Miguel Henrique Otero

El procedimiento se habría llevado a cabo el pasado 27 de enero sin cumplir con las reglas procesales habituales. La jueza del caso fue Lisbeth del Carmen Amoroso, hermana del contralor general, Elvis Amoroso

«De esta forma, se concreta el despojo o arrebato judicial que, de su sede natural, es víctima El Nacional», denunció el rotativo en un comunicado

El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció a través de un escrito difundido a los medios de comunicación que un tribunal adjudicó formalmente la sede del rotativo en Caracas al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

El procedimiento se habría llevado a cabo el pasado 27 de enero sin cumplir con las reglas procesales que se deben cumplir en este tipo de casos, según denuncia el representante del medio. 

«En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, el Tribunal 3ero. de 1era. Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo -hermana del contralor general de Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo- ; el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas; de espaldas a El Nacional y a su representante judicial y sin la presencia de ningún testigo, sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto; le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón», se lee en el documento enviado a los medios. 

La justicia venezolana entregó la sede del diario El Nacional, crítico del gobierno, al líder chavista Diosdado Cabello, luego de ser embargado en mayo de 2021 tras una demanda por "daño moral", informó este lunes el medio en su sitio web #AFP pic.twitter.com/xLRdyK6oBb

— Agence France-Presse (@AFPespanol) February 7, 2022

En el texto se califica de  “robo judicial”, esta adjudicación con la que  se completa parte de la condena impuesta a este diario por los supuestos daños morales que, según Cabello denunció, le causó el periódico al transcribir un artículo de un rotativo español (el “ABC”) donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Resaltaron también que la indemnización inicial contra El Nacional, que se había acordado a favor de Cabello y éste había aceptado (con lo que quedaba en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada) desde el año 2018, era por el monto de Diez Mil Bolívares soberanos (Bs. S. 10.000,oo; hoy 0,1 bolívares digitales).

“Es el robo del siglo al periodismo independiente”: condenó la SIP adjudicación de sede de El Nacional a Diosdado Cabello https://t.co/OmYBptRZj6

— El Nacional (@ElNacionalWeb) February 7, 2022

Posteriormente, según denuncian, esta cifra fue «intempestivamente modificada» como consecuencia de un «infundado avocamiento de la Sala de Casación Civil del TSJ, quien transformo el monto de condena definitiva, en la inverosímil e inusual cifra de doscientos treinta y siete mil petros (237.000 Ptros.) que, en el cambio del momento, equivalía a 13 millones de dólares».

En tal sentido, recuerdan que esto «suspicazmente ocurrió» justo cuando Cabello fue designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.

«De esta forma se concreta el despojo o arrebato judicial que, de su sede natural, es víctima El Nacional», concluye el texto.

Desde Miguel Henrique Otero hasta el embajador de Estados Unidos en Venezuela se han expresado sobre la toma del edificio por parte de la Guardia Nacional

El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó el embargo que ejecutó la tarde de este viernes, 14 de mayo, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al edificio sede del medio de comunicación, ubicado en Los Cortijos, al noreste de Caracas. La acción fue parte del pago establecido en la sentencia del juicio por daño moral contra Diosdado Cabello en el que está involucrada la compañía.

“Lo que queda demostrado aquí es que el dueño del país es Diosdado Cabello. Los que negocian aperturas y condiciones o estabilidad jurídica en Venezuela está negociando con la persona equivocada porque la persona que manda es Cabello”, afirmó en declaraciones recogidas por El-nacional.com.

En la sede fue fijado un cartel de notificación que indica que el edificio cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia.

Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, calificó el hecho como un ataque político. «Se acaban de robar una institución democrática (…) Lo que hicieron fue un desalojo. Nos invadieron el edificio y nos lo robaron», apuntó.

«Salen hablando de elecciones y de negociaciones y sucede esto (…) Viendo esto es imposible creer en lo que dice el gobierno y quienes se sientan a dialogar», añadió.

Para Juan Garantón, abogado del medio, la medida carece de legalidad. Informó que el pasado 10 de mayo se introdujo un recurso de revisión constitucional ante los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

«Esta es una cuestión en la que los magistrados deben pronunciarse, porque este abuso de autoridad que está ocurriendo aquí es delictivo, es una flagrancia, es un hecho punible (…) Esto no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna. Esto es un vulgar delito que se está cometiendo contra el diario El Nacional y las personas que aquí se encontraban habitando en este periódico», enfatizó.

«No es embargo. Está tomado por la fuerza. No está aquí un juez, ni un abogado con una carta notificando el proceso. Aquí llegó la Guardia Nacional y tomó el edificio, sacando a toda la gente que trabajaba, que hacía su vida aquí», explicó.

Garantón acotó que a la fecha no ha recibido notificación sobre el plazo de pago que establece la sentencia, por lo que encontró ilógico la aplicación de la medida de este viernes.

El Colegio Nacional de Periodistas aseguró que el hecho fue otro acto de «liquidación de la prensa libre en Venezuela” y pidió al mundo mirar lo que sucede en Venezuela en materia de libertad de expresión.

Desde la Asamblea Nacional se condenó el embargo. «No podrán con 77 años de historias. Nuestra solidaridad con su directo, equipo directivo, periodistas y demás personal”, dice un mensaje publicado en la cuenta de la institución.

El presidente de la AN, Juan Guaidó, también manifestó su apoyo al medio y señaló que “la arremetida de la dictadura forma parte del esquema que han utilizado para aniquilar la prensa libre en Venezuela».

«No les fue suficiente la censura, negar el papel, la compra de medios por parte de testaferros, la persecución a periodistas y sus directivos. Utilizando a una justicia secuestrada, el régimen arrebata la sede de un medio que lleva más de 77 años informando con la verdad. Libertad de prensa y que se detenga la persecución son esenciales para lograr elecciones libres y justas. Por eso debemos presionar con la comunidad Internacional, nadie confía en la dictadura”, escribió en Twitter.

El embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, se expresó vía Twitter sobre el hecho. “No es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa. Y sobre este acto violatorio cae toda la responsabilidad del régimen. No pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión”, se lee en el mensaje.

“La dictadura vuelve a arremeter, esta vez contra el histórico diario El Nacional. Si la comunidad internacional no asume compromisos claros con Venezuela, se repetirá el mismo resultado de las negociaciones anteriores. Solidaridad con sus dueños, trabajadores y periodistas“, comentó en Twitter el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) denunció hoy el cese de la edición impresa del diario venezolano El Nacional a causa de la monopolización del papel por parte del régimen de Venezuela, implantada con la creación de la estatal Corporación Maneiro en el año 2013.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, se solidarizó en un comunicado con el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y sus plantilla y calificó de “nuevo y grave atentado” esta forma de censura gubernamental para castigar a los medios críticos con el régimen.

El cese de la versión impresa del citado diario debido a la falta de papel supone una “regresión más de la libertad de prensa” en Venezuela, consecuencia de un régimen que “sigue destruyendo los derechos de sus ciudadanos, el país y la democracia”, afirmó Domínguez en el comunicado.

El Nacional aseguró, por su parte, que la suspensión de su formato impreso implica un “alto para tomar fuerzas, pero sin renunciar a imprimir prontamente el diario, que, sin duda, ya no nos pertenece porque se ha convertido en propiedad de Venezuela entera”.

Más información en La Patilla.

 

El capitán Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, y notorio por hallarse en la lista de los capos del narcotráfico global más buscados por la DEA, ha demandado al diario Wall Street Journal por difamación. Declararse difamado en su honor ante obsecuentes jueces penales venezolanos ha permitido a Cabello acorralar a numerosos medios de prensa, condenar a arresto domiciliario indefinido al editor Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, enviar al destierro a Miguel Henrique Otero, editor del matutino El Nacional, y someter a juicio penal a periodistas y directivos de estos y otros medios del país. Los medios imputados no hicieron más que reproducir bien averiguadas noticias, publicadas en medios extranjeros, tales como las que justamente publicó el diario de la calle 44 de Manhattan, del cual espera Cabello una indemnización que, según el texto de la demanda, excede los 75.000 dólares.

Todo esto me ha llevado a pensar en L. B. Sullivan, quien fue comisionado de policía de la ciudad de Montgomery, Alabama, en los tiempos en que el doctor Martin Luther King Jr. desafiaba valerosamente el racismo estadounidense. En enero de 1964, The New York Times publicó un aviso pagado por una organización activista de la lucha por los derechos civiles. El aviso afirmaba que el arresto del reverendo Martin Luther King Jr., acusado de perjurio en Alabama, formaba parte de una conjura contra los esfuerzos del reverendo por poner fin a la segregación en el registro electoral en los Estados del sur.

El comisionado Sullivan demandó ante un tribunal de su Estado al gran diario neoyorquino, y a cuatro ministros protestantes negros que firmaban el aviso, por considerar que las denuncias que el mismo hacía contra el departamento de policía de Montgomery lo difamaban en lo personal.

El tribunal de Alabama falló a favor del comisionado Sullivan y fijó una indemnización de 500.000 dólares. The New York Times y los reverendos apelaron el fallo y el pleito llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta, en una decisión histórica, encontró que, en virtud de la llamada Primera Enmienda (que garantiza plena libertad de expresión), la Constitución protegía todo tipo de afirmación, incluso aquellas que resultasen falsas, en torno al desempeño de cualquier funcionario público.

Hacía una sola excepción con aquellos asertos hechos con plena consciencia de su falsedad, o con claro e imprudente desprecio de su veracidad o falsedad. Pero aún en estos casos, la corte ratificó la doctrina del derecho anglosajón de circunscribirlos a la jurisdicción civil y no a la penal. Los magistrados de la corte americana juzgaron que la defensa de la libertad de expresión debía prevalecer en los juicios por difamación incoados contra la prensa por cualquier funcionario público en el desempeño de su trabajo.

La Corte Suprema dictaminó, pues, que la protección de la reputación personal, entendida como un bien privado susceptible de daño y perjuicio, no debía inhibir o coartar el escrutinio público. Con ello, no solo la acción del comisionado Sullivan contra The New York Times fracasó ruidosamente, sino que, literalmente, cambió el curso de la historia mundial del Derecho comparado. En efecto, la argumentación, digamos filosófica, de los nueve magistrados gringos influyó determinantemente para que legisladores y juristas del mundo entero propugnasen reformas encaminadas a la despenalización de los llamados “delitos contra la honra”.

La materia, sin duda, da para muchas páginas porque el bien jurídico a proteger es inaprehensible. Ya el célebre penalista estadounidense Clarence Darrow afirmaba que el honor es como la felicidad: algo muy difícil de describir para fines legales. Lo cierto es que, desde 1964 hasta la fecha, son muchísimos los países que han venido incorporando esta doctrina despenalizadora a sus constituciones o a sus leyes específicas. Puede decirse que hoy la protección de la libertad de información, tradicionalmente fundada en la “verdad objetiva”, se estima inconveniente en muchos países. Con lo que la tutela penal al honor del funcionario público se ha hecho cada vez más débil, desplazándose, a su vez, el peso de su protección hacia el recurso civil.

Según la sentencia de la querella Sullivan versus The New York Times que vengo comentando, las opiniones y valoraciones no están sujetas al límite de la veracidad. Tampoco son susceptibles de una comprobación objetiva, por lo que, respecto a ellas, no rige la exceptio veritatis.

¿Qué rayos es la exceptio veritatis? La exceptio veritatis es eso que suelen invocar los abogados de los imputados por difamación: “Si demuestro que los horrores que dije de Fulano son verdad, demuestro que no he incurrido en delito y me absuelven”.

En cierta forma, la exceptio veritatis es la doctrina penal contra la que falló la Corte Suprema estadounidense. Lo peor que tiene dicha doctrina es que muchos malhechores funcionarios latinoamericanos la invocan a su modo ante tribunales complacientes, y exigen del periodista pruebas que en muchos casos se han cuidado muy bien de destruir ellos mismos.

Entablar juicios penales por difamación e injuria ha sido la estratagema favorita de quienes, como Diosdado Cabello, se han ganado con sus desmanes la atención de la prensa. El juicio penal por difamación contra un periodista ha envenenado secularmente la vida republicana en Hispanoamérica desde el siglo XIX. La Venezuela de la era chavista no ha sido una excepción. Es por ello que una de las iniciativas más loables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido, justamente, promover la despenalización de los casos de difamación en nuestro continente.

Sin embargo, la solicitud de protección penal para el “honor” del funcionario público que se considere difamado, prevista en la reforma chavista de nuestro Código Penal, canceló en Venezuela los avances jurídicos planetarios que, en materia de libertad de expresión, comenzaron en 1964 con el caso Sullivan versus The New York Times.

Los abogados que representan al capitán Cabello ante la corte del distrito sur de Nueva York son un afamado bufete de Nueva Jersey, de esos que traen varios apellidos en la placa, y un abogado de Miami, apellidado Pérez y especializado, entre otras cosas, en infracciones de tránsito.

Preguntas: ¿Se impondrá la jurisprudencia sentada en el caso Sullivan versus TheNew York Times? ¿Alcanza el sueldo de Diosdado Cabello como diputado a la Asamblea Nacional para pagar honorarios profesionales dignos de la serie Boston Legal o The Practice?

Fiat justitia et ruat caelum.

@ibsenmartinez

El Nacional

 

Desde de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, la vicepresidenta diputada Olivia Lozano, recordó  al país que dentro del articulado de la recién aprobada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional los periodistas y dueños de medios procesados por razones políticas podrán ser beneficiados por este instrumento. Colocó como ejemplos a ser amparados a los editores de los periódicos: David Natera (Correo del Caroní), Miguel Henrique Otero (El Nacional) y  Teodoro Petkoff (Tal Cual), entre otros.

 

Desde la protesta nacional organizada por la prensa debido a procesos judiciales y el  cierre de medios por falta de papel periódico en Caracas, Lozano señaló que la presión a través del sistema judicial hacia periodistas y dueños de medios ha sido una práctica recurrente por parte del régimen para aplicar la censura en Venezuela. “La ley de Amnistía aprobada en segunda discusión en el Parlamento prevé todas las acciones penales que han criminalizado la libertad de expresión por pensamientos de crítica política. Decenas de periodistas y fotógrafos están procesados y actualmente se encuentran bajo régimen de presentación que los limita en sus labores profesionales en la cobertura de la noticia”, afirmó.

 

“El Presidente de la República debería aprobarla para su promulgación en 9 días. Consideramos que no debería tener ninguna objeción por cuanto esta es una ley que ayuda a la paz, la reconciliación, la pacificación y la transformación de la Venezuela que queremos y que ahorita se encuentra en una gravísima crisis”, expresó.

 

La diputada explicó que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue un clamor del pueblo venezolano expresado en las elecciones del 6 de diciembre donde la Unidad Democrática logró una contundente mayoría en la Asamblea Nacional. “El país entero grita libertad para los presos políticos como el líder Leopoldo López, los estudiantes y disidentes, etc; pero también los medios de comunicación han sido hostigados a través de un sistema judicial usado como herramienta de censura del Gobierno para que no salga a la luz su pésima gestión gubernamental”.

 

“Cumplimos con nuestra propuesta al país desde la Asamblea Nacional de llevar esta instrumento  para la reconciliación y la paz de Venezuela y en mi caso particular con el de Bolívar”, dijo.

 

Destacó que “esta es una lucha por la libertad, por el pueblo, por los estudiantes, presos políticos, reprimidos, perseguidos y los que están tras las rejas para que juntos asumamos el compromiso universal por la paz y la democracia de construir la mejor Venezuela”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó medidas cautelares de protección para Miguel Henrique Otero, Teodoro Petkoff, Alberto Federico Ravell, debido al acoso del gobierno de Venezuela.

Los directivos del diario El Nacional, el semanario Tal Cual, el diario y el portal web LaPatilla.com fueron demandados por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, por replicar en los respectivos medios noticias publicada en el diario ABC de España y otros medios internacionales. La medida también incluye a Isabel Cristina Ravell.

En el documento la CIDH solicita el gobierno venezolano que se adopten medidas necesarias para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión a Petkoff, Otero y Ravell, sin ser objeto de estigmatización y hostigamiento.

Redacción Runrunes

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aclaró que no existe una orden de privativa de libertad sobre Miguel Henrique Otero; defendió la gestión del Gobierno en DDHH y aseguró que la corrupción internacional y transnacional han permeado el país.

«Manuel Rosales tiene una orden de captura, si llega [al país] se le aplicará privativa de libertad. Inmediatamente que llegue al país», así lo declaró la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante una entrevista en el programa «Diálogo Con» de Televen.

El ex candidato presidencial, Manuel Rosales, anunció la semana pasada que regresaría al país el jueves 15 de octubre, tras permanecer más de cuatro años exiliado en Lima, Perú.

Ortega Díaz negó que exista una orden de privativa de libertad para el director de el diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, y descartó que el Ministerio Público esté actuando en ese caso.

«No es verdad (la privativa de libertad sobre Miguel Henrique Otero). No se ha solicitado ninguna privativa de libertad. El Ministerio Público no está actuando en ese caso».

Corrupción

La Fiscal General de la República aseguró que en el país hay corrupción, pero aclaró que «esto no es un problema de Venezuela, sino del mundo, que ha permeado el país». Defendió de esta forma la gestión gubernamental para luego destacar las actuaciones del Ministerio Público frente a la corrupción y precisó que en lo que va de año se han realizado 1.851 acusaciones, realizado 2.502 imputaciones y han ingresado al 5.274 causas.

«Tu puedes hacer muchísimas cosas buenas (…) pero nunca habrá un reconocimiento para el estado venezolano», sostuvo Ortega Díaz para luego asegurar que la Fiscalía se siente «atacada, verbalmente y físicamente», tanto dentro como fuera del país.

Un tribunal de primera instancia de Caracas ordenó al estatal Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), a solicitud de abogados del presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, buscar a los directivos de La Patilla, El Nacional y Tal Cual.

En un documento del tribunal vigésimo noveno de primera instancia de Caracas, de fecha 23 de septiembre y difundido por La Patilla, se indica que los abogados de Cabello solicitaron que «se haga comparecer mediante la fuerza pública a los acusados que persistan en contumaz incomparecencia ante la sede» del juzgado.

Ante la solicitud, según el documento, este tribunal consideró «oportuno revisar las actas que conforman la presente causa a los fines de determinar quienes de los acusados no han comparecido».

Se mencionan en el escrito del tribunal los directivos del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero y Mariana Otero; de LaPatilla.com, Alberto Federico Ravell Arreaza e Isabel Ravell Nolk, y del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, aunque sobre este último se aclara que tiene una medida de casa por cárcel.

El 13 de agosto pasado, Cabello informó que la demanda civil por difamación que presentó contra los medios locales La Patilla, El Nacional y Tal Cual por hacerse eco de unas acusaciones de narcotráfico contra él fue admitida por un tribunal.

En abril Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de estos tres medios de comunicación.

Estos medios reprodujeron un texto de enero del diario español ABC en la que se informaba que Cabello estaría siendo investigado por la justicia estadounidense por supuestos lazos con el Cartel de Los Soles.

Cabello anunció que iba a demandar al mismo ABC y al estadounidense The Wall Street Journal por difundir informaciones «sin presentar pruebas» sobre estos presuntos vínculos y de las que se desconoce su actual situación.

Esta acusación se sostendría en declaraciones del militar venezolano Leamsy Salazar, quien según el diario español colaboró con las autoridades estadounidenses y a quien se identifica como antiguo jefe de seguridad del presidente del parlamento, posición que Cabello rebajó a «miembro» del equipo.

Tres semanas después una juez de Caracas impuso la prohibición de salir del país a los directores de estos medios, junto con otros 19 directivos.

Cabello aseguró en agosto pasado que el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, continúa utilizando el periódico para acusarle y decir que tiene «un juicio abierto en Estados Unidos».

Teodoro Petkoff, director de Tal Cual y premiado este año con el premio de periodismo Ortega y Gasset por parte del diario español El País, tenía ya prohibido salir de Venezuela a causa de una anterior demanda presentada contra él por Cabello.