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Las familias de 14 de los asesinados durante las protestas de 2017 conformaron la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), que exige justicia por los caídos así como el rescate de la memoria de esos días

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El expediente penal de Yorman Bervecía, asesinado en Barinas, está desaparecido desde 2018. 

Aunque hay fotos, videos y hasta una declaración de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, que confirma la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el homicidio de Juan Pablo Pernalete, ese componente de la Fuerza Armada insiste en que ninguno de sus miembros estaba en el lugar de los hechos aquel 26 de abril de 2017, cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. 

Los familiares de Fabián Urbina, a quien un GNB disparó de frente en una manifestación en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuentan que les difirieron 19 audiencias preliminares antes de que el caso del joven pasara a fase de juicio. 

Sobre el victimario de Manuel Sosa, a quien mataron en Cabudare, estado Lara, pesa una orden de captura desde el 21 de junio de 2017, pero todavía no ha sido ejecutada porque se trata de un uniformado. 

Todos, los cuatro jóvenes, fueron víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Las irregularidades están presentes en cada una de las investigaciones sobre estas muertes. “Esto es un luto permanente. Aparte del dolor que llevamos, nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso, es una lucha diaria. Queremos que sepan que vamos a seguir. No vamos a permitir que nos cansen”, reclama frente a las cámaras Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, una de las voceras de la recién creada Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), una asociación civil sin fines de lucro que “persigue la memoria, verdad, reparación y no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, según dice el comunicado con el que anunciaron su constitución.

El grupo, conformado por 14 familias de víctimas de la acción violenta del Estado contra los manifestantes de 2017, fue presentado ante los medios de comunicación este 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en medio de un acto frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, donde también están desde septiembre pasado los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ellos les entregaron una carta para informarles que, desde ahora, actuarán unidos.

Alfavic 2017 está integrada por los parientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Quéliz, Leonardo González, Yorman Bervecía, Miguel Castillo, Yoiner Peña, Augusto Pugas, Manuel Sosa, Roberto Durán, Luis Alviárez y David Vallenilla. La mayoría eran jóvenes, menores de 30 años, que salieron a protestar contra un gobierno que menoscabó sus libertades y calidad de vida.

El patrón del desgaste

La unión de las familias sirvió para que también advirtieran los patrones de irregularidades que se siguen en los casos. Una y otra vez les niegan el acceso a las copias certificadas de los expedientes, se desaparecen las solicitudes de arresto, dan tratos preferenciales a los imputados porque los cambian a retenes de los cuerpos de seguridad a los que pertenecen, difieren las audiencias para retrasar los juicios un año o más.

Un ejemplo de ese retardo procesal lo expuso Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, quien acababa de salir de la primera audiencia de apertura de juicio del homicidio de su hijo, que fue diferida para el 25 de febrero de 2020 al mediodía. La razón que le dieron para posponerla es que no se notificó de ese acto a los familiares de las otras cuatro víctimas que fueron heridas en el mismo incidente que Fabián.

“De los 14 casos sistematizados en este informe, existen nueve que están prácticamente paralizados. Nos atiende la Fiscalía, pero no hay avances en las investigaciones. En más de dos años de ocurridos los hechos, la impunidad se mantiene (…) Los órganos de seguridad siguen burlándose de nosotros como familiares, siguen negándonos la justicia y el acceso a la verdad de lo que pasó en los hechos de 2017”, leyó Elvira Llovera de Pernalete en una rueda de prensa que se efectuó más tarde. Lo hizo frente a una mesa en la que estaban las medallas deportivas que había recibido su hijo, la franela beige del liceo de Rubén González, las fotos de Vallenilla y Arévalo, una camiseta con el rostro de Urbina estampado.

La madre de Juan Pernalete señala también que, en el caso de su hijo, el fiscal designado por el Ministerio Público ha sido cambiado 14 veces. Cada vez que eso sucede, todo el proceso debe comenzar de nuevo. Por eso no deja de ir todas las semanas a esa instancia para exigir que le soliciten a la Guardia Nacional los libros de novedades, el “parte” de armas usadas y todos los documentos con los que se pueda comprobar que el asesino de su hijo es un militar. La respuesta de la Fiscalía es que la Fuerza Armada no les suministra ninguna información.

En ese juego del desgaste del que se siente víctima, también la criminalizan. “Una vez, cuando fuimos a pedir una copia del documento, dijeron ‘busquen el expediente del guarimbero’. Yo les contesté que donde estaba ese término para referirse a mi hijo. Esa es una situación que no solo nos desgasta emocionalmente. Los órganos encargados de dar justicia no te acompañan, sientes que estás luchando contra un Estado completo, que no tienes instituciones”, asegura.

Memoria en lugar de sobornos

La nueva Alianza también rechazó que desde el gobierno se les haya querido sobornar con ayudas económicas. Así sucedió cuando la asamblea nacional constituyente conformó la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, órgano que convocó a reuniones a los familiares para ofrecerles sueldos mínimos de por vida, la cobertura de los gastos funerarios e incluso viviendas, con tal de que no continuaran exigiendo justicia. Ninguno de los miembros de Alfavic 2017 aceptó.

“Nosotros lo que buscamos es justicia y la no repetición de los hechos que marcaron a nuestros familias. Queremos crear memoria histórica de lo que pasó en 2017, cuando nuestros hijos salieron a protestar y fueron asesinados por los organismos del Estado”, señaló Iván Urbina. “Los jóvenes asesinados tenían historias, tenían familia y fueron tildados de delincuentes y terroristas, de criminales, todo por ejercer sus derechos fundamentales”, añadió Llovera de Pernalete.

Los familiares también reclamaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. Olga González, esposa de Leonardo González, el payaso de hospital que fue acribillado por policías de Naguanagua, explicó que nunca recibió respuesta ante la solicitud de medida de protección que pidió a los tribunales, aun cuando vio que los oficiales acusados por el asesinato de su marido estaban libres.

A la familia Pernalete le fue otorgada una orden judicial para que la Policía Nacional se hiciera cargo de su seguridad, pero en ningún momento este cuerpo de seguridad se las ha ofrecido.

A Yoinier Peña, joven  con discapacidad cognitiva asesinado por colectivos en Barquisimeto,  estado Lara, lo custodiaron militares mientras estuvo hospitalizado antes de morir. “Los guardias iban y venían y él temblaba. Cuando yo me iba a buscar los medicamentos, también me observaban”, recordó su mamá, Yaneth Hernández.

A Zulmi Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, muchacho de 15 años a quien mataron en Carabobo, la persiguió la GNB poco después de ofrecer una declaración en un centro comercial, y un episodio similar se repitió cuando dio en su casa unas entrevistas a varios medios de comunicación. “Cuando los reporteros se fueron, pasaron unas 10 motos, con hombres vestidos de negro, frente a la casa. Nosotros tememos por nuestras vidas porque sabemos que estamos peleando contra gente que nos garantiza ese derecho”, afirmó.

Cambio de sitio a última hora

Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea que ayudó a la nueva organización, informó que la rueda de prensa debió cambiar de lugar a última hora. El lugar anunciado para el evento había sido la Sala Cabrujas, que depende de la Alcaldía de Chacao y está a pocos metros de la sede del PNUD en donde se entregó la carta. En horas de la tarde del lunes, 9 de diciembre, el coordinador de Programación del recinto informó que “por órdenes de arriba” el acto no se podría efectuar allí.

Al final, el encuentro con los medios se hizo en las oficinas de Chacao del LaboCiudadano, otra de las organizaciones que colaboró con Alfavic 2017 en su presentación.

Entre las próximas acciones, la Alianza prevé ejercer presión sobre las instituciones al acompañar a los familiares cuando haya audiencias, reunirse con representantes de las embajadas de países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y hacer un par de visitas al Comité de Derechos Humanos de la misma organización en Ginebra, Suiza. Esperan que a su nueva Alianza se unan más padres y familiares de los 158 asesinados durante las protestas de 2017.

TSJ ratifica condena al asesino de Bassil Dacosta

LA SALA DE CASACIÓN PENAL  del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 29 años y seis meses de prisión contra el exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Ramón Perdomo Camacho, por el homicidio de Bassil Dacosta, uno de los jóvenes asesinados durante la protesta antigobierno del 12 de febrero de 2014. 

Dacosta, quien tenía 23 años cuando lo mataron, recibió un disparo cuando huía de la arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de Inteligencia y colectivos armados contra los manifestantes que marcharon ese Día de la Juventud desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público. El estudiante de Mercadeo de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas cayó en la esquina de Tracabordo de Candelaria, en el municipio Libertador del Distrito Capital, a unos 200 metros de la sede de la Fiscalía.

Perdomo Camacho, cuya defensa había interpuesto un recurso de casación calificado por los tribunales como “manifiestamente infundado”, fue penado por los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía y por motivos innobles, y uso indebido de arma orgánica, previstos y sancionados en el Código Penal.

“La acción judicial presentada no cumple con los requerimientos exigidos por el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, porque al fundamentar el recurso de casación lo que en realidad se pretendió fue impugnar la decisión del juzgador de juicio (…) Los medios recursivos no pueden ser entendidos como vías jurídicas procesales para acometer contra una sentencia que resultan solo desfavorables a los intereses de las partes”, indica la ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela ante la Sala de Casación Penal, según refiere la nota del TSJ.

EL PERIODISTA DE UNIVISIÓN, JORGE RAMOS, reveló un segundo fragmento de la entrevista que le hizo a Nicolás Maduro en febrero pasado, en el cual el gobernante venezolano lo amenaza con cárcel por haberle preguntado por los homicidios a manos de las fuerzas de seguridad ocurridos en medio de las protestas en su contra.

“Es muy grave que me acuses a mí de asesinatos. Nadie puede pretender acusarme a mí de delitos que jamás he cometido (…) Tú traes afirmaciones, acusaciones. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia porque estás haciendo afirmaciones falsas de casos que están juzgados”, dijo Maduro en la entrevista que, según Ramos, fue recuperada a través de las gestiones de un funcionario venezolano cuya identidad no será difundida. 

Aunque el periodista explicó a Maduro que las acusaciones las había hecho el ex director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Hugo “El Pollo” Carvajal, este insistió en la amenaza y aseguró que desde que había alcanzado el poder lo había botado de su gabinete.

Ramos, en respuesta, mostró una foto en la que Maduro aparecía abrazando a Carvajal, cuando este volvió al país tras ser arrestado en Aruba, debido a una causa abierta en su contra en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Otro vínculo que demuestra la cercanía de Maduro con Carvajal es que este último se convirtió en diciembre de 2015 en diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cargo que todavía detenta.

“Yo soy un hombre apegado a valores espirituales, a valores legales. (Soy cristiano) profundo, practicante, diario, cristiano de oración”, exclamó Maduro para defenderse. “Tú tienes un sentido, hacer una entrevista para una confrontación estéril”, sentenció.

En febrero pasado, Ramos y su equipo arribaron a Caracas para grabar una conversación exclusiva con Nicolás Maduro. Pero las preguntas del periodista enfurecieron al gobernante al punto de que ordenó que acabara la entrevista, confiscó sus equipos y materiales y los deportó de Venezuela en cuestión de horas. 

El jueves, en el primer fragmento revelado de la entrevista, Maduro negó que en Venezuela hubiese “prisioneros por su pensamiento político”. Ramos le mostró una lista de 400 personas que están en la cárcel por oponerse al gobierno venezolano.

“Tus listas… Tú y tus obsesiones. Tú te llevas tu basurita, Jorge Ramos. Tú vienes a provocarme. Te vas a tragar con Coca-Cola tu basurita”, le dijo Maduro. 

Ciudadanos hicieron vigilia y oraron por los muertos en la protestas contra Maduro

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ORÓ ESTE domingo por las cuatro muertes ocurridas durante las manifestaciones de esta semana contra el gobierno de Nicolás Maduro, un evento al que no acudió el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino.

Varias centenas de personas se congregaron en el este de Caracas, un territorio considerado bastión del antichavismo, para recitar oraciones, encender velas y entonar canciones, pero también para gritar consignas contra Maduro, al que calificaron como “usurpador” de la Presidencia.

“Refugiarse en Dios es nuestra mejor opción, este es un signo de esperanza para el pueblo de Venezuela que vive momentos tan difíciles”, dijo a Efe Humberto Rico, asistente a la manifestación.

Cubierto con la bandera de Venezuela y vela en mano, el joven remarcó que la actividad era necesaria para recordar a los fallecidos en las protestas, a los que definió como “mártires”.

Por su parte, la pensionista Gladys Lovera señaló a Efe que las oraciones son “un paso más para lograr la libertad” y un cambio de Gobierno en Venezuela, que el antichavismo estima urgente.

“Queremos que este régimen salga y estamos utilizando todos los medios posibles”, indicó.

“Vamos a lograrlo esta vez, con la ayuda internacional y nosotros haciendo la presión desde adentro, vamos a lograrlo”, insistió convencida la mujer, que dijo llevar 20 años oponiéndose al chavismo.

El pasado martes, Guaidó lideró junto a un grupo de militares y el líder de su partido, Leopoldo López, un breve alzamiento militar para reclamar a la Fuerza Armada que dé la espalda a Maduro, en el poder desde 2013.

Ese mismo día se desataron protestas violentas en Caracas y otras regiones del país, que se mantuvieron hasta dos días después y se saldaron con la muerte de cuatro personas, dos de ellas adolescentes.

“Esa es la forma de actuar de ellos, desde que llegó (Hugo) Chávez entró con violencia”, dijo Lovera al recordar el golpe de Estado que dio el fallecido presidente venezolano en 1992 y al responsabilizar al Gobierno de Maduro por las muertes en las manifestaciones.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. EFE

Muere joven herida en la cabeza durante represión en Altamira este 1 de mayo
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm. Testigos señalan que el disparo provino de la GNB

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JURUBITH BETZABETH RAUSSEO GARCÍA, DE 27 AÑOS, es el nombre de la joven que murió este miércoles, 1 de mayo, en medio de las manifestaciones de la Operación Libertad que se desarrollaron en Altamira, al este de Caracas.

La muchacha, segunda víctima de las protestas nacionales que se activaron por la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza. Testigos aseguran que el disparo lo hizo un efectivo de la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 pm en la avenida Del Ávila, que comunica a Altamira con la autopista Francisco Fajardo, en donde desde el mediodía se registró una intensa represión contra quienes protestaban en las cercanías de la base aérea militar de La Carlota.

A medida que transcurrió la tarde de este miércoles, la Guardia Nacional avanzó hacia la avenida Francisco de Miranda para atacar a los manifestantes que todavía continuaban sus acciones de calle después de siete horas.

Rausseo fue trasladada a la clínica Ávila, donde fue ingresada y sometida a una operación. Murió en medio de este procedimiento, según reporteros de varios medios audiovisuales venezolanos.

Protestas de 2019: Represión en manifestaciones nocturnas dejan más muertos en menos días
De acuerdo con cifras registradas por Runrun.es, el balance de víctimas asciende a 33 personas. Distrito Capital encabeza la lista con nueve caídos

@loremelendez

Entre el 21 y el 24 de enero, al menos 33 personas murieron en Venezuela en medio de la represión a las manifestaciones de calle que repudian el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra comprueba que el amedrentamiento y los ataques a quienes protestan han sido más letales que en 2017, cuando ese número de víctimas solo se alcanzó luego de 25 días de conflicto. En este caso, solo pasaron 4 jornadas.

Buena parte de las muertes ocurrieron en la noche, momento en el que se desatan las protestas en las zonas populares. Así ha sido en Distrito Capital, donde todas ocurrieron después de las 8:00 pm.

En la capital del país, los últimos casos reportados son los de los mototaxistas Kevin Antonio Cárdenas y Luis Alberto Martínez, de 22 y 32 años de edad, respectivamente. Ambos recogían agua en la calle la noche del 23 de enero, cuando un grupo de jóvenes que protestaba comenzó a correr por la represión de los cuerpos de seguridad. Un comerciante de la zona. que tenía su local abierto, pensó que la muchedumbre venía hacia él para saquear su negocio y así comenzó a disparar. Los hombres cayeron al suelo con varios impactos de bala.

Bolívar es el segundo estado con más muertes: 7 en total, todos ocurridos en medio de la noche. A las cuatro víctimas reportadas anteriormente, se sumaron los caso de Yeskarly José Gil Martínez, de 25 años, y Adán Pérez, de 45, quienes murieron durante saqueos en Ciudad Guayana entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero. En Ciudad Bolívar, capital de la entidad, cayó Luis Pérez, un adolescente de 16 años.

Las cifras recolectadas por Runrun.es fueron extraídas de reportes de la prensa nacional y de organizaciones no gubernamentales, así como información policial y testimonios de los familiares de los caídos.

En Barinas, tercer estado con mayor cantidad de homicidios en las movilizaciones contra Maduro, la manifestación del 23 de enero dejó cuatro víctimas fatales. Mientras, en Portuguesa dejó tres: Juan Rafael Medina Torres y

Enmanuel Zambrano, de 19 años, y Jhonny Jesús Pacheco Vega, de 23. Los tres murieron durante las marchas del 23 de enero en Guanare.

Amazonas, Táchira y Monagas tienen, cada una, dos víctimas. En esta última entidad murió el único uniformado de la lista: el sargento segundo de la Guardia Nacional, Pedro Díaz. En Miranda, Sucre, Vargas y Yaracuy se registra, hasta el momento, un caído por estado.

#MonitordeVíctimas | Tres jóvenes menores de 25 años son las primeras víctimas de la violencia política
Alixon Pizani tenía 16 años y Frankie Nova tenía 24. El primero trabajaba en una panadería y el segundo era bartender. La noche del pasado martes 22 de enero murieron por impactos de balas de arma de fuego disparados por cuerpos de seguridad del Estado mientras manifestaban en contra de Nicolás Maduro

 

@clausmolansky @franzambranor

ELEONORA, LA ABUELA DE ALIXON PIZANI, VISTE DE NEGRO y deambula por su casa, en Catia, con un paño sobre su cara que utiliza para secar las lágrimas de sus ojos y esconder los gemidos. Esto ocurre a tempranas horas de la mañana del 23 de enero de 2019, fecha en la que la oposición, en respaldo a la Asamblea Nacional, convocó a la calle para exigir el cese de usurpación del poder de Nicolás Maduro y, en la que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República. Para ese llamado asistiría Alixon. Entre sus planes estaba llegar hasta la Plaza Juan Pablo II, en Chacao, donde se concentraron miles de caraqueños.

Alixon tenía 16 años. No conoció la democracia. Sus ansias de libertad lo motivó a protestar anticipadamente. El descontento de él y centenares de venezolanos hacia Nicolás Maduro se expresó en más de 30 zonas de la Gran Caracas, en especial, en sectores populares, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), antes del llamado opositor. Entre esas manifestaciones estaba Alixon. La noche del 22 de enero de 2019 caminó junto a un grupo de jóvenes, hacia la avenida Sucre de Catia, por la entrada de Cutira, a “pedir lo que todos queremos”, dijo para Crónica.Uno, uno de sus amigos que protestó a su lado.

Eleonora se encargó de la crianza de Alixon. Vivían juntos en la calle La Colina, Altavista, Catia, en el segundo piso de una casa cuyas paredes son color turquesa y dicen “no botar basura aquí”. La mamá de Alixon vive fuera de Caracas y su padre no se responsabilizó de él.

“Él siempre estaba pendiente de su abuela”,  dice una vecina, Emilia Rangel. Alixon dejó el liceo y se dedicó a trabajar para ayudar en los gastos del hogar. En los últimos años colaboraba en una panadería ubicada por la avenida Sucre.

 

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A las 9:00 pm iniciaron las protestas en Catia. Las personas que se resguardaron en casa, mostraron su apoyo con un cacerolazo masivo. “Era lo único que se escuchaba. Era apabullante”, cuenta una prima de Alixon. Pero el sonido de las ollas se opacó por el de las detonaciones. A las 10:00 pm efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron hasta el lugar de la manifestación a dispersar con gases lacrimógenos y perdigones.

“No es secreto que ya nadie quiere a este Gobierno”, dice una tía de Alixon, recostada de una de las paredes turquesa. Emilia, la vecina, comenta que “no quiere más jóvenes muertos. Alixon Penzini recibió un impacto de bala de arma de fuego que le disparó un PNB. Así lo observó y denunció su amigo, quien prefirió resguardar su identidad, a Crónica.Uno. La bala atravesó el costado derecho de su espalda. “La GNB se encargó de asustar y reprimir, la PNB se encargó de matar”, aseveró. El joven se desangró en el lugar a las 10:30 pm. Sus amigos no aceptaban la muerte. Lo montaron en una moto y llevaron hasta el Hospital Periférico de Catia, pero ingresó sin signos vitales.

Hasta el mediodía del 23 de enero el joven permanecía en Hospital, ya que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no había hecho un levantamiento de los hechos. Los primos, vecinos, amigos, tíos y la abuela, Eleonora, se encontraban en la casa. Seguían consternados y era tanta la negación que no tenían fuerza para iniciar los trámites de defunción y sepelio.

“Esa es nuestra lamentable realidad. Vas caminando y no sabes hasta dónde llegarás”, agregó la tía de Alixon. Sus ánimos de hablar eran pocos, al igual que los de la abuela. Tristeza y luto arropaba este hogar. Por él y otros caídos, se veían a los vecinos de Catia en la calle este 23 de enero de 2019. “Los hijos del pueblo son los que están matando. Ya basta”, exclamó Nancy.

En El Junquito también protestaron la noche del 22 enero. Frankie Nova, de 24 años, se sumó a la jornada. Era él quien siempre le decía a sus amigos que había que olvidarse del miedo, que eran los jóvenes los que debían exigir sus derechos. Su amigo Roberto es uno de los que temía cada vez que Frankie salía a la calle a manifestar.

“La vida es injusta. Él iba a todas las marchas. A las del 2014, 2017. Siempre nos repetía que quería un futuro mejor, un país con igualdad y un Gobierno que no reprimiera al que pensara distinto”. Pero el Estado reprimió. Frankie Nova recibió un disparo en la espalda que le perforó el corazón. Los responsables pertenecen a la GNB.

Frankie Nova era bartender. Vivía con sus padres y hermana en el kilómetro 11 de El Junquito, en la urbanización Panorama. Su amigo Roberto, dice, que esa noche del 22 no tenía planeado manifestar. Sus ánimos estaban centrados para el miércoles 23 de enero de 2019. “Él estaba muy entusiasmado. Muy esperanzado”, agrega. Al final, decidió sumarse a la jornada en el camino de regreso a su casa. “Él estaba en el kilómetro 13 visitando a su novia y luego se encontró con sus vecinos y decidió apoyarlos”, explica, Roberto, quien repite, “esto no es justo”. El cuerpo de Frankie permanecía en el Hospital Miguel Pérez Carreño en horas de la tarde.

Terror en medio de la esperanza

El OVCS, además de Alixon y Frankie, registró otra muerte en Distrito Capital la noche del pasado martes 22, también en Catia. Se trata de Stefany Jajoy, de 20 años. Además, informaron que la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado cobró otras 10 vidas en distintas ciudades del país durante la madrugada y jornada del 23 de enero.

En Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, estado Bolívar, murieron cuatro personas en la madrugada mientras saqueaban distintos comercios de las ciudades. Por otro lado, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Alejandro Hernández, de 27 años y Efren Sandalio Castillo de 47 años, murieron a manos de la PNB durante las protestas.

En San Cristóbal, estado Táchira, murieron Wilmer Antonio Zambrano, de 28 años de edad, quien recibió un impacto de bala a nivel intercostal izquierdo y Edward José Marrero, de 21 años de edad, quien murió por un disparo de arma de fuego que le atravesó el tórax.

La décima víctima se trata de un estudiante de 19 años de la Universidad de Yacambú. Murió en Acarigua, estado Portuguesa, tras un impacto de bala en la región pectoral.

Por su parte, el Foro Penal informó la mañana de miércoles 23 de enero, que en las últimas 48 horas, al menos 43 personas habrían sido detenidas entre Caracas y Nueva Esparta, durante las protestas antigubernamentales. De ese total, cinco son menores de edad, aseveró el director de la institución, Alfredo Romero.

Asesinaron a una mujer durante manifestación en Catia

Stefany Maholy Jajoy Natera decidió salir a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en las inmediaciones de El Cuartel en Catia este martes 22 de enero en la noche.

Según la versión de sus familiares cerca de las 2 de la mañana una comisión de la Faes llegó al lugar y comenzó a disparar contra los manifestantes, Stefany corrió y unos metros después cayó al piso luego de recibir cuatro impactos de bala en la espalda.

Desconocen si Stefany de 20 años de edad falleció en la vía pública o en el Hospital Periférico de Catia, adonde fue trasladada posteriormente.

“Por allá ya tienen dos días protestando en las noches y eso ha estado feo”, dijo Yusmary Natera, madre de Stefany.

Jajoy Natera era bachiller y se dedicaba a la crianza de sus dos hijas. Además era la mayor de tres hermanos.

Con información de Francisco Zambrano

 

Ataque de colectivos a marcha en San Cristóbal dejó dos muertos y más de 15 heridos

Crédito: @eli.maestro

EN LA CAPITAL DEL ESTADO TÁCHIRA, los ciudadanos se reunieron la mañana de este miércoles en cuatro puntos para marchar hasta la 7ma avenida, en el centro de la ciudad: los 1,36 kilómetros que componen una de las vías principales de la ciudad estaban repletos de punta a punta.

Aunque la manifestación fue pacífica durante toda la mañana y el recorrido hasta el punto central, de acuerdo a varios manifestantes consultados por Runrun.es, camiones con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvieron patrullando las calles todo el tiempo.

Sin embargo, la presencia de cuerpos de seguridad cesó cuando, cerca de la 1:30 pm., cuando los manifestantes esperaban para ver por la pantalla en la tarima al presidente de la Asamblea Nacional hablar ante miles de personas en la concentración de Caracas. En ese momento, un grupo de cerca de 20 miembros de colectivos en moto se aproximó al extremo de la concentración y empezó a disparar armas de fuego, según relató una manifestante.

“Yo estaba ahí cuando los colectivos llegaron. Empezaron a disparar al aire y todos empezamos a correr. Me salí de la Séptima avenida hacia el viaducto viejo. Luego, ellos cruzaron hacia el viaducto, se devolvieron, y empezaron a disparar a lo loco”, dijo a Runrun.es.

Videos difundidos por redes sociales muestran cómo un joven herido e inconsciente era arrastrado por los manifestantes y cómo lo subían a una moto para ser trasladado al Hospital Central de San Cristóbal.

Junto a él, otras cuatro personas arribaron al hospital antes de las tres de la tarde, todos con heridas de arma de fuego. Un sexto herido, un médico traumatólogo que se encontraba manifestando, fue llevado a la Clínica El Samán también por herida de bala.

Dos de los heridos ingresaron en condición crítica y fallecieron a los pocos minutos de su llegada al centro asistencial. La gobernadora de la entidad, Laidy Goméz, informó que uno de los asesinados fue Edwar José Marrero, de 21 años de edad. El joven presentaba heridas de bala a nivel de tórax y de la región axilar.

El segundo asesinado fue Luigi Ángel Guerrero Ovalles, un joven de 24 años que estudiaba 4to año de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes, informó la periodista Omaira Labrador.

Después del ataque, en las pequeñas calles que conforman el centro de San Cristóbal los colectivos continuaron persiguiendo, enfrentando y disparando a manifestantes, de acuerdo a reporte de medios locales y redes sociales.