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LavaJato

Lanzan Ampli, el nuevo canal dedicado a informar sobre temas relevantes en América Latina

LANZAN AMPLI, un nuevo canal de contenido informativo, entrevistas e investigación de temas relevantes en América Latina. Dirigido para una audiencia juvenil de habla hispana, su fórmula mezcla el periodismo con el humor para la comprensión y difusión de historias complejas.

Se trata de un nuevo proyecto informativo de Plop, la misma casa creativa responsable de proyectos como El Chigüire Bipolar, Isla Presidencial, Pero Tenemos Patria y Reporte Semanal con el Profesor Briceño.

Ampli se estrena con Lava Jato, una miniserie animada que parte de investigaciones periodísticas para explicar de una forma entretenida y con humor, el sofisticado sistema de sobornos que tejió la constructora brasileña Odebrecht con partidos políticos, funcionarios e incluso presidentes de varios países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela y Argentina.

Desde 2017, Runrunes ha develado nudos de la trama de corrupción de Odebrecht y otras grandes constructoras brasileras como parte del proyecto Investiga Lavajato, formado por 20 periodistas de 10 países de Latinoamérica y África bajo la coordinación de la plataforma Convoca con sede en Lima.

Sobreprecios en contratos de mega obras públicas, contabilidad paralela para el pago de sobornos a funcionarios venezolanos y tráfico de influencias son algunas de las irregularidades.

«No es nuevo que el humor sirva para amplificar mensajes críticos, estamos ahora experimentando con nuevos formatos», nos dice su creador y fundador de Plop!,  Juan Andrés Ravell, mientras agrega  que «no todos serán animación. Ampli es un experimento que busca, como su nombre lo indica: AMPLIFICAR».

Pueden seguir a Ampli en @ElAmpliPuntoCom

Camargo Correa buscó a Chávez como “padrino” en Venezuela por intermedio de Nicolás Maduro y su hermano Adán

Lisseth Boon @boonbar, César Bátiz @cbatiz y Katherine Pennacchio @kathypennacchio

 

Cuatro  años antes de asumir la construcción del proyecto de saneamiento y desarrollo integral de Río Tuy (conocido como Tuy IV) en el estado Miranda, fundamental obra aún inacabada que surtiría de agua a la Gran Caracas, la compañía brasileña Camargo Correa ya incurría en prácticas de lobbismo en Venezuela con el fin de ser beneficiada en licitaciones de grandes contratos de infraestructura durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2005, la constructora casi centenaria, aplicaba en la capital venezolana el  tráfico de influencias y concertación fraudulenta de licitaciones, identificados como delitos de corrupción, que replicó en al menos seis de los 22 países de América Latina, Asia y África donde opera.

Así lo confirman los correos electrónicos intercambiados por los ejecutivos de la constructora brasileña en Caracas  y Sao Paolo entre 2005 y 2007, que forman parte de las evidencias que sustentan la operación Castelo de Areia (Operación Castillo de Arena), iniciada en 2008 por la Policía Federal de Brasil, a la que tuvieron acceso los medios venezolanos Runrunes y El Pitazo como miembros del proyecto periodístico transnacional #InvestigaLavajato coordinada por la plataforma de periodismo de investigación y datos Convoca, con sede Lima, Perú.

Aquella investigación policial del estado paulista se centró en detectar si la empresa Camargo Correa estaba cometiendo delitos de lavado de dinero y pago de sobornos para obtener contratos fuera de Brasil. Los agentes basaron sus pesquisas en una fuente anónima que describió un esquema de crímenes financieros de alcance internacional que involucró el pago de sobornos y contabilidad paralela  en Brasil, Angola, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

En enero de 2009, un juez autorizó la detención de cuatro directivos de la trasnacional. En diciembre de ese año, el Ministerio Público Federal brasileño imputó a los gerentes por los delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión y formación de carteles. Los abogados de la compañía, por su parte, justificaron que las donaciones fueron debidamente declaradas.

Pero en mayo de 2011, cuando parecía llegar el desenlace, el Tribunal Superior Federal de Brasil anuló la investigación alegando que estaba basaba en un testimonio anónimo y liberaron a los ejecutivos. Castillo de Arena quedó entonces engavetada.

En busca del “padrino Chávez”

Los documentos de la Operación Castillo de Arena archivada en 2009, a los que accede Convoca nueve años después, permiten verificar los mecanismos a los que recurría Camargo Correa para lograr contratos de grandes obras de ingeniería en los países donde operaba.

En el caso de Venezuela, una serie de correos revelan los intereses de la Camargo Correa en el país y sus reiterados intentos por lograr  «un padrino» con poder que bendijera la asignación de megacontratos. Camargo Correa, que ya había participado en los años 70 en la construcción de la emblemática Central Hidroeléctrica Guri y se había encargado de la restauración de la represa de El Guapo en el estado Miranda entre 2003 y 2005, quería volver a Venezuela para construir una de las joyas de la corona proyectada como estandarte del gobierno chavista: la represa Manuel Piar “Tocoma”, en el estado Bolívar, con un valor inicial de 800 millones de dólares. Y en el afán de  lograrlo, procuró en varias ocasiones pautar una reunión con el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

  Operación Castillo de Arena – investigación sobre corrupción de Camargo Correa by runrunesweb on Scribd

 

En un correo de carácter «confidencial» enviado el 10/06/2005 por el representante de Camargo Correa en Venezuela José Cesar Gazoni Martins a uno de los directivos del grupo empresarial en la sede en Brasil, Carlos Fernando Namur, se describen los resultados de una reunión con el embajador de Brasil en Caracas,  Joao Carlos de Susa-Gomes, celebrada el día anterior, en la que también estuvieron presentes el secretario de Comercio y Turismo Joao Alfredo de los Angeles y Gazoni. Solicitando discreción, allí le advierten que la competencia (Odebrecht) mantiene una actitud «feroz» contra la presencia de la nueva constructora en el país. El ejecutivo admite que no logró el compromiso firme del diplomático de acordar una audiencia con el entonces presidente Chávez.

La Policial Federal brasileña evalúa que este correo electrónico  «una vez más corrobora la forma de actuación de Camargo Corrêa en el exterior, especialmente en los países de América Latina». Describe que el diplomático, quien mantenía relaciones exclusivas con la competencia de Camargo Correa en el país  (Odebrecht), le recomendó al directivo empresarial que «tenía que hacer la tarea de casa, instalar la oficina en Caracas con más antelación, mostrar mayor interés movilizando más gente para hacer contactos frecuentes con ministros, gobernadores, presidentes y directores de empresas públicas de Venezuela, invertir en viajes en avionetas a Brasil con personas de interés». También, le había dicho que «el precio de los proyectos a concursar que es lo que menos cuenta, ya que todo es arreglado políticamente».

En esos años, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Venezuela se encontraban en uno de sus momentos más vibrantes. A partir de 2005, cuando se firma la Alianza Estratégica entre ambos países, las visitas de Chávez al vecino del sur y las de Lula da Silva a la nación caribeña se hicieron más frecuentes para celebrar encuentros bilaterales y acuerdos de cooperación. En 2006, Venezuela se adhirió al Mercosur y el mandatario brasileño participó en el acto de la firma del Protocolo en Caracas. Ese mismo año, Da Silva asistió a la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco, construido por Odebrecht. También eran tiempos de campaña electoral.

Pero también es cierto que lograr una reunión privada con Chávez resultaba cuesta arriba en esos tiempos. Dos fuentes independientes, una exempleado del sector financiero del Gobierno y otra exejecutivo de Pdvsa, coinciden en afirmar que después del golpe de Estado de 2002, el lobby con Hugo Chávez era casi imposible. «Solo recibía al que él quisiera. Una vez botó a un general retirado de Miraflores, le impidió la entrada al palacio presidencial, porque sin previo aviso le llevó unos empresarios. Solo a Alejandro Andrade, exguardaespalda del Presidente y extesorero de la Nación le permitía llevar gente a Miraflores», relata uno de los informantes. Andrade hoy vive en EEUU.

 

Buscando desesperadamente una audiencia

Otro email titulado «Chávez y Ecuador» (enviado el 2/12/2006, un día antes de la elección presidencial que ganó Chávez con 62,8% de los votos), también registra las solicitudes  de reforzar los pedidos de audiencia no sólo con Chávez, a través del embajador venezolano en Brasil, Julio García Montoya, sino también con el entonces nuevo presidente electo de Ecuador, Rafael Correa.

Ante el inminente llamado a licitación de Tocoma en 2006, la urgencia de los ejecutivos CC por lograr una audiencia con Chávez toma un tono casi desesperado, revelan los correos electrónicos. Se hace seguimiento a las posibilidades de encuentro tanto en Caracas como en Brasilia, durante las visitas del presidente venezolano a este país como en ocasión de la instalación del Parlamento de Mercosur celebrada el 14 de diciembre de 2006.  

La investigación analiza que las comunicaciones entre los directivos de CC  «muestra la preocupación en conseguir, a toda costa, una audiencia con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, para lo cual recurrieron a contactos diversos tanto en el Itamarati (cancillería de Brasil) hasta en el  Ejecutivo y Legislativo. Todo indica que el objetivo del encuentro era la entrada de CC a aquel país a través de la ejecución de obras públicas”.

Hasta que llegó el proceso de licitación de Tocoma y fue adjudicado a la territorial competencia de CC, Odebrecht. A comienzos de 2007, los ejecutivos de CC ya sospechaban del resultado del proceso en el que también concursaron las brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiróz Galvao, empresas investigadas por la operación Lava Jato por corrupción. En un correo del 2/01/2007, se preguntan qué hacer cuando Edelca (la empresa estatal contratante) anuncie a otro consorcio como ganador. A lo que responden que, además de cuestionar la decisión y pedir una vez más audiencia urgente con Chávez, están buscando con otro contacto diferente del vicepresidente “para tener otro padrino”. Justo en ese interín, Jorge Rodríguez asumía la Vicepresidencia, sustituyendo a José Vicente Rangel.

Ante la propuesta de defender su oferta y el proyecto propuestos, reconocen que “sin el apadrinamiento del propio presidente Chávez sería una pérdida de energía y dinero”.

Represa de Tocoma en construcción

 

Traficando influencias

El informe de Castillo de Arena considera que los correos muestran “una vez más el modus operandi de actuación del contratista en sus participaciones en los pleitos en el exterior. CC estaría buscando

alternativas a una posible derrota en licitación en Venezuela por lo cual planearía retardar el proceso licitatorio para conseguir una audiencia con Chávez para que ‘apadrine’ a la empresa en las pugnas por contratos.

La investigación concluye que la mayor parte de los documentos reflejan la forma de actuación del Grupo Camargo Correa en los procesos de licitación del exterior. “Hay indicios de que el Grupo se vale del llamado «tráfico de influencias» para arreglar simpatizantes entre funcionarios públicos de alto rango, de los países en los que actúa, a través de pagos llamados «Capilés” (sobornos).

La sola insistencia de Camargo Correa por reunirse con el presidente de un país para incidir en el resultado a favor en una licitación  habla del delito de tráfico de influencias contemplado en la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público. El artículo 99 de esta norma (aprobada en primera discusión en Asamblea Nacional en octubre de 2016) contempla prisión de 4 a 6 años para  aquel funcionario público que, de forma directa o por intermediación de una persona, aprovechando las funciones que ejerce, hubiera obtenido ventaja, beneficio u otra utilidad para sí o para otro. También señala penalidades para todo aquel que haga uso indebido de su influencia sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute un acto propio de sus funciones pero contrario al deber.

En la mira de LavaJato

Cinco años después de la suspensión de la investigación Castillo de Arena,  las sospechas de corrupción vuelven a posarse sobre Camargo Correa. En 2014, la operación LavaJato incluye a la constructora en sus pesquisas sobre el esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que envuelve a la estatal Petrobras. En noviembre de ese año, el Tribunal de Justicia Federal de Curitiba ordenó la detención temporal y preventiva de altos ejecutivos de la transnacional, entre ellos el director presidente de Camargo Correa Construcciones y Participaciones S.A, Dalton de los Santos Avancini.

La participación de Camargo Correa en la conformación de carteles  y concertación fraudulenta de licitaciones, ambos crímenes de corrupción, fue confirmada por el expresidente de la compañía, Dalton dos Santos Avancini, en una declaración que prestó ante el Ministerio Público Federal de Brasil luego de plegarse a las delaciones premiadas por la operación Lava Jato. Dalton, quien fue apresado en 2014 y condenado a 15 años de prisión,  admitió la de la existencia de reuniones con otras compañías para discutir y distribuir la participación en esas licitaciones. La delación fue recogida en documento firmado en Curitiba el 8 de marzo de 2016 por el Juez Federal Sergio Fernando Moro.

Dalton Dos Santos Avancini, presidente de Camargo Correa

Aunque Dos Santos Avacini entró a la compañía en 2009, fue cuando asumió la  dirección de un departamento que se enteró de la existencia de un acuerdo sobre las obras que habían sido ganadas en licitaciones: constituían la división de un mercado de empresas.

En  reuniones entre Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC Engenharia, se discutían cómo iban a dividirse  las concertaciones según el mercado de empresas en relación a las obras. Según Dos Santos, siempre había un equilibrio en el volumen de los contratos de cada una de las empresas. Se definían los espacios, los paquetes en los cuales cada una saldría ganadora. Se respetaban que cada una recibiera una porción. Acordaban quien iba a ganar determinada licitación.

En el caso de Venezuela, el contrato de construcción de la represa Tocoma fue asignado a Odebrecht, identificada por Dos Santos Avancini como “líder” de un cartel de 23 constructoras en esas concertaciones. Once años después, la compañía aún no entrega la obra y es investigada por liderar la red de corrupción transcontinental.

Dos Santos Avancini también confirmó pago de sobornos por parte de CC a la dirección de abastecimiento de Petrobras. “El arreglo era  una práctica generalizada entre compañías constructoras».

Entre los dedos de la diplomacia

La práctica de tráfico de influencias por parte de Camargo Correa que develan los correos de Castillo de Arena coinciden también con lo que registran los cables diplomáticos intercambiados por esos años entre la embajada de Brasil en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia a los que tuvo acceso Runrunes y El Pitazo.

 

Un cable fechado el 23/08/2006 que refleja la urgencia de Camargo Correa por conseguir una audiencia con Chávez. Como este documento, hay 9 más

La insistencia de Camargo Correa por conseguir audiencia con Chávez fue mencionada en los 9 cables intercambiados entre Caracas y Brasilia del 2005 al 2006 donde se nombra a la empresa. Todos los asuntos de la  constructora se centraban en acordar una reunión de los ejecutivos de la compañía con el primer mandatario venezolano, bien sea Brasil o Caracas, para interceder en la licitación de su principal interés en el país: la construcción de la represa de Tocoma, a 19 kilómetros de la presa del Guri en cuya ampliación participó entre 1978 y 1986.

Justo en 2005 se abrió el proceso licitatorio de Tocoma, apuntan los cables, para el que postularon las empresas Barsanti (Venezuela), Dell`Acqua (Venezuela), Dragados (España), Hochtief (Alemania), Impregilo (Italia), Skanska (Suecia) y  Vinccler (Venezuela), además de las brasileras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Desde Venezuela, el embajador brasilero Joao Carlos de Souza Gomes envía reportes de todos los esfuerzos por lograr una audiencia con Chávez para CC. También da cuenta del seguimiento que hacen a sus giras internacionales del presidente venezolano así como sus visitas a Brasil. En un cable de carácter “urgentísimo” del 22/12/2006, el diplomático recuerda que, siguiendo instrucciones, envió comunicación a Adán Chávez, secretario de la presidencia y hermano del  jefe de Estado, para reiterarle la solicitud de audiencia a petición el miembro titular del consejo de CC, Luiz Ortiz Nascimento.

En un último intento antes de la deliberación de la licitación, el 12-01-2007 el embajador De Souza Gomes lista todos las tentativas de contacto durante dos años con personeros del gobierno: Adán Chávez; el embajador venezolano en Brasil, García Montoya (“amigo íntimo de Chávez); Hugo Cabezas (como secretario de la presidencia entrante) y seis veces con el canciller Nicolás Maduro.

Estas comunicaciones evidencian la intermediación del gobierno de Lula Da Silva a través de su cancillería en las gestiones por la contratación de megaproyectos en Venezuela de una empresa privada de ingeniería brasilera, en este caso Camargo Correa.

Una empresa con tradición

En los cables diplomáticos de 2004 al 2009 se asomaron las gestiones por el regreso de Camargo Correa al país donde había construido una obra de envergadura como la represa del Guri en la década del 70 del siglo XX. En efecto, la constructora de Camargo Construcciones y Comercio Camargo Correa S.A se domicilió en Venezuela el 8 de agosto de 1977. La sociedad se abrió para atender obras contratadas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Electrificación del Caroní (Edelca), específicamente la etapa final del desarrollo hidroeléctrico del Río Caroní, en  el embalse del Guri.

Represa del Guri

Según el expediente 94005, ubicado en el registro mercantil V del Distrito Capital, para el 11 de noviembre de 2004, se aprobó cerrar las actividades de la sucursal en Caracas. Para ese momento, el presidente de la sociedad era Celso Ferreira Oliveira y su vicepresidente Joao Ricardo Auler.

A pesar de este cierre de sucursal realizado en 2004, las oficinas en Caracas de Camargo Correa siguen activas. Se encuentran ubicadas en la Torre Premium, de la calle Orinoco de Las Mercedes, al este de Caracas.

Al entrar a las oficinas lo primero que se observa es el logo de Camargo-Correa y al lado derecho, en la mesa de la recepción, una banderita de Brasil acompañada con otra de China. En la pared junto a la recepción tienen un afiche de una de las construcciones realizadas por la constructora en Perú. Al menos cinco personas trabajan en la sucursal.

Oficina de Camargo Correa en Caracas

El 25 de junio de 2018, se solicitó en persona y vía correo electrónico una entrevista con algún representante de la compañía. Cuatro días después de la solicitud se recibió un email firmado por Claudia Vasallos, socia de Camargo Correa, desde Sao Paulo, en Brasil, explicando que “cualquier información sobre los proyectos desarrollados por Camargo Correa en Venezuela debe ser proporcionada por las empresas Corpomiranda e Hidrocapital, clientes responsables de esos proyectos”.

También se enviaron cartas de solicitud de entrevista a CorpoMiranda e Hidrocapital y al cierre de este reportaje no se ha recibido respuesta.

En 2018, cuando han apresado al expresidente de la empresa por corrupción, y se continúa una investigación judicial en Brasil, resulta difícil visualizar cuál hubiese sido el destino de Tocoma de haber sido adjudicada a Camargo Correa y no a Odebrecht. La represa del estado Bolívar aún no ha sido terminada, como tampoco el proyecto de saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del Río Tuy, contratado por el Ministerio para el Ambiente y Corpormiranda, destinado al suministro de agua en La Gran Caracas, Los Valles del Tuy y el estado Vargas.

Aún más: la deuda del Estado venezolano con las empresas brasileñas continúa sin saldarse. Hasta septiembre de 2017, la administración de Nicolás Maduro había incumplido el pago de 262 millones de dólares de un total de 5 millardos de dólares relacionados con Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa en Venezuela, que fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes, por sus siglas en portugués).

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Runrunes y El Pitazo  junto a más de 20 periodistas de América Latina y África del proyecto “Investiga Lava Jato” publican  los reportajes de la serie investigativa “Castillo de Corrupción” para desenterrar los presuntos pagos de sobornos y financiamiento oculto de campañas electorales de Camargo Correa, la otra gran constructora investigada en el megacaso de corrupción “Lava Jato” que extendió sus inversiones en diversos países del continente con un esquema similar al de Odebrecht.    

Coordinadores del proyecto “Investiga Lava Jato”: Milagros Salazar, Convoca (Perú) y Flávio Ferreira, Folha de S. Paulo (Brasil). Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina), Rafael Marques de Morais (Angola). Nelfi Fernández, El Deber (Bolivia), Óscar Agudelo, Consejo de Redacción (Colombia). Óscar Libón y Miguel Gutiérrez, Convoca (Perú). Christian Zurita, Mil Hojas (Ecuador), Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador), Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala), Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique). Alicia Ortega, ‘El Informe’ (República Dominicana). Guillermo Draper y Raúl Santopietro, Semanario Búsqueda (Uruguay). Lisseth Boon y Katherine Pennacchio, Runrunes (Venezuela), César Batiz, El Pitazo (Venezuela). Editora general de la serie investigativa “Castillo de Corrupción”: Milagros Salazar Herrera, Convoca (Perú).

 

Juez encargado del caso de Lula da Silva ratificó la condena del exmandatario

 

El juez João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en un tribunal de segunda instancia, revocó este domingo la orden de excarcelación “inmediata” de Luiz Inácio Lula da Silva dictada por otro magistrado y decidió mantener al expresidente brasileño en prisión.

Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) de Porto Alegre, corte que condenó a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El magistrado bloqueó la decisión dictada horas antes por el juez federal de turno Rogerio Favreto, también de segunda instancia, quien este domingo concedió a Lula un “habeas corpus” solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente.

En un auto, Gebran Neto determinó que la Policía Federal de Paraná, en cuya sede Lula está preso desde abril pasado, se “abstenga de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada” de la octava sala del TRF-4.

De esa forma, la decisión de Gebran Neto dejó sin efectos la orden de libertad concedida horas antes a Lula de forma “inmediata” por el magistrado Rogerio Favreto.

Favreto acató hoy de manera sorpresiva un recurso interpuesto por diputados del PT, quienes argumentaron que no había fundamentos para el encarcelamiento de su máximo líder y además pedían que fuese liberado para que participase en eventos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Declaración de culpabilidad de Odebrecht abre investigaciones por sobornos en América Latina

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Políticos e investigadores de toda América Latina exigieron el jueves más información sobre el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, un día después de que admitió una década de pagos de sobornos en la región.

Al acceder a pagar al menos 3.500 millones de dólares a los fiscales de Estados Unidos, Brasil y Suiza, la mayor sanción jamás pagada en un caso de sobornos foráneo, Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios para conseguir contratos de construcción en 12 países, exponiéndose de forma potencial a nuevas acusaciones.

El presidente de Perú y un líder opositor venezolano dijeron que Odebrecht debe explicar los pagos en sus países, mientras que Ecuador abrió una investigación y el Gobierno de Colombia pidió a la Procuraduría General que inicie la suya propia.

«Se tendrá también que traer a la gente de Odebrecht (para) que explique a quién se le pagó esa plata», dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en referencia a los 29 millones de dólares que Odebrecht asegura que pagó en la nación andina entre 2005 y 2014, a lo largo de tres gobiernos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, destacó a través de su cuenta Twitter que es importante revelar los nombres detrás de los sobornos.

También en Venezuela, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Guevara, anunció que se abrirá una investigación por el caso de 98 millones de dólares pagados en sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por parte de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para obras públicas.

Las admisiones de culpabilidad de Odebrecht y su compañía petroquímica afiliada brasileña Braskem SA, hechas públicas el miércoles 21, fueron las primeras realizadas en Estados Unidos tras una investigación de casi tres años en Brasil en el marco de la operación Lava Jato (Lavado de Autos en portugués).

Odebrecht reconoció el pago de 439 millones de dólares fuera de Brasil, siendo Venezuela, República Dominicana y Panamá los países donde registró más sobornos. Panamá es señalada de forma especial por los fiscales brasileños por no cooperar en su pesquisa.

La oficina de la Presidencia panameña expresó el jueves «su total respaldo a las investigaciones (…) para que se procese y se sancione a las empresas y las personas involucradas en estos actos». El Ministerio Público indicó que está solicitando información sobre la investigación a Estados Unidos.

Lea la nota completa en Reuters