menores de edad archivos - Runrun

menores de edad

MonitordeVíctimas | Cuerpos de seguridad de Venezuela mataron a 65 personas en enero
En lo que parece ser una nueva escalada de violencia policial en Venezuela, Monitor de Víctimas contabilizó seis decenas de muertes de ciudadanos a manos de funcionarios de las policías y la FANB, en 15 estados del país, en los primeros 31 días de 2024. Por lo menos, 63 de estos casos serían presuntas ejecuciones extrajudiciales

 

Ronna Rísquez / Adriana Materano

 

Venezuela no está en guerra y se supone que la delincuencia se ha reducido. Pero militares y policías mataron a 65 personas en 15 estados del país, en el primer mes del año; en promedio, dos víctimas cada día de enero. Tres de los asesinados son menores de edad y casi todos los casos podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.

En estos hechos, presentados en su mayoría como resistencia a la autoridad y enfrentamientos, están involucrados distintos grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en diversas regiones del país, las policías estadales  y municipales de ocho estados.

Los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 12, 11 y 10 casos cada uno, respectivamente. Le siguen Guárico con 8, Anzoátegui con 5 y Monagas con 4. Continúan Trujillo y Falcón, con 3 cada uno; Distrito Federal y Portuguesa, con 2 víctimas, y Táchira, Zulia, Lara, Cojedes y Sucre, con 1 caso de ejecución extrajudicial.

Los cuerpos de seguridad que lideraron la lista de ejecuciones extrajudiciales fueron la PNB, con 24 hechos, y CICPC, con 15 casos. Así mismo, las policías estadales de 7 estados sumaron un total de 15 hechos: 6 de la policía de Carabobo; 4 de la del estado Monagas; en tanto que los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Lara y Sucre registraron 1 caso cada uno.

Las fuerzas militares como la GNB y el Ejército sumaron un total de 8 casos. La mayoría de los asesinados no perdieron la vida en el lugar de los sucesos. Luego de resultar heridos, fueron llevados a las unidades médicas; sin embargo, todos murieron durante la movilización o al poco tiempo de llegar a los centros de salud.

Tres menores de edad asesinados 

Las tres víctimas menores de edad son Jordan Ramón Gómez Roldán, de 16 años; Iverson José Torres, de 17 años, y Cristian González, de 17 años. Los homicidios se ejecutaron en circunstancias que no justifican el uso de la fuerza. Incluso, dos de las víctimas murieron por motivos personales. 

La tarde del 1° de enero, en un casino militar ubicado en el estado Trujillo, el adolescente Jordan Ramón Gómez Roldán fue abusado sexualmente y asesinado por el sargento del Ejército Leonardo Enrique Cardozo Hernández, de 27 años. Todo inició cuando Cardozo encontró a su pareja, una mujer también integrante del Ejército, de 26 años, teniendo relaciones sexuales con el menor de edad.

Cardozo le propinó múltiples golpes al adolescente y lo dejó inconsciente. Posteriormente, lo asfixió hasta causarle la muerte. Las investigaciones llevaron a la detención de Leonardo Enrique Cardozo Hernández, tras comprobarse su responsabilidad en el hecho. En la audiencia de presentación, el agresor fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y abuso sexual a adolescente con penetración.

El segundo adolescente asesinado fue Aiverson José Torres, quien estudiaba 5to año de bachillerato. El adolescente trabajaba como mecánico con su papá y quería ser abogado. Aiverson fue asesinado de dos disparos en la cabeza en un hecho en el que participaron los policías del estado Trujillo, Kelvin Gabriel Leal Mendoza (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26), Eli Rafael José Piña Díaz (23) y Vilma Maribel Quero Franco (34).

El homicidio ocurrió la noche del martes 9 de enero de 2024, en la localidad de Carora, estado Lara, luego de que los policías intentaran detener al menor, quien transitaba en una moto, presuntamente, por no usar casco. Al no acatar la orden, el policía Leal Mendoza detonó dos disparos al aire y luego dos más a la cabeza del menor de edad.  

Este suceso generó múltiples protestas por parte de los familiares de Torres y de la comunidad, De igual forma, se registraron enfrentamientos entre motorizados molestos y efectivos de la policía. 

Los cuatro (4) funcionarios de la policía fueron detenidos y expulsados, dos días después. Efectivos del CICPC reconstruyeron la escena del crimen con la intención de individualizar las responsabilidades por el asesinato de Aiverson Tórres. 

Cristian Gonzalez de 17 años fue el tercer menor de edad asesinado. El hecho se registró la noche del domingo 21 de enero en la localidad de Turen, estado Portuguesa. Cristian murió luego de recibir un disparo en el pecho que propinó su padrastro Augusto Flores, un sargento adscrito al Destacamento № 312 de la GNB. 

Según la versión policial, el sargento llegó en estado de ebriedad a su casa, donde se encontraban la víctima, su madre y dos infantes, hijos de la pareja. Al forcejear la puerta, Flores, junto con un acompañante identificado como Yoelvi Antonio Lameda Nelo, alias “el Morao”, entraron a la vivienda. Una vez adentro, Cristian se dispuso a enfrentar a su padrastro, quien detonó un disparo al pecho del joven.

Se supo que tanto Flores como Lameda fueron capturados por las autoridades luego de que ambos se dieran a la fuga. De igual forma, se conoció que Yoelvi Antonio Lameda Nelo tenía antecedentes por porte ilícito de arma de fuego y por violación.

Siete hombres asesinados por funcionarios de seguridad

Marlon Montilla, de 22 años, y Jhonaiker Ramírez, de 21 años, fueron asesinados por cuatro funcionarios de la PNB, la noche del pasado 24 de enero de 2024. El hecho ocurrió en el Municipio Valera del estado Trujillo. Según las investigaciones de los efectivos del CICPC, los funcionarios simularon un enfrentamiento con las víctimas.

Testimonios de familiares de los fallecidos confirmaron que Marlon Montilla y Jhonaiker Ramírez estaban en la cancha de la urbanización Bella Vista, cuando fueron interceptados por los funcionarios. Luego de realizarles una pesquisa, los policías llevaron a los jóvenes a su comando. Horas más tardes, Marlon y Jhonaiker, aparecieron muertos dentro de un carro en el eje vial de Valera, lugar donde los efectivos de seguridad simularon el enfrentamiento.

Los cuatro funcionarios están privados de libertad y a la orden del Ministerio Público. De igual forma, se conoce que dos policías más, involucrados en el hecho, están prófugos de la justicia. 

Gregorio Emilio Rebolledo de 62 años y Carlos Luis Rebolledo de 33 años, padre e hijo, fueron víctimas de una ejecución a manos de un efectivo de seguridad del Estado Carabobo, cuando se encontraban en un puesto de comida rápida. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2024, en horas de la noche.

Mientras Gregorio Rebolledo y su hijo Carlos Rebolledo esperaban unas hamburguesas, el funcionario, identificado como José Vicente Vargas Meza de 28 años, que estaba franco de servicio, se aproximó a ellos acompañado de Ricardo Silvino Sánchez, de 26 años. 

Luego de sostener una discusión, el efectivo de seguridad sacó su arma de reglamento y asesinó en el lugar a Gregorio Rebolledo y, luego, hirió a Carlos Rebolledo, quién murió al llegar a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

José Vargas y Ricardo Silvio fueron aprehendidos en el momento, por efectivos de una comisión de la Policía de Carabobo, que se encontraba cerca del lugar. 

Otro caso de homicidio a manos de un efectivo de seguridad se registró el pasado  28 de enero de 2024, en el estado Portuguesa. La víctima, un joven de 20 años, fue identificado como José Manuel Linares. Aunque no hay declaraciones oficiales, familiares del joven aseguran que el asesino fue un funcionario del CICPC, familiar de la víctima.

Según información ofrecida por el medio digital Portuguesa Al día, el funcionario está bajo averiguaciones, para determinar si el hecho se generó de manera intencional o no. 

Los últimos dos casos de presunto homicidio por funcionarios de la PNB fueron registrados el pasado 26 de enero de 2024. Una de las víctimas fue reconocida como Kehiniber Gutiérrez Sucre, de 19 años. Según testigos, la víctima estaba sentado afuera de la casa, donde ocasionalmente residía en Caracas, cuando un grupo de funcionarios de la PNB lo rodearon y le dispararon. 

Según los testimonios de familiares, recabados por la prensa, la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue llevado en una patrulla hasta el hospital Periférico de Coche, donde murió. 

Esa misma noche, otro hombre de 42 años de edad fue presuntamente víctima de la PNB. La identidad del hombre no ha sido revelada. Los familiares, quienes no quisieron dar más detalles del suceso, comunicaron que funcionarios le dispararon al salir de su casa en Filas de Mariche

Presunta ejecución extrajudicial a tres integrantes de una familia

Jaiverson Riso Cedeño, de 18 años; Nelson Reyes Zapata, de 23 años; y Jonklin Rizo Cedeño, de 19 años, fueron presuntamente ejecutados dentro de la vivienda donde residían, en el barrio El Campito de Petare. No hay información oficial del hecho, sin embargo, familiares denuncian que efectivos de la PNB irrumpieron en la casa, desalojaron a 12 niños y 4 adultos, y asesinaron a los tres hombres en la sala.

Se conoce que los efectivos pertenecían a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y que llegaron encapuchados al lugar de los hechos. Según los testimonios recabados por el medio digital El Pitazo, los familiares denunciaron que escucharon los disparos desde afuera y que a los minutos los funcionarios salieron con los cuerpos de los tres hombres y los llevaron al hospital con la intención de simular las ejecuciones.

De igual forma, los familiares también denuncian que los efectivos de seguridad orinaron la sala donde fueron presuntamente ajusticiados los tres hombres, y robaron zapatos, ropa, comida, dólares y hasta un candado con llave que era de la vivienda.

Víctimas por estados 

Anzoátegui

El pasado 16 de enero murieron cuatro presuntos delincuentes a manos del CICPC. Las víctimas fueron Alexander Eduardo Ávila Pino, de 22 años de edad, apodado «el Tata», junto con su acompañante, un hombre de 25 años de edad, que aún no ha sido identificado; Luis Alejandro Peraza Moreno, de 26 años, alias «el Gordo» y Ricardo Ismael González Velásquez, de 28 años, alias «el Ricky». 

El 31 de enero se registró la presunta ejecución extrajudicial de José Jesús Guacarán Narváez de 32 años, alias «Joseito».

Aragua

12 presuntas ejecuciones ocurrieron en este estado durante supuestos procedimientos policiales. Los primeros dos fueron registrados el 12 de enero de 2024 y resultaron muertos Brayan Alexander Gil Romero, de 19 años de edad y Melvin Gómez Batista, de 20 años a manos de efectivos del CICPC. 

Dos días después, el 14 de enero, funcionarios de la PNB ejecutaron, bajo presunto procedimiento policial a Eudy Donaires Montilla, alias “el Tocoroncito” y Alberto William Ruiz Vargas, alias “el Bam Bam”; ambos presuntos integrantes de la banda “el Asdrubal”. 

El 16 de enero fue registrada otra doble presunta ejecución extrajudicial a alias “el Yeferson” y alias “el Yeiner”, supuestos integrantes de la banda de “El chino”, por cuerpos de la GNB. 

Tres días después, el 19 de enero fue asesinado Samuel Alfonzo Escalante, de 27 años de edad, presunto integrante de la banda Los Guaricheros. Escalante fue ejecutado por miembros de seguridad de la PNB. 

El 22 de enero Deiby Enrique Silva Mollan, de 28 años de edad, alias «El culón», presunto integrante del Tren de Aragua, fue supuestamente ejecutado por efectivos del CICPC.

El 25 de enero, funcionarios de la GNB mataron a Juan Jesús Peñaloza Peñaloza, de 33 años, alias «el Juancho», presunto cabecilla de la banda “el Wilmer”. Dos días después, el 27 de enero, efectivos de la PNB ejecutaron a alias “el Guajiro” y alias  “el Chanchito”, en el sector La Guadalupe, en la carretera que conecta a Cúa, estado Miranda, con San Casimiro, estado Aragua. 

Por último, el 30 de enero de 2024, alias «el Kelvin» murió a manos de funcionarios de la policía del estado Aragua, en el sector Alí Primera, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

Carabobo

En el estado Carabobo, se contabilizan 11 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 9 fueron efectuadas a presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos e intervenciones legales. Las dos primeras fueron ejecutadas en diferentes operativos, el 11 de enero, en los que resultaron muertos Luis Antonio Rodríguez Castillo (35), apodado “el Culita” a manos de funcionarios del CICPC, y Jonal Mauricio Catary Durant (47), ajusticiado por policías del estado Carabobo. 

De igual forma, el día 18 de enero, dos hombres fueron ejecutados. El primero fue identificado como “el Gordo”, presunto miembro de la banda “la Guaricha”, a manos de funcionarios de la Policía de Carabobo. De igual forma, alias “Carlitos Guanare”, presunto miembro de la banda “El Niño Bote” fue asesinado por fuerzas policiales del municipio Libertador.

Un día después, el 19 de enero, otros dos hombres resultaron ejecutados por una operación conjunta de la PNB. en un presunto enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como alias “Samuelito” y “Enmanuel», quienes estaban involucrados en un presunto intento de robo en la casa de dos funcionarios.

El sábado 20 de enero, José Ángel Silva (32), alias «el Movicoy”, fue asesinado por la Policía del estado Anzoátegui, en una supuesta intervención legal en el barrio Trapiche. Por último, el 29 de enero, fueron ejecutados alias “el Búho” y Arnaldo Miguel Díaz Escalona, alias “Caricari», ambos presuntos miembros de la banda “El Niño Bote”, en dos operativos diferentes de la Policía de Carabobo y la Policía del Municipio Libertador.

Cojedes

Una muerte por una presunta ejecución extrajudicial fue registrada en el estado Cojedes, el pasado 20 de enero, en la comunidad Buenos Aires I, del municipio Tinaco. El fallecido fue identificado como Carlos José Riera Cordero, de 35 años, alias «Cochino». Funcionarios de la Policía de Cojedes fueron los responsables del hecho. 

Distrito Capital

En la ciudad de Caracas, una de tres muertes registradas fue contabilizada como una ejecución en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la PNB, el 25 de enero de 2024. Como Delin Hernández, de 28 años de edad, fue identificado el fallecido. El hecho se registró en el sector Brisas de Propatria.

Falcón 

Tres hombres identificados como Willian Gustavo González Ledezma, de 24 años, alias “Bilita”; Robert Enrique Medina Colina, alias “el Huevo”, y Jesús Enrique Medina Colina, alias “El Pantera”, fueron ejecutados en presuntos enfrentamientos con funcionarios de la PNB. El 22 de enero, fue registrada la muerte de alias “Bilita”, presunto integrante de la banda “Los Chicateros”, mientras que la muerte de alias “el Huevo” y alias “el Pantera”, presuntos integrantes de la banda “Los Rosa Blanco”, ocurrió el 27 de enero de 2024.

Guárico

El estado central de Los Llanos registró siete (7) ejecuciones en presuntos enfrentamientos. Alias «el Zamuro», que aún no ha sido identificado, fue asesinado el pasado 14 de enero por funcionarios de la PNB. Al día siguiente, en un enfrentamiento con el CICPC fueron asesinados Henry José Corro Torrealba, alias «el Tierra»; Freddy García Lugo, apodado «Pelón»; alias “el Chino” y otro hombre que aún no ha sido identificado. 

El 20 de enero, fue asesinado Robert Omar Pinto (35), alias «el Robertico»,  también por la PNB. Hasta el momento, el último ejecutado extrajudicialmente se registró el día 24 de enero, a manos de la GNB. El fallecido aún no ha sido identificado sin embargo, se le conocía como alias “el Ronco”.

Miranda

En dos operativos, fueron identificados siete (7), de los 10 hombres ejecutados en presuntos enfrentamientos por la PNB y uno por el CICPC. Los primeros cuatro, asesinados el 14 de enero de 2024, fueron reconocidos como: Ángel Daniel Avedaño, alias «el Danielito», líder de la banda; José Rojas, alias «Chicha»; José Miranda Corrales, alias «el Durito» y Markiyi Osorio, alias «Totorito». 

Los otros dos hombres murieron el 17 de enero. Aunque el caso no ha sido informado por cuerpos de seguridad ni en medios de comunicación, de manera extra oficial, Monitor de Víctimas logró conversar con familiares de los fallecidos, quienes prefirieron no realizar ninguna denuncia ni declaración. Los ejecutados responden a los nombres de Gregorio Laya y Victor Manuel Villarroel.

Por último, el día 23 de enero de 2024 fue registrada la muerte de Carlos Javier Ramos Guierres, de 25 años, alias «Chonguito». Ramos, quien murió en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC, y, supuestamente, era integrante de una supuesta banda criminal y poseía historial criminal.

Monagas

Tras un presunto atraco, un funcionario perteneciente a la Policía del estado Monagas mató a dos hombres. El suceso ocurrió el 2 de enero, y según la investigación policial, los hombres, Carlos Alberto Urrieta Bermúdez (38) y Héctor Andrés Salazar León (20) intentaron robar al policía que estaba vestido de civil y se encontraba haciendo carreras de taxi. 

Otros dos hechos se registraron el día 18 y 25 de enero, también perpetrados por la Policía del Estado Monagas. Uno de los ejecutados responde al nombre de Carlos Mosqueda, alias «Carlos Sonrisa», mientras que el otro, de 20 años de edad, fue identificado como alias “el Pitirre”. Según relatos oficiales, los hombres fueron ejecutados al sostener presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sucre

La víctima fue Ángelo Lorenzo Ávila, de 34 años, presuntamente integrante de  la banda de “El Jaque”. Se conoce que fue asesinado por funcionarios de la Policía del estado Sucre.

Táchira

Como Luiggi Urieta, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC. El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, en la localidad de la Zorca, Providencia.

Zulia 

El 27 de enero, fue ejecutado en un presunto enfrentamiento armado Yendrix José Benítez Infante, alias «el Pelón». Las fuerzas policiales de la PNB, junto con un Operativo mixto con la Policía de Polibaralt, efectuaron la ejecución.

En la mayoría de los casos, la versión de los cuerpos de seguridad asegura que estas personas tenían antecedentes o registros policiales por robo y otros delitos. Sin embargo, las autoridades no ofrecen información precisa sobre los supuestos prontuarios de las víctimas. Se desconocen las fechas y expedientes de estos supuestos delitos, así como las circunstancias de estos hechos.

De la misma forma, se utiliza el término de “intervención legal” para justificar los supuestos enfrentamientos, en los que no se reportan funcionarios de los cuerpos de seguridad heridos o muertos. 

 

120.000 menores de edad cruzaron la selva del Darién en 2023
La experta de Unicef Johana Tejada López, dijo que 2023 «ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años»

 

Las autoridades de Panamá informaron que 2023 cerró con 520.085 migrantes que cruzaron la Selva de Darién, de los cuales 120.000 fueron menores de edad.

El Ministerio de Seguridad Pública panameño (Minseg) informó a través de sus redes sociales que ciudadanos venezolanos, 328.667; ecuatorianos, 57.222; haitianos, 46.558; y chinos, 25.344, «fueron las nacionalidades más recurrentes en cruzar».

Este 2023 «ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de 5 años», dijo a mediados de diciembre pasado a EFE la experta basada en género del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Johana Tejada López.

La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalló Tejada López en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes.

Más de medio millón de migrantes en tránsito

De igual manera, el informe aporta cifras que dan cuenta de una «baja significativa» en la entrada de migrantes por la densa selva del Darién, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 con 49.256, 37.231, y 24.626, respectivamente.

El nuevo registro de tránsito de migrantes por el Darién hacia Norteamérica al cierre del 2023 deja atrás el de años anteriores, como en el 2020 cuando cruzaron la selva 8.594 inmigrantes; en 2021, 133.726, y 248.283 en 2022, de acuerdo con el Minseg.

Es así como este año batió el récord de más de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién.

*Con información de EFE

Venezolanos se unen en campaña contra abuso sexual infantil: propondrán castración química contra violadores
El Movimiento Ecológico de Venezuela estudia preparar una propuesta sobre la aplicación de la castración química para quienes cometan el delito de la violación

 

La campaña «no se tocan», contra el abuso sexual infantil, es tendencia desde la noche del 24 de octubre, luego de que varios casos de violaciones a menores de edad conmocionaran a todo el país. 

La noticia de un abuelo que abusó sexualmente durante varios años de sus seis nietas en Caracas, todas menores de edad, y el caso de una niña de 5 años que fue violada y asesinada en el estado Carabobo acaparan hoy las conversaciones en espacios como Twitter, Instagram y TikTok.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura del «aberrado sexual» que violó a seis de sus nietas en Petare, estado Miranda, mientras que las autoridades aún mantienen la búsqueda de los sospechosos por el homicidio de la niña en Carabobo.

Casos recurrentes

El pasado 11 de octubre se conoció que el cuerpo de una niña de 11 años fue hallado en la vía pública del sector Nueva Esperanza, Brisas de Palo Alto de Los Teques. 

Las investigaciones determinaron que la menor se encontraba en una bodega cercana comprando azúcar cuando Amado Díaz Lugo (69) la golpea y la lleva hasta una vivienda donde Luis Alberto Sánchez Rodríguez (39) abusa sexualmente de ella y luego la asesina estrangulándola.

Posteriormente, el homicida saca el cuerpo de la casa y lo abandona en una zona boscosa adyacente a la vía pública.

Se conoció que después de la presentación de los sujetos ante el Ministerio Público,  Armando Díaz Lugo fue asesinado en prisión.

Exigencia de justicia al unísono

Instituciones públicas, partidos políticos, agrupaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, cuerpos de policías y funcionarios con cargos de elección popular han expresado dolor y rechazo por estos hechos,  ante los cuales exigen, al unísono, justicia.

Propondrán castración química contra abusadores

El Movimiento Ecológico de Venezuela estudia preparar una propuesta sobre la aplicación de la castración química para quienes cometan el delito de la violación.

Alejandro Aguilera, secretario general de los verdes, aseveró que quienes abusan sexualmente de otros –y más si las víctimas se tratan de niños inocentes– deben ser castigados definitivamente para que no vuelvan a cometer este tipo de actos «aberrantes».

Recordó que países como Indonesia, Polonia, Rusia, Corea del Sur y en algunos estados de los Estados Unidos se aplica la castración química a quienes cometen los delitos sexuales contra menores de edad.

“La castración química es la utilización de medicamentos destinados a reducir la libido y reducir la actividad sexual. Se ha empleado como posibilidad en el manejo de la pedofilia, la pederastia y para impedir que violadores reincidan”, dijo.

Afirmó que llevarán la propuesta tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo nacional para su discusión y evaluación en aras de desarrollar este mecanismo con quienes agredan sexualmente a niños o adultos.

“La Fiscalía General de la República también debería dar su opinión sobre nuestra propuesta y determinar la viabilidad de la misma dentro del órgano legal venezolano”, apuntó.

Antes de conocerse los casos de ayer, el Cicpc había informado de la detención de 14 personas -en los últimos 30 días- por explotación sexual, siendo la mayoría de las víctimas menores de edad. 

Saab anuncia investigación sobre presunto maltrato de adolescente en Traki
Miguel Oyer, de 17 años, relató que sufrió «abuso de poder» por parte de los vigilantes de la tienda Traki

El fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab anunció la madrugada de este 16 de mayo que se realizará una investigación por el presunto maltrato que recibió un adolescente por parte de algunos vigilantes de la tienda Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

A través de su cuenta de Twitter informó que el Ministerio Público (MP) designó a un Fiscal Regional con competencia en Derechos Humanos en el estado Bolívar para investigar el caso.

“Designado Fiscal 2do Regional con competencia en DD. HH. para que investigue la denuncia realizada por un adolescente que revela ser objeto de maltratos por vigilantes en Traki que lo sometieron a vejaciones y humillaciones públicas”, dijo Saab.

El joven Miguel Oyer, de 17 años, contó el pasado 15 de mayo a través de su cuenta de Instagram que, el pasado 14 del mismo, sufrió un “abuso de poder” por parte de los vigilantes de la tienda Traki.

“Los vigilantes me revisaron el morral. En mi bolso tenía algunos productos, dinero en efectivo y una lata de galletas que había comprado el 12 de mayo. Cuando me pidieron que los acompañara al baño me dijeron que sacara todas mis pertenencias”, contó Oyer.

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Miguel Oyer Cova (@migueloyer16)

Posteriormente, denunció que luego de no haberse encontrado el registro de que compró las galletas en Traki, los vigilantes fotografiaron su cédula y a él.

“Un vigilante me dijo que me levantara la camisa y que me bajara los pantalones, solo vieron, no me tocaron, me subí los pantalones y metieron todas mis cosas al bolso. Debo decir que todo esto fue sin la presencia de mi representante”, manifestó.

Luego de que este caso se hiciera viral por redes sociales, la tienda Traki involucrada se pronunció y le pidió disculpas al adolescente.

“Hola Miguel, gracias por hacernos llegar esta información. No hay palabras para remediar la situación pero pedimos disculpas. De inmediato haremos todas las averiguaciones pertinentes”, comunicó @trakienganchate en el post de Instagram del joven @migueloyer16.

Tras muerte de adolescente se eleva a 19 cifra de víctimas de la tragedia de Los Cotorros

Con la muerte de la adolescente Jhoanis Amaro, el pasado miércoles en horas de la mañana, se elevó a 19 el número de víctimas que dejó la Tragedia de Los Cotorros ocurrida la madrugada del pasado 16 de junio en el Club Social El Paraíso cuando un grupo de adolescentes tras una pelea arrojó una bomba lacrimógena en una fiesta prograduación que generó una avalancha humana que culminó con la muerte de un grupo de jóvenes.

La adolescente Jhoanis Mariela Amaro González de 16 años, quien se mantenía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Miguel Pérez Carreño debido a que presentaba encefalitis, o inflamación del cerebro, como consecuencia de haber permanecido privada de oxígeno durante un período prolongado de tiempo, además presentaba politraumatismos ocasionados al quedar atrapada por la avalancha humana.

Fuentes vinculadas al centro hospitalario señalaron que la joven se mantuvo en la Sala de Cuidados Intensivos durante un mes profundamente sedada y entubada para garantizar el flujo de oxígeno hacia su cerebro. Hace dos días comenzó a presentar signos de recuperación por lo que fue trasladada a las salas de hospitalización.

Sin embargo por razones que se investigan, el pasado miércoles en horas de la mañana la adolescente sufrió un paro respiratorio que le ocasionó la muerte, su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Bello Monte, donde le realizaron los exámenes patológicos para determinar la causa del deceso.

Lista de las víctimas

La lista actualizada de las víctimas de la Tragedia de Los Cotorros es la siguiente: Ariadna Franquiz (14) Arianni Amaro (14), Giannina Gómez Suárez (14), Adrianny Andreína Paz Paz (15), Jhoanis Mariela Amaro González (16), Adrián Blanco Morales (16); Cristóbal Altuve Valenzuela (16), Angie Castro Castellano (17) Kleyber Eloy Berrío Corona (17); Marcos Altuve Valenzuela (18); Félix Eduardo Contreras Rosales (19); Luis Roniel Guerra Alonso (19); Jorhgen Alexander Castro Hernández (19); Alejandro Durán Escobar (21); Lourdes Caterina Palacios (21); Keismel Tovar Ramírez (21); Lislie Alexandra Peñuela (32); Yennifer Bárcenas Márquez; Yois Yanine Betancourt Castro.

Seis acusados

Como se recordará el Ministerio Público acusó a cuatro adolescentes a quienes les imputaron los delitos de homicidio intencional calificado, homicidio calificado frustrado, ambos con alevosía y motivos fútiles, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento, además fueron acusados a dos adultos, Jean Manolo Celestin (41) y Gilberto Alejandro Petit Quintero (19) como coautores en los delitos de homicidio intencional calificado y homicidio intencional frustrado ejecutados con alevosía y motivos fútiles.

Un mes de preguntas sin respuesta

A un mes de la tragedia hay una serie de preguntas que las autoridades no han respondido.

La primera sería la procedencia de la bomba lacrimógena utilizada, aun es bien sabido que en los organismos policiales y militares hay fallas de seguridad que han permitido a través de los años que armamento de guerra se encuentre a la venta en las calles, no es menos cierto que las armas tienen números de serial que permiten ubicarlos con exactitud en componentes y batallones, las preguntas son ¿cómo han llegado estas armas a las calles?, ¿cuántas hay?, ¿quiénes se han lucrado con su comercialización?, ¿Hay investigaciones para determinar responsabilidades en este sentido?

Otra de las preguntas es sobre la responsabilidad que tienen organismos como la alcaldía de Libertador y los Bomberos del Distrito Capital en el otorgamiento de permisología a locales que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias, ¿hay investigaciones en este sentido?, ¿quiénes otorgan los permisos?, de no tenerlo ¿porqué se ha permitido el funcionamiento de estos locales ilegales?.

En el mismo sentido de los permisos, toda actividad comercial debe ser autorizada por la alcaldía y cobrar los impuestos que genere, ¿la fiesta The Legacy estaba permisada?, ¿Quién la autorizó?, ¿son responsables penal y civilmente los organizadores y las autoridades que la permitieron?

En relación a la presencia de menores, pasado más de un mes de la tragedia ningún organismo vinculado con la atención de menores de edad emitió opiniones ni alertas, ni siquiera las alcaldías capitalinas hicieron nada. ¿porqué?

Otra pregunta está relacionada con el silencio que tuvieron las autoridades para identificar a las víctimas de la tragedia, salvo un balance policial parcial emitido por la policía el día de los hechos, el nombre de los muertos y los heridos nunca fue suministrado oficialmente, la identificación de las víctimas se logró gracias a las otras víctimas que informaron a familiares y al trabajo de los equipos periodísticos que cubrieron los hechos. No hubo información de el Ministerio de Interior Justicia y Paz, Protección Civil, o los Bomberos Metropolitanos. ¿Porqué no se suministraron esos datos?

 

A una semana de la tragedia el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes mantiene silencio por caso “Los Cotorros”

Ha pasado una semana desde que al menos 18 personas murieron en el club Social El Paraíso, conocido popularmente como “Los Cotorros” por su vinculación con la comunidad ecuatoriana que vive en Caracas y a pesar de que la mayoría de las víctimas eran adolescentes, 11 jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 17 años, el Sistema de Protección de Niños Niñas y Adolescentes así como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) se mantienen en un inexplicable silencio ante la tragedia.

“El silencio del sistema de protección es inadmisible“, sentenció Carlos Trapani, abogado y miembro del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), organización que desde hace años hace seguimiento al estatus de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reportó Efecto Cocuyo.

Para el especialista, aún existen varias dudas que no han sido respondidas por las autoridades: ¿qué pasó ahí?, ¿qué pasó con los heridos?, ¿cuál fue el tiempo de respuesta de los organismos de seguridad? ¿cuál fue el rol de la Guardia Nacional Bolivariana?, ¿qué pasó con los heridos? Dice que todas estas respuestas son obligación para con la familia del Estado.

De acuerdo con la información del ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol, en el Club Social El Paraíso, conocido como Los Cotorros, el sábado 16 de junio un adolescente accionó una bomba lacrimógena durante una pelea. En el lugar había cerca de 500 personas, la mayoría muchachos menores de 18 años.

A través de las redes sociales fueron convocados los invitados a la fiesta “The Legacy“, que prometía seguridad y la oportunidad a los adolescentes de ingresar al local con tan solo cancelar una multa de 60.000 bolívares; es decir, el costo de dos chupetas en puestos informales.

“La Lopnna prohíbe el ingreso de adolescente a locales nocturnos y que se les facilite el acceso al alcohol, ¿por qué estaban allí?”, se preguntó Trapani.

Agregó que la tragedia abre también la discusión sobre el acompañamiento de los padres en las redes sociales, debido a que la información de la fiesta llegó a los adolescentes en este espacio.

“¿Qué pasó con las familias que permitieron que los adolescentes fueran a este espacio? También debemos preguntarnos que papel están desarrollando los muchachos en la sociedad que tenemos y si hay suficientes espacios de esparcimiento para ellos”, expuso Trapani.

En un artículo de opinión para Efecto Cocuyo, Fernando Pereira, también de Cecodap, mostró la misma preocupación: “Nada han dicho los representantes del sistema de protección del niño y del adolescente sobre la violación a las disposiciones de ingreso de adolescentes a centros nocturnos, la ingesta de alcohol, las celebraciones de graduación (fiestas, caravanas, viajes) y qué medidas se están tomando para prevenir y/o mitigar los riesgos”.

@MoreLosada24

Liberados 3 de los 4 menores de edad que se encontraban en El Helicoide

ElHelicoide2

Fueron puestos en libertad tres de los cuatro menores de edad que se encontraban retenidos en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Así lo informó la diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano a través de sus redes sociales, indicando que dos de las menores de edad retenidas cuentan con boleta de excarcelación desde el mes de enero.

Se conoció que los menores de edad Betzaida Martínez, Elianis Rodríguez y Andres Acerra fueron puestos en libertad, mientras que el joven Dylan Canache, quien también cuenta con boleta de excarcelación fue trasladado al retén de menores de Coche.

Este 16 de mayo durante una entrevista en CNN, el Fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dio a conocer que una comisión de alto nivel del Ministerio Público se encontraba El Helicoide para evaluar los casos de los reclusos con boletas de excarcelación, Saab negó la presencia de los menores de edad en el lugar.

Activistas venezolanas denuncia ante la OEA violación de derechos a menores de edad

OEA

Un grupo de activistas venezolanas denunció en la Organización de los Estados Americanos (OEA) las violaciones a los derechos de los menores en su país, de las que consideran responsable al Gobierno de Nicolás Maduro.

En un documento de ocho páginas, repasan los 13 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que, en su opinión, viola el Gobierno venezolano.

Entre ellos, los referidos a la vida, la alimentación, la atención sanitaria, la educación, la libertad de expresión o la no discriminación.

Lo firman las entidades Red Activista, que agrupa a venezolanas que viven en Washington, Virginia y Maryland; y la Family Services Network, una organización local que ayuda a familias con pocos recursos.

Las activistas María Brito, María Eugenia Guevara y Astrid Gamez presentaron el documento hoy al asesor de la Secretaría General de la OEA Gabriel Bidegain en la sede del organismo en Washington.

Bidegain, según explicaron tras el encuentro a los periodistas, les recomendó acudir al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (INN) de la OEA, así como a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Queremos encender las alarmas, porque no se está hablando tanto del tema de los niños en el marco de la crisis de Venezuela”, dijo Brito, de la Red de Activistas.

“Son niños que no pueden asistir a la escuela porque están enfermos o porque tienen que ir a hacer fila con sus familias a ver qué consiguen”, apuntó Gamez, de Family Services Network.

Para Guevara, pediatra y miembro de la Red de Activistas, la comunidad internacional debe poner fin a una situación en la que los niños venezolanos “no pueden hacer lo que todos los demás: jugar, estudiar, ser felices”.

En su informe, apuntan al hecho de que el abogado venezolano José Ángel Rodríguez Reyes sea miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y “en ningún momento” exponga las “graves violaciones” que se cometen en el país.

“No denuncia lo que pasa en Venezuela por ser aliado del régimen”, opinó Brito.

Las activistas consideran que el abogado debe dimitir de su cargo si no denuncia la situación que viven los niños en Venezuela, algo sobre lo que “deberían presionar los otros Estados”.

Después de visitar la OEA, llevarán sus denuncias a otros organismos competentes para llamar la atención sobre cómo afecta la crisis social y política venezolana a los más vulnerables, los niños.