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ONG Justicia Venezolana: 217 militares se encuentran arbitrariamente detenidos
Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de esta organización, señaló además que existen oficiales que ya cumplieron la totalidad de su pena y aún no han sido puestos en libertad

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana denunció la detención arbitraria de 217 militares, recluidos en las diversas cárceles para efectivos castrenses del país, así como en la sede del Dgcim y Sebin en Caracas.

Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de esta organización, señaló además que existen oficiales que ya cumplieron la totalidad de su pena y aún no han sido puestos en libertad. “Dos de los oficiales relacionados con el llamado “golpe azul todavía no han sido puestos en libertad, esto nos tomó por sorpresa porque no había ocurrido nunca en el país”, dijo la abogada en relación a la violación de las leyes por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Asimismo, Camejo desglosó la lista, por componente de la Fuerza Armada Nacional, de los 217 militares detenidos por razones políticas: 106 del Ejército, 62 de la Guardia Nacional, 25 de la Armada y 24 de la Aviación.

La defensora de los Derechos Humanos, en entrevista para VPI TV, denunció además las pésimas condiciones en las que se encuentran muchos de estos efectivos castrenses, haciendo eco de las quejas de sus familiares y abogados.

“Hemos venido denunciando, a raíz que los familiares nos informan, que han tenido problemas para la visita sobre todo lo que es la Dgcim, no han permitido el ingreso de alimentos a varios de ellos, hay denuncias que las condiciones de ellos han desmejorado en cuanto al aseo personal (…) En días pasados denunciaron la retención de uno de los abogados cuando fue a visitar a uno de sus defendidos y por eso nuestra solicitud para que los cuerpos de seguridad respeten todas las normas internacionales. Estos militares que tienen sus procesos en investigación o a la espera de juicio deben tener unas condiciones mínimas de respeto y garantía de sus DD.HH en los sitios de reclusión”, sostuvo.

La profesional del derecho se refirió al caso donde fue tomado por asalto el Batallón 513 del estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre, donde seis oficiales, a cargo del lugar fueron secuestrados por los rebeldes, y luego de ser liberados fueron presentados ante el tribunal de control con casos relacionados al terrorismo. Explicó que sobre este caso, han recibido denuncias de familiares de otros militares que fueron detenidos pero no han sido presentados ante tribunal de control alguno, ni en la jurisdicción ordinaria ni en los tribunales militares.

Asamblea Nacional: Hay 198 militares detenidos por traición a la patria

LA ASAMBLEA NACIONAL SEÑALÓ ESTE martes que en el país hay 198 militares detenidos, acusados de “traición a la patria” por pedir respeto a la Constitución, alimentos en los cuarteles o por “emitir criterios sobre la presencia de grupos irregulares”.

“Tenemos 198 militares detenidos, injustamente detenidos: 92 del Ejército, 23 de la Aviación, 25 de la Armada, 58 de la Guardia Nacional”, dijo el diputado y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Eliezer Sirit, durante un debate sobre la “persecución” a los miembros de la Fuerza Armada.

Explicó que a estos funcionarios se les siguen causas “por traición a la patria por el solo hecho de plegarse a nuestra Constitución” o porque se han quejado porque “en los cuarteles no existe la comida”.

“Hemos presenciado (…) relatos, historia, de cada uno de los familiares que acuden a esta comisión para denunciar los atropellos, los vejámenes, las torturas físicas y mentales de los cuales son objeto estos oficiales, estos militares”, agregó.

Dentro de esta cifra se contabilizan al general de la Aviación Miguel Sisco, los coroneles Miguel Castillo y Francisco Torres, y el capitán Rafael Acosta, quienes, según los diputados, se encuentran en “desaparición forzada” desde el viernes pasado, cuando la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, finalizaba su visita al país.

“No había llegado la señora Bachelet a su destino cuando se inició una razia, la redada dirigida por agentes cubanos y están además del general de la Aviación Miguel Sisco, coroneles como Miguel Castillo y Francisco Torres, del capitán Rafael Acosta, de comisarios como Miguel Ibarreto y José Valladares”, dijo el diputado Luis Barragán.

Los parlamentarios resaltaron, además, que dos exministros del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) que se encuentran detenidos, los militares Miguel Rodríguez Torres y Raúl Emilio Baduel, están incomunicados y sin contacto con sus familiares.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, cuestionó la actuación de los militares en relación a sus compañeros de armas detenidos y les invitó nuevamente a defender la Constitución.

Por su parte, la legisladora Delsa Solórzano indicó que el Parlamento entregó a la comisión de derechos humanos de la ONU que Bachelet dejó instalada en el país un “informe completo” de la desaparición de civiles y militares.

Lorena Meléndez Dic 30, 2018 | Actualizado hace 1 año
2018: El año del desquite
La imagen de un gobierno que se vio debilitado durante las manifestaciones de 2017 quedó atrás durante 2018. El año, más bien, sirvió no solo para que Nicolás Maduro se levantara, se reeligiera, sino para que endureciera sus castigos contra la disidencia, aplanada por el mazo del desquite

 

@loremelendez

MATAR A UN ICONO DE LA “RESISTENCIA”, mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.

Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.

El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.

El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez


Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.

Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.

Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.

Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.

El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.

Ni uno libre: el año de los militares presos

Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.

A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.

Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.

En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte.  La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.

La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.

Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante

 

Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.

La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.

Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.

Requesens está desnudo… Y los represores también

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.

A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.

El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.

Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.

“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.

Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y  traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.

Requesens sigue preso.

Albán y las ventanas del piso 10

El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.

Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.

El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.

Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.

Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.

Un mal llamado reconversión monetaria

No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar “un gran proceso histórico de recuperación económica”, tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.

La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.

El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.

Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 20.11.2018: MEDIO: Corrupción y mala gestión

 

MEDIO
PRESOS DE UNIFORME: 

Reproducimos en Runrun.es  la investigación hecha por el equipo de investigación de  http://www.cronica.uno/ sobre las detenciones en el ámbito militar: “Un proyecto político de militares que intentó imponerse por las armas en 1992 sin éxito y, seis años después, consiguió el poder mediante una contienda electoral liderada por un teniente coronel, persigue, en el presente, a los soldados de su país. Nicolás Maduro, aunque no es militar, pero sí sucesor del modelo socialista del siglo XXI planteado por el difunto Hugo Chávez, encabeza la responsabilidad de una cifra histórica en cuanto a militares detenidos por razones políticas en Venezuela. Instigación a la rebelión, traición a la patria y faltas contra el decoro militar son los presuntos delitos por los que se acusa a la mayoría de los 163 militares que se encuentran detenidos actualmente en Venezuela. Cifra histórica en el país, que supera a las de mandatarios autoritarios como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez y que, además, casi se equipara a la de los civiles presos en el presente por motivos políticos, que son 197, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. 2018 ha sido el año en el que han apresado a más militares en Venezuela. De los 163 funcionarios tras las rejas, 116 fueron encarcelados este año; lo que representa 71 % de las detenciones. Esta cifra supera con creces el total de militares que Hugo Chávez ordenó encarcelar durante su gestión, que fue un total de 31 efectivos. “Un descontento oculto y temor a represalias es el sentimiento que está floreciendo e instalándose entre algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); así lo aseveran familiares de los efectivos tras las rejas”.

DESIDIA, CORRUPCION & RAPIÑA: 

Es lo que se deduce del informe sobre las 441 empresas expropiadas o “adquiridas”  por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en estos 19 años detentando el poder, presentado por la filial de Transparencia Internacional en Venezuela. Bajo el título “Empresas Propiedad del estado 2018” y según su base de datos de 576 empresas, 441 de ellas fueron creadas, adquiridas o expropiadas en estos rojos años. En la presentación del informe a los medios el ingeniero Manuel Sánchez detalló cómo la caída de la producción comenzó a verse mas este año 2018 por estar vinculada a la implementación del “primer plan socialista” pues a través de éste se radicalizó la expropiación de empresas del sector privado, especialmente de los sectores agropecuario y metalúrgico. Además, el 74,4% de las “empresas del estado” tienen denuncias de corrupción y mala gestión.

 

Encarcelan a ocho militares y a un civil por

Abogados defensores de derechos humanos informaron este domingo, 27 de mayo, que el Tribunal Militar Segundo de Control ratificó la medida privativa de libertad contra ocho miembros de la Fuerza Armada Nacional y un civil por delitos políticos.

De acuerdo con Alfonso Medina Roa, de los ocho militares, siete pertenecen a la Guardia Nacional y tres tienen rangos altos: el general de división Pedro Naranjo Suárez, general de brigada Nelson Morales Guitian y mayor Abraham Suarez Ramos. También quedaron bajo arresto el teniente E. Marquez, los sargentos segundo de apellidos Blanco Rondón y Ojeda Alonso, junto el sargento primero Peña Quintana.

Entre los militares también fue detenido el mayor de la Aviación Isaías Lenín Falcón Juarez. El único civil del grupo es Carlos Andrés Mora Alviárez.

Todos los mencionados, indicó Medina Roa a Runrun.es, fueron imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar. Además, a los tres sargentos y al teniente los señalaron por sustracción de efectos pertenecientes a la FAN.

Abogadas del Foro Penal Venezolano que acudieron al Tribunal Militar indicaron que presumen que los militares fueron detenidos la semana pasada.

“Mientras esperamos se cumpla con la liberación de todos los presos políticos, el Gobierno promete paz y reconciliación; pero la persecución en contra de los militares crece de forma salvaje. Hay que entender que para que reine la paz, debe considerarse a todos los sectores”, apuntó Medina Roa en su cuenta en Twitter.

Mientras esperamos se cumpla con la liberación de todos los presos políticos, el Gobierno promete paz y reconciliación; pero la persecución en contra de los militares crece de forma salvaje. Hay que entender que para que reine La Paz, debe considerarse a todos los sectores #DDHH