En los juzgados de La Haya son cada vez más frecuentes los casos de venezolanos que dicen ser perseguidos por grupos armados del oficialismo, y aun así les niegan el asilo
El 19 de agosto, el tribunal de La Haya declaró con lugar el recurso de impugnación de una venezolana contra una decisión emitida por la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad del Reino de los Países Bajos, que le negaba el asilo y le ponía un límite a su estadía en el territorio neerlandés.
La mujer huyó de Venezuela luego de ser “maltratada y amenazada por miembros de la banda criminal Adrián y Sleiter”, indica el expediente del caso, en referencia a la organización comandada por Adrián José Rodríguez Gudiño y Sleiter José Leal Méndez, que opera en varios municipios del Zulia.
Un informe de la Policía Nacional, emitido en marzo de este año, indica que este grupo continúa en actividad, a pesar del asesinato de Leal Méndez, perpetrado en el sector Fontibón de Bogotá, tal y como lo reportó el diario El Tiempo en junio de 2020. En el mismo tiroteo, los sicarios ultimaron a la mamá de este hombre e hirieron a un hijo.
El punto central de la petición de asilo fue que los pandilleros “tienen vínculos con las autoridades”, lo que les permite adelantarse a sus acciones, y aprovechar los momentos en los que la víctima se encuentra sin protección.
El gobierno neerlandés había rechazado este argumento, debido a que la referida banda “solo está activa localmente, y no se ha demostrado que tenga un vínculo con las autoridades centrales”. Por lo tanto, según esta lógica, a la mujer le tocaba mudarse de ciudad, no de país.
El litigio se enredó cuando la demandante venezolana argumentó que la organización de Adrián y Sleiter también era un colectivo.
Esto permitió presentar ante el tribunal un informe del Ejecutivo neerlandés, según el cual se trata de “grupos armados irregulares que consisten en personas progubernamentales que, entre otras cosas, ayudan a las autoridades a reprimir manifestaciones”. Estas organizaciones, indica la evaluación, “tienen presencia en casi toda Venezuela”.
El número de colectivos en Venezuela es una incógnita. La única cifra parcial fue suministrada en 2013, durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres en Relaciones Interiores. Según ese estimado, eran alrededor de cien.
Aunque los colectivos aparentemente se mueven por razones ideológicas, dentro de la policía judicial figuran en los mismos listados de las bandas criminales, que generalmente persiguen ganancias económicas. Un informe elaborado en 2014 por ese cuerpo de seguridad ubica a La Piedrita entre las principales bandas del Distrito Capital. Dos de sus dirigentes estaban entre los más buscados.
A partir de la crisis política de 2002, Chávez inició un proceso de suplantación de los llamados círculos bolivarianos por los colectivos, que ya existían como agrupaciones culturales, religiosas, deportivas y de discusión ideológica en la parroquia 23 de Enero. Este respaldo gubernamental dio a los colectivos otra dimensión.
En la era de Maduro, los colectivos han sido convocados públicamente en dos oportunidades para la defensa armada del régimen (2014 y 2017). Además, se han incorporado en los ejercicios de defensa cívico militares y en la distribución de alimentos, desde la creación de la misión Abastecimiento Soberano.
En La Haya, cuando una persona solicita asilo debido a la persecución por colectivos, el asunto debe ser evaluado. En el caso de la venezolana que demandó al gobierno neerlandés, el recurso fue declarado con lugar cuando el juez Fluttert llegó a la convicción de que la agencia gubernamental “no prestó atención a la información de fuentes públicas sobre los grupos armados en Venezuela y sus vínculos con el Estado”.
“El hecho de que la pandilla Adrián y Sleiter no sea mencionada en un mensaje oficial no significa que esta pandilla no tenga vínculos con el Gobierno”, afirma la sentencia.
Esta es apenas una secuela de la violencia generalizada en el país. Casos como el de esta venezolana han sido verificados en Colombia, Panamá y Estados Unidos.
“El tema de la persecución por colectivos y en general grupos armados tiene peso”, afirmó la responsable de investigación en temas migratorios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.
“Se considera que se trata de grupos que actúan al amparo de organismos del Estado, y pueden considerarse como corresponsables de violaciones de derechos humanos”, añadió.
El tema de los colectivos y los grupos armados no estatales no solo es tomado en cuenta por los Países Bajos. En días recientes, el ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil lo refirió en su estudio sobre el “país de origen” de los solicitantes de refugio y asilo. Para el gigante suramericano, actualmente Venezuela se caracteriza por su “violencia generalizada”.
“La violencia puede emanar de agentes estatales o no estatales, y cuando emana de los primeros, o de otros que lo hacen por instigación o con el consentimiento de autoridades del Estado, los perpetradores gozan de impunidad”, advierte el informe.
En algunas oportunidades, añade, las autoridades “no pueden controlar eficazmente” la violencia que emana de agentes no estatales.
Pareciera entonces que cualquier persona podría obtener refugio en el exterior alegando que fue objetivo de estos grupos armados. Sin embargo, en algunas oportunidades estas peticiones pueden ser negadas, y los litigios posteriores pueden ser fallados en contra de los demandantes.
El mismo tribunal de La Haya, por ejemplo, declaró infundada la apelación de otra venezolana, en junio. La mujer también alegó que era perseguida por los colectivos armados. Inicialmente, huyó del país a México, en 2016. Al año siguiente, se mudó a los Países Bajos. Pero su solicitud de asilo fue formulada en junio de 2019. Esta tardanza de dos años suscitó las sospechas de las autoridades neerlandesas. Ella intentó justificarse, indicando que temía que la deportaran antes de haber finalizado su tratamiento de la hepatitis C.
Estos casos están llegando a raudales al referido juzgado, en la medida en que se prolonga la emergencia humanitaria. De acuerdo con las estadísticas de la Unión Europea, en 2019 y 2020 Venezuela fue el tercer país de los solicitantes de asilo procedentes de naciones no europeas, solo superado por Siria y Afganistán. Las cifras de ambos años suman unos 70.000.
De la revisión de varios expedientes surge una conclusión preliminar. En los Países Bajos, y quizá en el resto de Europa, nadie niega las duras condiciones en las que deben sobrevivir los venezolanos, así como los riesgos derivados de la violencia y la inseguridad. Y que por esta razón muchos de ellos tocan las puertas del Viejo Continente. Sin embargo, las solicitudes de asilo son negadas cuando los hechos alegados para tales peticiones no están bien documentados, o cuando se percibe el propósito de engañar a la autoridad. Esto solo garantiza un boleto de avión, de vuelta a casa.
Breves
√ El 19 de agosto, un grupo de emigrantes venezolanos envió una carta pública al primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, con el fin de expresar “inquietudes y preocupaciones” relacionadas con el programa denominado Integración Responsable, que adelanta ese gobierno para afrontar la situación de los indocumentados, en su mayoría venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria. La misiva de cinco páginas propone que ese plan también cubra a los venezolanos que han llegado de forma subrepticia en embarcaciones durante los últimos meses.
Estos venezolanos son presa fácil de gestores. La carta dirigida al primer ministro plantea que se active una oficina especial para la tramitación de los documentos de estos nacionales, y así disminuya la oportunidad para la corrupción. En Curazao, estos sujetos “piden cantidades exorbitantes de dinero para realizar los trámites ante la Oficina de Labor y la de Inmigración, para luego obtener una respuesta negativa a sus solicitudes, ocasionando pérdidas cuantiosas”, se afirma en el documento.
√ Al cierre de esta entrega se conocen los primeros resultados de la pesquisa en torno al robo de una remesa de euros y dólares, perpetrado el jueves 26 de agosto en la avenida Boyacá, frente al colegio La Salle. Los investigadores de la policía judicial identificaron a Dixon Daniel Fernández, de 47 años de edad, como la persona que suministró la información sobre el traslado de la remesa, en dos camionetas blancas, desde el Banco Central de Venezuela hasta el Banco Occidental de Descuento, en La Castellana. Fernández laboraba como escolta de esa caravana.
Hasta ahora solo han identificado a dos funcionarios de la PNB: Richard Rafael Rodríguez y Roger José González Bracho, ambos de 31 años de edad. La primera minuta establece que el robo contó con la participación de doce individuos, por lo que todavía se desconoce los nombres de los otros diez involucrados. Este caso se inscribe dentro de una nueva etapa de los delitos contra la propiedad, en la que las víctimas son empleados o dueños de comercios pequeños y medianos, que son despojados de las remesas cuando están cerrando las operaciones de los negocios, o cuando trasladan cantidades considerables de divisas producto de las ventas o destinadas a los pagos de nómina.
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