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Asociación de Estudios Latinoamericanos: Deterioro de salarios limita libertad académica en Venezuela
LASA recordó que en Venezuela, durante las últimas dos décadas, el salario se ha reducido en un 95% desde el 2001 hasta la fecha

La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) advirtió que el deterioro de los salarios de los profesores universitarios limita la libertad académica en Venezuela.

En un comunicado, LASA manifestó su preocupación por la situación de docentes y universidades públicas del país, no solo por los salarios, sino también por las condiciones de trabajo.

A juicio de la organización, por estas situaciones se ve «seriamente menoscabada la posibilidad de ejercer adecuadamente sus labores académicas».

«La falta de una remuneración adecuada afecta la libertad académica, el derecho a la educación de estudiantes universitarios, comprometiendo el desarrollo científico y social del país», añade el texto.

Según LASA, el derecho a la libertad de expresión y académica se garantiza asegurando los derechos laborales de los profesores universitarios «para que puedan contar con un salario y condiciones de vida dignas».

Por otra parte, LASA hace un llamado para que el gobierno de «asegure el pleno derecho a la libertad académica, a la remuneración y prestaciones sociales justas con el fin de asegurar que la comunidad académica se dedique a sus tareas más importantes: investigar, impartir y compartir conocimiento».

 

También, recordaron que en Venezuela, durante las últimas dos décadas, el salario se ha reducido en un 95% desde el 2001 hasta la fecha. Actualmente, agregan, los salarios «no permite cubrir los gastos de la canasta mínima alimentaria».

«La destrucción del salario, de la seguridad social y de las condiciones dignas de trabajo de los profesores de las universidades públicas son el resultado de las políticas oficiales hacia el sector», agrega el comunicado.

Asimismo, aseguran que el gobierno centralizó el presupuesto universitario y las nóminas y ha eliminado en la práctica la cuota e incentivos para la investigación, lo que ha ocasionado el deterioro de la actividad científica.

Por estas razones, LASA hace un llamado al gobierno «para garantizar la educación pública, garantizando salarios fuera de indicadores de pobreza extrema, suficiencia de espacios adecuados y recursos indispensables para la labor de investigación y docencia académicas».

ONG piden a Alto Comisionado de la ONU, atender derechos universitarios en Venezuela

EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN ante el 165º período ordinario de sesiones de la CIDH, David Gómez Gamboa, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia y de la Organización No Gubernamental Aula Abierta Venezuela y Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, asistieron a la reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, y la CIDH en representación de distintas ONGs y Centros de Derechos Humanos en Venezuela.

Los mencionados defensores de derechos humanos le solicitaron expresamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas atender con prioridad la situación de los derechos humanos vinculados al sector universitario en Venezuela: Libertad Académica, Autonomía Universitaria, principio de no discriminación en el ámbito universitario, criminalización de la protesta contra universitarios, detención y procesamiento de universitarios ante la jurisdicción militar, entre otros temas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos iniciaron ayer un nuevo y más profundo plan de cooperación, con la finalidad de abordar uno de los problemas más apremiantes en las Américas, como lo es la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

El presidente de la CIDH, el Relator para personas defensoras de derechos humanos de la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lanzaron el Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en las Américas en un acto público en Montevideo, donde la Comisión celebra su 165º período ordinario de sesiones.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recalcó que  las personas defensoras de los derechos humanos son esenciales para el funcionamiento saludable de las sociedades y, sin embargo, en los últimos años, en las Américas, han sido cada vez más atacados. Estas personas son víctimas de amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, malos tratos, e incluso, tortura. Muchas de ellas corren el riesgo de ser víctimas de ataques violentos, a veces mortales, incluso por parte de particulares vinculados a intereses empresariales o a poderosas bandas criminales.

Por su parte, el Relator para personas defensoras de derechos humanos de la CIDH expresó que en las Américas, se observa una tendencia preocupante del uso de ley para criminalizar las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos, para silenciarlas o castigarlas.

La CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ya cooperan ampliamente en casos emblemáticos de derechos humanos y situaciones de especial preocupación.

ODH-ULA: existe un patrón estatal de erosión contra libertad académica y autonomía universitaria

ODH-ULA

 

Preocupado por la violación sistemática de la libertad académica y la autonomía universitaria, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó un primer informe en el que se visibilizan las amenazas, ataques y violaciones de derechos que hace el gobierno venezolano en el ámbito del sistema de Educación Universitaria.

El informe intitulado “El pensamiento bajo amenaza”, documenta desde el año 2011 al 2017 las políticas, prácticas e imposición de normativas que restringen la libertad académica desde el año 2003, con la creación de la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela como sistema paralelo a las universidades, no sometido a principios de autonomía universitaria y libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, resaltó la metodología de investigación aplicada para el informe, el cual deja claro la política de erosión y ataque a las universidades, y en el que que se definieron los elementos que se refieren al disfrute del derecho a la educación.

Dijo que el Estado incumple las obligaciones que tiene con respecto al derecho a la educación desde la perspectiva de la autonomía universitaria y la libertad académica, vinculado a los derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de asociación y de manifestación.

Las políticas de acoso a las universidades y agresiones a esos derechos, así como contra la comunidad universitaria se reflejan en el informe, el cual expone el caso de la privación de libertad del estudiante Carlos Ramírez, llevado ilegalmente ante la justicia militar, así como la detención  de profesores y otros estudiantes.

También refiere especial atención al cierre de medios de comunicación universitarios y agresiones a periodistas que trabajan en dichos medios.

Política regresiva

 

En un tercer capítulo el informe visibiliza la represión indiscriminada, desproporcionada y el uso de la fuerza contra universitarios, lo que para el ODH-ULA es criminalización, hostigamiento, censura y actos de intimidación hacia actores de la comunidad universitaria.

La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, refirió que el informe concluye que existe realmente una política y una práctica estatal de erosión y ataques a las universidades con la creación de sistemas paralelos de institucionalidad, normas regresivas impuestas a través de legislaciones que restan competencias propias de la universidades y se las atribuyen a los ministerios.

Hocevar resaltó que el informe, único en el país y que abarca a todo el sistema universitario, fue producto del trabajo de una coalición de cátedras de derechos humanos de seis universidades venezolanas a las que les preocupa la degradación del disfrute del derecho a la educación.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, resaltó el carácter científico del informe del cual destacó deja claro que existe una política oficial que busca la destrucción de las universidades.

Bonucci  celebró el trabajo del ODH-ULA y exhortó al resto de las universidades del país a tener un observatorio de Derechos Humanos para que estudien y visibilicen las violaciones

El informe “El pensamiento bajo amenaza” será presentando en la audiencia que tiene Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la próxima semana en Uruguay.