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En la investigación que se le sigue en Estados Unidos a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado privado de Donald Trump, salió a relucir el nobre de un venezolano: Alejandro Betancourt. Propietario de la empresa Derwick, señalado de haberse enriquecido gracias a negocios ilícitos con el chavismo en tiempos de la «emergencia eléctrica».

Según una investigación publicada el 26 de noviebre por The Washington Post, cuando Giuliani viajó a España para reunirse con un asistente de alto nivel del presidente de Ucrania, a propósito de gestiones relacionadas con Trump al respecto de su adversario Joe Biden, se alojó en una propiedad lujosa propiedad del «bolichico» con quien tendría intereses profesionales.

Según el periódico estadounidense, Betancourt contrató a Giuliani para contener una investigación en su contra que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre lavado de dinero y sobornos. Un mes después del encuentro en la capital española, Giuliani fue uno de los representantes de Betancourt en Washington.

 

 

Revela el rotativo que el exalcalde se reunió con el jefe de la división criminal del Departamento de Justicia y otros abogados del gobierno para argumentar que el acaudalado venezolano no debería enfrentar cargos criminales como parte de una red de corrupción investigada en Florida que alcanza 1.200 millones de dólares en sobornos, desde el año pasado.

Según esas pesquisas, las autoridades de Pdvsa, empresarios y banqueros conspiraron para robar dinero de la compañía estatal y lavar los fondos a través de bienes raíces en Miami. Betancourt es uno de los ocho nombres involucrados con el caso, que también implica a su sobrino.

Un reportaje previo publicado por el El Nuevo Herald afirma que aún cuando el empresario no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron que él es el “Conspirador 2” que aparece entre la docena de conspiradores enumerados, pero de identidad resguardada, que aparecen en la acusación criminal de la corte federal del sur de la Florida.

La nota de El Nuevo Herald, publicada el sábado 2 de noviembre, agrega que Betancourt, de 39 años, y algunos de los otros conspiradores no identificados, podrían terminar siendo acusados formalmente.

 

Las siguientes son algunas claves de este caso, de acuerdo con el artículo publicado por El Nuevo Herald: 

 

1. «Hasta el momento, nueve personas han sido acusados formalmente, con dos de ellos declarándose culpables y uno esperando juicio. Los otros seis, entre los que se encuentra el primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, son considerados como fugitivos por la justicia estadounidense».

2. «Según documentos de la corte, Convit y el Conspirador 2 recibieron $272.5 millones del esquema de corrupción, distribuyendo parte de ese total a quien luego se convirtió en el testigo estrella del caso federal».

3. «Sin contar con gran experiencia en la industria, Betancourt fundó a Derwick Associates hace una década y obtuvo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica. Derwick fue acusada en ocasiones de haber recibido el pago de abultados sobreprecios».

4. «Con esos ingresos, Betancourt no sólo expandió sus operaciones, llegando hasta Estados Unidos, sino que compró un apartamento penthouse en el Tower Olympic de Manhattan, y un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos de la corte».

5. «El caso de lavado de dinero en Miami alega que el “Conspirador 2” estaba en la red de empresarios chavistas conocidos como “Boliburgueses”, y de funcionarios gubernamentales, que recibieron cientos de millones de dólares en 2014 por parte de Pdvsa como pago de un préstamo que otorgaron a la compañía estatal».

6. «La acusación formal de la fiscalía alega que la red utilizó una compañía fantasma para prestarle a Pdvsa en bolívares el equivalente de $42 millones y luego se les pagó en pocos meses el préstamo en euros, haciendo uso de un escandalosamente favorable tipo de cambio oficial que sólo estaba disponible para los amigos del régimen».

7. «Entre los implicados en el caso también se encuentra Orlando Alvarado, quien en algún momento se desempeñó como vicepresidente de Finanzas de Derwick, y quien es identificado como el “Conspirador 4”.

8.»La estrecha relación entre Convit, Betancourt y Alvarado generan preguntas sobre cuánto conocía Betancourt del esquema de corrupción y los esfuerzos por lavar el dinero».

9. «La acusación señala que el Conspirador 2, identificado por fuentes como Betancourt, recibió dinero pero no da a conocer pruebas que establezcan que él estaba al tanto de las actividades ilícitas detrás de los fondos».

10. «Los documentos de la corte sostienen que Pdvsa pagó los fondos de la deuda a la compañía fantasma Rantor Capital, transfiriendo los $600 millones a la firma Portmann Capital Management en Malta».

11. «El pago luego fue traspasado a otra compañía fantasma, Eaton Global Services Limited, creada en Hong Kong y que era controlada por líderes de la conspiración para lavar los fondos, señalan los fiscales estadounidenses».

12. «Los $600 millones fueron posteriormente divididos entre otros “conspiradores”, incluyendo a funcionarios de Pdvsa y los tres hijastros de Maduro, según correos obtenidos por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizados con el caso».

13. La nota de El Nuevo Herald señala que los fondos fueron distribuidos entre 2014 y 2015 de la siguiente manera, de acuerdo con la acusación: $272.5 millones fueron al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovision. «Aunque no ha sido acusado formalmente en el caso, es considerado uno de los principales sospechosos en el caso. Del total, Gorrín se quedó con $72.5 millones que utilizó para pagar vuelos aéreos, un yate y servicios de corretaje en Miami. Los restantes $200 millones, el empresario los transfirió a Portmann Capital Management para beneficio de los tres hijastros de Maduro», añade la nota.

Ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de haber ayudado a lavar $1.200 millones malversados de Pdvsa

 

El empresario venezolano alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en un plan internacional para blanquear 1.200 millones de dólares en fondos malversados ​​de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa).

Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está previsto que sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza de distrito de los Estados Unidos

El empresario admitió que desde su posición con el banco suizo, atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela, al banco. En esta función, los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto. Krull también asesoró al testigo número 7, a “Los Chamos”que son hijastros de un funcionario del gobierno venezolano y a un tercer funcionario aún no identificado que recibió dinero de un bufete internacional que llevaba un caso sobre Venezuela.

El ejecutivo dijo que la conspiración para blanquear el capital comenzó en 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en $ 1.200 millones malversados ​​por Pdvsa.

Krull y miembros de la conspiración de lavado de dinero utilizaron bienes raíces en Miami, Florida y sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar que los $ 1.200 millones en realidad fueron malversados.

Lee aquí el texto completo emanado por la sala de prensa del Departamento de Justicia de los EEUU.

Las 7 noticias petroleras más importantes de hoy #10A

 

Andorra pidió organigrama de PDVSA para esclarecer lavado de dinero

La Justicia de Andorra investiga a 35 exaltos funcionarios de la estatal venezolana PDVSA, por desfalcar a la petrolera en más de 2.000 millones de euros.

La juez andorrana Canòlic Mingorance pidió el organigrama de la compañía a las autoridades venezolanas para intentar descifrar el cobro millonario en comisiones ilegales por parte de funcionarios y empresarios del chavismo entre los años 2007 y 2012.

De acuerdo con el diario español El País, la juez busca conocer con exactitud los cargos de estos 35 funcionarios, sus responsabilidades y competencias en relación con PDVSA.

“Los investigados aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales”, afirmó Mingorance.

Y es que las investigaciones en el país europeo revelan que varios expresidentes y directivos de la compañía depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA). Las indagaciones señalan que el dinero ilícito circuló por al menos 37 cuentas bancarias a nombre de sociedades panameñas y “saltaron” desde Andorra a otros paraísos fiscales como Suiza o Belice.

A principios de febrero de 2018 se conoció que tres directivos de la estatal petrolera venezolana PDVSA movieron USD $60 millones en Andorra. Los venezolanos Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas; Eudomario Carruyo, responsable de la filial de PDVSA Deltaven, y Francisco Jiménez, canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de cuentas en Andorra.

Junto a ellos, la BPA también acogió fondos de otros ejecutivos de PDVSA, como la exdelegada en España y Portugal Julia van Den Brule y la exsupervisora de la petrolera en Caracas Íngrid Sánchez González. También se conoció que el actual gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, habría ocultado fondos ilícitos en Suiza y Andorra.

Asímismo, exministros, testaferros y funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela se beneficiaron con más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales; dinero que al parecer fue depositado en la BPA.

Entre los implicados también están los exviceministros de Energía de Venezuela Javier Alvarado y Nervis Villalobos; además Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, y otros directivos de la industria petrolera venezolana. Panampost

Gobierno debe pagar este martes $678 millones del bono Elecar 2018

El gobierno enfrenta este martes 10 de abril el pago del capital y los intereses del bono Elecar 2018, por un monto de $678 millones, transacción que tiene a la expectativa al mercado debido a que ni la República, ni Petróleos de Venezuela, han cumplido con sus compromisos desde el año pasado.

Este es el primer vencimiento de capital de un bono venezolano desde noviembre cuando expiró el Pdvsa 2017 y ocurre en medio de la acumulación de pagos por parte del estado y la petrolera de más de $2.700 millones.

El bono Elecar 2018 es considerado uno de los más riesgosos de la cartera venezolana, porque no contiene ninguna regla de incumplimiento cruzado que pueda afectar la deuda soberana o de Pdvsa, y la empresa no posee activos en el extranjero que los inversionistas puedan tratar de aprovechar.

Estos papeles fueron emitidos en 2008 luego de que la empresa fuera nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez y tienen un cupón semestral de 8,5%, cuyo último pago se concretó fuera del periodo de gracia. En la jornada de este lunes se cotizaban a 37% de su valor, una cifra inusual para un papel a punto de vencerse.

“Desde una perspectiva operativa, les ha costado mucho hacer pagos de cupones. Entonces es difícil imaginar que puedan hacer el pago del capital “, aseguró a Bloomberg Siobhan Morden, jefa de estrategia de renta fija de América Latina en Nomura. Banca y Negocios

El Estado ecuatoriano calcula un pago menor para Pdvsa

La liquidación del consorcio Río Napo, que estuvo a cargo de la operación del campo petrolero Sacha, se calcula en un monto menor al que solicita la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Pdvsa fue accionista de la empresa mixta Río Napo junto con Petroecuador, desde septiembre del 2009 hasta abril del 2016, cuando se inició un proceso de disolución que implica una liquidación de cuentas entre los accionistas. Luego de eso, Petroamazonas asumió el manejo de Sacha. Álex Galárraga, gerente de la empresa pública Petroamazonas, informó que este momento “se está conversando” con Pdvsa y la Superintendencia de Compañías. Una vez que esto concluya se espera que el monto que se pague a la firma venezolana sea de alrededor de USD 100 millones. “La propuesta de la empresa es aplicar lo que dice el contrato”, dijo el funcionario sin dar más detalles. La cifra sugerida por Petroamazonas equivale a más de la tercera parte de lo que demanda Pdvsa, USD 383 millones, por la terminación anticipada del contrato, que tenía vigencia hasta el 2026. Antes de determinar qué monto se debe cancelar, Luis Calero, abogado petrolero, dijo que se debe hacer un cruce global de cuentas entre ambas empresas y establecer quién tiene haberes pendientes.  El Comercio.EC

Daniel González, nuevo CEO de YPF

El licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina, Daniel González, quien durante seis años ejerció en YPF el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas, fue nombrado el 5 de abril como gerente general (CEO) de la compañía.  Así lo dio a conocer el Directorio de YPF, encabezado por su presidente, Miguel Gutiérrez.

“Confiamos en que Daniel podrá contribuir, desde esta nueva posición, a cumplir con los objetivos del plan estratégico para los próximos cinco años presentado en octubre del 2017, que permitirán transformar las operaciones y cultura de la empresa”, agregó el presidente de YPF.

Destaca YPF por medio de su página web que mientras González ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas “tuvo activa participación en el diseño del actual plan estratégico de la compañía que contempla inversiones por casi 30 mil millones de dólares para los próximos cinco años”. Además resalta que participó en “la concreción tanto del acuerdo de GE Capital con YPF Energía Eléctrica como de los principales contratos celebrados recientemente por la compañía para el desarrollo de la formación Vaca Muerta con Petronas, Schlumberger, Shell, Pampa Energía y Statoil”. Petroguía

Barril de petróleo subió más de 2%

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes 2,19% y cerró en 63,42 dólares el barril, cuando los mercados siguen atentos a la creciente tensión en Siria, escenario en los últimos días del bombardeo de una base aérea que dejó 14 fallecidos y de un supuesto ataque químico.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en mayo ganaron 1,36 dólares con respecto al cierre anterior.

Por su parte, el barril de petróleo Brent para entrega en junio cerró en el mercado de futuros de Londres en 68,66 dólares, un 2,29% más que en la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,54 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 67,12 dólares.

El petróleo europeo recuperó el terreno que había perdido el viernes pasado, cuando cayó un 1,79 %, en una jornada en la que el bajo precio del último cierre impulsó las negociaciones, según los analistas. La percepción en los mercados de que se ha enfriado la tensión comercial entre Washington y Pekín respecto a la semana pasada contribuyó asimismo al repunte del precio del crudo.

Respecto al WTI, la tensión en el Medio Oriente se ha intensificado en las últimas horas luego que la Defensa Civil Siria, también conocida como los «cascos blancos», y la ONG Sociedad Médica Siria Americana, denunciaran un presunto ataque químico.

Según la denuncia, el sábado unas 40 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron por asfixia en un presunto ataque con armas químicas contra la ciudad de Duma, el último bastión rebelde a las afueras de Damasco, hecho que ha sido condenado por EE.UU. y otros países.  Portafolio

La producción de petróleo de repsol subió un 4,9% en el primer trimestre de 2018

La producción de petróleo diaria de REPSOL (REP.MC)alcanzó los 727.000 barriles durante el primer trimestre de 2018, lo que supone un 4,9% más con respecto a los 683.000 barriles del mismo trimestre de 2017.

Así lo comunicó este lunes la petrolera mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde revela alguno de sus indicadores operativos del trimestre, de forma previa a la presentación de los resultados el próximo 4 de mayo.

La cifra de producción, que está por encima de los 700.000 barriles establecidos en el plan estratégico de Repsol, fue un 1,6% superior también a la del trimestre pasado, cuando se elevó hasta los 715.000 barriles.

Esta subida de producción se explica por el incremento en Libia, además de en el pozo Juniper (Trinidad y Tobago), Monarb (Reino Unido), Reganne (Argelia) y Nabalu (Malasia). El Economista

Rusia busca comerciar petróleo con Turquía e Irán en monedas nacionales

El ministro de Energía de Rusia, Alexandr Nóvak, aseguró que el país está considerando la opción de adoptar monedas nacionales en sus transacciones relacionadas con los suministros de petróleo con Turquía e Irán.

«Existe un entendimiento común sobre la necesidad de avanzar hacia el uso de monedas nacionales en nuestros acuerdos. Hay una necesidad de ello, así como un deseo por ambas partes», señaló Nóvak en una intervención ante los medios de comunicación, según informa la agencia TASS.

El ministro explicó que tales acciones requieren ciertos ajustes en el sector financiero, económico y bancario. De concretarse la propuesta, y bajo un acuerdo de las empresas participantes, sería necesario estudiar una posible conversión de estas monedas para facilitar su uso en el futuro. RT

Ex tesorero nacional, Alejandro Andrade, investigado por lavado de dinero en EEUU

 

 

Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas.

Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso.

La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes.

Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron las fuentes.

La oficina del fiscal federal de Miami no quiso comentar sobre la investigación contra Andrade y las otras personas investigadas. El abogado defensor de Andrade, el ex fiscal federal Curtis Miner, se encontraba fuera del país y no respondió a las solicitudes por teléfono celular y correo electrónico en busca de comentarios.

Roberto Martínez, otro ex fiscal federal que trabaja con Miner en el caso, dijo que no podía hacer ningún comentario.

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien remplazó a Andrade a la cabeza de la Tesorería, también está siendo investigada en el caso del sur de la Florida por presunto lavado de dinero, dijeron las fuentes familiarizadas con la investigación.

Díaz, una ex oficial naval, reside o residió en República Dominicana, de acuerdo con informes publicados en Venezuela. Su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, es un ex guardia de seguridad de la presidencia venezolana.

Entre los otros bajo investigación se encuentran banqueros y empresarios venezolanos vinculados a los gobiernos de Chávez y de Maduro, dijeron las fuentes.

El caso contra Andrade podría tener implicaciones significativas para otros miembros del chavismo y para empresarios involucrados con el régimen.

Al ser el Tesorero Nacional de Venezuela, Andrade podría estar en condiciones de ayudar a los investigadores federales a desentrañar los secretos financieros del régimen e identificar a las personas que saquearon al país.

Para muchos observadores, un perverso cóctel de políticas socialistas que paralizaron el emprendimiento privado, los bajos precios del petróleo y el saqueo de miles de millones de dólares del fisco han transformado a uno de los países más ricos de América Latina en uno de los más pobres del mundo. Cientos de miles de venezolanos se han visto obligados a buscar refugio en países vecinos para escapar de las condiciones de hambruna mientras los ricos invierten en condominios y casas de lujo en el sur de Florida.

La corrupción se ha institucionalizado en Venezuela hasta el extremo de que hoy en día no solo abarca todos los niveles del Estado, sino que se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, explicó desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista de América Latina de IHS Markit, firma con sede en Londres que evalúa riesgos de inversión en todo el mundo.

“Chávez llegó al poder bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, pero la transformación política que inició en 1999 terminó convirtiéndose en una cleptocracia”, dijo Moya-Ocampos. “La situación, sin embargo, ahora está fuera de control y la magnitud de toda esta corrupción ha provocado que la crisis humanitaria haya devastado el país”.

La investigación sobresale entre otros casos federales presentados contra ex funcionarios venezolanos en los últimos años debido a que Andrade fue uno de los lugartenientes de mayor confianza de Chávez.

Juez argentino procesa a Cristina Fernández y a sus hijos por presunto lavado de dinero

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La ex presidenta, Cristina Fernández, sigue en el ojo del huracán de la justicia. El juez federal, Claudio Bonadío, la procesó por considerarla jefa de una «asociación ilícita» dedicada a «lavado de activos» y realizar «negociaciones incompatibles» con su cargo cuando era Jefa de Estado. En simultáneo el magistrado ordenó un nuevo procesamiento sobre sus bienes y le prohibió a ella y a sus hijos Máximo y Florencia, también procesados, salir del país.

La causa que ha vuelto a poner a la viuda de Néstor Kirchner a los pies de los caballos de la justicia es la conocida como «Los Sauces», nombre de una sociedad y del hotel boutique que construyó la ex presidenta en el terreno prolongación de los jardines de su chalet del Calafate, a pocos kilómetros del imponente glaciar Perito Moreno.

Bonadío también procesó, entre otros, a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Fernández, a los empresarios Lázaro Baéz (en prisión desde hace más de un año), a sus hijos y a Cristóbal López, conocido como el zar del juego. Todos ellos están acusados de formar una asociación ilícita y como el resto no podrán abandonar el país.

En el caso de la ex presidenta, cuyos bienes están embargados, el magistrado la considera «autora penalmente responsable» de cometer los delitos de «asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad» así como de realizar negociaciones incompatibles con su cargo de funcionaria del Estado.

Cristina Elisabet Fernández, de 64 años, se encuentra con varios frentes abiertos en la justicia. Entre las acusaciones más graves se la investiga por recibir presuntos sobornos, adjudicación irregular de obras publica, falsedad de documentos públicos y corrupción.

8 claves para entender la sanción por narcotráfico contra el vicepresidente Tareck El Aissami
1.- La investigación

Una investigación de varios años realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) asegura que el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y su socio, el empresario Samark José López Bello, tienen vínculos con tráfico de drogas y lavado de dinero.

2.- El Aissami controlaba el envió de drogas desde aeropuertos venezolanos 

Según la investigación realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Aissami facilitó en gran medida el envío de narcóticos desde Venezuela hacia México y EE UU, controlaba a los aviones que partían desde una base aérea venezolana, coordinaba el control de las rutas de la droga y también protegía a otros narcotraficantes que operaban en el país.

3. – Vínculos con Los Zetas, Makled, «El Loco» Barrera y Hermágoras González

El Aissami recibía el pago para la facilitación de los envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. También está vinculado a la coordinación de los envíos de droga a Los Zetas, un violento cártel mexicano de la droga, brindó protección a el capo colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco

4.- ¿Quién es Samark José López Bello?

López Bello es considerado como socio de negocios de El Aissami. De acuerdo con el informante de Bloomberg, El Aissami facilitó los envíos de más de 1.000 kilogramos de drogas en múltiples ocasiones desde Venezuela a Estados Unidos y México, utilizando a López Bello para adquirir propiedades en su nombre. Fuentes vinculadas al caso afirman que Samark López es el testaferro de El Aissami.

“López Bello es clave para Tareck El Aissami y para lavar el producto de la droga”, según el comunicado del Tesoro.

5.- Los bienes que poseía El Aissami 

El Aissami tenía 13 empresas de su propiedad entre los Estados Unidos, Reino Unido, Panamá y Venezuela:

– 200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos.

– 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

– 1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

-1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos.

– Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos.

– ALFA UNO, CA, Av. Principal, Manzana 26, Cto. La empres.Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona A. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.

– GRUPO SAHECT, CA, Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marcos, Piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela.

– MFAA Holdings Limited, 281 impulsión de la costa, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas.

– Lucro, CA, Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela.

– SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, CA, 1a transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.

– SMT TECNOLOGIA, CA, Av. Venezuela, Edificio JWM, Piso 7, Ofic. 72 (al Lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela.

– YAKIMA comercio de petróleo, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido.

– YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá.

– Una aeronave de siglas N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de avión Gulfstream 200

6.- Sanciones

El Aissami y López tienen sus activos bloqueados y los ciudadanos de los Estados Unidos, instituciones y empresas de todo el mundo tienen prohibido de tratar con ellos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas varían desde multas de hasta $ 1.437.153 por cada violación y penas criminales más severas. castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones.

7.- Consecuencias para Venezuela

Las sanciones podrían generar un mayor deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien nombró El Aissami como vicepresidente el 4 de enero en medio una profundización de la crisis económica y humanitaria.

8.- Antecedentes en narcotráfico

La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU incluye a altos funcionarios venezolanos, entre militares, diplomáticos y políticos ligados al oficialismo que ostentan a altos cargos dentro de la gobernación.

En el 2013 3l capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, fue señalado como “un capo de la droga”. Los primeros en entrar en esta lista negra, en 2008, fueron el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia y actual gobernador de Guárico; el general Hugo Carvajal, ex director de Contrainteligencia Inteligencia Militar; y general Henry Rangel Silva, ex ministro de la Defensa y gobernador de Trujillo, sancionados por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de la droga.

 

Espejismos en Platanal por Javier Ignacio Mayorca

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El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López, aseguró durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión que el “índice delictivo” disminuyó 26% durante el primer semestre de 2016, con respecto al mismo lapso del año anterior. Según el funcionario, este comportamiento general de la delincuencia tuvo una excepción en el estado Miranda.

Para poder entender a cabalidad y sentar posición con respecto a lo que ha dicho el titular del despacho de la esquina Platanal hay que hacer varias precisiones.

En primer lugar, el general no se refiere a todos los delitos sino a una lista de nueve que desde hace varios años son tomados como marcadores de la criminalidad, en especial la violenta: el homicidio, las lesiones personales, el secuestro, la extorsión, la violación, el robo genérico y el de vehículos así como el hurto genérico y el de vehículos.
Entonces, para que haya una disminución tan significativa como la señalada por el ministro González es necesario que los delitos contra la propiedad hayan registrado un descenso.En esta lista, el mayor peso desde el punto de vista estadístico lo tienen los delitos contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos genéricos así como los referidos a vehículos. En una oportunidad, el actual director de la Policía Nacional, general Juan Francisco Romero, me comentó que existe un nexo íntimo y causal entre los delitos contra la propiedad y las lesiones y homicidios. Esto ha sido ratificado por los informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y otros estudios.

Pero esto no ha sucedido, lamentablemente. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el hampa está atacando sin piedad, a toda hora y en todas partes. Además, tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, nuevas personas se han incorporado al mundo de lo ilegal, empujadas por la brutal inflación que padece el país, la más alta del mundo. Lo que se traduce en un acelerado empobrecimiento.

Ahora no solo roban las casas, los vehículos, los teléfonos…también asaltan a las personas para despojarlas de sus bolsas de comida. Y desde el punto de vista del delincuente, si es posible victimizar a varias personas a la vez, mejor. Esto lo pueden ratificar las más de cien personas despojadas de sus haberes en apenas dos casos de robo mientras iban en autobuses desde o hacia el oriente del país. O los innumerables habitantes de viviendas del este y del oeste de la capital, que son sorprendidas por antisociales mientras duermen o cuando intentan acceder a estos inmuebles. Como estos casos se podrían llenar periódicos enteros.

Aunque lo que se siente y se ve en la calle es una situación de “sálvese quien pueda”, esto no necesariamente se traduce en un incremento en las denuncias formuladas ante la policía judicial. Los robos genéricos, los que afectan a la bolsa de comida o el teléfono celular, rara vez son notificados a CICPC.

Pero eso no es todo. Hay oficinas de este cuerpo que han establecido mecanismos para que las denuncias no sean incorporadas a las estadísticas, esas que probablemente utiliza el titular del MRI cuando jura que la delincuencia disminuyó.

Veamos por ejemplo uno de los delitos de moda, como es el hurto de baterías para vehículos. Antes la gente ni se preocupaba en ir a la policía. Simplemente compraba una nueva batería y listo. Pero ahora el proveedor de estas piezas ubicado en Los Ruices exige un documento emitido por Cicpc, pues de lo contrario los puede sancionar el propio Gobierno bajo sospechas de que fomentan un mercado negro.

Cuando la víctima acude a la policía, allí no le llenan el formato de denuncia tradicional sino una constancia dirigida a la compañía proveedora de baterías, en la que se consigna la información sobre el vehículo y su propietario. De esa forma, la acción delictiva no entra en la estadística, ya no por la omisión de las víctimas sino por una decisión expresa de la autoridad.

Esto también debe saberlo el ministro.

Y si revisamos las estadísticas sobre homicidios, secuestros y robo y hurto de vehículos notaremos importantes incrementos con respecto al año anterior. En homicidios, por lo menos 7%, en secuestros (donde también existe una importante cifra negra) el brinco ha sido de 170% y en robo y hurto de vehículos por lo menos 20%.

Es tiempo que la autoridad comience a expresarse con sinceridad. Es tiempo de superar ese pensamiento según el cual a la ciudadanía es mejor mantenerla al margen de situaciones tan graves como ésta. Si no se admite la existencia de una crisis mucho menos podrá ser superada. En materia de seguridad ciudadana, los espejismos de la propaganda están a la orden del día.

Breves

*Bs 1,5 millones fue la cifra que según la policía judicial fue ofrecida a los autores materiales del asesinato del ex legislador regional de Guárico Ramón Barreto y su pareja Dannis Darelis Díaz. El crimen finalmente se concretó el 25 de junio en la carretera nacional Calabozo-El Sombrero. Las pesquisas indican que las víctimas fueron seguidas por funcionarios activos de la Policía del estado Guárico en una moto Skygo 150 cc negra, y cuando vieron que estaban desprotegidas se adelantaron y les dispararon. Barreto y Díaz quedaron moribundos en la cabina de una Toyota Autana. Por este caso fueron detenidos el director de la alcaldía de Calabozo Omar el Hinnaoui (hermano de la alcaldesa Zobeida el Hinnaoui), señalado por la Fiscalía de ser el autor intelectual o “determinador” del crimen, el Secretario de Seguridad del gobierno municipal Dayron Yépez Villa, el escolta del director general Edduar Peña Pacheco (cuya pistola fue supuestamente el arma homicida) y los funcionarios activos de la policía de Guárico Gabriel Alvarez y Randy Almeida. Es decir, dos oficiales en ejercicio se involucraron en un delito que por definición es propio del crimen organizado, como el sicariato. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Interiores ha guardado un discreto silencio al respecto. Por un hecho similar, en el que resultó víctima el mayor general retirado Félix Velásquez, fue intervenida la policía de Chacao. En el caso de Guárico, según la periodista Sebastiana Barráez, el crimen fue ordenado pues Barreto se disponía a denunciar los manejos irregulares que se hacían desde la alcaldía con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps).

*El decreto presidencial que da origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado el 12 de julio, abre nuevos espacios para los colectivos. Anteriormente, cuando fue declarado el estado de excepción y emergencia económica, el Gobierno les otorgaba ciertas funciones a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). Ahora, no sólo son las organizaciones coordinadas por el ex diputado y ex alcalde de Caracas Freddy Bernal, sino también las agrupadas en torno al Frente Francisco de Miranda, cuyo coordinador nacional Miguel Carreño también formará parte del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano. En la última publicación de este conglomerado, Colombeia, se afirma en el editorial: “En este momento tan crucial que está viviendo Venezuela, nos compromete (sic) a una tarea doble dar la batalla en el campo que sea (sic): en lo político, lo social, lo cultural y en lo militar”. El Frente Francisco de Miranda, según el mismo documento, nació gracias a las ideas de “dos gigantes revolucionarios como lo son Hugo Chávez y Fidel Castro”.

*Durante el congreso de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (Asis, por sus siglas en inglés), el presidente del capítulo Caracas abogado Augusto Hernández, relató detalles sobre las investigaciones que realizó junto a un equipo de profesionales para contrarrestar las acciones de una red que operaba en una ensambladora de vehículos (cuyo nombre se reservó) ubicada en Carabobo. La empresa estuvo a punto de ordenar el cese de sus operaciones en el país debido al incremento interanual de 30% en las pérdidas financieras que esta organización ocasionaba a la empresa, y que estaba conformada por trabajadores en distintos niveles de la corporación, con aliados en Puerto Cabello y expendios de repuestos de apariencia legítima. Se trataba según Hernández de “mafias organizadas” que en 2009 llegaron a apoderarse de piezas valoradas en casi cuatro millones de dólares.  En algunos casos, los repuestos eran incorporados desde el punto de vista documental al inventario cuando ni siquiera habían llegado a la planta. En otros, eran sacados como si fuesen defectuosos y colocados en el mercado local. Tras año y medio de trabajo, en 2011, las pérdidas por merma de repuestos fueron valoradas en solamente 35.000 dólares. Hernández aclaró que el sindicato de la ensambladora eventualmente entendió que no podía proteger a delincuentes que amenazan sus puestos de trabajo. En este lapso, sin embargo, uno de los gerentes de la compañía tuvo que ser transferido debido a las amenazas que recibía del hampa organizada. Situaciones similares padecen empresas del mismo ramo en el país.

*Por lo menos diez secuestros han ocurrido durante el último mes en los distintos municipios de Barlovento. En esta extensa área del estado Miranda han sido identificadas doce grandes bandas. Algunas empezaron como piratas de carretera y, como en Guárico, han ido organizándose para extorsionar y plagiar a conductores y residentes de la zona. Hay informaciones de por lo menos dos casos de julio en los que fueron victimizadas dos familias completas. Aunque el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres asegura que ya no está vigente el programa de las “zonas de paz”, en esos confines el hampa continúa adueñada de vastos territorios, alineados a lo largo de la Troncal 9 y las vías locales. Estos problemas parecieran importar poco a las distintas instancias de gobierno, hasta que se reportan casos en los que resultan cautivos militares activos y sus acompañantes. Así ocurrió durante la madrugada del 13 de julio, cuando quedaron en poder del hampa el segundo comandante del batallón Cajigal del Ejército, mayor Argenis Torres Soto, junto al primer teniente Argenis Pérez Martínez y una menor de edad, quienes viajaban de madrugada entre Puerto la Cruz y Caracas en una Ford Explorer 2011. No son los primeros profesionales de armas que han sido victimizados en esa carretera. Por fortuna, al día siguiente fueron liberados. Pero el peligro en la troncal 9 continúa.

*Alfonso Trilleras es un abogado colombiano, Coordinador de la Oficina para la Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tuvimos la oportunidad de conversar durante una visita que hizo a Venezuela, con motivo del congreso sobre lavado de dinero organizado por www.antilavadodedinero.com, publicación dirigida por el ex juez y consultor Alejandro Rebolledo.


-¿Cuáles son las principales tipologías aplicadas en la actualidad para lavar dinero?

-Van acordes con cada país. La que más se presenta tiene como delito determinante la corrupción y el testaferrato. Las organizaciones criminales suelen utilizar empresas de fachada.

-¿Hacia dónde buscan sacar el dinero en la actualidad?

-Quieren migrar hacia estados fallidos, donde las legislaciones son permisivas en el aspecto de no compartir información ni colaborar en las investigaciones.

-¿En el Caribe?

-Están en la lista Ocde. Lo que recomienda ONU es que se adopte la figura de la extinción de dominio para cercar y estrechar espacios que la delincuencia organizada tiene para el traslado de capitales ilícitos.

-¿Qué obstáculos han identificado a la hora de iniciar la recuperación de activos en el extranjero?

-Hay barreras que ONU en alianza con Banco Mundial ha detectado: institucionales, legales y operativas. En las primeras está la falta de voluntad política de los estados para adoptar medidas eficaces.

-¿Las campañas por el estilo de los Panamá Papers contribuyen de alguna forma a superar estas barreras?

-Es importante la divulgación, así como las alianzas entre los sectores público y privado para debatir estos temas y adoptar recomendaciones. Pero lo básico es la sensibilización y la concientización social sobre el enorme daño para la paz y las oportunidades de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, incluso, se desestabilizan los sistemas democráticos.

-¿Por qué este tema preocupa a algunas sociedades y a otras no tanto?

-Cada país tiene sus problemáticas. Hay delitos suficientemente graves y tipologías que se desarrollan y socavan los sistemas democráticos. En algunos es la corrupción, en otros el narcotráfico y el terrorismo.

-¿Manejan algún cálculo sobre los montos sustraídos vía corrupción?

-La recuperación de activos es algo relativamente novedoso. Son leyes recientes que se están adoptando en los países. Necesitamos que maduren esas leyes, y en tres o cinco años haremos los estudios de rigor para tener información confiable.

-¿Cuánto puede tardar la recuperación de activos procedentes de la corrupción?

-En Colombia el primer caso se sacó en un año. Pero es un proceso muy complejo. Primero, adoptar la ley que de autonomía a la figura jurídica, con garantías y procedimientos ágiles de cooperación internacional. Antes podrían tardar hasta cinco o seis años.

 

@javiermayorca

El Chapo habría financiado negocio de Kate del Castillo

KATEDELCASTILLO

 

MEXICO (AP) — Las autoridades mexicanas han encontrado indicios de que el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán habría invertido en un negocio de la actriz Kate del Castillo, dijo la procuradora general.

En una entrevista con el diario El Universal publicada el martes, la procuradora Arely Gómez indicó que se investiga un posible lavado de dinero, aunque dijo que aún no se tiene ninguna certeza jurídica.

La funcionaria confirmó que Del Castillo fue citada a declarar sobre la reunión que tuvo con Guzmán junto al actor estadounidense Sean Penn, lo que podría ocurrir en algún consulado de México en Estados Unidos, donde la actriz está radicada.

«Nosotros tenemos una investigación en el caso del tequila», dijo la procuradora, en relación a una marca de esa bebida de la actriz.

Interrogada sobre si había datos para creer que el capo, considerado líder del cartel de Sinaloa, habría dado recursos a ese negocio, la funcionaria dijo que sí.

«Tenemos indicios, pero necesitamos certeza jurídica», añadió.