LASA recordó que en Venezuela, durante las últimas dos décadas, el salario se ha reducido en un 95% desde el 2001 hasta la fecha
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) advirtió que el deterioro de los salarios de los profesores universitarios limita la libertad académica en Venezuela.
En un comunicado, LASA manifestó su preocupación por la situación de docentes y universidades públicas del país, no solo por los salarios, sino también por las condiciones de trabajo.
A juicio de la organización, por estas situaciones se ve «seriamente menoscabada la posibilidad de ejercer adecuadamente sus labores académicas».
«La falta de una remuneración adecuada afecta la libertad académica, el derecho a la educación de estudiantes universitarios, comprometiendo el desarrollo científico y social del país», añade el texto.
Según LASA, el derecho a la libertad de expresión y académica se garantiza asegurando los derechos laborales de los profesores universitarios «para que puedan contar con un salario y condiciones de vida dignas».
Por otra parte, LASA hace un llamado para que el gobierno de «asegure el pleno derecho a la libertad académica, a la remuneración y prestaciones sociales justas con el fin de asegurar que la comunidad académica se dedique a sus tareas más importantes: investigar, impartir y compartir conocimiento».
También, recordaron que en Venezuela, durante las últimas dos décadas, el salario se ha reducido en un 95% desde el 2001 hasta la fecha. Actualmente, agregan, los salarios «no permite cubrir los gastos de la canasta mínima alimentaria».
«La destrucción del salario, de la seguridad social y de las condiciones dignas de trabajo de los profesores de las universidades públicas son el resultado de las políticas oficiales hacia el sector», agrega el comunicado.
Asimismo, aseguran que el gobierno centralizó el presupuesto universitario y las nóminas y ha eliminado en la práctica la cuota e incentivos para la investigación, lo que ha ocasionado el deterioro de la actividad científica.
Por estas razones, LASA hace un llamado al gobierno «para garantizar la educación pública, garantizando salarios fuera de indicadores de pobreza extrema, suficiencia de espacios adecuados y recursos indispensables para la labor de investigación y docencia académicas».
