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La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 39

Expertos en DDHH consideran que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en el siniestro porque la detención migratoria no es aceptable

Durante la noche del 27 de marzo, cerca de las 9:30 p.m., siete migrantes venezolanos fallecieron en un incendio que ocurrió en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México.

Tres días después, el jueves 30 de marzo, el Estado mexicano detuvo a cinco personas en relación con la muerte de los 39 migrantes que, en total, perdieron la vida en el hecho. 

«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Herrerías aseguró que, por el momento fueron, se concretaron cinco órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos, explicó que debe haber responsabilidades superiores a los custodios del centro de migrantes. “Los migrantes estaban privados de libertad. No es una estación migratoria”, aseguró.

Los venezolanos fallecidos fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rannier Edelber Requena Infante y Samuel José Marchena Guillarte. Tenían entre 20 y 29 años.

También aparecen como víctimas mortales en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y 1 colombiano.

Violado el derecho a la vida y a la libertad

De acuerdo con Bolívar los derechos a la vida y a la libertad de Joel, Orangel, José, Orlando, Oscar, Rafael, Rannier y Samuel fueron violados.

“Hay una violación grave en el sentido de que la detención migratoria no es aceptable. No es aceptada a nivel internacional de acuerdo con los estándares de esa materia. Por lo tanto, es un derecho violado, por supuesto se violó el derecho a la vida porque hubo negligencia criminal que les impidió a ellos salvar su vida”, aseguró Bolívar. 

Eduardo Trujillo Ariza, director Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que México, al igual que otros países del mundo, es suscriptor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la protección de derechos civiles y políticos.

Por ende, México tiene una gran cantidad de obligaciones internacionales relacionadas con personas migrantes y con personas refugiadas. Una de ellas es la obligación de velar por la integridad física de las personas que están bajo su custodia. 

“Estas personas estaban no solo bajo la custodia del Estado mexicano por el hecho de estar en territorio mexicano, sino por estar en un centro de detención de migrantes que estaba siendo administrado por funcionarios estatales de México”, señaló Trujillo Ariza. 

Según el director del CDH UCAB, hay una responsabilidad directa del Gobierno de México en cuanto a los hechos ocurridos, porque la custodia de los migrantes la tenía el propio Estado.

“Los funcionarios estatales pueden ser los responsables directamente o por omisión. Los funcionarios pueden ser investigados por su acción directa y por sus omisiones también”, explicó Trujillo Ariza.

Medidas migratorias dignas

Ambos expertos coincidieron en que las medidas migratorias deben ajustarse a los estándares internacionales en materia de manejo de población migrante para evitar este tipo de incidentes. 

Trujillo Ariza reiteró que los plazos juegan un papel fundamental en esta materia. “Si se retiene a alguna persona en tránsito migratorio, las decisiones que tome el Estado deberían ser tomadas en un plazo razonable”, dijo.

En el marco de medidas migratorias, Trujillo Ariza explicó que México tiene alianza con Estados Unidos para favorecer la externalización de fronteras que implica que Estados Unidos subcontrata o llega a acuerdos bilaterales con otros estados para que contengan la ola migratoria que se dirige a su país.

“México sirve como un tapón. En derecho de migrantes y refugiados el término se conoce como externalización de frontera”, indicó. 

Para Trujillo Ariza, el incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez no es responsabilidad directa de las políticas migratorias estadounidenses, pero es una consecuencia no deseada de la medida migratoria. 

La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México. 

“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?

🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023

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La competencia entre donantes y su afán por un impacto que se queda en lo superficial está erosionando esos valores básicos del movimiento de derechos humanos y los defensores están haciendo poco o nada para enfrentarlo

@ligiabolivar

Con frecuencia, muchas “causas nobles” se van banalizando para conseguir más adeptos. Las del movimiento de derechos humanos no han sido la excepción, en la medida en que se imponen discursos en los cuales las formas parecieran ser más importantes que el fondo.

Cada vez con más fuerza, desde comienzos del siglo XXI, se ha desarrollado una tendencia entre algunos donantes, tanto gubernamentales como del sector filantrópico, que consiste en exigir un mayor impacto de los proyectos que financian. Aunque no hay duda de que es necesario poner más énfasis en la eficacia de las campañas y otras acciones de incidencia, los indicadores de medición no han sido claros y, en consecuencia, se está confundiendo impacto con visibilidad.

En tiempos de redes sociales e interacción virtual, la valoración del supuesto impacto se mide a través de la cantidad de seguidores, “retweets” y “likes”. El activista de calle ha mutado a “influencer”, más interesado en proyectar su imagen personal en redes sociales para ganar seguidores y marcar tendencias, que en ser vocero de contenidos de la organización que representa. De hecho, muchos de estos activistas-influencers están teniendo más seguidores que las organizaciones a las que pertenecen y aprovechan el culto a la personalidad para diseminar su imagen.

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Se trata de un fenómeno que no ha pasado inadvertido para intelectuales y analistas. Por ejemplo, Martín Hopenhayn observa:

El nuevo activista en la sociedad civil global no quiere agruparse en grandes unidades o partidos, y ejerce su resistencia manteniéndose en la multiplicidad reticular, porosa, rizomática de actores que concurren a oponerse enérgicamente a las formas dominantes de la racionalidad económica, política, financiera y a la estandarización cultural.

Es como si la disciplina y el rigor propio de organizaciones cuyo principal patrimonio es la credibilidad se convirtieran para el nuevo activista en una camisa de fuerza a la que no está dispuesto a someterse.

Sin duda, las redes sociales tienen un poder que no pretendo subestimar. Hay campañas que han salvado vidas, iniciativas que han convocado a movilizaciones que han derrumbado gobiernos y propuestas cuya difusión por redes ha permitido cambiar decisiones políticas. Pero su valoración como indicador de impacto no puede convertirse en un determinante, como parece estar pasando con organizaciones que, a pesar de ser pequeñas y no contar con suficientes recursos humanos para el trabajo sustantivo, han tenido que contratar personal solo para contar reacciones en redes sociales y reportarlas a los donantes, sin ningún análisis crítico sobre el impacto real de esas expresiones virtuales de apoyo que, por lo general, provienen principalmente de amigos o personas y comunidades afines.

Y de nuevo, algunos donantes han insistido en la necesidad de explorar nuevos lenguajes y narrativas. Esta propuesta puede tener valor, ya que sin duda es necesario diversificar lenguajes para que el mensaje llegue a sectores no tradicionales.

A comienzos de los noventa, un defensor de derechos humanos en Perú se refería al reto de la diversificación de lenguajes en tres niveles: movilizar al convencido, convencer al indiferente y neutralizar al opuesto. El riesgo consiste en confundir el medio con el fin. El lenguaje es para transmitir, pero no es fácil reducir los principios de los derechos humanos a 140 caracteres, a un verso o a unas notas musicales, sin acompañar estas versiones simplificadas de un significado que se refleje en los hechos.

Al mismo tiempo, los nuevos lenguajes parecieran estar desarrollándose a cambio de, más que además de, las acciones tradicionales. Esto se estaría traduciendo en menos litigio, menos acompañamiento a víctimas, menos interacción comunitaria, menos movilización presencial.

Al respecto, un artículo publicado en este mismo espacio recogió una valiosa iniciativa “experimental y práctica de cambio de narrativa” que rescata precisamente la necesidad de “volver a valores básicos como la empatía, la unión y la participación comunitaria y aprender a vivir esos valores en todos los niveles de nuestro trabajo”. Esta experiencia recuerda que el trabajo narrativo “requiere que los actores de derechos humanos sean encarnaciones vivas de sus relatos; mostrar es mucho más poderoso que contar. Lo que hacemos es la narrativa, lo que decimos es nuestro esfuerzo por enmarcarla”.

La competencia entre donantes y su afán por un impacto que se queda en lo superficial está erosionando esos valores básicos del movimiento de derechos humanos y los defensores están haciendo poco o nada para enfrentarlo, al caer en una trampa que lleva a la banalización del trabajo y del discurso.

No propongo que las “causas nobles” deban ser un asunto de sectores reducidos de la población. Por el contrario, la masificación del lenguaje de los derechos humanos, hasta convertirlo en cultura, es decir, en una identidad colectiva que guíe nuestro comportamiento, debe ser nuestra meta; pero esa masificación no debe sacrificar lo sustantivo, sino transformarlo desde una práctica que sea la que marque la pauta del discurso.

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Publicado previamente en el portal de Open Global Rights

* Ligia Bolívar es venezolana y vive en Colombia. Fundadora y coordinadora de AlertaVenezuela, exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, fundadora de Provea. Fue miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad.Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Para Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) constituye un hecho de suma importancia el que organismos como la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hayan pronunciado públicamente exhortando a los países de la región a dictar medidas especiales que protejan a los miles de venezolanos que están cruzando diariamente las fronteras.

La socióloga y activista está convencida de que las declaraciones no solo reflejan la alarma que ha generado esta situación en la opinión pública internacional sino que confirman la gravedad de un fenómeno inédito en la historia venezolana.

“Aunque las declaraciones no son de carácter vinculante, la ACNUR y la CIDH están admitiendo que en Venezuela hay una crisis que va más allá de lo político,  que está afectando la capacidad de las personas para asegurar su subsistencia en el país. Sin decirlo, la directriz reconoce que los venezolanos se están enfrentando a una crisis humanitaria y que merecen protección internacional”.

Bolívar asegura que el CDH-UCAB tiene tres años advirtiendo que esto ocurriría, luego de trabajar desde 1998 en la asistencia integral de inmigrantes y refugiados que venían al país y  ver cómo la realidad en esta materia fue cambiando.

“En los primeros 15 años, nuestra labor se orientó a la atención jurídica y psicológica de personas que venían a Venezuela como solicitantes de refugio (principalmente de Colombia) así como a la procura de políticas públicas para los migrantes y sus familias. Durante ese período Venezuela era un país receptor, pero desde hace 3 años comenzamos a observar una inversión del flujo migratorio. Venezuela dejó de ser un país receptor para convertirse en un país productor de migrantes y eso nos hizo revisar nuestras estrategias y enfoques para atender esta nueva realidad”.

Estampida alarmante

Según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), entre 2012 y 2017 más de 815 mil personas salieron del país y 80% lo hizo en los últimos dos años de ese período. Además, 12 de cada 100 emigrantes venezolanos son de los sectores más pobres.

Ligia Bolívar echa mano de otros datos para advertir que en los últimos cuatro años el flujo migratorio nacional ha crecido de manera exponencial.

“De acuerdo a Aikatarina Kitidi, portavoz de ACNUR, el número de venezolanos que buscan asilo en el mundo ha aumentado un 2000% desde 2014, al pasar de 4.040 casos en 2014 a más de 94.000 en 2017.  Pero más allá de las cifras macro, hay datos que indican la magnitud del impacto de este fenómeno en los países vecinos:  En Boa Vista, Brasil, 1 de cada 10 habitantes es venezolano; en Aruba, 5% de la población es venezolana, y en Perú, nada más en enero ingresaron diariamente 1000 venezolanos por la frontera ecuatoriana. Estas son cifras oficiales de la Organización Internacional para las migraciones y ACNUR”.

La experta también considera preocupante que entre los expatriados nacionales cada vez haya más personas en la categoría de migrantes forzosos.

“A diferencia del migrante que lo hace por voluntad propia, el refugiado sale de manera forzosa y tiene un temor fundado de regresar al país porque puede sufrir daños irreparables a su vida o integridad física.  En Venezuela, tenemos una migración mixta que incluye personas que aspiran mejorar su nivel de vida, pero también personas que han sido perseguidas por motivos políticos y personas que se sienten vulnerables a causa de las carencias de alimentos y medicamentos o tras haber sido víctimas de un secuestro, de un robo violento o del homicidio de un familiar. Hoy en día hay algo de migración voluntaria, pero hay mucho de migración forzada”.

Cree que el recrudecimiento de estas condiciones tiene serias repercusiones sobre los derechos humanos y pone en el ojo del huracán a los sectores menos preparados para defenderse.

“Por una parte, el hecho de que la población esté saliendo por la insatisfacción de necesidades básicas deja al descubierto la denegación de derechos humanos por parte de las autoridades. Por otra parte, en la medida en que los países receptores no entiendan las dimensiones del problema y las necesidades de protección de los migrantes, pueden incurrir, por acción o por omisión, en violación a sus derechos, lo cual se refleja en discriminación, ausencia de medidas especiales para poblaciones más vulnerables como mujeres, niños o indígenas, entre otras”.

La urgencia de políticas duraderas

A nombre de la organización que dirige, Ligia Bolívar hizo un llamado a los gobiernos, las ONG de derechos humanos y a los ciudadanos de los países vecinos para que atiendan este problema con una visión de solidaridad y en el marco de los acuerdos internacionales.

“No alentamos la migración y demandamos un cambio en las políticas públicas nacionales en el área social y económica para que los habitantes de Venezuela no se sientan urgidos a abandonar el país. Pero reconociendo que la migración es una realidad que ha llegado a un punto crítico, nuestro llamado es a los Estados receptores para que generen políticas de protección a la población migrante en las mismas líneas de la directriz de ACNUR. Protección significa acciones duraderas, es decir, que no cambien de un día para otro dependiendo del estado de ánimo del gobernante de turno. Sin embargo, entendemos que se trata de una situación abrumadora para los Estados receptores y por eso el llamado es también a los órganos humanitarios internacionales para que volteen la cara hacia los países receptores y los apoyen en la búsqueda de soluciones y respuestas duraderas”.

En este sentido, la directora del CDH-UCAB informó que esta ONG trabajará en los próximos meses en el levantamiento e intercambio de información con organizaciones académicas, de derechos humanos, asociaciones de migrantes y de la sociedad civil de distintos países para hacer un diagnóstico de los perfiles de la migración venezolana, las leyes, políticas y prácticas de cada país y los principales riesgos que enfrentan los grupos más vulnerables, de manera de generar propuestas que aseguren soluciones duraderas país por país.

También está estableciendo alianzas internacionales para establecer estrategias de cooperación en materia de asistencia legal a los migrantes venezolanos y cree urgente desarrollar acciones complementarias de apoyo a las organizaciones que hacen vida en las regiones fronterizas.

“Hay ONG en los estados venezolanos que se encuentran en las rutas de migración que están observando problemas específicos como los abusos de la Guardia Nacional o la problemática de los niños que están quedando a cargo de abuelos u otros cuidadores. Es decir, también dentro de Venezuela la crisis migratoria tiene consecuencias que deben ser atendidas y estamos dispuestos a colaborar con instituciones locales de derechos humanos desde nuestra experiencia en el manejo de estos casos”.

*Con información de Comunicación e Información UCAB

IPYS Venezuela

El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), intimidó y mencionó por segunda vez en menos de cuatro meses  a varios activistas de Derechos Humanos en su programa Con el mazo dando, transmitido los días miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal. Cabello afirmó que se planea presentar un informe en contra de su programa en la  audiencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en marzo de 2015. Acusó a la periodista Mariengracia Chirinos de liderar la investigación del mencionado informe en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Como ya es costumbre en el programa del presidente del Parlamento, la intimidación se hizo por medio de la lectura de las cartas de los llamados “Patriotas cooperantes”. Así como ocurrió en el mes de noviembre de 2014, “Patriota Mundo” quien suministró la información en una carta leída por Cabello en la que se mencionó a Marco Ponce (Observatorio Venezolano de Conflcitividad  Social),  Rafael Uzcátegui (PROVEA), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos de la Ucab), Carlos Nieto (Una Ventana para la Libertad), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (COFAVC). Estos activistas fueron señalados por el parlamentario por formar parte de una representación que presuntamente irá a denunciar violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Los temas que trataran en la audiencia son los siguientes: la supuesta persecución e intimidación de los defensores de los DDHH por parte de Diosdado Cabello, la denuncia a la asociación de Patriotas Cooperantes, como coparticipes de violaciones de Derechos Humanos y miembros de un estado policial, ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, leyó el presidente de la AN.

Lea la nota completa en el siguiente enlace: Diosdado Cabello acusa e intimida a periodistas y activistas de DDHH

@AdrianitaN

El 27 de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial la resolución número 008610, la cual habilita a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a emplear armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones. Los funcionarios, a cargo del General en Jefe Vladimir Padrino Torres, tendrán como objetivo “evitar los desórdenes” y “apoyar a la autoridad legítimamente constituida”.

Ligia Bolívar, socióloga y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), califica a la medida como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Además, alerta sobre el auge represivo que podría desarrollarse en el país a partir de la resolución de MinDefensa.

-¿Cuál es su análisis a partir de la publicación en Gaceta Oficial del decreto que autoriza a militares a utilizar armas de fuego para el control de manifestaciones?

-Hay un punto que es de principio, que convierte a todo lo demás en accesorio y es que, bajo ninguna circunstancia, las fuerzas militares pueden actuar en funciones de orden público en el control de manifestaciones. Es un principio constitucional y, por lo tanto, todo lo demás es inválido. Se autoriza el uso de armas de fuego, que es inconstitucional, a esas Fuerzas Armadas que, inconstitucionalmente, van a actuar en control de manifestaciones. De acuerdo con la Constitución y con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos eso tiene que estar en manos de civiles, jamás en manos de militares.

Hay un artículo que habla de que está prohibido el uso de armas de fuego y otro de lo que hay que hacer si tienes que usarlas, es decir que no está descartado, eso es lo terrible. No lo puedes hacer, pero si lo tienes que hacer, haz esto.

-Entonces, ¿el funcionario decide arbitrariamente cuándo disparar y a quién?

-El uso es absolutamente discrecional. La resolución también habla de que el uso de armas de fuego se hará sin lesionar la vida de las personas. Una manifestación, por principio, es masiva, hay mucha gente; que se suelte un balazo allí generará, sin duda, consecuencias a la vida y la integridad de las personas. No se puede justificar, ni explicar, ni garantizar que tú harás uso de un arma de fuego en una multitud y no vas a causar un daño a las personas.

En esta situación tan absurda hay que recordar que existe una Ley Desarme, que hay una serie de prohibiciones de uso de armas dentro de zonas donde hay personas: restaurantes, plazas. ¿Entonces tú vas a autorizar a las Fuerzas Armadas a portar y a utilizar armas de fuego donde hay manifestantes? Eso no tiene ningún basamento, eso lo único que puede ocasionar es la muerte de las personas.

Eso no tiene nada que ver con uso proporcional de la fuerza, eso es doctrina militar. Los militares no deben estar en ningún respecto en el resguardo de manifestaciones.

-¿Cree usted que, en adelante, las personas eviten participar en protestas? ¿Cómo queda parado el derecho a la manifestación pacífica?

-A nosotros no nos corresponde adivinar o saber qué va a pensar la población. Lo que nos toca es determinar las violaciones a los derechos humanos, y esto es una clarísima violación a la Constitución y a los DD. HH. ¿Si la gente va a sentir más o menos miedo? No sé.

Hay que recordar que esta no es la primera medida, tenemos previamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que invoca un fulano permiso, a partir del que pretendían cercenar el derecho constitucional a la protesta. Eso no ha inhibido a la gente. Lo que sí logró fue una respuesta más contundente y más represiva en contra de las manifestaciones, así que no sabemos qué repercusión puede tener esto en quien quiere expresar su legítimo derecho a la manifestación, lo que sí sabemos es la consecuencia que va a tener.

Así como la sentencia del TSJ buscó darle fundamento legal a lo que ya venía siendo desde hace varios meses, ahora pareciera que esta resolución del Ministerio de la Defensa quisiera dar basamento legal al porte de armas de fuego, que antes era ilegal, y que por cierto causó varios fallecidos en las manifestaciones. También heridos, como el caso de Marvinia Jiménez que estaba tomándole una foto a unos funcionarios de la Guardia del Pueblo que tenía un arma en la mano.