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OVV: ¿Es posible acostumbrarse a los comportamientos violentos?

ENTRE LA NIEBLA Y EL ESTUPOR de una mañana sancristobalense, las calles aún no despiertan, a pesar de ser cerca de las siete de la mañana. Los pocos carros que andan por las vías transitan lentos y sin apuro. Como suele suceder, los escasos autobuses que todavía circulan por estos días se van estacionando cada pocos metros a dejar una tanda de pasajeros. Mientras las personas se bajan en su destino, el sonido de un golpe seco y el reventar de unos cristales, los despierta de repente y los saca de su ensoñación, empero siguen caminado quizás por la premura o por el temor de que el sonido se repita y derive en una situación desagradable.

No obstante, quienes iban en los carros –detrás del autobús- no pudieron evitar conocer el motivo de ese ruido. Un joven sentado en el asiento del copiloto de un Chevette amarillo se asoma por la ventana y con un bate en la mano, golpeó las luces traseras del autobús y sigue su camino por la avenida. Nadie dijo nada. Nadie se alteró mucho. Solo pasó. ¿Había un motivo aparente para que esto sucediera? Al parecer, no. ¿Había razón para asustarse?

Posiblemente. ¿Alguien se alarmó, gritó o dijo algo al respecto? No.
En otras circunstancias, estos actos, si bien no se equiparan a un homicidio o un robo, están lejos de ser lo que se consideraría un comportamiento tolerable.

Y en medio de ese tipo de gestos, actos y sucesos, viven rodeados los ciudadanos tachirenses. Desde los gritos y empujes en una cola del supermercado hasta la travesía y el maltrato de los guardias al cruzar el puente que nos conecta con Colombia. Son el día a día.

Todo demasiado normal.

Pero, ¿es posible acostumbrarse a la violencia? ¿Cómo esta normalización puede afectar a la ciudadanía del estado Táchira a corto, mediano y largo plazo y qué estrategias podrían tenerse en cuenta para paliar la situación?

La ley del más fuerte

Quien sobrevive es quien es más adaptable al cambio es una de las premisas más conocidas de Charles Darwin. Aunque, el naturalista la empleó para explicar el porqué algunas especies se extinguían, sirve también como metáfora para explicar la razón de ser de la normalidad y aceptación de ciertos comportamientos, incluidos los violentos. De acuerdo, con Estefanía Chacón, psicóloga clínica consultada por prensa del Observatorio Venezolano de Violencia Táchira, la constante exposición a estos estímulos y la sobresaturación tiene un papel importante en la aceptación de los comportamiento violentos, sin embargo, también es necesario la constancia, la repetición y de cierta manera, la aprobación de un grupo de personas o de la sociedad para perpetuarlos.

Vivir en un entorno violento hace pensar que el empleo de la violencia es una herramienta para resolver problemas y, “una sociedad que acepta o normaliza los hechos violentos es una sociedad enferma. Ha perdido la práctica de los principios y valores de la mayoría de su gente y por tanto, vive un periodo de decadencia que conduce a la destrucción de la misma. Una sociedad así no puede subsistir, porque sus miembros terminan acabándose entre sí”, afirmó Ricardo Casanova, profesor de Moral y Ética de la Universidad Católica del Táchira (UCAT).

La corrupción y el bachaqueo, son ejemplos de algunos de estos procederes, que si bien las personas tienden a tener conciencia de que no son sinónimos de un actuar aceptable, las circunstancias y el ambiente político, social y económico que vive actualmente el país, suaviza o condiciona su uso, lo que a la larga, se ve como normal. Esto “hace pensar que si muchos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo?”, puntualizó Casanova.

A la par, las consecuencias no tardan en sentirse entre los ciudadanos tachirenses. La desconfianza entre la gente y la costumbre de vivir bajo esta situación, solo fomenta el sentir de indefensión que, a largo plazo –expresó Casanova- “hace inevitable la pérdida de respeto y la degradación de la dignidad humana y por ende, la disolución de la sociedad”. Entre los sectores más vulnerables de esta situación se pueden contar los niños, ancianos y especialmente, en esta entidad, por su condición de estado fronterizo, los indocumentados y refugiados.

Sectores de la sociedad tachirense más vulnerable ante la normalización de la violencia.
Infografía: OVV-Táchira
Qué viene primero, ¿los cambios sociales o los cambios personales?

Si bien, las instituciones actualmente no son entes que aseguran o dan confianza al ciudadano, el cambio necesita producirse a partir de las personas en sí mismas pero, también es imprescindible el conjunto para que estos cambios se den. “Podemos ser tendencia”, explicó la psicóloga. “Es el daño que yo permito que suceda (…) si yo quiero evitar, si quiero vivir en otra sociedad, sin violencia, yo comienzo con mi cambio. Si tengo hijos, educo; si soy docente, educo (…) Todo parte de la educación individualizada porque no podemos cambiar a todos, pero sí puedo cambiar mi núcleo familiar (…) Estamos en una situación crítica, bastante angustiosa, bastante tediosa, pero sí se puede”, concluyó Chacón.

Informe de la FAO omite información sobre crisis alimentaria en Venezuela

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA SALUD, el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela,  la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes en conjunto con varias organizaciones decidieron pronunciarse ante el más reciente informe publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), denominado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre la situación alimentaria de Venezuela.

En el comunicado, donde se plantean una serie de preguntas y comentarios, se explica que el deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables.

Por ello llama la atención el hecho de que diversos aspectos relevantes para Venezuela quedan sin ser analizados en el informe que publica la FAO, el cual se nutre de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, entidad que por ley le corresponde suministrar los datos oficiales a los organismos internacionales.

Desde el comienzo del Informe se señala que América Latina y el Caribe se adelantó al resto del mundo al establecer sus propias metas para la erradicación del hambre para el año 2025. Igualmente, que los países de la región adquirieron compromisos al aprobar el “Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño”, donde “se comprometieron a disminuir la desnutrición, el sobrepeso, la anemia y a aumentar la prevalencia de la lactancia materna antes del 2025”. La pregunta que surge frente a esto, es ¿cuál es el compromiso puntual e individual que adquirió Venezuela para cumplir con esta meta?

InfografíaFAOTV

Además de omitir información, el informe de la FAO incluye cifras desactualizadas sobre Venezuela. En el caso de las tasas de mortalidad materna, en menores de 5 años y neonatal de Venezuela, estas solo aparecen representadas a través de gráficos. No fueron tomados en cuenta los datos oficiales de la propia Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), presentada en 2015 ante la Asamblea Nacional, que muestra cifras alarmantes en el aumento del porcentaje de mortalidad materna, que fue 5,5 veces más alto que el valor registrado en el año 2012.

Además, es importante resaltar que la tasa de mortalidad neonatal reportada en este informe de la FAO no coincide con los resultados presentados por el MPPS en su Memoria y Cuenta 2015, que muestran un exorbitante aumento 100 veces mayor al porcentaje de muertes neonatales/nacimientos vivos registrados con respecto a 2012.

Con respecto a la disponibilidad de alimentos entre 2014 y 2015, el Informe no ofrece ningún análisis ante la gran diferencia, por defecto, que presenta Venezuela respecto a otros países en la cifra de importación de alimentos. No debe olvidarse que tanto las importaciones como exportaciones de alimentos en Venezuela registraron una importante reducción, acompañada de la disminución de la producción nacional de alimentos.

Y en cuanto a la disponibilidad por grupos de alimentos correspondiente a las distintas regiones del mundo y de América Latina y el Caribe (expresadas en gramos/persona/día), en el Informe de la FAO llama la atención que la información incluida corresponde a los años 2009, 2010 y 2011, período en el cual la situación en Venezuela era completamente distinta.

Por otra parte, y en cuanto a la evolución de la desnutrición infantil crónica en países de la región, merece destacarse que hasta el año 2015 fue favorable. Los datos venezolanos corresponden al período 1990-2009, durante el cual se observó una reducción de esta prevalencia con un valor de 13,4% para 2009, pero preocupa además que Venezuela, en las condiciones de pobreza que se encuentra desde los últimos años, no reporte este dato desde 2009.

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Estos son solo algunos de los aspectos abordados en el comunicado emitido por las organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil que lo suscriben, y que al final representan argumentos para solicitarle a las agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas asumir como prioridad la protección de los derechos humanos y de la población civil, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como fue exhortado en 2013 por el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, al firmar la iniciativa denominada “Derechos Humanos Primer Lugar” (Human Rights Up Front).

No alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato “Derechos Humanos en Primer Lugar”, cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana), advierte el comunicado en respuesta al informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, divulgado por la FAO en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, el 19 de enero de este año.

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Venezuela enfrenta el desafío de satisfacer el derecho a la salud y a la alimentación

Desnutrición

Mientras los países y los ciudadanos del mundo se preparan para celebrar este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, tras los avances obtenidos en las últimas décadas, Venezuela afronta el difícil reto de restituir dos de los derechos perdidos o vulnerados: el derecho humano a la salud y a la alimentación.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha celebrado varios logros alcanzados en el continente americano en el campo de la salud, desde la disminución en 53% de las muertes de niños por enfermedades que son prevenibles por vacunación (entre 2002 y 2012), pasando por el acceso a tratamientos antirretrovirales que tienen actualmente más del 75% de las personas que viven con VIH en la región, hasta la eliminación de varias enfermedades en países latinoamericanos. Específicamente la eliminación de la lepra en 18 naciones de la región, de la rabia humana transmitida por los perros en 17 países, la interrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas también en 17 naciones, y el logro obtenido por Colombia en 2013 al convertirse en el primer país del mundo en eliminar la oncocercosis, también conocida como la “ceguera de los ríos”, como bien precisa la OPS en sus informes periódicos sobre los avances en salud.

En las últimas dos décadas Venezuela había logrado dar varios pasos con la implementación de medidas como la entrega gratuita de medicamentos antirretrovirales a personas con VIH, la también entrega gratuita de medicamentos para enfermedades de alto costo como el cáncer, la implementación de la medida sobre los ambientes 100% libres de humo de tabaco (en vigencia desde 2011), y la aprobación de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH y sus Familias (en vigencia desde el 30 de diciembre de 2014).

En varias oportunidades la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) realizó reconocimientos por los logros anticipados de las Metas del Milenio, relativas a la erradicación del hambre y la subnutrición en el país, pero actualmente ambas condiciones son un problema creciente en toda la población.

Sin medicinas y sin nutrientes

Las crisis de salud y de alimentación se encuentran cada vez más solapadas. El deterioro en la alimentación ha causado alteraciones graves en el estado nutricional de la población y esto compromete la capacidad de respuesta ante las enfermedades preexistentes y por adquirir.

Además, hay suficiente evidencia científica sobre el deterioro del sistema inmune y la alteración de diversos órganos y funciones del cuerpo humano ante una alimentación y nutrición deficitaria. La situación actual arropa los pocos logros que pudieron obtenerse en la salud y alimentación, años atrás, en el país.

Este 2016 se han agudizado las carencias en los servicios de salud, con el registro de niveles de desabastecimiento en medicamentos esenciales y para enfermedades crónicas que superan el 80%, según la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Este hecho incide directamente en el deterioro de la salud de los venezolanos y se suma a la escasez de alimentos básicos como cereales y leguminosas, y al alto costo de varios: proteínas (huevo, leche, carnes), frutas, vegetales y alimentos que contienen ácidos grasos esenciales (pescado y frutos secos).

Todos los grupos vulnerables están expuestos al deterioro nutricional, en especial los pacientes hospitalizados en servicios públicos de salud y los niños, quienes en sus primeros 1.000 días de vida deben recibir nutrientes básicos que permitan su desarrollo temprano adecuado; lo contrario (el deterioro nutricional) puede ocasionar daños permanentes en el individuo.

La tercera Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) realizada por la organización Médicos por la Salud en conjunto con el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), reveló que hasta agosto de 2016 en 76% de los hospitales del país había fallas severas de medicamentos o inexistencia de fármacos, 81% de los centros registraba escasez de material médico-quirúrgico y 87% presentaba desabastecimiento de catéteres y sondas.

Además, 95% de los hospitales del país donde se aplicó la encuesta (92 en total), reportaron fallas severas o inoperatividad de los servicios de laboratorio y 80% no contaba con equipos para tomografías o no funcionaban hace cuatro meses. Esta es la información más reciente sobre la situación hospitalaria venezolana, que además reflejó el deterioro progresivo desde 2014.

Otro de los datos preocupantes hallados en la ENH 2016 se refirió a la alimentación en los hospitales; en 63,6% de los servicios pediátricos no había fórmulas y en 27% de ellos la cantidad era muy limitada. En general, los servicios de nutrición funcionaban con fallas en 70,9% de los hospitales.

La Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Salud evidenció el colapso del sistema público de salud. La mortalidad neonatal pasó de 0,05% a 2%, 40 veces más en 2015 comparado con 2014. Y la mortalidad materna también aumentó, de 0,02% en 2012 a 1,11% en 2015. Hace falta un esfuerzo del Estado en encausar la garantía de la salud materna e infantil.

La censura epidemiológica se ha mantenido durante todo el año. En enero el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos que se había reservado desde noviembre de 2014, pero divulgó hasta la semana 26 de 2015.

No se sabe cómo están y cómo se han comportado las epidemias y enfermedades de notificación obligatoria (más de 70) desde entonces, como el dengue, chikungunya, malaria, la mortalidad materna e infantil, la influenza, VIH, Chagas y otras no menos importantes. El reto es cumplir con el derecho a la información de los venezolanos al menos en el área de salud, pues en la medida en que los ciudadanos estén informados sobre la situación epidemiológica del país podrán prevenir y tomar decisiones acertadas sobre su salud.

Todo lo planteado anteriormente supone la necesidad de que el Estado venezolano implemente políticas públicas de emergencia, junto a organismos internacionales y la sociedad civil, para atenuar el problema alimentario y de salud. Pero también es necesario que prepare un plan estratégico para restablecer los servicios de salud y el sistema alimentario; de esta manera sería posible restituir el derecho humano a la salud y a la alimentación a los venezolanos.

Varios derechos en uno

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, y detalla que el goce de este derecho está “estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la no discriminación, el acceso a la información y la participación”. Por lo tanto, los retos que enfrenta Venezuela con respecto a la garantía del derecho a la salud y a la alimentación, ante la situación actual, son amplios.

“Las políticas y programas de salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada persona”, precisa el máximo ente rector de la salud.

OVS: Venezuela ha adoptado medidas regresivas que limitan el derecho a la salud y a la alimentación

medicinas

 

Este 1 y 2 de noviembre Venezuela se someterá por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU), un proceso del Sistema de Naciones Unidas que examina el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones relativas a los derechos humanos.

En este examen se analizan los informes de cada país acerca de la situación de los derechos humanos y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los países en exámenes anteriores. Los informes que se analizan son tres: el realizado por el Estado venezolano, el de la Defensoría del Pueblo y el elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, los cuales abordan la situación de los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. Los Estados miembros de la ONU pueden realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la situación de los derechos humanos en un determinado país, en este caso a Venezuela, y el Estado venezolano puede aceptarlas o anotarlas para su revisión posterior, y está en la obligación de cumplirlas. Rechazarlas no es una opción, según la metodología del examen.

 

Título de caja
VIDEO EPU 2016: ONU examinará desempeño de Venezuela en Derechos Humanos

 

En el año 2011, cuando se realizó el último EPU, dentro de las recomendaciones realizadas a Venezuela el Estado aceptó tres sobre el derecho a la alimentación, referidas a agilizar la implementación de medidas y políticas para la reducción de la pobreza, erradicación de la malnutrición y seguridad alimentaria; continuar aplicando políticas públicas para la erradicación de la pobreza extrema y la hambruna; y desarrollar políticas y programas orientados a garantizar el derecho a la alimentación.

En el campo del derecho a la salud, en 2011 hubo cinco recomendaciones para Venezuela: reforzar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal a través del incremento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como facilitar la calidad y las instalaciones para la salud de la mujer; revisar la política de salud materna e introducir los cambios necesarios para garantizar el acceso de las embarazadas a los centros médicos en todo el país; continuar el mejoramiento y la expansión de los servicios de salud que fueron concebidos para la atención primaria de las personas y así prevenir y combatir enfermedades; implementar políticas y programas para garantizar el derecho a la salud y seguir apoyando aquellos que hubieran mostrado éxito.

Sin embargo, ante estas recomendaciones dadas hace 5 años, el Estado venezolano ha adoptado medidas regresivas que han comprometido severamente el derecho a la salud y a la alimentación y ha ignorado la realidad del país, caracterizada por una gran escasez de insumos médicos, medicamentos y alimentos. La infraestructura hospitalaria se encuentra sumamente deteriorada y los pacientes deben enfrentar situaciones injustificables como la falta de agua, de electricidad e incluso de camas.

Además, el aumento en la mortalidad materna y neonatal es una clara evidencia del limitado acceso a los servicios de salud y de la inadecuada nutrición de las madres venezolanas.

 

 

Las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia de alimentación han promovido el agravamiento del ya deteriorado acceso a los alimentos, pues la inflación, las continuas amenazas al sector privado y la implementación de políticas de distribución de alimentos basadas en la orientación política de las personas, no permiten el acceso de todos los venezolanos a los alimentos, ni siquiera los básicos, para cubrir sus necesidades.

Como consecuencia, la conflictividad se ha incrementado por la escasez de alimentos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado 4.725 protestas entre enero y agosto de 2016 por derechos económicos y sociales, y estados fronterizos como Zulia y Táchira reportan cada vez más un aumento de detenciones e irregularidades en el proceso de la adquisición de alimentos.

La comunidad internacional ha dado seguimiento a lo que sucede en Venezuela. A través de las comunicaciones realizadas en los años 2014, 2015 y 2016, el Relator para el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y el Relator para la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, han expresado su preocupación por el desabastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al Estado venezolano a adoptar medidas de políticas públicas destinadas a mejorar el grave desabastecimiento de medicamentos, garantizando el derecho a la salud y considerando las condiciones especiales de las personas.

 

Título de caja
VIDEO 103 países interesados en conocer situación de DDHH en Venezuela en sesión del EPU

 

Ante la presentación del país, por segunda vez, del Examen Periódico Universal, el Observatorio Venezolano de la Salud exhorta al Estado venezolano a aceptar y reconocer la situación existente, y a trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos de expertos técnicos, para solventar de manera pronta y eficiente la grave situación en la cual se encuentra Venezuela en las áreas de la salud, alimentación y nutrición.

 

OVS: el Ministerio del Poder Popular para la Salud debe asumir su responsabilidad ante la reaparición de la Difteria en Venezuela

difteria

El Ministerio del Poder Popular para la Salud no ha emitido declaraciones sobre los casos de difteria que se han registrado en el estado Bolivar, a pesar de que se ha alertado sobre la presencia de la enfermedad desde el 17 de septiembre. La Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública, desde el 17 de septiembre cuando avisaron en sus alertas epidemiológicas sobre los casos, instaron a las autoridades sanitarias nacionales a informar sobre el brote de difteria, proveer el tratamiento recomendado y garantizar el cuidado de los pacientes que padecieran la enfermedad.

En virtud del aumento de los casos de difteria, el Observatorio Venezolano de Salud, junto con las dos ONG, han emitido un comunicado en el cual explican los hechos, además de realizar el llamado de atención a las autoridades gubernamentales competentes.

 

A continuación puede leer el comunicado completo:

El 17 de septiembre la Red Defendamos la Epidemiologia Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública difundimos un Alerta Epidemiológico (AE), bajo el título “Tres casos sospechosos de difteria en el Km 88 del estado Bolívar”, estos casos correspondían a niños que fallecieron pocos días después. En ese Alerta Epidemiológico, además de hacer una revisión preliminar sobre esta patología, recomendábamos a las autoridades sanitarias nacionales informar a la población y a la comunidad médica en general acerca de  un posible brote de difteria en esa entidad federal; proveer el tratamiento recomendado en estos casos y garantizar el cuidado de los pacientes en hospitales tipo IV, incluyendo atención en unidades de cuidados intensivos (UCI) a los pacientes que lo requirieran, para evitar los fallecimientos e identificar los contactos para administrar antibióticos profilácticos y vacunar a la población infantil del Km 88 de esa entidad federal lo más rápido posible para yugular el posible brote, así como revisar la cobertura del plan ampliado de vacunación, incluyendo la vacuna contra la difteria en la población infantil de todo el país.

Posteriormente, en la segunda Alerta del 26 de septiembre, mencionamos que desconocíamos   el número de casos y  de fallecidos que estaban  siendo afectados por la enfermedad, pero por información extraoficial, sabíamos que los enfermos y fallecidos se habían incrementado. Añadimos además: “Desconocemos si los enfermos y fallecidos corresponden a la población indígena pemón, residente en la zona; los indígenas son más vulnerables a enfermedades infecciosas y la mortalidad pudiera ser mayor.  Este posible brote de difteria se suma a la epidemia de malaria que afecta al  municipio Sifontes del estado Bolívar, una de las áreas más afectadas por la malaria en Venezuela”.

Han pasado ya 19 días de nuestro primer AE y hasta el presente ninguna autoridad sanitaria nacional o regional ha emitido declaración alguna, la única declaración oficial realizada sobre el hecho que mencionamos es la realizada, hace apenas nueve días, el 27 de septiembre, cuando el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez señaló: “…ciertamente existen reportes de casos de difteria en algunas zonas del municipio Sifontes”, y la nota del Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISP), que registra su declaración, agrega:  “pero añadió que tras conocerse la información de inmediato los equipos del ISP acudieron para constatar los agentes que causaron estos casos (sic) y desde allí determinar los pasos a seguir en situaciones de esta índole a fin de evitar la propagación de la enfermedad.”

Además de lo señalado, los medios de comunicación regionales y nacionales vienen reseñando informaciones sobre un número superior a 17 defunciones, atribuidas a esta enfermedad, ocurridas en los municipios Sifontes y Caroní; en una de esas reseñas se señala: “El Ministerio de Salud comenzó a sospechar en abril. Ya en junio había casos confirmados y en julio hicieron pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para difteria a tres muertos de Tumeremo. Los tres dieron positivo. Todo fue porque iban a hacer el cerco epidemiológico en Sifontes y se toparon con eso, pero no dijeron nada para que no hubiera escándalo. Esto es meramente política, mal manejo por causas meramente políticas”.

En el marco de lo indicado, las autoridades regionales de salud, en conjunto con las autoridades nacionales y la gobernación del estado Bolívar, iniciaron el 27 de setiembre del presente año “Acciones para minimizar cualquier eventualidad sanitaria … en aras de atender y prevenir casos puntuales y focalizados de difteria y otras enfermedades infecto contagiosas en la entidad.” Estas acciones están ocurriendo sin que el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) haya hecho pronunciamiento alguno sobre la reaparición de la difteria en nuestro país, luego de 23 años sin haber registrado la aparición de casos de esta enfermedad, y en consecuencia no haya publicado la guía correspondiente sobre las pautas para la Vigilancia Epidemiológica de Difteria en Establecimientos de Salud, cuyo contenido establezca los lineamientos que deben caracterizar la detección,  registro, notificación, verificación, investigación y aplicación de medidas de prevención, control y monitoreo ante eventos de esta enfermedad (casos, muertes y brotes) en los establecimientos de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios, públicos y privados, cualquiera sea su nivel de complejidad; así como la Guía Clínica para el manejo de casos.

Esta situación que produce desasosiego en nuestra población amerita ser atendida con carácter de urgencia por el MPPS, atendiendo a las Normas de Comunicación sobre Brotes Epidémicos de la Organización Mundial de la Salud, en particular la que señala que “La meta primordial para la comunicación de brotes epidémicos es comunicarse con la gente de tal forma que se fomente, mantenga o recupere la confianza. Esto se aplica a todos los sistemas políticos, culturas y grados de desarrollo”. No hay duda de que nuestro órgano rector en salud hizo todo lo contrario a lo indicado  en aras de fomentar y mantener la confianza. Esperamos que después de nuestro llamado y del realizado ciertamente por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, pueda recuperarla.

Ese intento por recuperar la confianza mencionada tendrá sus frutos si se actúa de manera transparente, lo que exige información completa y veraz, que se atenga exactamente a las evidencias. Lamentablemente señales como la siguiente, de ser cierto el texto “no se puede informar nada porque eso va contra la revolución”, difundido en la prensa nacional y regional, atribuido a la Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del MPPS, Marisol Escalona, no auguran voluntad para transitar por el camino correcto.

Finalmente expresamos nuestra preocupación porque, salvo la Asamblea Nacional, el resto de los Poderes Públicos Nacionales, en particular la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, no hayan dado muestras de atender las violaciones que, al derecho a la salud y a la vida, y al derecho a estar debidamente informado y tener acceso oportuno, completo y continuo a fuentes de información oficiales, ha cometido el MPPS, al incumplir su obligación con la población ante una situación epidemiológica de extrema gravedad como la que hemos venido denunciando.

OVS: Barrio Adentro no puede considerarse un sistema de salud

BarrioAdentro

 

El 6 de septiembre fue anunciado un nuevo relanzamiento de la Misión Barrio Adentro, programa social creado en 2003 para acercar la atención primaria de salud a sectores populares y zonas alejadas. Su principal personal de atención sería un médico cubano y el centro de operaciones estaría en una nueva infraestructura dentro del barrio, denominada consultorio popular (módulo octogonal).

13 años después de su creación el programa ha pasado por varios altibajos, en 2009 el propio presidente Hugo Chávez reconoció que Barrio Adentro no estaba funcionando como esperaban y precisó que 2.000 módulos octogonales (de 6.000 existentes en ese año) no estaban funcionando. Le aplicaron un “reimpulso”.

Ahora, en medio de una crisis de salud que golpea con la escasez de medicamentos e insumos tanto en centros públicos como privados, se anuncia una “nueva” fase denominada Barrio Adentro 100%, con la que buscan aumentar la cantidad de consultorios populares de 7 mil a 14 mil, tener un médico por cada 250 o 300 habitantes y abarcar a todo el país. Algo que ya se ha propuesto y que no se ha logrado.

Jorge Díaz-Polanco, sociólogo especialista en Políticas de Salud y profesor jubilado de la UCV, considera que este relanzamiento de Barrio Adentro es una nueva “propaganda oficial” de un programa que se ha caracterizado por tener “un conjunto de establecimientos que eventualmente atienden a la población, con un conjunto de medidas ajenas al ideario nacional, con insumos cuyo control sanitario no existe, con una presencia eventual porque muchos módulos están cerrados o no cumplen el horario establecido, y con una cobertura que no es real”.

Aclara que siempre fue definido como una red paralela y antagónica, no complementaria ni susceptible de ser integrada dentro de un solo sistema, y por lo tanto no puede considerarse un sistema de salud.

“Un sistema de salud es una red institucional que está articulada en función de la necesidad de salud. Su uso adecuado comienza cuando la gente asiste a la atención primaria, esa es su puerta de entrada al sistema y es allí donde debe determinarse si necesita atención especializada”, detalla Díaz-Polanco, quien es miembro del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS).

En un sistema de salud -continúa explicando- la red de atención primaria cuenta con el personal mejor remunerado de toda la cadena porque son los que trabajan más, se enfrentan a la mayor cantidad de problemas y deben estar capacitados para atenderlos. Son los médicos generales, médicos de familia o de choque.

Pero en Venezuela ocurre lo contrario, el especialista debe ser la última instancia en ser consultada pero es la primera, poco se asiste a la red de atención primaria, sus médicos no son los mejores remunerados, y además debe existir un sistema de referencia desde los niveles más simples hacia los más complejos, y de contrareferencia si es necesario.

“Eso no existe en Venezuela. En Venezuela tienes un conjunto de instituciones regadas que eventualmente funcionan cuando tiene con qué, y eso no es un sistema. Nosotros no tenemos un sistema de salud ni Barrio Adentro lo es”, precisa Díaz-Polanco.

 

Desmembrado desde los 80

El especialista del OVS recuerda que esta situación no ha sido así siempre. Fue a partir de la década de 1980 que el sistema de salud empezó a desmembrarse. “Lo que Ocurrió fue que los grupos de interés fueron apropiándose de los espacios públicos para sacarles provecho”.

Cita el caso del Ipasme, un sistema de salud –entre otras cosas- para los profesores. “Eso no tiene sentido”, dice Díaz-Polanco, pues lo correcto es contar con un sistema de salud para todo el mundo.

Para conformarlo es necesario contar con una autoridad central y una estructura descentralizada, con poderes de decisión a nivel regional y local. Pero si no se tiene un Gobierno central que participe activamente en el sistema, éste puede fracasar y eso fue lo que pasó con el modelo de descentralización de los años 90, explica el profesor.

“El Gobierno nunca asumió políticamente lo que eso era. Mi interpretación personal es que lo hizo para acceder a los recursos de la banca multilateral que financiaba el proceso de reforma del sector salud, pero nunca como una política de Estado en la cual se creyese y se impulsase de manera auténtica. En consecuencia nosotros no tenemos un sistema de salud y un sistema público muchísimo menos”.

 

Mayor privatización

En los últimos 17 años, en lugar de afianzarse el carácter público de la salud venezolana lo que se ha multiplicado es su privatización.

“Los pacientes ponen los insumos, las medicinas, la ropa, la comida, todo tienen que ponerlo los usuarios del sistema y eso no es un sistema público, es un sistema privado”, indica Díaz-Polanco.

El especialista informó que desde la creación de Barrio Adentro en 2003, y hasta el año 2014, el Estado ha invertido cerca de 38 mil millones de dólares en esta misión. La cifra resulta de estimaciones realizadas con base en el presupuesto nacional, aportes de Pdvsa, créditos adicionales y otras fuentes de financiamiento.

“Con ese dinero pudo haberse hecho todo, pero no se hizo nada. Con este nuevo relanzamiento se meterá nuevamente dinero en un saco sin fondo, sin una estructura para utilizar esos recursos de forma eficiente”, expresa el integrante del OVS.

Al país le tomaría como mínimo 10 años poder construir un verdadero sistema de salud. Díaz-Polanco precisa que es necesario reunificar todas las instituciones, hacer un Ministerio técnicamente competente que reduzca su tamaño y deje de prestar servicios, delegando esto a las gobernaciones, alcaldías y parroquias en un esquema de descentralización.

Solo así el Ministerio de Salud podrá dedicarse a emitir normas para que todo funcione dentro de un mismo parámetro, a establecer políticas nacionales porque las regionales las establecen los estados, y desplegar iniciativas técnicas de acompañamiento o apoyo al desarrollo local y regional en los servicios de salud.

“Eso es lo que tiene que hacer el ministerio, no prestar los servicios. Eso va a tomar mucho tiempo, sobre todo por los cambios en la cultura que tiene el venezolano para usar el sistema; tiene que aprender que debe entrar por la atención primaria”.

Díaz-Polanco también advierte que en épocas de crisis los venezolanos suelen buscar más la atención especializada porque se cree que en esos servicios, hospitales o clínicas están los mejores profesionales, la mejor tecnología y la mejor atención, pero cada vez eso es menos cierto porque la infraestructura se ha deteriorado, no hay insumos y no hay médicos porque se van del país.

“Sin embargo la gente sigue confiando más en esos sistemas desprotegidos y desfinanciados que en Barrio Adentro. ¿Entonces, por qué inviertes en Barrio Adentro, por qué no inviertes en los hospitales y en los ambulatorios que existían y en una red primaria nueva, fortalecida, para ser un sistema y conectarlos entre sí?”, se pregunta el profesor jubilado de la UCV, al tiempo que continúa explicando lo que está pasando en el país. “Todo eso es mucho trabajo, se juega mucho poder, hay muchos intereses. Los grupos de intereses tienen sus zonas muy bien delimitadas y han conseguido cosas en el tiempo”.

Duda que en esta oportunidad Barrio Adentro funcione, pues su estrategia ha sido y es dar una medicina a los pobres, “y una medicina para los pobres es una pobre medicina, para que se quede quieto, para que no proteste. Fue  un mecanismo para controlar socialmente a la población y no para solucionar sus problemas de salud”, sostiene el especialista en Políticas de Salud.

OVS: Aumentan casos de malaria, dengue, zika y chikungunya por falta de políticas sistemáticas

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En el primer trimestre del año, específicamente hasta el 9 de abril, al menos 100.000 venezolanos han sido afectados por cuatro de las enfermedades transmisibles que circulan en el país: malaria, zika, dengue y chikungunya.

Los datos son extraoficiales, pues el Ministerio de Salud no ha publicado los boletines epidemiológicos de este año, contentivos de esta información y de otras enfermedades de notificación obligatoria.

Después de 15 meses de silencio epidemiológico, el despacho de Salud publicó en febrero de este año, en su portal web, los boletines que mantuvo ocultos desde noviembre de 2014 pero no publicó todos los correspondientes a 2015, sino hasta la semana 26, por lo que se desconoce la situación epidemiológica del país desde julio del año pasado.

La Red Defendamos la Epidemiología ha informado que hasta el 9 de abril, según datos filtrados, iban 54.529 casos de malaria en el país, cantidad que refleja un incremento de 52,6 % respecto al mismo período del año pasado, cuando el Min-Salud registraba 35.740 casos.

Igualmente, hasta la primera semana de abril se tenía un acumulado de 28.565 casos de zika, 16.739 casos de dengue y 1.822 de chikungunya.

El infectólogo Julio Castro, miembro de la Fundación Amigos del Observatorio Venezolano de la Salud, recuerda que estas cuatro enfermedades no han aumentado por las mismas causa porque cada una tiene una particularidad distinta, lo que sí tienen en común es que son transmitidas por vectores (mosquitos); el Anófeles en el caso de la malaria y el Aedes aegypti y Aedes albopictus en caso del zika, dengue y chikungunya

“La mayoría de los países en desarrollo modifican su patrón epidemiológico hacia menos casos de enfermedades transmisibles a mayor presencia de enfermedades crónicas. Paradójicamente nosotros tenemos cada día más enfermedades transmisibles, lo que indica una impronta del subdesarrollo o del retroceso en el desarrollo”, advierte Castro.

El también profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV explica que el aumento de los casos se debe a la falta de políticas sistemáticas en el control de vectores a escala nacional, pues de lo contrario los registros reflejaran otro panorama.

 

La crisis también incide

 

Castro informó que una de las preocupaciones actuales con respecto a estas enfermedades transmisibles deriva del virus del zika, pues ya el país está en la etapa en la que deberían comenzar a reportarse recién nacidos con microcefalia por la infección de zika en embarazadas.

El Gobierno no ha informado al país la cantidad de embarazadas que presentaron zika en el primer trimestre de la gestación, pero sí lo notificó a la Organización Panamericana de la Salud, ente que publicó el dato en marzo. Hasta el día 9 de ese mes Venezuela registraba 941 embarazadas con sospecha del virus, mientras que 67,7% de un total de 226 muestras de embarazadas estudiadas resultaron positivas.

El infectólogo aclaró que el diagnóstico preciso de este virus es difícil por ser una enfermedad reciente en el mundo y que en Venezuela solo se realiza en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la UCV, únicamente a embarazadas y pacientes graves, no a todo el que presente síntomas.

El zika, al igual que el dengue y chikungunya, es transmitido fundamentalmente por el Aedes aegypti (crecen en reservorios de agua limpia) y por el Aedes albopictus (prefieren las aguas grises y contaminadas para desarrollarse). Por ello, ante los racionamientos de agua potable que se están aplicando en el país, Castro recordó que se debe almacenar el líquido en pipotes o recipientes con tapa para evitar que se conviertan en criaderos dentro de las casas.

“Si no se toma la precaución puede haber una proliferación mayor de los Aedes”, indicó el especialista.

Con respecto a los medicamentos indicados para atacar los síntomas de estas infecciones, como la fiebre, dolores de cabeza, musculares o articulares, erupciones o conjuntivitis, recordó que no se consiguen con regularidad debido a la escasez de medicamentos existente en el país. Para el dengue, zika y chikungunya no existe un tratamiento específico.

En el caso del paludismo o malaria, Castro explicó que la mayor cantidad de afectados se encuentra en el municipio Sifontes del estado Bolívar, donde la situación irregular con la minería y la afectación de los lechos ecológicos en esa zona del país son la causa de la existencia de tantos Anófeles y, en consecuencia, de tanta malaria.

“Si el gobierno tuviera una política de control estricta sobre las áreas donde se ejerce la minería y sobre la propia minería, pudiera ir viéndose una reducción muy importante de los casos de malaria”, asegura el integrante del Observatorio.

 

Boletín epidemiológico debe publicarse

 

Las enfermedades transmisibles son las que se transfieren de un ser humano a otro o de un animal al hombre, ya sea por vía directa (al toser o estornudar), o a través de vectores (organismos vivos como insectos), o por la exposición a material infeccioso (como el uso de una inyectadora contaminada).

En Venezuela, afecciones como la malaria, chagas, leishmaniasis, dengue, chikungunya y zika forman parte de las enfermedades que actualmente alcanzan cifras alarmantes de afectados, pero los datos precios se desconocen por la ausencia de información epidemiológica.

La publicación semanal de los boletines no se está cumpliendo y la ejecución del resto de las recomendaciones dadas requiere de esa información oficial, por ello Castro explica la importancia de su divulgación.

“Los boletines epidemiológicos son la única forma que tienes para prepararte en términos de políticas publicas para aplicar las medidas necesarias. No es lo mismo que cuentes 200 pacientes de una enfermedad en todo el país a que cuentes 60.000 mil, porque la preparación hospitalaria y de medicamentos estará directamente relacionada con la cantidad de casos que tu supones que exista. La única manera oficial de saber el estatus de las enfermedades, los números nacionales y su distribución en el tiempo es a través de los boletines epidemiológicos y por eso es tan importante su publicación”, detalló el infectólogo y profesor de la UCV.

OVS exhorta al Ejecutivo a solicitar ayuda internacional para atender la crisis de medicamentos e insumos

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El país vive una realidad inocultable de escasez de medicamentos e insumos médicos. Reportes de la Coalición de Asociaciones por la Salud y la Vida (Codevida) y la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), precisan que la escasez alcanza el 75% en los medicamentos de alto costo y 85% en los fármacos esenciales, mientras que la organización Médicos por la Salud, ha cuantificado las carencias de insumos médicos y quirúrgicos en hospitales públicos en 61% (este dato lo tengo en revisión porque aún no me precisan si el % se mantiene este año).

Frente a esta situación, el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a solicitar la ayuda y cooperación de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, y en particular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para atender la crisis de medicamentos y otros insumos dado que afecta tanto a los establecimientos del sector público y privado de salud en Venezuela, como a los pacientes que acuden a las farmacias para adquirir medicamentos.

 

 

La ayuda a la que nos referimos debe ser de carácter transitorio y puntual, mientras el Ejecutivo Nacional, en conjunto con todos los actores involucrados, resuelve la crisis de escasez de medicamentos y otros insumos existente en nuestro país actualmente. También exhortamos al Ejecutivo Nacional que atienda con carácter urgente y prioritario las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) pendientes por cancelar a las empresas farmacéuticas a las que se les adeudan montos en divisas por concepto de importaciones de medicamentos y materia prima.

El mecanismo para el pago de esta deuda, dada la situación crítica que vive la economía del país, debería comenzar por reconocer la deuda existente y explorar mecanismos para cancelarla, que combinen liquidación en efectivo y el resto en bonos u otros instrumentos financieros de la República. Ineficacia, ineficiencia y corrupción El OVS recuerda que la escasez de medicamentos en Venezuela tiene varias causas. En el caso del desabastecimiento existente en los centros públicos de salud, en sus distintos niveles, es producto de la ineficacia, ineficiencia y corrupción en los proyectos de puesta en marcha de empresas destinadas a la elaboración de medicamentos, y en las organizaciones y/o compañías públicas ya dedicadas a la producción de fármacos.

 

 

Como la política oficial con respecto a la compra de medicamentos y materia prima ha sido la adquisición directa -por parte del gobierno nacional- a empresas farmacéuticas públicas y privadas radicadas en el exterior, los contratos realizados se han hecho sin licitaciones, sin mecanismos de control y sin planificación alguna. La consecuencia de esto, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República, ha sido en algunos casos el vencimiento de lotes de medicamentos porque se compró por encima de la demanda real y la incineración de lotes de medicamentos y productos biológicos por condiciones inadecuadas de almacenamiento.

La disminución del número de solicitudes de Aprobación de Autorización de Divisas (AAD), así como las deudas en la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) cuyas solicitudes ya han sido aprobadas, y que acumulan actualmente la cantidad de 6.000 millones de dólares, serían otras de las causas de la escasez de medicamentos en el caso de las farmacias y droguerías del país. A partir del 2013 comenzó a agravarse la acumulación de las divisas pendientes de liquidación, con la consecuencia del cierre de las líneas de crédito a estas empresas por parte de sus proveedores internacionales, y con su consiguiente impacto sobre la escasez de medicinas, al verse limitada la importación de productos farmacéuticos y/o de materia prima.

 

 

Por ello la sugerencia del OVS sobre los posibles mecanismos para saldar la deuda de las autorizaciones de liquidación de divisas. La Contraloría debe actuar Frente a la crisis actual, y para evitar que la corrupción continúe afectando el derecho a la salud de los venezolanos, el OVS recomienda a la Contraloría General de la República indagar en la situación en la cual se encuentran los proyectos de construcción de plantas vinculadas a la fabricación de medicamentos, cuyos inicios fueron hace varios años.

Específicamente los casos de la planta de producción de fluidoterápicos, a construirse en el marco del convenio China-Venezuela; la planta productora de medicamentos liofilizados y carbapenems, a construirse en el marco del convenio ColombiaVenezuela; el Complejo Industrial Farmacéutico de Producción de Medicamentos Esenciales, concebido para ser desarrollado bajo la modalidad de empresa mixta cubano-venezolana; y la planta de cefalosporínicos y penicilínicos que se construiría según convenio Portugal-Venezuela. Finalmente, el OVS recuerda también que según la Organización Mundial de la Salud, “el acceso a medicamentos esenciales es parte de la realización del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: el derecho a la salud”.