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Autoridades no han realizado los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones del hospital, pese a las medidas cautelares que otorgó la CIDH en el pasado mes de agosto

 

Las niñas Nahia Pernalete, de 2 años de edad, y Krisbelys Rujano, de 3 años, ambas ingresadas en el servicio de hematología del Hospital J.M. de Los Ríos, fallecieron en la noche del 30 de noviembre y la mañana del 1ro de diciembre, respectivamente.

La información fue confirmada por la ONG Prepara Familia, dedicada a la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños y adolescentes hospitalizados. Hasta los momentos se desconocen las causas de defunción, debido a que el hospital no emite actas de defunción los domingos.

Tras la muerte de las menores, aun permanecen cuatro niños en el servicio de hematología recluidos en emergencia.

A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al servicio de hematología del J.M. de Los Ríos -y otros servicios de la institución-, las autoridades no han realizado los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones del hospital.

La directora de Prepara Familia, Katherine Martínez, denunció que el servicio no cuenta con aire acondicionado, no tienen ni siquiera el 40% de las quimioterapias necesarias para sus pacientes y el laboratorio cuenta con deficiencias, por lo que los padres deben cubrir los exámenes y medicamentos costosos.

Por su parte, el director de Cecodap, Carlos Trapani señaló que desde el 2017 hasta el mes de agosto, han muerto 32 niños en el servicio de Nefrología y denunció que no hay insumos suficientes para atender a los pacientes, además de que constantemente suspenden el suministro de agua.

 

 

*Con información de TalCual y El Nacional 

 

Colombia sancionó la ley para nacionalizar a los niños de padres venezolanos nacidos en el país

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque sancionó este jueves la Ley 1997 que permite otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia en los últimos cuatro años. 

La Ley, que fue promovida por la Defensoría del Pueblo y aprobada por el Congreso el pasado 27 de agosto, solo le restaba la firma de Duque para entrar en vigencia.

La medida beneficiará a más de 25.000 menores nacidos en Colombia y sus efecto continuará hasta dos años después de la firma, con la posibilidad de ser prorrogada si continúa la crisis migratoria.

Para poder acceder a la nueva ley, se debe comprobar que los menores nacieron en territorio colombiano a partir del año 2015 y hasta por dos años después de la entrada en vigor de la norma. También se debe presentar cédula de extranjería vigente, pasaporte venezolano vigente o vencido, la cédula de identidad expedida por Venezuela, el Permiso Especial de Permanencia vigente y que ninguno de los progenitores tenga otra nacionalidad distinta a la venezolana.

Según datos de Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, el sitio infobae.com dio a conocer que desde que inicio la migración venezolana han llegado a territorio colombiano un millón 400 mil migrantes.

El diario El Tiempo dio a conocer que informes de la Registraduría estiman que desde 2015 hasta finales de 2018 nacieron cerca de 25 mil hijos de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, por lo que serán los primeros en beneficiarse con la legislación.

Ecuador adoptará un protocolo a favor de los menores venezolanos migrantes

ECUADOR SUSCRIBIRÁ ESTE LUNES un protocolo de atención a menores y a sus familias migrantes en ese país, en especial a los procedentes de Venezuela, en una ceremonia que contará con la presencia de la directora regional de Unicef, Marita Perceval, informó la Cancillería del país andino.

El “Procedimiento de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana en Ecuador”, en el que ha participado Unicef, reforzará el tratamiento prioritario y preferente que el Estado ecuatoriano reconoce a los menores en movilidad humana, indicó la Cancillería en un comunicado.
El acuerdo, que será firmado por responsables de la Cancillería, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el del Interior de Ecuador forma parte de un convenio suscrito el 1 de octubre que vela por el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de los extranjeros y especialmente de los menores y otras personas vulnerables.
El protocolo de procedimientos ratifica el compromiso de las tres instituciones de promover una migración ordenada, regular y segura, que prevenga, controle y sancione delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con énfasis en dar protección a los individuos más vulnerables.
Se calcula que los niños, niñas y adolescentes son un 20% del total de ciudadanos venezolanos que han migrado a Ecuador en meses recientes, señaló la nota oficial.
“Entre 2014 y 2018, ingresaron al Ecuador más de 1.200.000 venezolanos”, de los cuales, entre 230 mil y 250 mil permanecían en ese país a 31 de octubre pasado, indicó el Ministerio de Exteriores.
#MonitordeVíctimas | Violencia homicida ha cobrado la vida de 85 niños y adolescentes en lo que va de 2018
La mañana de este jueves 11 de octubre un pequeño de apenas 12 años fue asesinado al quedar atrapado en un tiroteo entre funcionarios policiales y delincuentes. El niño iba a su escuela junto a su papá y un hermano

 

@carlos_dhoy

UN TOTAL DE 85 NIÑOS Y ADOLESCENTES han sido asesinados entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2018 en Caracas, 55 de ellos murieron en el municipio Libertador del Distrito Capital y 30 en el estado Miranda.

La última víctima de la violencia homicida contra menores de edad fue un niño de 12 años quien murió la mañana de este jueves 11 de octubre cuando se dirigía a su colegio junto a su padre. El vehículo en que se dirigían quedó en el medio de una balacera entre funcionarios policiales y presuntos delincuentes, en el tiroteo el pequeño, quien recibió un tiro en la cabeza, murió en el acto.

Otra víctima de la violencia capitalina fue un adolescente de 15 años identificado como Joyce Bolívar González quien el pasado lunes en horas de la noche murió acribillado en el callejón del Amor en el sector Santa Eduvigis de El Cementerio.

La víctima se encontraba desaparecida desde el pasado lunes 8 de octubre cuando salió de su casa a visitar a su novia en el sector Villa Zoila de la Cota 905. Al salir llevaba un morral con parte de su ropa que quería lavar, ya que no había agua en su residencia.

Algunas versiones señalan que cuando llegaba al sector Villa Zoila fue interceptado por un grupo de entre 6 y 10 menores de edad, integrantes de una banda que opera en el sector, quienes bajo amenaza se lo llevaron a un lugar desconocido.

Aproximadamente a las 10:00 pm los vecinos del sector Santa Eduvigis, en El Cementerio Parroquia Santa Rosalía, denunciaron que escucharon una ráfaga de tiros, minutos después al salir a ver qué había ocurrido encontraron el cadáver del adolescente, quien había sido totalmente  despojado de su ropa, zapatos, del morral que llevaba, de su teléfono y otros objetos que cargaba y luego procedieron a dispararle en más de 10 oportunidades en la cara y espalda.

Familiares desconocen las causas por las que fue asesinado.

Joyce Bolívar González era estudiante de bachillerato en el liceo Pablo Vila, de El Paraíso.

Allegados denunciaron que a pesar de que el cadáver fue descubierto por vecinos del sector a las 10:00 pm del lunes, no fue sino 17 horas después, pasadas las 3:00 pm del martes 9 de octubre, cuando comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas acudieron al lugar a realizar el levantamiento de los restos mortales del adolescente.

Violencia desatada

Según datos recopilados por el Monitor de Víctimas en el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2018 un total de 1.254 personas fueron asesinadas en los cinco municipios que integran la ciudad de Caracas, de ellos 1.183 eran hombres, 85 tenían eran menores con edades comprendidas entre 1 y 17 años.

El 68% de las víctimas murieron por heridas provocadas por armas de fuego, en total fueron 856 los muertos por balas en Caracas.

Libertador fue municipio más violento para los niños y adolescentes, en lo que va de año han sido asesinados 55 niños y adolescentes.

30 murieron en el estado Miranda, en esa jurisdicción el municipio Sucre encabeza el listado de fallecidos con 10 muertos menores de edad, en Baruta murieron cinco menores, El Hatillo reportó la muerte de tres menores, mientras que en Chacao no se registró ningún deceso violento en el período.

#MonitorDeVíctimas | Adolescente presuntamente detenido por la PNB apareció muerto en rieles del Metro en El Valle

Johana Marra | Jheilyn Cermeño

EL CADÁVER DE WILFREIBER LEONARDO CAMPOS MOLINA, DE 17 años, fue localizado en los rieles de la estación del Metro El Valle, una semana después de su desaparición.

Al adolescente lo habían buscado durante siete días pues a su mamá, Taina Molina, le informaron que se encontraba detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana(PNB) luego de un tiroteo que se registró en Los Próceres el pasado sábado 17 de febrero.

Ese día Wilfreiber había acudido al paseo con sus amigos por la celebración del Carnaval y se presentó una situación irregular que hizo que los jóvenes corrieran. Sus amigos observaron cuando los policías lo capturaron a la altura de Los Símbolos, a las 4:00 p. m., y avisaron a su mamá cuando inició la búsqueda.

Desde ese momento la madre recorrió las comisarías pero no halló a su hijo. Al día siguiente, el 18 de febrero, acudió a la morgue de Bello Monte pero le dijeron que él no estaba en la lista de víctimas. Se presentó en la medicatura durante tres días seguidos, pero obtuvo la misma respuesta: “No está”.

Una semana después, el 24 de febrero, recibió una llamada desde la medicatura forense para avisarle que el cuerpo del menor había sido ingresado la noche del 23.

Su hermano, Kleiber Jesús Campos, relató que el adolescente fue hallado en los rieles del Metro, solo con su cédula de identidad. Presentaba múltiples fracturas y además tenía el cabello rapado.

Fuentes extraoficiales señalan que le cuerpo fue localizado debajo de uno de los trenes que tenía más de dos meses fuera de servicio.

Si a mi hermano lo bombeó el Metro tenían que llamar a los bomberos ese mismo día, él tenía varios días dentro de las instalaciones, ¿cómo se explica que nadie se enteró y nadie vio?”, dijo.

Exigió que se investigue la muerte de su hermano. Cuando acudieron a las instalaciones del Metro no supieron darles respuesta a los parientes y aseguran que las cámaras de seguridad, presuntamente, no apuntan al sitio donde fue encontrado su cuerpo.

Este miércoles parientes, vecinos, amigos y compañeros de clase rindieron un pequeño homenaje a Wilfreiber en la casa cultural  José Leonardo Chirinos, situada en el bulevar de Caricuao en donde sus restos fueron velados para luego ser sepultados en el cementerio General del Sur.

“Era de esa personas que no le gustaba las injusticias. No me queda la menor duda que si un policía le pegó el respondió a ese golpe y por eso lo mataron”, expresó  Thaina.

La víctima era estudiante del tercer año de bachillerato en el liceo Rafael Guinand. Además formaba parte del grupo musical Cumbe de Caricuao, donde tocaba el bombo. “Le gustaba mucho la samba y la música afrolatina, la percusión”.

Según familiares del adolescente el área en donde fue hallado el cuerpo tiene cámaras de seguridad. Pero existe un punto ciego que al parecer esta dificultado las investigaciones.

Los familiares del joven acudieron hasta la Defensoría del Pueblo y a la fiscalía para denunciar el caso. Pues en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) presuntamente se negaban a recibir la denuncia de su desaparición.

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#MonitorDeVictimas | Capturada pareja por abuso y asesinato de niño en Mamera

El crimen ocurrió en la parte alta del barrio La Grama de Mamera. Fotografía Lysaura Fuentes

@lysaurafuentes

FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Penales y Criminalísticas realizaron la detención de una pareja por estar presuntamente incursos en los abusos y maltratos que condujeron a la muerte de un niño de un año y 8 meses de edad en Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

Funcionarios del Eje Nor-Oeste de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron el lunes 26 de febrero hasta la casa número seis, en la parte alta de la quinta escalera del barrio La Grama de Mamera donde revisaron cada rincón de la vivienda donde residía el menor junto a sus abuelos. Allí colectaron evidencias de interés criminalístico, realizaron la fijación fotográfica del lugar e interrogaron a los vecinos de la zona.

Los funcionarios investigaban el crimen perpetrado contra un bebé quien que residía en la vivienda junto a su abuela María Josefina Albarra Terán, de 42 años y su abuelastro Ramón Antonio Caraballo Correa, de 41 años. El niño había sido abandonado por su mamá, quien sufre de un problema de adicciones a las drogas

La víctima fue idfentificada como Santiago Alejandro Abraham Terán quien era cuidado por su abuela y la pareja de ella desde que fue abandonado.

El domingo 25 de febrero  a las 7:30 de la noche los detenidos llevaron al niño al hospital Pérez Carreño alegando que se había caído y que por ello presentaba moretones en su cuerpo.

Los médicos al chequear al pequeño determinaron que no tenía signos vitales y detectaron que presentaba evidentes signos maltrato infantil. Tenía lesiones en la cabeza, orejas, nariz, labio inferior, hematomas en el tobillo derecho, cicatrices por quemaduras, además se encontraba en estado de desnutrición grave y presentaba evidencias de haber sufrido abuso sexual.

En vista de los hallazgos, los galenos denunciaron el caso ante funcionarios policiales, quienes detuvieron a la pareja mientras se iniciaban las averiguaciones del caso.

La autopsia realizada al menor confirmó que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico y que el pequeño había sido abusado sexualmente.

Tras la detención de la abuela y abuelastro del niño los funcionarios interrogaron a los aprehendidos y a otros familiares.Tras los interrogatorios, los funcionarios constataron que Ramón Antonio Caraballo sería el autor del abuso perpetrado y fue quien propinó los golpes que causaron la muerte del menor. Además habrían determinado la participación de la abuela del infante en los hechos.

Ambos detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, organismo que iniciará el proceso judicial por la muerte del niño.

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Crímenes sin Castigo |Niños feroces por Javier Ignacio Mayorca

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Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor intensidad en el círculo de la violencia.

Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”, es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.

La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares. De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones. Ahora, ocurre otra vez.

Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.

 

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Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados 38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.

En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía judicial como un “ajuste de cuentas”. Esto refuerza las profundas sospechas que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles de cada crimen.

Los varones suelen ser los que primero se incorporan al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.

La participación de los menores de edad en la violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.

 

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“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores cada día están involucrados en delitos más atroces”, alertó la profesora de derecho y docente en el área de protección penal del niño y del adolescente Magaly Vásquez.

Según la experta, las personas con menos de dieciocho años de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los catorce años.

“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.

Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos. Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.

Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado pronto los perdonará.

 

Breves

 

*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar adelantan una nueva investigación por los supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos “patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero. Esto hace suponer que ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.

*En la Guardia Nacional hay preocupación por el comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (excomdandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias. Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada. En los casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario de la confianza de sus superiores.

*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmará que en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas, negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisan la actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.

*La práctica de los linchamientos se ha extendido a todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11 muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del ejercicio de la violencia.

 

@javiermayorca

Asciende a 6 menores detenidos por la muerte de dos militares

MILITARES

A seis se eleva el número de menores de edad detenidos por la muerte de los dos funcionarios del Ejército, ultimados a puñaladas a pocos metros de una tasca en el bulevar de Sabana Grande.

Las edades de los menores aprehendidos oscilan entre los 6 años y 15 años, edad de la jovencita que andaba con el grupo a la caza de víctimas para arrebatarles los bolsos y los celulares.

La información fue suministrada por Yulimar Borrero, hermana del sargento primero Johan Miguel Borrero, uno de los militares muertos a manos del grupo integrado por más de 12 menores de edad que forman parte de la banda Los Cachorros, que deambula por Plaza Venezuela y el bulevar de Sabana Grande. Borrero relató que su hermano estaba adscrito al Batallón Bolívar, destacado en Fuerte Tiuna, y desde hace varios años conocía al sargento segundo Andrés José Ortiz, que estaba destacado en Barcelona, pero que había viajado a Caracas para hacer un curso.

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