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Comienzan las lluvias y con ellas llega repunte de malaria en Amazonas
Ambulatorios cuentan sólo con enfermeros de la misma comunidad y a veces un médico

Indígenas habitantes del eje carretero norte reportan que con el comienzo de la temporada lluviosa ya se han empezado a ver algunos casos de malaria y los establecimientos de salud no cuentan con materiales e insumos para atender  a los pacientes.

Señalan que los ambulatorios generalmente cuentan sólo con enfermeros de la misma comunidad y a veces un médico, pero la carencia de recursos hace difícil la labor sanitaria y lo que hacen en la mayoría de los casos es derivarlos al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho

José Linares, indígena curripaco, habitante de la comuniad El Cejal, señala que no hay medicinas, “la población está tomando plantas medicinales ante la falta de medicinas. Las medicinas que llevan de Colombia los vendedores, las venden pero en pesos colombianos”.

Mencionan que han visitado la Dirección Regional de Salud para solicitar fumigaciones por el elevado número de casos de malaria  y dengue que tuvieron el año pasado para esta época del año, pero los funcionarios les han expresado que no tienen la autorización para salir a efectuar operativos, por la cuarentena por la pandemia de la COVID 19. Aunado a eso se suma la falta de combustible, y el no contar con suficientes vehículos para el traslado a las comunidades.

Exhortan a las autoridades a ejecutar jornadas de fumigación y distribución de mosquiteros, como forma de prevención de estas enfermedades endémicas en estas zonas.

En 2019 hubo 6 fallecidos y más de 35 mil casos de malaria confirmados en Amazonas. La mayoría de los fallecidos por malaria en 2019 en Amazonas fueron indígenas, resaltando los casos de 1 niña piaroa de 7 años de la comunidad Munduapo del Municipio Autana y un niño jivi de 8 años de la comunidad Limón de Parhueña, municipio Atures.

 

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Amnistía Internacional pide respeto a derechos de pemones detenidos
La organización denunció el traslado de indígenas acusados de asalto a un fuerte militar en Bolívar

En un comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación por “las condiciones de detención y traslado arbitrario de un grupo de 13 personas indígenas Pemón vinculadas a una investigación sobre los hechos del 22 de diciembre de 2019 en los que un grupo de funcionarios militares retirados habrían presuntamente tomado una comandancia militar en el Estado Bolívar al sur de Venezuela”.

Denuncian que los acusados fueron incomunicados por 50 días desde el momento de su detención y que el pasado 13 de mayo los trasladaron a El Rodeo II; es decir a 1.200 kilómetros de distancia desde donde residen.

Según la versión oficial divulgada por el gobierno, en la madrugada del 22 de diciembre de 2019 un grupo de pemones armados tomó las instalaciones del Batallón 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana en el estado Bolívar.

De acuerdo con la información policial, en la incursión sustrajeron 112 fusiles Ak103 y municiones. Salieron en una camioneta Hilux y un camión Ford 350. Luego asaltaron el puesto de la Policía de Bolívar, en San Francisco de Yuruaní, donde se llevaron 9 pistolas 9 milímetros y 5 escopetas. En la vía, el grupo se encontró con un punto de control militar en donde se originó un enfrentamiento y huyeron hacia las trochas.

 

Aquí pueden leer el comunicado 

 
Más de 500 hectáreas en la Gran Sabana están intervenidas por la minería ilegal
Aunque oficialmente está fuera del Arco Minero del Orinoco, en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima también se busca oro. Indígenas de la Gran Sabana, forzados por la crisis humanitaria, participan en una actividad que amenaza uno de los rincones más biodiversos de la Tierra

 

En la quebrada Mapaurí el agua es turbia, y en la ondulada Mürümpa que pasaba por Manak-Krü, en el que las mujeres lavaban la ropa y se bañaban, la quebrada se hizo hilo y se volvió un charco. Todas son huellas del efecto de la minería en el sector oriental y los alrededores del Parque Nacional Canaima, mejor conocido como la Gran Sabana, las extensas planicies al sur de Venezuela sobre las cuales se levanta la cadena de tepuyes que hacen de este paisaje uno de los territorios más megadiversos en la formación geológica más antigua de la Tierra.

Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, un reportaje de Correo del Caroní y el Centro Pulitzer, en alianza con Prodavinci e Infoamazonia, cuenta cómo la extensa sabana se ha ido transformando en la última década en una zona de excavación minera frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y a una inédita emergencia humanitaria en Venezuela.

Todas las operaciones mineras que se observan en las riberas de los ríos Yuruaní, Aponwao y Kukenán están atentando de forma irremediable contra los recursos biológicos de la nación. La investigación, desarrollada en un periodo de seis meses, analiza las causas estructurales que explican por qué el turismo fue desplazado y cómo la omisión del Ejecutivo ha colaborado para que el pueblo pemón participe en la actividad extractivista.

Un análisis detallado, hecho en colaboración con expertos en sensores remotos para esta investigación, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera adicionales a los 33 detectados por la ONG SOSOrinoco en 2018. Las imágenes satelitales del sensor Sentinel permiten concluir que, solo en el sector oriental, hay 515 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.

Junto a la afectación en el sector occidental —donde está el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo—, los daños suman 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.

Aunque esta zona no forma parte del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, la actividad crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro.

El trabajo se divide en seis secciones y cuenta con un mapa con información satelital y la localización de todos los sectores mineros en el Parque Nacional Canaima, además de fotografías exclusivas y visitas de campo a zonas mineras que no habían sido documentadas anteriormente, y en las que la actividad se ejecuta con conocimiento de las autoridades indígenas.

Para leer el trabajo completo, haz clic acá.

Waraos temen contagio masivo de COVID-19 en las comunidades del Delta
320 asentamientos están en peligro 

Al menos 320 asentamientos waraos, localizados en los caños del Orinoco, están a merced de un contagio masivo ante la escasa atención sanitaria, deficiencia en los servicios básicos y la falta de medicina en la zona.

La dirigencia indígena warao teme la aparición y el contagio masivo de coronavirus en las comunidades indígenas del Delta ante la cercanía de las regiones fronterizas.

La amenaza del virus es considerada por los waraos como bomba de tiempo con consecuencias impredecibles por ser una población con mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades contagiosas ante la fragilidad de la atención primaria, tanto en la población infantil como adulta.

Lizandro Moraleda, docente warao de la comunidad Bonoina, población indígena localizada en la parroquia Manuel Renauld del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, describió en su cuenta de la red social Facebook la situación de vulnerabilidad que se encuentran los poblados indígenas en cuanto a la asistencia de salud en las comunidades para enfrontar a cualquier contagio como el COVID-19 “sólo contamos con la protección de Dios, la población maneja poca información, las comunidades se encuentran desprotegidas, no tenemos medicinas, no hay ambulancia fluvial, ni transporte para caso de emergencia” sostiene Moraleda.

De acuerdo al testimonio del docente warao, la falta de conocimiento e informaciones son factores que inciden negativamente en 95% en las comunidades con poblaciones indígenas “desconocemos la magnitud de la enfermedad, nos han dicho que es mortal, pero hasta allí” continua Moraleda.

Además mostró su preocupación por la presencia de enfermedades endémicas que afectan a los niños: los síntomas gripales, la diarrea, la desnutrición, los cuadros diarreicos son permanentes en las comunidades, asegura.

Además, la deficiencia en los servicios básicos, la falta de la energía eléctrica, la escasa o nula presencia de agua potable, la ausencia de redes de excretas en las comunidades convierten al pueblo indígena, con una población aproximada de 35.000 habitantes, como un sector altamente vulnerable ante la pandemia del COVID-19.

 

Kapé Kapé

Nota de Prensa May 18, 2020 | Actualizado hace 2 meses
Continúa asedio a indígenas del Caura
Habitantes de las comunidades indígenas de Las Pavas y de Playón en el bajo Caura piden a las instituciones gubernamentales ser atendidos y escuchados.

Debido a las frecuentes amenazas que reciben de parte de los grupos irregulares y sindicatos que operan en las minas de Caura, comunidades indígenas de Las Pavas y de Playón en el bajo Caura de la parroquia Aripao en el municipio Sucre de Bolívar, temer ser eliminadas.

Relatan que estos grupos están “sumamente armados” y que en este momento operan en la mina de Yuruani, queriendo apoderarse de las minas de Fijiriña y de la Puerta, para seguir explotando la minería ilegal en el territorio Ye’kwana y Sanema “con la visión de obtener el control de las comunidades que están asentada por el rio Caura, perjudicando gravemente la convivencia del pueblo Ye’kwana y Sanema” afirmó Fabián Rodríguez, líder indígena de la zona El Playón.

Después del pronunciamiento de la Organización Kuyujani explicando lo sucedido el pasado 6 de mayo, cuando fue atacada la Guardia Territorial Indígena, donde solicitaron al Estado medidas para poner freno a las intimidaciones y ataques, afirman que no ha habido respuesta y siguen esperando por acciones que acaben con la actuación de los grupos armados en el territorio Ye’kwana y Sanema.

“Desde que se suscitó el problema con los grupos armados irregulares que están operando en nuestro territorio, hemos estado viviendo en situación de pánico (…) las mujeres dejaron de tener actividad en los conucos, ellas tienen miedo” explicaron en una carta, en la que agregaron que producto de esta situación comienza a escasear la comida y a encarecerse la poca que se consigue.

Recuerdan que el 21 de marzo de 2017, el Caura fue decretado como Parque Nacional, por lo que está prohibida toda actividad minera en esta zona.

 

Kape Kape 

Comunidad de Cambalache indignada por asesinato de warao
Familiares no tenían como enterrar el cadáver debido a la escasez de gasolina

“¡Este es un atraco!”, contó Juan que escuchó decir a tres criollos que cada vez se acercaban más al sitio donde él y su compañero Merecio Torres de 25 años estaban pescando, en la laguna El Bañador, aguas del Orinoco, territorio de Macapaima. Era un sábado 11 de abril a las 9:00 de la mañana.

De inmediato Juan, warao de la comunidad de Cambalache como Merecio, soltó el tren de pesca que tenía en sus manos, y sintió un pinchazo en la oreja: uno de los criollos le había enterrado una puya durante el atraco. “Llévate el pescado, llévate los trenes, pero déjanos tranquilos, déjanos en paz”, decía asustado, pero los delincuentes se llevaron más que eso: mataron a su compañero de pesca.

Merecio intentó defenderse del asalto, y con canaleta en mano le asestó un golpe en la frente a uno de los asaltantes. Fue tal hazaña lo que marcó el final de sus días, pues resuelto a no dejar pasar la afrenta, otro criollo lo golpeó con saña en la nuca. Lo sometió de tal forma que pudo amarrarlo, meterle un pedazo de camisa en la boca y luego ahorcarlo con un mecate hasta arrancarle el último aliento de vida. Todo esto a 100 metros de la laguna a la que tantas veces fue con Juan a pescar, a buscar alimento para sus familias, la misma laguna donde pesca de 20 a 30 curiaras en promedio, diariamente.

Un sobreviviente de esa mañana, Juan Beria, lo recuerda: “Esa gente mató a este hombre como matar a un animal (…) a él lo matan casi encima de mí, lo mataron, lo ahorcaron con un mecate, y así está ahorita, como lo dejaron ellos ahí, amarrado ahí”.

Es que el cuerpo de Merecio, para el martes 14 de abril, aún yacía en Macapaima, territorio del estado Anzoátegui. Al ser un asesinato, le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantar el cuerpo, cumplir con la autopsia, entregarlo a la familia, y estos no cuentan ni con gasolina ni con dinero para trasladarse.

A Juan lo dejaron amarrado de pies y manos junto al muerto. También tenía un trapo metido en la boca que gracias a la providencia -como él atribuye- se le salió. Solo así logró que el domingo 12 de abril, también en la mañana, unos cazadores de venado lo rescataran y lo llevaran de vuelta a Cambalache. “Si no, yo estuviera deshaciéndome, así como está mi compañero”.

Más de 20 curiaras pescan juntas en la laguna donde ocurrió el hecho, y Juan todavía atribuye el ataque a que ellos tenían más suerte en la pesca que los criollos que optaron por agredirlos, robarles sus trenes de pesca y la comida del día. Para aquella mañana ya tenía medio saco lleno de pescado.

“Ellos tiraban sus trenes, pero no cogían nada porque las mallas eran grandes y los pescados salían por la malla”, intervino emocionado el cacique de la comunidad, Venancio Narváez, empeñado en ayudar a Juan a reconstruir nuevamente el relato como si él mismo presenció los acontecimientos.

“Esas son bastantes curiaras que pescan ahí, ahí todo el mundo pesca. A lo mejor ellos pensarán que estábamos en la laguna de ellos”, continuaba relatando Juan.

Amarrado junto a su amigo muerto

Mientras Juan contaba lo sucedido, mostraba sus muñecas y piernas rotas por la fricción del mecate con el que lo amarraron de pies y manos junto al cadáver de su compañero. Así permaneció por más de 24 horas sintiendo cómo el cuerpo inerte a su lado se descomponía.

Las extremidades del pescador seguían hinchadas a pesar de haber pasado dos días y en ocasiones mientras relataba los hechos se le escapaba una mueca de dolor. Todavía no ha recibido atención médica porque en su comunidad no hay módulos operativos. “Logro calmar el dolor con una pastilla que me dio una comadre”.

Juan es uno de los indígenas waraos que viven de la pesca en aguas del Orinoco, ahora está tan magullado que no puede mover un canalete, sin embargo, no conoce otra forma de ganarse el pan, o el de sus hijos. Y ahora la pesca no es segura.

La última vez que salió a la faena a la laguna de Macapaima le costó la vida de su compañero, cuya familia ahora culpa a Juan de lo sucedido. “De esa familia él es el único interesado que él tenía, fue cuatro veces conmigo a pescar, a la cuarta vez fue cuando nos asaltaron”, dijo.

Del otro lado del sitio donde Juan, sentado y rodeado de su familia contaba por al menos quinta vez lo sucedido, estaba la suegra de Merecio, Elena Navarro, con el rostro ensombrecido por el luto. Sentada en un chinchorro lloraba indignada, con la mirada perdida como quien acababa de perderlo todo. Necesita al menos 40 litros de gasolina para buscar el cadáver.

La suegra del difunto es parte de la población flotante que viene desde el Delta del Orinoco. Es parte de los miles de waraos que abandonan sus hogares y se desplazan a las ciudades en busca de comida, medicinas y mejores condiciones de trabajo. Hasta hace unos meses muchos de ellos vivían del contrabando de gasolina, pero la escasez del combustible y la persecución del negocio, terminó con ese sustento para la comunidad. Son cada vez más los indígenas que se desplazan desde los caños del Orinoco hasta las urbes de otros estados como Bolívar, e incluso otras fronteras como Brasil, así lo ha monitoreado la asociación civil Kapé Kapé.

Sin gasolina para enterrar a Merecio

La familia de Elena, y del difunto Merecio llegó a Cambalache a inicios de enero, como otros tantos buscando mejorar sus condiciones de vida. Lo que en el momento ella no sabía es que la comunidad que sería su destino estaba en peores condiciones que la que dejó atrás.

“No tenemos gasolina, no tenemos motor, no tenemos curiara”, decía Elena mientras se sujetaba la cara entre las manos y mecía la cabeza de un lado a otro. Venancio la interrumpió para consolarla con sus palabras, para decirle que la concejala indígena, Yamilet Beria, prometió el pasado martes que haría todo lo posible para llegar allá y poder enterrar al muerto.

“Ve lo que comen, una auyama porque presa no tienen. La mayoría entre hombres y mujeres estamos viviendo así en la cuarentena”, decía Venancio al tiempo que señalaba las cacerolas vacías en la casa de Elena, que en realidad son cuatro troncos sin techo, a la orilla del río, con bolsas de ropa alrededor y un periquito amarrado a la trenza de un zapato.

A San Francisco de Guayo, la comunidad de Elena, no hay otra vía de acceso que la fluvial, su yerno ya no estaba para ayudarla, y no podía volver a su hogar: Tobe Wabanok. “No podemos salir a ninguna parte porque los criollos ya nos tienen a azotes por ahí. Andan matando a los muchachos, hay madres que quedan solteras con 10 hijos”, intervino Carmen Díaz, la sobrina de Juan que también hizo de intérprete. Ella comentó que la pesca ya no era segura, a los indígenas que salen a pescar, o los roban o los matan.

“Por favor, tráiganme a mi esposo, para yo verlo por última vez, que su hija también lo vea, como es mi esposo, necesito que lo traigan, que lo ayuden”, dijo en warao María Reina Torres, mientras la sobrina de Juan, Carmen Díaz, traducía. “No hay nadie que me ayude, ¿qué voy a hacer?”, dice su esposa en su lengua nativa, con un hilo de voz que casi no necesitaba traducción.

Elena siente que Juan tiene la culpa de que su yerno ahora esté muerto. “No es que me los llevé a juro (para la laguna a pescar), es que ellos estaban pasando necesidad y no había quién les diera comida”. Para Merecio, pescar con Juan significaba proveer no solo para su esposa e hija (Yumirde, 6 años), sino para los ocho hijos de su suegra.

En la familia nadie entiende, solo saben que esas muertes ya son rutina en los caños: “Nos están cazando”.

Ni en cuarentena hay garantía de suministro de agua en Bolívar
Con botellones, agua almacenada o pozos, los bolivarenses resuelven el abastecimiento para el consumo y la higiene

No es un solo sector, son varias zonas de Ciudad Guayana que pasan días sin suministro de agua por tubería. Esto pese a enfrentarse una pandemia en la que la primera medida de prevención es el lavado de manos. 

En casas y edificios de Unare, en Puerto Ordaz, el suministro de agua es impredecible. A veces llega una sola vez al día, con suerte dos. Otras veces pasan más de 24 horas sin el servicio. ¿Cómo hacen entonces con la higiene para prevenir el coronavirus?

“Mira, esto es terrible. En mi casa llega de una a dos veces al día. O en la mañana o en la noche. Con suerte las dos veces. Es impredecible cuánto dura; así que cuando hay, como ahorita, hay que llenar todo. Lo que tengas, hasta los floreros”, dice Sonia Hernández, al tiempo que se ríe de lo surreal que llega a ser la situación.

En su edificio, varios apartamentos tienen tanque, pero estos no duran, no terminan de llenarse. “No sé si es que todo el mundo está lavando más, porque están todos en sus casas”, presume.

Si bien recoge tobos de agua, le preocupa la higiene usando esa agua almacenada.

“En mi casa también compramos por botellón que se supone es mejor. Y eso supone también hacer crossfit cuando subes botellones según el piso en el que vivas. Menos mal que no vivo en el noveno piso, pero imagínate quien sí”, agrega.

San Félix, la olvidada

Argenis Díaz vive en el sector Vista Alegre de San Félix. Asegura que tanto el servicio de agua como el de gas doméstico parecen haber desaparecido.

“Yo todos los días tengo que comprar dos botellas de agua de un litro, y cada una cuesta 70.000 bolívares. Con eso es que tomo agua, me lavo las manos y me aseo”, explica Díaz.

La parroquia Vista al Sol tiene una década con las fallas en el suministro de agua, y eso no ha cambiado en esta cuarentena. 

Lo que sí varió fue el suministro de agua, al menos para los hospitales de Ciudad Guayana. En el Hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, la presidenta del Colegio de Enfermeras, Maritza Moreno, afirmó que de momento está controlada esa situación, tanto en las áreas de emergencia como en aquellas donde faltaba el agua por la obsolescencia de las tuberías.

Un pozo para los indígenas 

Las comunidades indígenas del estado Bolívar son otras que han recibido poco apoyo en esta cuarentena. En el caso del municipio Sucre, Higinio Montiel, miembro del observatorio indígena Kapé Kapé, destacó que son los capitanes quienes se encargaron de tomar medidas preventivas.

El municipio cuenta con ocho etnias indígenas: yekwana, sanema, jivi, piaroa, kariña, pemón, piapoco y guajiro. 

“En cuanto suministro de agua potable, las comunidades indígenas se han organizado para abrir un pozo profundo para el consumo, y un caño específico para el consumo diario de cada familia, bajo la vigilancia de los capitanes, como un plan de contingencia”, explicó Montiel.

“En este momento las comunidades indígenas por estas zonas han ubicado en un sitio adecuado el resguardo de su comida autóctona, pero el gobierno no se ha preocupado por la situación y por la protección de la salud de las comunidades indígenas. No se ha visto ningún tipo de campaña y es preocupante la situación”, agregó el representante de Kapé Kapé.

La respuesta que da Hidrobolívar es que trabajan en cuarentena en cada uno de los golfos y acueductos de la entidad, para restituir el servicio. “Ojalá llegue el agua a Curagua, para no tener que subir las escaleras cargando tobos en el edificio”, son parte de las respuestas que recibe la hidrológica en las redes sociales.

Minería ilegal avanza en Parque Nacional Yapacana
Calculan que 2.000 mineros ocupan el parque nacional actualmente

 

De los 44 parques nacionales de nuestro país, el Yapacana es el más afectado y con mayor grado de devastación, según informe de 2019 de la organización SOS ORINOCO.

“El impacto sobre sus ecosistemas no solo es en términos de superficie directamente destruida, sino, por el efecto radial y expansivo ocasionado por la presencia de aproximadamente 2.000 mineros que ocupan el parque nacional actualmente”.

En análisis del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), la minería en el Parque Nacional Yapacana (PNY), como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. En principio por una serie de consideraciones constitucionales que reconocen a esta zona – región características únicas y especiales de vital importancia para el planeta y la humanidad. Aparte de estas consideraciones genéricas, existen disposiciones de protección ambiental específicas, una de ellas es el Decreto 269 del año 1989 sobre la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas y, particularmente, el Decreto 2.980 del año 1978 (G.O. 2.417-E), que consagra a este parque nacional a tal categoría, por consiguiente está dotado de un régimen de uso y manejo especial, justamente como medidas de protección ambiental, y según criterio de GRIAM, también social.

Como en los anteriores casos analizados en el extenso de este trabajo de investigación, la figura jurídico ambiental que protege a este parque nacional está siendo igualmente violentado por los particulares, grupos irregulares armados en ejercicio de actividades ilícitas y también por la poca resolución el Estado en adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al complejo de normas mencionadas y a las medidas judiciales precautelativas dictadas por los tribunales penales de Amazonas en favor de los derechos ambientales y la diversidad biológica de nuestra Amazonía.

Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación, según el informe SOS ORINOCO.

La minería en este parque ya existía desde la década de los 80, pero en dimensiones muy pequeñas. Fue a partir de 2004 que el crecimiento esta actividad se aceleró vertiginosamente por una serie de consideraciones, una de ellas ha sido la política poco clara del gobierno venezolano en torno a la importancia de esta región y sobre la presencia de los grupos irregulares armados colombianos en esta zona, al punto, según indica el informe mencionado, de “haberle entregado el control de estos territorios y de la actividad minera a la guerrilla, hoy comandada por el ELN y que además le sirve de sustento financiero para otras actividades ilícitas».

Continúa indicando el informe SOS ORINOCO, sobre el Parque Nacional Yapacana: “Hoy en día en el parque nacional lo que más destaca son las huellas destructivas que deja la minería, que no significa otra cosa que procesos de remoción drástica de su cobertura vegetal natural y del sustrato geológico. Esto se acomete por deforestación de tala y quema, modificación de la topografía (incluyendo cursos de agua), que se manifiesta en la remoción y alteración de la capa geológica en forma de huecos, similar a la que deja un bombardeo aéreo; trochas, carreteras, cárcavas, montículos de material lavado…

 Además es seguro que hay una contaminación por causa del mercurio empleado en el proceso de separación del oro del material geológico aluvional o rocoso. Esta contaminación no solo por el vertido en el suelo y los cuerpos de agua, sino también por vapores que se adhieren a la vegetación circundante”.

Todos estos daños son generados en varias zonas del parque, en áreas terrestres y fluviales. Se estima que haya aproximadamente 44 sitios de explotación minera, aparte de las que aún no son conocidas “públicamente”. En los ríos y caños que confluyen en estas áreas protegidas, también se emplean balsas y dragas, fácilmente localizables por estar ubicadas en plenas líneas de navegación y dadas las voluminosas dimensiones de estas estructuras flotantes. Generalmente estas embarcaciones son dirigidas por colombianos y, en menor proporción, por brasileros.

Por último, continuamos compartiendo datos presentados por la organización SOS ORINOCO, donde refiere lo siguiente sobre la detección de áreas mineras por imágenes satelitales: “Las áreas de actividad minera dentro del Parque Nacional Yapacana fueron identificadas y verificada su exactitud geográfica mediante el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial de los sensores Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI, Sentinel 2y World View-2; todos disponibles en la plataforma de Google Earth Pro, United State Geological Service (USGS), Fundación Radiat 6 y la Agencia Espacial Europea (ESA). El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 36 sitios de actividad minera, todos ellos detectados mediante interpretación visual y digital de las imágenes satelitales, durante el periodo 2002–2018.

Los referidos sitios y datos constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la actividad minera dentro del PNY. No obstante, es importante destacar otros sitios de actividad minera de menor extensión que no pudieron ser identificados por los datos orbitales utilizados en el presente informe, puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (simétrica) y/o su verificación en campo para correcta verificación.

Por otro lado, las balsas mineras tampoco son detectables a través de este procedimiento. En este sentido, la cuantificación del área afectada por minería en el PNY descrita en este informe, se considera una subestimación del valor real.

Las actividades mineras dentro del PNY han sido reportadas desde los años 80. No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera masivo en el parque, detectable en las imágenes satelitales.

Ahora bien, lo más resaltante de la explotación minera en el PNY detectada es la velocidad y la intensidad de la intervención en los últimos ocho años (2010–2018), que representa cerca del 5.000% en relación a años anteriores”.

Con información OEP / Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía