En jaque está la movilización de la oposición en Zulia hasta la capital para participar el 1 de septiembre en lo que han catalogado como la “Toma de Caracas”.
Diez mil personas fue el número que prometieron las organizaciones políticas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática que se desplazarían, pero la presencia de funcionarios del Seniat, Sebin y la policía en el terminal de pasajeros de Maracaibo está cambiando los planes.
De civil y sin identificarse, hay personas en el terminal preguntando quiénes viajan a Caracas o hasta el centro del país y está prohibida la venta de pasajes para Caracas y para el centro de Venezuela.
Hay denuncias de personas que dicen que les tomaron los datos y les hicieron preguntas sobre el motivo del viaje. Hay temor. De los pasajeros y de las empresas de autobuses.
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El 1 de septiembre, afirman dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, comienza una nueva etapa de movilización para presionar por la realización del referéndum revocatorio en 2016.
«La Toma de Caracas será el comienzo de una nueva etapa de movilización masiva. Habrá gente como pocas veces y el gobierno lo sabe, por eso está desesperado por evitarla. Nosotros vamos a destacar que esa movilización será pacífica, con hora de inicio y finalización (de 8:00 am a 2:00 pm), y con un contenido claro. Vamos a demostrar que somos una gran mayoría y que queremos el cambio en paz», indicó el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia.
Tanto Guanipa como Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguraron que al final de la movilización de mañana se informarán las siguientes acciones de lucha por el revocatorio.
«Ya sabemos las medidas, se aprobaron por consenso, y las anunciaremos mañana. La idea es mantener la movilización en la calle, que no será diaria pero sí constante», confirmó Guanipa.
Calzadilla aseguró que las nuevas acciones se llevarán a cabo en todo el país y se mantendrán mientras el Consejo Nacional Electoral insista en poner trabas para retrasar el referéndum.
«Las expectativas para mañana crecen y el gobierno solo muestra su desesperación, que lo lleva a actuar contra sus propios intereses, porque la gente solo rechaza la persecución de las últimas horas y apoya con más contundencia la movilización. El 1 de septiembre comienza una nueva etapa que definirá la determinación irreversible de la gente para exigir de manera organizada, pacífica y en la calle que se le respeten sus derechos, en especial el referéndum revocatorio», agregó el diputado.
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La Guardia Nacional y la PNB serán las instituciones más activas para vigilar y contener la manifestación que exigirá el avance del proceso revocatorio. El plan “retardatriz” está en marcha
@javiermayorca
DESDE EL FIN DE SEMANA, los cuerpos de seguridad manejados por el gobierno central permanecen en estado de alerta con motivo de la manifestación opositora conocida como La Toma de Caracas.
Esta actividad, pautada para el 1 de septiembre, fue convocada por el liderazgo del Movimiento para la Unidad Democrática (MUD) en virtud de los retardos manifiestos en la ejecución del proceso revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
Aunque el actual gobernador de Miranda Henrique Capriles ha reiterado que la protesta tendrá un carácter pacífico, las perspectivas apuntan hacia una participación multitudinaria, similar a las registradas en actos llevados a cabo en la capital durante el lapso 2002-2006. La encuestadora Datincorp calcula que el 32% de los caraqueños podría tomar la calle el jueves. Aún si la asistencia fuese equivalente a la mitad de esta cifra se trataría de una multitud cercana al medio millón de personas. A este contingente se unirán los grupos que se están trasladando desde el interior del país por distintos medios.
El Gobierno a través del alcalde de Libertador Jorge Rodríguez negó el permiso para manifestar más allá de Chacaíto. Esto implica que la protesta opositora se restringirá a los confines mirandinos del Distrito Capital. Sin embargo, tres de los siete puntos de concentración para la marcha fueron fijados en ese municipio (avenida O´Higgins, Santa Mónica y Plaza Venezuela). Esto podría ocasionar algunas fricciones previas a la manifestación.
Despliegue “retardatriz”
Con la llegada al ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del mayor general Néstor Reverol se diseñó el llamado plan Retardatriz contra la Toma de Caracas.
Esta iniciativa involucra tanto a la Policía Nacional Bolivariana como a la Guardia Nacional y los colectivos. Comporta la colocación de diversos escollos para impedir o en todo caso dificultar la concentración ciudadana el 1 de septiembre.
Una primera señal de las características de este plan fue recibida por un grupo de manifestantes que pretendía trasladarse el fin de semana desde Cojedes. Una denuncia consignada ante la Guardia Nacional de Tinaquillo el 28 de agosto señala que las víctimas querían unirse a una caravana que había partido previamente desde Portuguesa.
“Cuando llegamos a la salida de Tinaquillo, específicamente en la Troncal 5 frente a un Mercal del sector La Floresta fuimos emboscados por militantes del Psuv, que trancaron la vía y estaban destacados con palos, piedras e incluso armas de fuego. Fuimos perseguidos y atacados. Pudimos retroceder y huir del lugar”, indica la denuncia.
Como parte de este plan se prevé la colocación de “puntos de control” en los principales accesos a Caracas. Desde el miércoles, los funcionarios desplegados en ellos serán especialmente meticulosos en la verificación de los transportes públicos, y tienen la orden de retener los vehículos que susciten la menor sospecha.
Formalmente, estas acciones serán justificadas como parte del despliegue ejecutado desde la semana pasada a propósito del relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Foto: DesdeLaPlaza.com
Sin acuartelamiento
Hasta el martes, el Ministerio de la Defensa no había ordenado acuartelamiento en ninguno de los componentes castrenses. Los acuartelamientos fueron frecuentes durante la fase previa a la elección de Hugo Chávez en 1998, y siguieron aplicándose cuando la jerarquía castrense percibía la posibilidad de una revuelta o alzamiento, y quería tener a la disposición la mayor cantidad posible de tropas. Pero según la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en la actualidad casi no los ordena.
“Ellos (los jefes militares) prefieren dar instrucciones a los que les interesa. A veces incluso los acuartelamientos son contraproducentes. Los órganos de inteligencia trabajan más cómodos sin acuartelamiento”, explicó.
Aún así, desde el fin de semana los jefes de la FANB se han mantenido en permanente evaluación del contexto político. En la Guardia Nacional, por ejemplo, fue impartida la orden de que los jefes de unidades instruyan a sus subordinados sobre los supuestos planes para subvertir el orden que atribuyen a sectores de la oposición. En este sentido, se ordenó activar todos los recursos de “inteligencia social” a través de las comunas y los milicianos.
Según San Miguel, “el miedo de los órganos superiores y las presiones desde Miraflores son muy grandes”.
La analista advirtió que el Ejecutivo está tratando de cerrar por todos los medios la posibilidad de que la marcha se lleve a cabo, y si llega a efectuarse intentará desdibujarla para que no tenga el impacto deseado por los opositores.
Indicó que esto incluye la posibilidad de que los manifestantes sean asediados tanto por los efectivos policiales y militares como por los integrantes de los colectivos armados.
“La foto de una manifestación masiva perturbaría mucho al Gobierno”, sostuvo.
El plan Guaicaipuro
Para la vigilancia y la contención de la protesta del jueves, el Ejecutivo dispone en principio de diez mil efectivos militares y policiales. Este contingente puede ampliarse en 40% con el traslado de agentes de la Policía Nacional Bolivariana desde Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui.
Se ordenó además la suspensión hasta nuevo aviso de los traslados de tropas de otros componentes hacia sitios distintos al Distrito Capital. Esto permitiría reforzar rápidamente los grupos desplegados en las calles, de presentarse alteraciones graves al orden público. Es el principio contemplado en el llamado Plan Guaicaipuro.
Los colectivos y militantes radicales del partido de Gobierno se aglutinarán en cinco locaciones llamadas “puntos de fuerza operativa”, según indica un instructivo repartido entre la militancia oficialista. El más importante sería el correspondiente a la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña. Coincide con uno de los sitios de concentración escogidos por la oposición.
Las fuerzas operativas serán complementadas por “grupos móviles”, provistos de motocicletas.
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Según la directora de Control Ciudadano, desde 2014 los colectivos tendieron puentes con elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Guardia del Pueblo a propósito de las acciones para contrarrestar a los manifestantes que participaban en La Salida. Ese nexo se ha mantenido hasta el día de hoy.
Para la politóloga Francine Jácome, en este momento la pregunta clave es a quién favorecerían los enfrentamientos armados con motivo de la manifestación.
Dijo que el control a la violencia no sólo es un desafío para los cuerpos de seguridad sino también para el liderazgo de la MUD, que aparece convocando a la jornada de protesta.
“Creo que en la medida en que la manifestación sea más multitudinaria, será más difícil atacarla por parte de grupos externos”, añadió.
Disputa por el aire
Desde el fin de semana, el ministerio de la Defensa prohibió los vuelos denominados de “aviación general” (avionetas y helicópteros privados) así como también de naves no tripuladas, conocidas comúnmente como drones.
Según el ministro de Transporte, Ricardo Molina, la decisión intenta “procurar la paz y la tranquilidad”. En la práctica impediría a los opositores el monitoreo aéreo de la marcha, pues los drones pueden ser equipados con cámaras de alta resolución. De allí que el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos haya anunciado que no será acatada esta orden gubernamental.
El Ejecutivo, de hecho, también ha dispuesto de una flota de tales aparatos para la jornada del 1 de septiembre, según lo anunciado este martes por el titular del MRI Néstor Reverol.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó que la manifestación convocada para el primero de septiembre para pedir una fecha para recolectar firmas para el referéndum contra el presidente Nicolás Maduro es un legítimo derecho que tiene que ser respetado.
La CEV emitió una declaración en la que se pronuncia sobre la manifestación convocada para el jueves, bautizada como la Toma de Caracas, que busca presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que acelere el proceso de la consulta contra Maduro.
«Dichas movilizaciones, concentraciones y actividades de carácter político tienen que ser respetadas y amparadas por los organismos del Estado y, además, desarrollarse en un clima de paz, convivencia social, tolerancia y respeto», señaló la CEV.
El Gobierno venezolano acusa a la oposición de tener planes para generar violencia el 1 de septiembre, dentro de una presunta conspiración para derrocar a Maduro con apoyo de Estados Unidos.
La oposición señaló que será una protesta pacífica, cuyo objetivo es obtener una fecha para la recolección de las firmas de electores, con la meta de reunir 20 por ciento del padrón electoral, o casi 4 millones, para activar la consulta.
Momentos cruciales
Hace casi dos meses, tras la centésima sexta reunión plenaria de la CEV, el obispado reiteró su exigencia al CNE de velar por la celebración de la consulta popular en 2016.
“Los venezolanos estamos atravesando por un momento crucial en los campos moral, económico, político y social. Ha disminuido drásticamente la calidad de vida. La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar”, expresó el clero a mediados de julio.
En la exhortación de entonces, la Iglesia instó al Gobierno a no declarar “ajenas” las angustias y esperanzas del país. “Ni los derechos humanos ni la justicia tienen fronteras”, remarcó la CEV.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció hoy que el Gobierno de Nicolás Maduro realiza una serie de acciones que implican agresiones a sus dirigentes por miedo a la marcha convocada para el próximo 1 de septiembre.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, señaló en su programa radial que el gobierno está “absolutamente aterrorizado” y por ello ordenó el traslado del exalcalde opositor Daniel Ceballos que cumplía condena en su domicilio, a una cárcel de máxima seguridad.
Asimismo, dijo que el Gobierno usa a los opositores que están presos “como rehenes para manejarlos como fichas en esta situación de desesperación”.
Señaló que, como parte de la respuesta a la marcha han agredido al alcalde de Maturín, Warner Jiménez, a quien le fue dictada una orden de detención por supuestos delitos de corrupción y por “financiar” protestas violentas.
También informó que esta misma noche se produjo el allanamiento “sin orden judicial” a la casa del diputado opositor Lester Toledo en el occidental estado Zulia y la “agresión” contra el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (estado Aragua, centro) Delson Guarate que también denunció un “intento” de allanamiento.
Torrealba señaló, además, que los opositores que se están movilizando a Caracas desde diferentes puntos del país para participar en la marcha también se han encontrado con obstáculos como alcabalas de miembros de las Fuerzas Armadas que han intentado detenerlos.
“Lo que está ocurriendo hoy en este país es conmovedor, el tema de los indígenas marchando desde Amazonas, el tema de las personas que vienen caminando desde Anzoátegui y desde Monagas, nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad y que vienen en sillas de ruedas desde Barquisimeto”, dijo el opositor.
El portavoz de la MUD se comunicó telefónicamente con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, que garantizó que buena parte del contingente indígena que partió de esa región el pasado miércoles para llegar a la marcha lo hará aunque deba tomar atajos.
“Les garantizamos que el día jueves en la mañana estaremos arribando a Caracas para participar en esta gran toma democrática de este llamado (…) de atención al mundo de que queremos regresar a la democracia plena”, dijo Guarulla que junto a cientos de indígenas asegura ha sorteado obstáculos impuestos por la Fuerza Armada.
“Estamos todos preparados y vamos a estar allí”, aseguró.
Torrealba dijo no tener dudas de que la del próximo jueves será una de las movilizaciones “más grandes y majestuosas de la historia de Venezuela” y pidió que además sea “la más ordenada” y que sea capaz de mantener el control sobre “su propia indignación”.
Dijo que, como “nueva mayoría nacional”, los venezolanos que se oponen al actual gobierno deben demostrar que son capaces de llevar al país a una “transición pacífica a la democracia” pues de lo contrario, demostrarían que no son alternativa “al madurismo” sino que son “apenas un madurismo de otro color”.
Aclaró que el 1 de septiembre “no va a caer el gobierno”, pero será una fecha clave para impulsar la lucha para solicitar el apoyo del 20 % de los inscritos en el registro electoral que se requieren para que se realice el referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro este mismo año.
El Gobierno de Nicolás Maduro restringe el acceso a dos grupos de periodistas de Argentina y México que entrarían al país a cubrir la marcha de este 1 de septiembre denominada la “Toma de Caracas”.
Se pudo conocer que a los reporteros provenientes de México les han retenido los pasaportes, y les han girado una “carta de inadmisión”.
Este grupo pertenece al sistema de prensa árabe Al Jazeera. John Holman y Ricardo Lópe vinieron de México y los están deportando vía Bogotá “porque no tienen una nueva visa especial”, según confirma la fuente.
Así mismo se supo que a los periodistas argentinos Teresa Bo, Mariano Rosendi y Lagmi Chávez tampoco los dejan entrar a Venezuela.
Aseguran fuentes que a los provenientes de Argentina les dijeron que no están autorizados por el Minci y al hablar con este organismo alegaron que el Seniat impuso “nuevos reglamentos”.
Les retuvieron los equipos y los deportarán
Pasadas las 6:00pm, el Sindicato Nacioanal de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció vía Twitter la retención en Maiquetía de miembros del equipo reporteril de Al Jazeera, a quienes las autoridades deportarán a Colombia la mañana del 30 de agosto. Viajarán en el primer vuelo a Bogotá.
«Teresa Bo, corresponsal; Lagmi Chávez, productora, y el camarógrafo de Al Jazeera fueron retenidos en Maiquetía. Les quitaron sus equipos», tuiteó el SNTP.
De acuerdo con el reporte del gremio periodístico, el equipo de la cadena Al Jazeera llegaba al país proveniente de Argentina para cubrir los acontecimientos de esta semana en Venezuela cuando fue retenido.
«Al equipo de Al Jazeera retenido le dijeron que ‘las reglas han cambiado’ y que debían comunicarse con el director del Saime», Juan Dugarte.
#ALERTA Se conoció que el equipo de @AlJazeera retenido en Maiquetía, será deportado mañana, a primera hora, hacía Colombia.
Al equipo de @AlJazeera retenido le dijeron que «las reglas han cambiado» y que debían comunicarse con el director del Saime @Juan_Dugarte — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de agosto de 2016
#ALERTA Equipo de la cadena @AlJazeera venía desde Argentina para cubrir los acontecimientos de esta semana en Venezuela cuando fue retenido
#ALERTA Teresa Bo, corresponsal, Lagmi Chávez productora y el camarógrafo @AlJazeera fueron retenidos en Maiquetía. Les quitaron sus equipos — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de agosto de 2016
#ALERTA miembros del equipo reporteril de @AlJazeera son retenidos en Maiquetía. Autoridades quieren deportarlos en el primer vuelo a Bogotá
Diversas son las manifestaciones espontáneas de personas que han decidido recorrer diversos estados del país hasta llegar a incorporarse a la “toma de Caracas” el próximo 1 de septiembre.
Primero fue el párroco Lenin Ramón Bastidas Villegas quien salió caminando este lunes 22 de agosto desde Soledad municipio Independencia, sur de Anzoátegui, con la finalidad de llegar a la capital del país y despertar la atención de los venezolanos ante la crisis que se vive. Luego un grupo de indígenas partió a pie este miércoles desde Puerto Ayacucho para participar en la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Ahora desde el estado Lara, se suman dos jóvenes que a pesar de su discapacidad se sumarán a la convocatoria opositora en sus sillas de ruedas, en una acción que han denominado “Rodando por Venezuela”.
Marianny Linarez, responsable nacional del Movimiento de Personas con Discapacidad de Voluntad Popular, dejará a un lado las dificultades físicas y se prepara para ser parte de la marcha.
Sigue leyendo este trabajo de Marianli Suárez Valera para El Pitazo
![[VIDEO] Con sus sillas de ruedas viajarán desde Lara para la “toma de Caracas”](/wp-content/uploads/2016/08/marchistas-en-sillas-de-rueda.jpg)
