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CARACAS (Reuters) – Jesús Ibarra, un estudiante venezolano de ingeniería de 19 años, apenas habla y camina con dificultad luego de que lo golpeó una bomba lacrimógena que le pulverizó una parte del cráneo durante una de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro que sacudieron el país entre abril y julio.
Después de cinco operaciones y tratamientos por infecciones tras caer a un río altamente contaminado por el impacto, Ibarra aún debe atravesar un sexto procedimiento donde le colocarán una pieza para cubrir el fragmento de cráneo faltante.
El joven es uno de los 1.934 heridos que dejaron los cuatro meses de protestas, según cifras oficiales. A muchos de ellos, se les hace cuesta arriba sus tratamientos por la escasez de medicinas y material quirúrgico en el país petrolero.
«Yo converso mucho con mi hijo y a veces me hace entender que no valió la pena, que se arrepintió y que fue un error», dijo José Ibarra, padre de Jesús, recordando que ha tenido que pedir donaciones de medicinas para su hijo.
«Pero otras veces me dice claramente que sí valió la pena porque estaba luchando por un cambio en el que él cree», agregó al lado de su convaleciente hijo, en su casa en Petare, una de las barriadas más grandes de América Latina.
El día en que fue alcanzado por el cartucho de la bomba lacrimógena, Ibarra había acudido a manifestarse para mostrar su descontento con la crisis económica del país. Hoy, tras 45 días en coma inducido, apenas camina apoyado de una andadera y debe recibir a una terapista para tratar de recuperar sus funciones.
Un equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas entrevistó a expertos que sugieren que en Venezuela se hizo un uso excesivo y sistemático de fuerza y que los uniformados son responsables de al menos 46 de las 124 muertes vinculadas a las protestas.
«Yo simplemente me tapaba, esperaba que no me hicieran nada, a ver si salía con suerte. Pero, de repente, llegó uno de ellos y me disparó a quemarropa en los pies y me dejaron ahí tirado», dijo Brian Dalati en Caracas, acostado en su cama con clavos ortopédicos en la pierna derecha y un yeso en la izquierda.
Dalati, de 22 años, se dirigía al instituto donde estudia cocina, cuando pasó por una barricada y fue interceptado por agentes de seguridad que lo patearon y robaron.
«Yo no estaba haciendo nada, no había la necesidad (…) fue pura malicia», agregó. Sentado a su lado, su papá confesó que se le dificulta conseguir los implementos para curarlo.
«CRÍMENES DE ODIO»
Al menos cinco muertos durante las protestas se produjeron por «crímenes de odio», según un informe de la Defensoría del Pueblo, en manos de aliados del presidente Maduro.
Inés Esparragoza, madre de Orlando Figuera, un joven de 21 años que murió dos semanas después de haber sido quemado en una protesta en Caracas, dijo que su hijo fue atacado por ser simpatizante del Gobierno socialista.
«Si no es a mi hijo, hubiera sido a otra persona pero esta vez le tocó a mi hijo (…) que lo apuñalaron, lo quemaron como a un animal», dijo Esparragoza llorando ante las cámaras de un canal estatal, días antes de que su hijo falleciera en junio.
