Joel García, abogado defensor de los hermanos José y Alejandro Sánchez, anunció que evalúan ejercer acciones jurídicas en contra del presidente Nicolás Maduro por presuntamente difundir noticias falsas al difundir los videos obtenidos de los detenidos con acciones de tortura.
Destacó que Maduro aseguró haber sido autorizado por el Ministerio Público para varios videos con supuestas confesiones. Sin embargo, al parecer no fue así.
“Lo que hace Maduro es difundir información falsa (…) Esas pruebas son montadas”, dijo García esta mañana en La fuerza es la unión.
También reiteró las denuncias sobre la violación a los derechos fundamentales de los hermanos.
Los procesados fueron aprehendidos el 13 de abril y les imputaron los cargos de instigación para delinquir y agavillamiento. El Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana estableció que fueran recluidos en la cárcel de Tocorón.
Hermanos Sánchez, dirigentes juveniles de Primero Justicia
Ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video incriminatorio, desmintiendo así la versión del primer mandatario. Durante la audiencia de presentación, la fiscalía negó incluso conocer la existencia del material audiovisual y el tribunal solicitó averiguar quién autorizó a Maduro
EN LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN de los hermanos Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, llevada a cabo la noche del lunes 17 de abril de 2017, trascendió que ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video en el que uno de los dirigentes juveniles de Primero Justicia incrimina a varios diputados opositores de incitar actos de vandalismo durante las protestas.
Tanto la fiscalía como el tribunal 10 de control fueron un paso más allá. El MP negó que tuviera conocimiento del video y la juez solicitó una investigación para determinar quién autorizó al presidente la difusión del mismo.
“El material audiovisual ni siquiera formó parte del expediente”, apuntó Joel García, abogado de los dirigentes y miembro de la ONG de Derechos Humanos, Fundeci.
“El fiscal negó conocer el video y cuando le preguntamos a la juez si ella había autorizado su difusión, respondió que el Ministerio Público era el titular de la acción penal, es decir, se lavó las manos. El presidente actuó solo y mintió públicamente sobre tener autorización”, dijo García.
¿Para qué se grabó entonces el video si no fue usado como prueba por la fiscalía? García especula que se realizó únicamente con fines propagandísticos, versión que se corresponde con la percepción del secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien afirmó que la persecución que ya vivió Voluntad Popular, le toca ahora a PJ.
Una mentira: ocho delitos
“Sorprende que el presidente Maduro se pronunciara sobre hechos que ni la fiscalía ni la defensa conocíamos”, afirmó García.
En la cadena nacional donde se difundió el video, el primer mandatario acusó a los hermanos Sánchez de terrorismo. El abogado de Fundeci explica que con esa acción, Maduro incurrió, al menos, en ocho delitos:
Violó su derecho a la defensa, ya que sus abogados no conocían este material previamente (Art. 49 CRBV);
Violó su precepto constitucional (Art. 49 literal 5), el cual estipula que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, aclara además, que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza, cosa que niega Francisco Alejandro Sánchez, quien afirmó ante la jueza que fue objeto de tortura física y psicológica antes de acceder a realizar la grabación, para la cual le suministraron un guión detallado de lo que debía decir;
Violó el artículo 33 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”;
Violó el artículo 132 del COPP, según el cual la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor;
Violó el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal que obliga a los funcionarios a guardar reserva sobre la investigación;
Maduro incurrió, además, en el delito de difamación (Art. 442 del Código Penal), el cual prevé penas de prisión. “Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de un año a tres años y multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de dos años a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.)”.
Violó el artículo 296, literal A, del Código Penal: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.
“Mándennos a cualquier cárcel, pero sáquennos del Sebin”
Las denuncias de tortura física y psicológica formaron parte de las declaraciones de los hermanos Sánchez ante la juez Flores, confirmó el abogado defensor.
Francisco Alejandro describió que pasó tres días colgado de un brazo, incomunicado y aislado, recibiendo amenazas a la integridad física de su familia.
“En un momento los jóvenes dijeron que preferían ser enviados a cualquier cárcel, con tal de que los sacaran del Sebin”, dijo García. El padre de los jóvenes declaró en la Asamblea Nacional que sus hijos “preferían ir al infierno a regresar al Sebin”, debido al temor que sentían hacia su integridad física y moral. No obstante, su padre narró que los muchachos dijeron que «los habían doblado, mas no quebrado».
La aversión al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) no es gratuita. Desde su detención arbitraria, los morochos fueron objeto de una cadena de violaciones al debido proceso, entre las que están: derecho a la libertad; desaparición forzada, ya que el Sebin negó a sus padres, abogados e incluso a la fiscalía tener a los jóvenes o conocer su paradero.
“Fue tras unos tweets del ministro Reverol que se confirmó dónde estaban”, explicó García.
Se violaron además el derecho a ser presentado en 48 horas, el derecho a la comunicación con abogados desde el inicio del proceso y el derecho a la cadena de custodia de los artículos que les incautaron, a saber, dos celulares, un koala, las llaves del carro y dos gorras tricolor.
La defensa solicitó al tribunal el pronunciamiento inmediato sobre cada uno de los derechos violados. “Solicitamos oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo; además, solicitamos la nulidad absoluta y la libertad plena para nuestros defendidos”, describe la abogada y defensora de DD. HH, Elenis Rodríguez.
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“La juez 10 de control negó la nulidad de las actas, negó la solicitud de oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo -dijo que lo hiciéramos nosotros-; negó lo solicitado por el Ministerio Público en oficiar a la Dirección de derechos fundamentales para que inicie la investigación contra los funcionarios torturadores del Sebin. Con respecto al video mostrado por Nicolás Maduro, la juez ordenó al Ministerio Público que investigue quién lo autorizó”, reseñó Rodríguez.
Finalmente, admitió la precalificación fiscal y ordenó la privativa de libertad y como sitio de reclusión, Tocorón. «La celeridad y severidad de la pena en este caso contrasta con la mayoría de las decisiones de jóvenes manifestantes a quienes se les suele otorgar alguna medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad», explica García.
Hasta el momento, los jóvenes de 22 años, estudiantes universitarios, permanecen bajo custodia del CICPC.
La noche del lunes 17 de abril se conoció que el Tribunal 10 dictó privativa de libertad a Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, dirigentes de Primero Justicia, y ordenó como sitio de reclusión la cárcel de Tocorón.
A continuación, la explicación detallada de la abogada Elenis Rodríguez
Tribunal 10 de control a cargo de la juez Josepline Flores culmina la audiencia de presentación de los dirigentes juveniles de Primero Justicia, estudiantes Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez.
El Ministerio Público precalificó los delitos de Instigación Pública y Agavillamiento. Igualmente solicitó continuar el procedimiento ordinario y la Privativa de Libertad.
Así mismo, una vez que el Ministerio Público escuchó a los hermanos Sánchez relatar los hechos que determinan la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano y la arbitraria detención, solicitó al tribunal lo siguiente: 1) Oficiar a la Dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público a los fines de que procedan con la investigación. 2) Solicitó dejar sentado en acta que el Ministerio Público no tenía conocimiento del video transmitido por Nicolas Maduro.
La defensa de los hermanos Sánchez solicitaron al tribunal el pronunciamiento inmediato de cada uno de los derechos violados a sus defendidos en cuanto a: 1) La detención debido proceso. 2) En cuanto a la publicidad del video de uno de los hermanos Sánchez, si el Ministerio Público desconoce la existencia del video, EXIGIMOS a la ciudadana Juez Josepline Flores que diga si ella ordenó la publicidad. 3) Otro derecho violado la presentación, el lapso de las 48 horas. 4) La publicidad del video viola la presunción de inocencia, el derecho al honor y fueron condenados por Nicolás Maduro. 5) Solicitamos al tribunal oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo. 6) Solicitamos la Nulidad absoluta y la Libertad Plena para nuestros defendidos.
Decisión de la juez Josepline Flores.
Como punto previo, la juez se pronunció con respecto a los derechos violados a los hermanos Sánchez solicitados por la defensa.
Negó la nulidad de las actas, negó la solicitud de oficiar de conformidad con el artículo 15 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles e inhumano al Defensor del Pueblo, dijo rotundamente que lo hicieramos nosotros, negó lo solicitado por el Ministerio Público en oficiar a la Dirección de derechos fundamentales para que inicie la investigación contra los funcionarios torturadores del Sebin, la juez tuvo el tupé de indicarle a la Fiscal que lo haga ella. Con respecto al video mostrado por Nicolás Maduro, la juez ordena al Ministerio Público que investigue quien lo autorizó.
Admite la precalificación fiscal y ordena la Privativa de Libertad y como sitio de reclusión Tocoron.
El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, denunció nuevamente la tortura a que han sido sometidos los morochos Sánchez, activistas de Primero Justicia detenidos el pasado 13 de abril, a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Durante rueda de prensa de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), el parlamentario también rechazó las acusaciones que el presidente Nicolás Maduro emitió en contra de los diputados José Guerra y Marialbert Barrios.
Asimismo, Guanipa hizo un llamado a los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales a no reprimir las protestas pacíficas de los ciudadanos. «Ustedes no están para cuidar a los colectivos, están para cuidar al pueblo venezolano».
El diputado contó que José y Alejandro Sánchez han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, y aclaró que ninguna confesión obtenida bajo tortura puede ser usada como prueba de acuerdo a la legislación venezolana.
De acuerdo a los comentarios de Guanipa, los hermanos fueron obligados a declarar lo que les pedían al haberles insinuado que su madre, quien recibe tratamiento para el cáncer, podría dejar de recibirlo. También habrían amenazado su hermano menor y a la novia de uno de los morochos.
.@TomasGuanipa: También les dijeron que el tratamiento contra el cáncer que se realiza su madre no tendrá efecto. #MaduroTorturador
“Este gobierno es un gobierno torturador y tenemos la obligación de liberar al pueblo venezolano, cueste lo que cueste”, declaró Guanipa y reveló que actualmente recopilan los nombres de los funcionarios del Sebin que aplican las torturas para denunciarlos. Recordó que la legislación nacional e internacional vigente rechaza la aplicación de torturas y actos degradantes a los ciudadanos. Sin embargo, es lo contrario a lo que ocurre.
Los hermanos Sánchez estaban siendo presentados ante la Fiscalía en el momento de las declaraciones. A pesar de que la audiencia se realizaba a puertas cerradas -cuando debía ser a puerta abierta- se conoció que negaron las declaraciones que habían hecho previamente “bajo torturas”.
Por último, reiteró el llamado del MUD a marchar este miércoles: “No tenemos otra alternativa que salir con fe, esperanza y pacíficamente”.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, entrevistó a los hermanos Sánchez este domingo en la sede central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras haber sido detenidos el pasado 13 de abril en Montalbán.
William Saab también aseguró que familiares de los hermanos José y Alejandro Sánchez los visitaron en el lugar, incluida la madre de ellos, Marlene Ramirez de Sánchez. Igualmente, se les realizó el examen correspondiente a través delServicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para garantizar sus derechos humanos.
1) #HOY@Defensoria_Vzla entrevisto en la sede central del CICPC a los ciudadanos Jose y Alejandro Sánchez para dar seguimiento a dicho caso
2) Quienes también recibieron visita de sus familiares, incluyendo a su Sra madre Marlene Ramirez de Sánchez — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 17 de abril de 2017
3)A solicitud d @Defensoria_Vzla les realizaron el día d ayer exámenes correspondientes a través del SENAMECF; garantizándoles sus #DDHH
La información la dio a conocer luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, mostrara una serie de videos en los que uno de los hermanos Sánchez asegura haber atacado la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 8 de abril, y señala a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Marialbert Barrios y Jorge Millán como los cerebros de las acciones contra el TSJ.
37 funcionarios serán denunciados por tortura a los morochos Sánchez https://t.co/spXqtKFYmi
Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, ofreció declaraciones sobre la desaparición forzosa y torturas de las que fueron víctimas los hermanos Sánchez. “Hemos pasado de tener un gobierno golpista a sufrir un gobierno torturador que somete a la oposición política a tratos crueles e inhumanos”, indicó.
Matheus informó que mañana acudirán a “Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República para que se dé cuenta de la tortura de Alejandro Sánchez. También iremos a la Dirección de Tratos Inhumanos y Crueles de la Defensoría del Pueblo para que se de cauce a las investigaciones. Todo esto es el agotamiento de las vías internas para que Nestor Reverol pueda pagar internacionalmente por la tortura cometida al morocho Sánchez”.
El diputado del estado Carabobo indicó que se tienen identificados con número de cédula los nombres de 37 funcionarios del SEBIN, del CICPC y del Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas que participaron y colaboraron en la tortura de José y Alejandro Sánchez. “Todos los implicados en la desaparición forzosa y posterior tortura enfrentarán la justicia”, señaló.
El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia explicó que “la desaparición forzosa y posterior tortura de los hermanos Sánchez debe despertar la conciencia nacional o internacional. El SEBIN secuestró a los hermanos Sánchez y luego avanzaron en un estadio de crueldad: los torturaron. Acudimos a la Fiscalía General de la República para denunciar su desaparición forzosa y así le está dando curso ese Poder del Estado venezolano”.
“Nicolás Maduro, Nestor Reverol y todos los funcionarios que integran la estructura de represión y tortura deben entender que ninguno de estos crímenes quedarán impunes. Los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y son perseguibles dentro y fuera de nuestras fronteras. Ustedes tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional”, agregó.
Para finalizar, Matheus envió un mensaje al Defensor del Pueblo. “Tarek William Saab, su deber es relatar por redes sociales las aberraciones que comete este gobierno torturador. Su deber es promover y defender los Derechos Humanos de todos los venezolanos. Usted no es un mero observador. Si usted no quiere ser corresponsable de la tortura debe actuar en profundidad”.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, allanó la noche de este viernes la residencia de los hermanos José y Alejandro Sánchez, militantes de Primero Justicia detenidos el pasado 13 de abril en Montalbán. La información la difundieron dirigentes de la tolda amarilla, quienes denunciaron que la visita de los uniformados fuera para «sembrar» algún tipo de evidencia.
Los hermanos Sánchez, conocidos como los morochos de Primero Justicia, dueron detenidos el pasado 13 de abril, según informó el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Entonces, el funcionario aseguró que a través de su cuenta en Twitter que ambos «organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país».
Según la versión que había dado Reverol, los hermanos habrían confesado «su participación en la violencia de este semana», además de supuestamente involucrar a dirigentes «de la derecha como financistas». El ministro afirmó que la detención servía para recabar «valiosos elementos de prueba» que comprometerían a opositores con lo que denominó actos terroristas.
El diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, se preguntó la noche de este viernes a través de su cuenta en Twitter: «¿Porque allanar a esta hora? ¿Con qué intención lo hacen? ¿Sembrarlos?». El propio gobernador de Miranda, Henrique Capriles, denunció que «sigue la persecución y violación de derechos humanos,todo ordenado por el enchufado Reverol,más para el expediente internacional».
Varios diputados de Primero Justicia permanecieron en los alrededores de la residencia de los hermanos Sánchez, entre ellos Dinorah Figuera, José Manuel Olivares, José Guerra y Jorge Millán. Este último informó que pasadas las 10 de la noche permanecían en el apartamento familiar un un grupo de antiterrorismo y un fiscal del Ministerio Público, además de cinco patrullas del Cicpc en los alrededores del lugar.
