimen rojo rojito quedó “aplastada”. Hemos insistido, decenas de veces, que esta revolución es un verdadero fraude. ¿En qué país del mundo en el cual se quiere instaurar una revolución comunista-socialista, ésta carece de apoyo juvenil y estudiantil? La segunda, es la publicación del estudio ENCOVI, tal vez el más riguroso, objetivo y metodológico estudio poblacional que se realiza entre los venezolanos. ENCOVI es una alianza entre las universidades UCV, UCAB y USB, en la cual se llega a los extremos metodológicos más rigurosos y significativos. ¿El resultado? Ninguna frase lo resume mejor que el titular del pasado domingo en El Nacional: “el 93% de los hogares no tiene dinero para comprar comida”. Estos dos hechos no son mercadeo o propaganda política, no son rumores en las redes, no son el presidente Maduro en cadena metiéndonos mentiras a los venezolanos. Estos dos hechos son del mundo real por donde “la guagua de la revolución va cuesta abajo”.

¿EN LA ONA?:

ONA

 

Circula esta información dentro del organismo en manos militares. Da cuenta que 40 profesionales militares y 20 civiles fueron removidos de la Oficina Nacional Antidrogas con la llegada del General de Brigada (GN) José Castillo Arcia como presidente de esa institución dependiente del Ministerio del Interior. La mayoría del personal militar pertenece al ejército y la armada y ha sido sustituido por personal de la Guardia Nacional donde el General Castillo es a su vez jefe del Comando Antidrogas de ese componente. En los corrillos castrenses, muy molestos por la situación, se refieren al caso comentando que el nuevo jefe “se paga y se da el vuelto”. En el informe que han elevado detallan que la consuegra del Ministro Reverol, Susana Coromoto Acosta, es Directora General del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados. Esa dirección con ese nombre tan largo se identifica con las siglas (SNB) dependiente de la ONA y despacha desde la lujosa quinta “La loma” en la urbanización Valle Arriba Country Club. Los funcionarios desplazados señalan que son víctimas de acoso y amenazas incluso con llevarlos al SEBIN. Escriben en el documento que todos tienen familias con niños, tienen alquilados inmuebles y están al día con los cánones de arrendamiento. Apenas les dan plazos perentorios para que abandonen dichas viviendas. Un caso reciente fue el del Coronel Raymundo Rodríguez Silva quien reside con su familia en el apartamento 23-2 del edificio Santa Fe Suite Garden, donde se habrían presentado cuatro funcionarios enviados por la mencionada directora y le destruyeron la cerradura del mencionado inmueble. En ese momento no se encontraba nadie en la residencia y el afectado coronel formuló la denuncia ante la Fiscalía y hasta ahora no ha obtenido respuesta. Por dos fuentes distintas me llegó la información…

LA CORRUPCION DE LULA:

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Parece que era ella y no la espada de Chávez la que circulaba por América Latina. O al menos se hacían acompañar en los países de Unasur. Les dije desde el principio que las coimas no fueron exclusivas de Odebrecht. El tinglado del Lava Jato las dejó al descubierto. Solo el gobierno de Maduro recibió $ 865.000.000 para financiar obras de otras empresas brasileñas montadas en el mismo esquema de compartir corrupción con funcionarios de altísimo nivel. A saber, aparte de ODE, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez fueron otras compañías en las que sus obras financiadas bajo el régimen de Maduro no han sido culminadas. Me pareció muy extraño que el mismo dia que la Fiscal General viajo a Brasil secuestraron a la hija y nieta de su esposo. Afortunadamente las soltaron luego. Esperamos noticias de esa reunión de fiscales latinoamericanos sobre el caso ODE. Ayer leí a Eduardo Semtei y estoy atento…

 

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Incautaron en Maiquetía 122 kgs. de droga en dos maletas con destino a República Dominicana

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Este lunes fueron halladas 100 panelas de cocaína de alta pureza ocultas en dos maletas a bordo de un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía con destino a República Dominicana. La droga fue incautada por el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Dos trabajadores del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar se encuentran detenidos por el hecho y han sido puestos a la orden del Ministerio Público, de acuerdo al presidente de la Oficina Nacional Antidroga (ONA), José Castillo.

De acuerdo a la periodista Elyangelica Gonzalez, las autoridades se percataron de las maletas con 122 kilogramos de cocaína en la bodega del avión de Aserca Airlines mientras realizaban la inspección previa al vuelo. La periodista reportó que presumen que la operación falló al no presentarse el oficial que debía hacer la inspección, quien presuntamente también estaría implicado.

*Con información de AVN

Consuegra de Reverol administra los bienes confiscados a capos del narcotráfico
Fichas del ministro Néstor Reverol, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y del gobernador El Aissami toman puestos clave en el Ministerio de Relaciones Interiores

 

@pppenaloza

NO SE TRATA DE CUALQUIER CARGO. Ni, por supuesto, de cualquier persona. Apenas regresó al despacho de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJ), el mayor general Néstor Luis Reverol Torres colocó a una ficha de su absoluta confianza al frente del organismo que se encarga de conservar y administrar los bienes que son arrebatados a los capos del narcotráfico.

El antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) regresó al despacho de Relaciones Interiores el 2 de agosto, luego de que se conociera que pesaba en su contra una acusación por narcotráfico ante una corte federal de Nueva York. Veinte días más tarde, el flamante ministro firmó la resolución que nombraba a Susana Coromoto Acosta de Márquez directora general del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB).

 

snb

 

Reverol Torres confía en Acosta de Márquez. Basta revisar su currículo para constatarlo. Esta técnico superior en Enfermería y abogada egresada de la Universidad Santa María de Caracas, manejó la dirección del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) entre 2010 y 2011 por órdenes del militar, que en ese tiempo presidía la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Además, se desempeñó como directora principal de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (Fundapret), durante la gestión del mayor general en esa institución en 2013.

La funcionaria tomó de la Dirección General de la Consultoría Jurídica del MIJ el primero de noviembre de 2011. Su ascenso fue refrendado por el ministro de la época, Tareck El Aissami, quien tuvo a su diestra a Reverol Torres como viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Acosta de Márquez asumió una responsabilidad similar en la ONA en 2013, bajo la conducción del general Alejandro Keleris Bucarito, quien en su condición de inspector general de la GNB integró el alto mando de ese componente que encabezó el propio Reverol Torres.

 

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También puedes ver: En la Contraloría General todo queda “en familia”

Sin embargo, aparte de los vínculos profesionales y burocráticos, existe otro lazo que emparenta a Reverol Torres y Acosta de Márquez, quien ejerció como jueza de primera instancia en lo Penal entre 2005 y 2006 en el estado Amazonas. Y es que la mujer que fiscaliza y custodia las posesiones de narcotraficantes como Walid Makled –que recupera el Estado venezolano– es consuegra del ministro. Su hija, Roxana Karina Márquez Acosta, está casada con Néstor Luis Reverol Patiño, primogénito del ex comandante de la GNB, quien además ocupa un puesto de primer secretario en la embajada de Venezuela en Argentina.

Acusaciones polémicas

“Quiero denunciar al general Néstor Reverol. Él ha manejado mis empresas durante 23 meses. Esas empresas han generado en ese tiempo 140 millones de dólares. Esos 140 millones tendrían que estar depositados en un tribunal y no están”. Esta acusación fue lanzada por Walid Makled en una entrevista que publicó el diario El Nacional el domingo 10 de octubre de 2010.

Tras las rejas de la cárcel de alta seguridad de Cómbita –Tunja, Colombia-, el capo arremetió contra el para entonces jefe de la ONA. “¿Cómo es posible que un general viva en una casa de 3, 4 millones de dólares, como vive el general Néstor Reverol? ¿Cómo es posible que su familia en Cabimas (estado Zulia) viva en una casa de 2 millones de dólares? Claro, con la plata de los Makled”, cuestionó.

Reverol Torres desmintió a Makled durante su intervención en el primer taller de capacitación sobre la Ley Orgánica de Drogas, realizado el 10 de noviembre de ese año. Allí recalcó que todos los bienes incautados a “El Árabe” fueron destinados a obras que beneficiaron a los venezolanos.

“Recibimos (el Estado venezolano) esa línea (Aeropostal) con un solo avión, ahora tiene cinco operando con propios recursos de la empresa y está adquiriendo dos aviones más para ponerlos al servicio del pueblo”, precisó el mayor general, según reseñó el diario estatal Ciudad Caracas. Apuntó que una flota de 77 gandolas “que antes traficaba droga, ahora se está poniendo a la orden del Ministerio de la Alimentación”, y que viviendas confiscadas “fueron asignadas a fundaciones para menores con discapacidad”.

La finca de El Rosario (estado Carabobo) fue entregada al Instituto Nacional de Tierras (INTI) para contribuir con la “soberanía alimentaria” de Venezuela, al tiempo que algunos vehículos se entregaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El mayor general tampoco dejó pasar los dardos contra su familia. “Este señor (Makled) alegaba que yo tenía una casa en Cabimas que cuesta 2 millones de dólares. Quien conoce Cabimas, hay que verle la cara a una casa de ese costo. Sin embargo, los órganos de investigación perfectamente están capacitados para hacer su trabajo”, respondió.

El Aissami participó en ese primer taller de capacitación sobre la Ley Orgánica de Drogas, en su condición de titular del MIJ. En su discurso, el ministro destacó que ese instrumento legal, promulgado el 15 de septiembre de 2010, sentaba las bases para la creación del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados.

También puedes ver: Ricardo Molina: el candidato del Psuv que “construye” en familia

La fundación del organismo quedó establecida en la Gaceta Oficial número 39.602 del 26 de enero de 2011, a través de un decreto firmado por el difunto presidente Hugo Chávez, donde se enumeran las 24 atribuciones del SNB, entre las que figura el diseño de medidas para “evitar que se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan” los bienes retomados. Esa es ahora una de las funciones de la consuegra de Reverol Torres, que exhibe en su hoja de vida tres condecoraciones otorgadas por la GNB en Amazonas y otra más entregada por el Comité Regional contra el Uso Indebido de las Drogas en esa misma entidad.

Los hombres del general

El militar arma su equipo. El ministro nombró director ejecutivo del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) a Alberto Alexander Matheus Meléndez, coronel de la GNB que fungió como director de Administración de la Dirección de Logística de ese componente armado cuando Reverol Torres estaba en la Comandancia General.

Matheus Meléndez ya tuvo otra pasantía en el MIJ, como inspector nacional adjunto de la Inspectoría Nacional de Casinos de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Aquella designación, que se hizo oficial el 29 de marzo de 2011, fue suscrita por Reverol Torres, en ese tiempo viceministro de El Aissami.

El FONA define su misión en estos términos: “recaudar el aporte y la contribución especial establecidos en la Ley Orgánica de Drogas, destinados al financiamiento de proyectos de prevención del consumo y tráfico ilícito de drogas; tratamiento, rehabilitación y reinserción de la persona consumidora; así como de prestar servicios de capacitación y adiestramiento en materia de prevención”. La norma fija que todas “las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen cincuenta trabajadores o más” en el país deben depositar el equivalente al 1% de sus ganancias en este fondo.

La renovación de la plana mayor del MIJ continuó el 28 de septiembre con la llegada de los viceministros Hanthony Rafael Coello Bello, José Humberto Ramírez Márquez y Edylberto José Molina Molina. Coello Bello fue viceministro de Héctor Rodríguez en el Ministerio de la Juventud en 2013, forma parte de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cayó derrotado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en Nueva Esparta.

Ramírez Márquez viene de ser superintendente nacional contra la corrupción, puesto que le concedió el presidente Nicolás Maduro el 10 de diciembre de 2014, y director del Cicpc con El Aissami y durante la primera gestión de Reverol Torres en el despacho de Relaciones Interiores.

También puedes ver: Una raya más para Néstor Reverol

Molina Molina trabajó como subdirector en la ONA con el ex comandante general de la GNB. Pero más allá de esta experiencia laboral, comparten otra historia: los dos fueron acusados el primero de agosto por fiscales de Estados Unidos ante una corte federal en Nueva York por supuestamente participar en actividades relacionadas con el narcotráfico.

En su defensa frente a los medios, Reverol Torres reivindicó su trayectoria militar, recordó que fue edecán de Chávez y volvió sobre un tema que lo persigue hasta hoy: el caso Makled. “Cuando el narcotraficante Walid Makled me señala a mí de que yo le robé 140 millones de dólares, y que yo dispuse y me apropié de sus bienes (…) el comandante Hugo Chávez asignó todos los bienes y todas las propiedades del narcotraficante Walid Makled, que dejó de ser una plataforma logística para convertirse en apoyo al Gobierno y en apoyo al pueblo”, sentenció el mayor general.

¡Otro ministro de Interior y Justicia! por Luis Izquiel

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Con el nombramiento de Nestor Reverol al frente del Ministerio de Interior y Justicia se repiten buena parte de los errores que han llevado a nuestro país a competir por el primer lugar de criminalidad en el mundo. Las equivocaciones en materia de seguridad ciudadana las pagamos caro los venezolanos.

Lo primero que salta a la vista es que Maduro coloca como máximo rector de la seguridad a una persona que ha sido recientemente acusada en una Corte de los EEUU de conspirar en el delito de distribución internacional de cocaina, al presuntamente cobrar por proteger o pasar informacion a varios narcotraficantes cuando estaba a la cabeza de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Estos cargos se suman a las aseveraciones que el narcotraficante Walid Makled hizo en contra de Reverol cuando el capo estaba detenido en Bogotá, antes de ser deportado a Venezuela (aquí nunca se abrió una investigación sobre estas graves afirmaciones). Lo cierto es que hoy tenemos un ministro de Interior y Justicia que no puede poner un pie fuera del territorio del país porque seguramente sería inmediatamente detenido.

Otra aspecto que evidencia este nombramiento es la falta de continuidad en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Reverol se convierte en el ministro número 16 que pasa por la cartera de Interior y Justicia en los últimos 17 años. Un promedio de casi un ministro por año. En este periodo se han aplicado 23 planes de seguridad (Reverol seguro trae otro bajo el brazo) con los resultados que todos los venezolanos conocemos y padecemos.

Con el nombramiento de Reverol ya suman 12  los militares que han estado a la cabeza del ministerio de Interior y Justicia. La militarización de la seguridad ciudadana no ha dado resultados positivos en el país. Ya en otras oportunidades hemos analizado que la formación de los efectivos castrenses no está relacionada con la seguridad ciudadana, sino que está basada en el combate del enemigo en el marco de la defensa de la soberanía nacional.  

Reverol ya ha ejercido en el pasado  los cargos de ministro y viceministro de Interior y Justicia, sin resultados positivos en la reducción del delito. Por lo tanto, su reciclaje es más de lo mismo, no genera ninguna esperanza sobre la mejoría de la seguridad ciudadana en el país. Lo que si pudiéramos esperar (ojalá nos equivoquemos), por las caracteristicas del personaje, es un aumento de la radicalización y la represión a la disidencia política.

La situación de inseguridad en el país no da para más improvisaciones, pero a Maduro pareciera que solo le interesa permanecer en el poder.

@luisizquiel

Tareck El Aissami rechaza acusaciones de EEUU contra Reverol y Molina

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El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, manifestó este martes su apoyo al ex director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol y a su exsubdirector Edilberto Molina, quienes son acusados por la corte federal de Nueva York de recibir pagos por parte de narcotraficantes de drogas para distribuir cocaína importada en Estados Unidos.

Asimismo, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter (@TareckPSUV), El Aissami calificó esta medida como una “infame y miserable agresión imperialista”, y a su vez, agregó que las políticas antidrogas son contundentes y demuestran “las mentiras y falsas acusaciones” contra los exfuncionarios.

En este sentido, el gobernador aseguró que Reverol y Molina se desempeñaron con absoluta firmeza y probidad enfrentando a las bandas criminales del narcotráfico.

Los Runrunes de Bocaranda hoy 22.10.2015
ALTO
SIN VERGÜENZA:

Desde hace años la desfachatez y el caradurismo del gobierno venezolano superaron cualquier marca lograda otrora por republiquetas africanas en los anales de la ignominia. Lo extraordinario apenas comenzaba Chávez se ha hecho ordinario con los años. Fueron así las designaciones de magistrados en el tribunal supremo de justicia -si, en minúsculas- cuando se aumentó su número, se violaron normas de ingreso, se buscó entre los peores y se dejó de lado la honorabilidad profesional. Chávez los controló con aquella carta de renuncia firmada y luego dejándolos hacer de las suyas para tenerles guardados sus expedientes. De ellos se aprovechó  Maduro hace dos semanas para retirar a 13 de ellos y tratar de conseguir otros serviles comprometidos por si acaso pierde el control de la Asamblea el 6D. Tres veces han tratado de convocar a quienes podrían llenar esas vacantes. Infructuosos hasta hoy han sido esos intentos. Buscan con apuro. Los temores también son de los convocados. Hasta dudan de la actual presidenta por haber cuestionado el desaguisado de suspender las elecciones del Parlamento Latinoamericano, lo que quedó en su currículo imborrable. Saben que lo que ha hecho el chavismo-madurismo con los magistrados podría repetirlo la nueva Asamblea. El culillo es gratis. Sienten que el régimen no puede aguantar eternamente. Días aciagos…

MEDIO
BRASIL SE ARRE…:

SamperyRousseff

Tras las triquiñuelas del Secretario General de UNASUR, por instrucciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, la presidente de Brasil decidió no enviar una delegación a las elecciones venezolanas del 6D pues no aceptó que fueran solo “acompañantes” y no observadores como estuvo contemplado. Ya comentamos en www.runrun.es que Samper había señalado hace semanas que el jefe de la delegación de UNASUR sería el representante brasileño, excanciller y exministro de Defensa de Lula, Celso Amorim. Luego Samper por instrucciones “superiores” sugirió que fuera otro exministro de Dilma, Nelson Jobim. En silencio, entre sombras, el gobierno de Maduro impuso un veto que impidió que la Misión estuviese presidida por ese reconocido jurista, ex ministro de Defensa y de Justicia y ex presidente de la Corte Suprema de Brasil, contando con la simpatía de varios países miembros. Fue el mismo Samper quien sugiere, tras una llamada de Maduro, que se deje de lado al brasileño y se invite el excanciller de Cristina Kirchner, Jorge Taiana.

Fue así que Brasil se cansó de “la burla” de Maduro y Samper y decidió no participar pues el rol que querían asignarle era el de “acompañantes” y no de observadores como en principio se había acordado. Venezuela desatiende así las sugerencias formuladas por el Tribunal Superior Electoral de Brasil de promover una Misión de Observación de UNASUR equilibrada que pueda realizar un trabajo “objetivo, imparcial y amplio”, como lo señala el propio comunicado en el que se anuncia el retiro de ese Tribunal de la Misión de UNASUR que vendrá a Caracas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Las preocupaciones del Presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil ya habían sido anticipadas en una carta al Presidente del Consejo Electoral de UNASUR, de fecha 21 de mayo pasado, en la que planteaba que las futuras misiones de observación electoral de la organización debían realizarse en estricto apego al estatuto y a las  normas y reglamentos del Consejo. Hay de por medio un compromiso de la presidenta Rousseff con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama quien le pidió personalmente el envío de un observador imparcial a las elecciones parlamentarias de Venezuela. Igual ha hecho con otros gobiernos cercanos al régimen de Maduro.

Un informe publicado por Folha de Sao Paulo indica que “además que le vetaron su postulado para presidir la misión, el Consejo Nacional Electoral venezolano tiene dos meses sin responderle sus requerimientos y que ya no hay tiempo para programar la misión de observadores como se había decidido”. En resumidas cuentas Brasil no aceptó venir como acompañante sino como Observador como se planteó hace meses. Para el gobierno de Dilma así no puede hacer una observación adecuada en una elección con tanta tensión como se prevé será la del parlamento venezolano. Ella tiene además las calientes presiones de quienes quieren llevarla a juicio por corrupción y de la oposición que ha estado al lado de los atropellados líderes de la democracia venezolana y cuyas visitas a Caracas han sido torpedeadas y acosadas por el gobierno Maduro-Cabello. Brasil se arrepintió de haber ayudado a mejorar la imagen desastrosa que ante el globo tiene el gobierno venezolano. Sin embargo la importación de alimentos y medicinas con sobreprecios acordados por mafias de ambos gobiernos siguen su curso…

¿LIQUIDEZ?:

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Síntomas de preocupación en la banca privada debido a la baja de la liquidez monetaria existente en el sistema. De manera poca ortodoxa el gobierno dirige la mayor liquidez a la banca pública. La situación es tal que pronto no podrán ofrecer créditos. Dos aviones 747 cargados de billetes en denominaciones de 50 y 100 bolívares han aterrizado en Maracaibo y Caracas  para alimentar el torrente monetario que por ende causará una mayor inflación en los días por venir. La Casa de la Moneda en Maracay está quedando como un “elefante rojo” a pesar de las millonarias inversiones que en ella se han hecho…

¿CO-O-PEI-RANTE?:

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Tras la suspensión de una reunión de los más altos y respetados dirigentes del viejo Partido Copei para analizar ayer la situación planteada se acrecentaron las dudas sobre la verdadera intención del TSJ rojo al pedirle al Copei intervenido por el gobierno que coloque sus fichas rojiverdes en reemplazo de los candidatos designados por la MUD. ¿Negociaciones con patriotas cooperantes de nuevo cuño?. Por las presiones desde la Asamblea se descubren los hilos. Otro tipo de culillo adicional ante el 6D…

BAJO
¿OTRO BOTÍN ROJO?:

ONA

 

El excelente trabajo del colega Javier Ignacio Mayorca en El Nacional del pasado 19 debería provocar alguna reacción más allá del estupor que produjo al conocerse la opacidad con la que el gobierno ha manejado los bienes incautados al narcotráfico.  Entre 2010 y 2014 el gobierno a través de la Oficina Nacional Antidrogas tiene “en custodia” 122 aviones y avionetas; 385 casas y apartamentos; 45 lanchas y yates; 7.934 vehículos de todo tipo; 3.271 armas y 7.864 celulares. La ONA tiene la facultad de designar “administradores especiales”. El único requisito es que sean funcionarios civiles o militares. Y padrinos, por supuesto. Desde un yate asignado a un secretario de la Presidencia hasta casas en Los Chorros, el Country, La Lagunita, Valle Arriba y otras zonas entregadas a coroneles y generales de la GNB pasando por otras propiedades en playas de Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Margarita.

ONA allanó división de inteligencia y antidrogas del CICPC

CICPC

 

La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) allanó el jueves 2 de julio la división de inteligencia y antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). En el proceso se vieron involucrados 3 jefes de la división de Inteligencia y 5 de la división Antidrogas por presuntamente haber desviado 600 kg de cocaina.

En enero de este año, La delegación del Cicpc ubicada en El Valle fue allanada por una comisión mixta de la PNB y el Sebin y en el procedimiento fueron detenidos 13 funcionarios de la policía judicial pues estarían involucrados en delitos de extorsión y secuestros.