Medidas

 

Funcionarios de la Alcaldía de San José de Cúcuta y de organismos que conforman el puesto de mando unificado para atender a los migrantes venezolanos que cruzan la frontera consideran que la movilización ha bajado tras las medidas anunciadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para controlar el éxodo y presencia de criollos en la línea limítrofe.

Según Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en promedio cruzaban la frontera 50.000 venezolanos y ahora la cifra es de 38.000, aproximadamente.

Asimismo, Félix Muñoz, secretario municipal de gestión de riesgo, indicó que se ve menos presencia de venezolanos en las calles a causa de los operativos de recuperación de espacios públicos donde permanecían estas personas.

De acuerdo con el reporte semanal, 300 venezolanos recibieron atención de salud oportuna.

Inseguridad

En las últimas dos semanas se han registrados hechos violentos en unidades de transporte público que cubren la ruta hacia los municipios de frontera. Este miércoles en la mañana, el conductor de un microbús de la empresa Valmetravel que cubría la ruta Maracay-San Antonio del Táchira fue asesinado a tiros por piratas de carretera que despojaron a los pasajeros de dinero y pertenencias. En su mayoría, pretendían pasar a Colombia para comprar comida y medicinas. El hecho corrió en el sector Rancherías del municipio Capacho Independencia.

Gerentes de las líneas locales de transporte que cubren la ruta a la frontera señalaron que son reiterados los hechos de violencia y que aunque han expresado esta situación de manera verbal y por escrito, los organismos policiales y militares han hecho caso omiso.

“Incluso se burlan. Este domingo uno de nuestros conductores se paró en un puesto de la Guardia Nacional y en vez de prestarle la colaboración, lo que hicieron fue burlarse: le preguntaron qué ‘contrabando’ le habían robado”, contó Yulimar Ferreira de la Línea Venezuela.

 

En los últimos días ha estado en el tapete la retórica oficial en torno al combate contra el odio. El arsenal legislativo hasta ahora anunciado para enfrentar las campañas de odio supuestamente promovidas por la oposición no parece estar bien encaminado, pues parte de la descalificación del adversario y de la represión institucional como principal respuesta.

Es necesario, sin embargo, tomar iniciativas dirigidas a desterrar el odio como código habitual de la lucha política en Venezuela. Reconstruir la democracia implica reivindicar ese espacio público de debate en el que no hay verdades absolutas y admitimos la relatividad de nuestras opiniones, no por la ausencia de firmes convicciones o concepciones personales o de partido sino por la conciencia sobre la indispensable preservación del campo de deliberación, pugna dialéctica y contienda de propuestas programáticas y electorales en el que dicho sistema fructifica. La imposición de una sola ideología como válida, mediante la legislación, el discurso y la acción política, es la forma más despiadada de opresión y es fuente segura de indignación y de rencores entre las respectivas víctimas. Si en alguna materia es imperioso emprender una profunda rectificación en el país es justamente en la manera de entender y hacer la política. Hay que establecer un ámbito amplio y plural en el que concurran sin temor ni posiciones de ventaja las distintas maneras de comprender el Estado, la economía, la sociedad y la persona. Cuando este espacio desaparece, solo resta la dictadura y la guerra a muerte, la liquidación del adversario como enemigo existencial.
Medidas generales
Sin perjuicio de estas consideraciones generales, la situación nacional exige que nos refiramos a medidas concretas que puedan ser adoptadas para superar el odio.

En esta ocasión mencionaré algunas de las que pudieran tomar los órganos del Estado, sin un orden sistemático y sin pretender que no haya otros actores llamados a aportar soluciones:

a) Poner fin al uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles y proporcionar a las víctimas de las correspondientes detenciones la debida reparación; b) abandonar de inmediato la práctica de incomunicar por semanas o meses a personas perseguidas por razones políticas; c) respetar, igualmente, la Constitución y los derechos humanos en todos los casos de privaciones de libertad, trasladando al detenido ante el juez a más tardar a las 48 horas y permitiendo que desde el momento de la detención aquel tenga acceso a un abogado de su confianza; d) suprimir y condenar públicamente todo tipo de maltrato o tortura contra el detenido; e) pedir perdón a los familiares de quienes han fallecido en estos meses a causa del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, también cuando la reacción inicial de las autoridades fue construir una versión falsa de lo ocurrido, que los exculpaba; f) liberar a quienes están detenidos por razones políticas, empezando por los que han visto más afectada su salud en virtud de su reclusión; g) admitir que se han violado los principios de transparencia, igualdad y confiabilidad en la actuación del Consejo Nacional Electoral e iniciar una discusión nacional sobre los correctivos que deben aplicarse; h) enviar a la Asamblea Nacional los recursos que permitan pagar el salario de los diputados y cubrir la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad de los empleados y obreros de la institución; i) proscribir las inhabilitaciones políticas, que están siendo utilizadas para sacar del juego a contendientes incómodos.
Un bálsamo
Acciones como estas serían un auténtico bálsamo purificador frente a la tentación del odio, cuyos principales promotores son los agentes de la injusticia o quienes la avalan u ocultan. Ninguna de las arbitrariedades señaladas justifica el odio, porque siempre pierde más el que comete la injusticia que el que la padece, y quien es presa del odio se degrada y pone en su corazón el germen de hechos futuros tan reprobables como los que le han ofendido.

Sé que algunos pensarán que lo dicho es pedir demasiado o discreparán del enfoque y alcance de lo planteado, pero es innegable que el mejor antídoto ante el odio no es la amenaza del castigo ni la invocación del amor como simple consigna (obras son amores y no buenas razones), sino los gestos honestos y palpables de reconocimiento y disposición al encuentro, que cuestan a quien los da, al tiempo que lo enaltecen, y que alivian y atemperan el ánimo de quien los recibe. La denominada Asamblea Nacional Constituyente, con todo el poder inmenso que dice tener, muestra toda su fragilidad al no haber sido capaz de dar un solo paso en esta dirección.

jesusmariacasal@gmail.com

 

Panamá colaborará con Estados Unidos (EEUU) en las medidas que tome contra funcionarios venezolanos y desconocerá los resultados de las elecciones de este domingo para una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.

El ejecutivo panameño «ha decidido respaldar las medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América de imponer sanciones a funcionarios venezolanos que impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente«, según reseñó AFP.

Además, «como México y Colombia, actuará en estrecha colaboración con las autoridades norteamericanas e instará a la colaboración interinstitucional de autoridades respectivas para prevenir actos delictivos en el país».

Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado panameño, la decisión se tomó «en respaldo a los esfuerzos que realiza la comunidad internacional por defender el orden democrático y la paz social en Venezuela».

El gobierno panameño anunció también que «no reconocerá» los resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente «sobre la base de los vicios que ya se identifican en dicho proceso».

Panamá reiteró el llamado a «encontrar una salida negociada, al más estricto respeto de los principios democráticos, y a anteponer el bienestar de los venezolanos para detener la violencia en el país, que se ha agravado con el llamado unilateral a una Asamblea Constituyente», añadió la nota.

 

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab solicitó que en los caso de los ciudadanos que tengan boletas de excarcelación emitidas por tribunales «les sean otorgadas las medidas de libertad a que haya lugar: en estricto respeto a nuestra legislación vigente”.

 

William Saab pidió que se otorguen las medidas de libertad para el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, y los 14 efectivos de la Policía Municipal de Chacao. También se refirió al caso del Wilmer Azuaje, diputado al Consejo Legislativo de Barinas para quien solicitó una medida cautelar sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad.

Azuaje, los 14 polichacaos y tres familiares de los efectivos de seguridad se mantienen en huelga de hambre exigiendo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) cumpla con las órdenes de liberación.

La acción emprendida por la Defensoría se suma a los recursos introducidos por el Ministerio Público a favor de los presos políticos y las actividades de protesta de los familiares de los detenidos.

 

1)@Defensoria_Vzla ante casos d personas con boletas d ex cancelación:Yon Goicoechea,funcionarios de #PoliChacao Y detención d Wilmer Azuaje

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 11, 2017

2) Expresa q hemos recibido a familiares y abogados de los mismos y en función de sus peticiones hemos realizado las acciones defensoriales

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 11, 2017

3)..en donde hemos recomendado y solicitado que en el caso de los ciudadanos con boletas de excarcelación emitidas por tribunales d la causa

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 11, 2017

4) .. a estos le sean otorgadas las medidas de libertad a que haya lugar: en estricto respeto a nuestra legislación vigente #DDHH

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 11, 2017

5) Así como en el caso del ciudadano Wilmer Azuaje q al mismo se le otorgue medida cautelar sustitutiva menos gravosa d privativa d libertad

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 11, 2017

 

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El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, subrayó que en Venezuela funciona la separación y el principio de cooperación entre poderes públicos dentro de la dinámica democrática del país. Saab Recordó que fue la Fiscalía General de la República –FGR- quien inicialmente imputó a Leopoldo López por una pluralidad de delitos, luego lo acusó ante los tribunales y ante la última instancia penal, y también que fue el Ministerio Público –MP- quien lidero la acción penal en contra de López para solicitar casi 14 años de cárcel”.

Recalcó que en el Estado venezolano funciona la institucionalidad  democrática y se asumen y se atienden las peticiones de familiares y abogados en base a las competencias que existan, no debe verse como un hecho excepcional y único esta medida”.

No descartó que se otorguen otras medidas sustitutivas a otros dirigentes políticos de oposición. “Fácilmente podrían ocurrir otras, no solamente a dirigentes opositores sino a ciudadanos anónimos (…) esta no será la primera ni la última medida sustitutiva de libertad que pueda otorgarse”.

Defensor: Tintori solicitó intermediación para lograr casa por cárcel de López

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aclaró este sábado que la medida de casa por cárcel, dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para Leopoldo López, fue solicitada por la esposa del dirigente político, Lilian Tintori.

Durante una rueda de prensa, el funcionario mostró el documento original de la misiva, en la que Tintori pidió que » atienda mi llamado como Defensor del Pueblo, para que interceda para que mi esposo Leopoldo López para que regrese a casa».

 

 

La Unión Nacional de Trabajadores(Unete) emitió un comunicado en el que rechaza las medidas que ha venido implementando la Sudeban, con respecto a las restricciones que aplican al uso y disposición que tienen todos los venezolanos de sus ahorros depositados en los bancos públicos y privados del país.

La Unete hizo un llamado a los órganos competentes y comités en defensa del usuario, para que hagan las revisiones del caso y así evitar se continúe con estas prácticas antidemocráticas.

 

Acontinuacion el comunicado:

Unión Nacional de Trabajadores rechaza medidas contra cuentas de ahorristas

La Unión Nacional de TrabajadoresUNETE, rechaza  las medidas que ha venido implementando la Sudeban, con  respecto alas restricciones que aplican al uso y disposición al que tienen derecho los venezolanos de sus ahorros depositados en los bancos públicos y privados del país, violando la Constitución y leyes de la República que regulan la materia, las cuales garantizan y dan seguridad en el uso y disposición de los depósitos bancarios.

Si bien es cierto que la última información emitida por Sudeban con relación al incremento de retiro de efectivos hasta Bs.10.000 en cajeros automáticos de bancos distintos al del titular, favorece al usuario, también es cierto que se le incrementó a cuatro (4) el número de transacciones para poder retirar dicho monto, lo que implica un incremento en el costo de las operaciones que debe pagar cada venezolano.

Igualmente se mantiene el  límite de retiro de efectivo en taquillas bancarias, las cuales oscilan en 25 mil, 30 y hasta 50 mil máximo, dependiendo del banco y como aplique la restricción a diario.

Todo esto ha conllevado  a un control desmedido del Estado sobre los ahorros y depósitos del pueblo venezolano, quienes ponen su  confianza en los bancos públicos o privados del país, para hacer uso y disposición de sus ahorros en cuanto a cómo, cuánto y cuándo lo requiera.  Aunado a esto, está el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas, así como el cierre indiscriminado de agencias y eliminación de cajeros en todo el país.

Ante todas estas arbitrariedades, concluimos que el Estado tiene un control excesivo en los ahorros del pueblo venezolano y pago de altos costos por operaciones, que al final van en detrimento del bienestar y poder adquisitivo de los ciudadanos, y más bienestar y lucro para los bancos.

Por tal motivo solicitamos a los órganos competentes y comités de defensa del usuario, hacer las revisiones del caso; para así evitar se continúe con estas prácticas antidemocráticas, que en nada ayudan a la paz y tranquilidad de los venezolanos.

 

Este 1 y 2 de noviembre Venezuela se someterá por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU), un proceso del Sistema de Naciones Unidas que examina el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones relativas a los derechos humanos.

En este examen se analizan los informes de cada país acerca de la situación de los derechos humanos y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los países en exámenes anteriores. Los informes que se analizan son tres: el realizado por el Estado venezolano, el de la Defensoría del Pueblo y el elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, los cuales abordan la situación de los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. Los Estados miembros de la ONU pueden realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la situación de los derechos humanos en un determinado país, en este caso a Venezuela, y el Estado venezolano puede aceptarlas o anotarlas para su revisión posterior, y está en la obligación de cumplirlas. Rechazarlas no es una opción, según la metodología del examen.

 

 

En el año 2011, cuando se realizó el último EPU, dentro de las recomendaciones realizadas a Venezuela el Estado aceptó tres sobre el derecho a la alimentación, referidas a agilizar la implementación de medidas y políticas para la reducción de la pobreza, erradicación de la malnutrición y seguridad alimentaria; continuar aplicando políticas públicas para la erradicación de la pobreza extrema y la hambruna; y desarrollar políticas y programas orientados a garantizar el derecho a la alimentación.

En el campo del derecho a la salud, en 2011 hubo cinco recomendaciones para Venezuela: reforzar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal a través del incremento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como facilitar la calidad y las instalaciones para la salud de la mujer; revisar la política de salud materna e introducir los cambios necesarios para garantizar el acceso de las embarazadas a los centros médicos en todo el país; continuar el mejoramiento y la expansión de los servicios de salud que fueron concebidos para la atención primaria de las personas y así prevenir y combatir enfermedades; implementar políticas y programas para garantizar el derecho a la salud y seguir apoyando aquellos que hubieran mostrado éxito.

Sin embargo, ante estas recomendaciones dadas hace 5 años, el Estado venezolano ha adoptado medidas regresivas que han comprometido severamente el derecho a la salud y a la alimentación y ha ignorado la realidad del país, caracterizada por una gran escasez de insumos médicos, medicamentos y alimentos. La infraestructura hospitalaria se encuentra sumamente deteriorada y los pacientes deben enfrentar situaciones injustificables como la falta de agua, de electricidad e incluso de camas.

Además, el aumento en la mortalidad materna y neonatal es una clara evidencia del limitado acceso a los servicios de salud y de la inadecuada nutrición de las madres venezolanas.

 

 

Las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia de alimentación han promovido el agravamiento del ya deteriorado acceso a los alimentos, pues la inflación, las continuas amenazas al sector privado y la implementación de políticas de distribución de alimentos basadas en la orientación política de las personas, no permiten el acceso de todos los venezolanos a los alimentos, ni siquiera los básicos, para cubrir sus necesidades.

Como consecuencia, la conflictividad se ha incrementado por la escasez de alimentos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado 4.725 protestas entre enero y agosto de 2016 por derechos económicos y sociales, y estados fronterizos como Zulia y Táchira reportan cada vez más un aumento de detenciones e irregularidades en el proceso de la adquisición de alimentos.

La comunidad internacional ha dado seguimiento a lo que sucede en Venezuela. A través de las comunicaciones realizadas en los años 2014, 2015 y 2016, el Relator para el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y el Relator para la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, han expresado su preocupación por el desabastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al Estado venezolano a adoptar medidas de políticas públicas destinadas a mejorar el grave desabastecimiento de medicamentos, garantizando el derecho a la salud y considerando las condiciones especiales de las personas.

 

 

Ante la presentación del país, por segunda vez, del Examen Periódico Universal, el Observatorio Venezolano de la Salud exhorta al Estado venezolano a aceptar y reconocer la situación existente, y a trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos de expertos técnicos, para solventar de manera pronta y eficiente la grave situación en la cual se encuentra Venezuela en las áreas de la salud, alimentación y nutrición.