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Ene 17, 2020 | Actualizado hace 1 semana
Minería ilegal avanza en Parque Nacional Yapacana
Calculan que 2.000 mineros ocupan el parque nacional actualmente

 

De los 44 parques nacionales de nuestro país, el Yapacana es el más afectado y con mayor grado de devastación, según informe de 2019 de la organización SOS ORINOCO.

“El impacto sobre sus ecosistemas no solo es en términos de superficie directamente destruida, sino, por el efecto radial y expansivo ocasionado por la presencia de aproximadamente 2.000 mineros que ocupan el parque nacional actualmente”.

En análisis del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), la minería en el Parque Nacional Yapacana (PNY), como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. En principio por una serie de consideraciones constitucionales que reconocen a esta zona – región características únicas y especiales de vital importancia para el planeta y la humanidad. Aparte de estas consideraciones genéricas, existen disposiciones de protección ambiental específicas, una de ellas es el Decreto 269 del año 1989 sobre la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas y, particularmente, el Decreto 2.980 del año 1978 (G.O. 2.417-E), que consagra a este parque nacional a tal categoría, por consiguiente está dotado de un régimen de uso y manejo especial, justamente como medidas de protección ambiental, y según criterio de GRIAM, también social.

Como en los anteriores casos analizados en el extenso de este trabajo de investigación, la figura jurídico ambiental que protege a este parque nacional está siendo igualmente violentado por los particulares, grupos irregulares armados en ejercicio de actividades ilícitas y también por la poca resolución el Estado en adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al complejo de normas mencionadas y a las medidas judiciales precautelativas dictadas por los tribunales penales de Amazonas en favor de los derechos ambientales y la diversidad biológica de nuestra Amazonía.

Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación, según el informe SOS ORINOCO.

La minería en este parque ya existía desde la década de los 80, pero en dimensiones muy pequeñas. Fue a partir de 2004 que el crecimiento esta actividad se aceleró vertiginosamente por una serie de consideraciones, una de ellas ha sido la política poco clara del gobierno venezolano en torno a la importancia de esta región y sobre la presencia de los grupos irregulares armados colombianos en esta zona, al punto, según indica el informe mencionado, de “haberle entregado el control de estos territorios y de la actividad minera a la guerrilla, hoy comandada por el ELN y que además le sirve de sustento financiero para otras actividades ilícitas».

Continúa indicando el informe SOS ORINOCO, sobre el Parque Nacional Yapacana: “Hoy en día en el parque nacional lo que más destaca son las huellas destructivas que deja la minería, que no significa otra cosa que procesos de remoción drástica de su cobertura vegetal natural y del sustrato geológico. Esto se acomete por deforestación de tala y quema, modificación de la topografía (incluyendo cursos de agua), que se manifiesta en la remoción y alteración de la capa geológica en forma de huecos, similar a la que deja un bombardeo aéreo; trochas, carreteras, cárcavas, montículos de material lavado…

 Además es seguro que hay una contaminación por causa del mercurio empleado en el proceso de separación del oro del material geológico aluvional o rocoso. Esta contaminación no solo por el vertido en el suelo y los cuerpos de agua, sino también por vapores que se adhieren a la vegetación circundante”.

Todos estos daños son generados en varias zonas del parque, en áreas terrestres y fluviales. Se estima que haya aproximadamente 44 sitios de explotación minera, aparte de las que aún no son conocidas “públicamente”. En los ríos y caños que confluyen en estas áreas protegidas, también se emplean balsas y dragas, fácilmente localizables por estar ubicadas en plenas líneas de navegación y dadas las voluminosas dimensiones de estas estructuras flotantes. Generalmente estas embarcaciones son dirigidas por colombianos y, en menor proporción, por brasileros.

Por último, continuamos compartiendo datos presentados por la organización SOS ORINOCO, donde refiere lo siguiente sobre la detección de áreas mineras por imágenes satelitales: “Las áreas de actividad minera dentro del Parque Nacional Yapacana fueron identificadas y verificada su exactitud geográfica mediante el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial de los sensores Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI, Sentinel 2y World View-2; todos disponibles en la plataforma de Google Earth Pro, United State Geological Service (USGS), Fundación Radiat 6 y la Agencia Espacial Europea (ESA). El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 36 sitios de actividad minera, todos ellos detectados mediante interpretación visual y digital de las imágenes satelitales, durante el periodo 2002–2018.

Los referidos sitios y datos constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la actividad minera dentro del PNY. No obstante, es importante destacar otros sitios de actividad minera de menor extensión que no pudieron ser identificados por los datos orbitales utilizados en el presente informe, puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (simétrica) y/o su verificación en campo para correcta verificación.

Por otro lado, las balsas mineras tampoco son detectables a través de este procedimiento. En este sentido, la cuantificación del área afectada por minería en el PNY descrita en este informe, se considera una subestimación del valor real.

Las actividades mineras dentro del PNY han sido reportadas desde los años 80. No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera masivo en el parque, detectable en las imágenes satelitales.

Ahora bien, lo más resaltante de la explotación minera en el PNY detectada es la velocidad y la intensidad de la intervención en los últimos ocho años (2010–2018), que representa cerca del 5.000% en relación a años anteriores”.

Con información OEP / Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía

8 pemones imputados por su presunta participación en la Operación Aurora
En la denominada operación un grupo de personas asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana

 

Este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acusó de “terroristas” al grupo de militares que realizó el asalto al Batallón 513 de la Gran Sabana bajo el nombre de Operación Aurora.

“Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón”, dijo en declaraciones a la prensa.

Afirmó que durante el asalto robaron 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. También, 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; también 6 pistolas.

Por el caso se imputaron a 18 personas, de las cuales 6 son militares y 12 son civiles, entre ellos hay 8 indígenas de la etnia pemón.

Por este caso, fueron imputados Edgar Valdés, Alex Caldera, Miguel Reyes, Ismael Guerra, Luis Tovar, Wilfredo Heredia, José Rondón, Edgar Verdú, Salvador Franco, Julio Delgado, Carlos García, Oscar Albenis Pérez, Amilcar Pérez, Lisandro González, Frederick Fernández, Fiasencio Mella, Carlos Fernández y un adolescente.

“Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Vale señalar que hay otros 15 implicados pendientes por capturar”, expresó Saab.

Ante ello, solicitó al fiscal general de Brasil iniciar el proceso de extradición contra los cinco militares que el gobierno acusa y que se encuentran en el territorio brasileño.

“Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado».

La denominada Operación Aurora tuvo lugar el 22 de diciembre, cuando un grupo de militares, acompañado por pemones, asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana.

En la toma murió un agente, y otro que lideraba la operación resultó herido y detenido.

Todos los demás militares e indígenas escaparon de la escena. Brasil informó que cinco de los funcionarios venezolanos involucrados en el alzamiento estaban en su territorio.

Los agentes iniciaron el proceso para que los acojan como refugiados.

En 2019 hubo 6 fallecidos y más de 35 mil casos de malaria en Amazonas
Hubo una disminución de más de 30% con respecto año 2018

 

Un reporte conocido del equipo de investigación de Kapé Kapé indicó que en 2019 hubo seis muertos y más de 35 mil casos de malaria en el estado Amazonas.

A pesar de los 35.654 casos confirmados hasta la semana 48 de 2019 en toda la entidad por las autoridades sanitarias, esto representa una disminución de más de 30% con respecto año 2018.

En el año anterior se registraron más de 50 mil casos anotados en las estadísticas de la Coordinación de Salud Ambiental de Amazonas.

De la especie vivax se registra más del 94% del tipo de paludismo que se padece en Amazonas y los municipios más afectados por la enfermedad son Atures, Autana y Manapiare.

En cuanto a las cifras de decesos reportada por Epidemiología Regional de Amazonas, para este año 2019 manejan una cifra de 6 personas fallecidas por malaria, una reducción de 60% con respecto al año 2018 cuando tienen registro de 15.

La mayoría de los fallecidos por malaria en 2019 en Amazonas son indígenas, resaltando los casos de 1 niña piaroa de 7 años de la comunidad Munduapo del Municipio Autana y un niño jivi de 8 años de la comunidad Limón de Parhueña, municipio Atures.

Las cifras conocidas por Kapé Kapé sobre la malaria en Amazonas concuerdan con la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud que señala que «en comparación con el año anterior, en 2019, Bolívar y Amazonas han reportado una reducción de 2,5% y de 24% respectivamente durante las primeras 41 semanas epidemiológicas. Con respecto al número de personas fallecidas por malaria, se ha observado una disminución y hasta la SE 41, se han notificado 100 defunciones en 2019 en comparación con 229 notificadas en el mismo periodo de 2018, lo que representa una reducción de la letalidad de 55,7%» señala el citado informe.

Pese a las cifras, Miguel Hernández, de la Dirección de Epidemiología Regional de Amazonas, consideró que 2019 fue un año de control y éxito. Atribuyó la disminución por segundo año consecutivo de la malaria en esta entidad a que se garantizó un buen stock de medicamentos y a la distribución de 100 mil mosquiteros impregnados.

Desde Kapé Kapé apostamos al esfuerzo mancomunado interinstitucional, a vencer todos los obstáculos que se puedan presentar como la burocracia ineficiente y las fallas de suministro de combustible, para que los equipos de trabajo puedan hacer las fumigaciones y traslado a los municipios a realizar las labores de combate al mosquito y tratamiento de los enfermos, sobre todo de la población indígena, mayormente afectada por esta enfermedad. Todo ello en aras de contribuir a seguir disminuyendo la incidencia de la malaria en Amazonas.

 

Con información de Kapé Kapé 

Comunidades de Amazonas bajo tensión por enfrentamientos entre grupos armados
Habitantes afirmaron que se trata de grupos armados ilegales de origen extranjero

 

Comunidades indígenas del eje carretero norte de Amazonas están preocupadas por los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional y grupos armados ilegales.

Habitantes de la zona afirmaron a Kapé Kapé, que se trata de grupos armados ilegales de origen extranjero que tienen una fuerte presencia en el estado Amazonas.

“Se pasean por aquí como si estuvieran en su casa y están tratando de llevarse a los muchachos, ofreciéndoles dinero y cosas” contó un habitante que reservó su identidad por miedo a represalias, además señaló que ha habido varios enfrentamientos entre los militares  y la “gente del monte” como les llaman en la zona.

Es de recordar que el 22 de diciembre en Picatonal, se dio otro de los combates entre estas dos fuerzas resultandos varios civiles y militares heridos, en algunas de las comunidades indígenas del eje norte hay un  toque de queda que mantiene a la población atemorizada por la escalada de violencia y tensión que se vive.

 

Con información de Kapé Kapé

El Orinoco amenaza con arrastrar una comunidad de waraos en el Delta
El choque de las aguas del Orinoco es la causa principal del peligro de ser arrastrados por las corrientes fluviales

 

El desgaste del terreno y el acelerado derrumbe de la franja protectora de la comunidad por la fuerza del rio Orinoco son parte del riesgo que se presenta para las familias de Pueblo Blanco.

Los habitantes de este caserío warao ubicado en la parroquia Juan Millán del municipio Tucupita, temen el colapso y el derrumbe de las viviendas por el desgaste progresivo que presenta en el dragado de la arena que protege las casas de 150 familias que conviven en el lugar, la situación de riesgo fue confirmada por Eulice Moya, dirigente del consejo comunal del sector.

En visita realizada por el equipo del Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé, se evidenció el deterioro y el desgaste permanente del terreno, el choque de las aguas del Orinoco es la causa principal del peligro de ser arrastrados por las corrientes fluviales.

Ante esta situación, Moya expone las diligencias realizadas ante las autoridades del estado Delta Amacuro “la gobernadora conoce la situación, las autoridades de la alcaldía han estado aquí en la comunidad y han palpado con sus propios ojos la urgencia de corregir la falla y, nada”.

De acuerdo al testimonio de los habitantes de Pueblo Blanco, el río ha cobrado mayor fuerza en los últimos tres años causando desprendimiento masivo de la tierra que sostiene a las familias en el lugar. Según las proyecciones de los habitantes,  la situación de desgaste debe ser corregida los más pronto posible por medio de un dragado, de lo contrario, la comunidad desparecerá dentro de tres a cinco años.

Su nombre “Pueblo Blanco” se debe en honor a su fundador, un comerciante margariteño de apellido Blanco que se destacó en el lugar y formó pareja con una indígena warao, dando origen a las familias radicadas en el lugar.

Sus habitantes son familias dedicadas a la pesca y al cultivo de crías de ganado bufalino. La pequeña capilla con nombre e imagen de la Virgen del Valle, es su preciado patrimonio, única infraestructura que permanece en óptimas condiciones en la comunidad.

La precaria situación de los servicios básicos se traduce en la falta de agua potable, consumen agua directa del rio, hay también deficiencia de las redes excretales, falta de transporte fluvial y ausencia total de medicina como parte de las necesidades prioritarias de la comunidad.

En Amazonas la desnutrición también afecta a los indígenas adultos
Los miembros del pueblo jivi son uno de los más afectados por la desnutrición

 

De acuerdo a los últimos datos obtenidos por el equipo de investigación de Kapé Kapé, en el mes de noviembre fallecieron 2 mujeres adultas cuyo diagnóstico incluye la desnutrición proteico-calórica entre otras causas.

Así conocimos el deceso de Maria Gaitán, de 57 años de edad, quien pertenecía al pueblo jivi. Era habitante de la comunidad Cerro Wayuli, ubicada en la vía a Samariapo, municipio Autana.

También falleció por desnutrición proteico-calórica Anais Mariño, de 32 años, perteneciente también al pueblo jivi y quien era habitante de la comunidad Puente Parhueña.

Adicional a estos adultos, también falleció un niño de 2 meses de nacido, del pueblo jivi y que habitaba en el área urbana de Puerto Ayacucho.

Estas nuevas víctimas fatales son una nueva evidencia de que los miembros del pueblo jivi son uno de los más afectados por la desnutrición, sobre todo la población infantil.

La poca alimentación, sumada a las precarias condiciones de vida en el entorno agudizan una situación en la cual las autoridades poco han hecho, más allá de suministrar una bolsa o caja de alimentos que no se corresponde con la dieta ordinaria de los pueblos indígenas y que carece de los nutrientes requeridos para una adecuada alimentación.

Indígenas denuncian que tienen cinco meses con desabastecimiento de gasolina
El principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial

 

Representantes de organizaciones indígenas denuncian que ya tienen cinco meses lidiando con el desabastecimiento de gasolina en el municipio Sucre del estado Bolívar, por lo que suministrar combustible se ha convertido en un mercado negro.

El cacique general de la organización Kuyujani de la Cuenca Caura y Erebato, Cayetano Pérez; y el presidente de Consejo de Pescadores Indígenas del sector Bajo Caura, Enrique Caura, exigieron al presidente Nicolás Maduro, así como al gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri y la alcaldesa Soraida Valor, explicación sobre lo qué está pasando con el abastecimiento de combustible en la zona.

Los líderes de estas organizaciones no se explican por qué dura tan poco la gasolina que llega al municipio, y afirman tener denuncias de que se despacha combustible en las noches cuando la estación está cerrada. “La gasolina se ha convertido en un mercado negro”.

El sustento de decenas de hogares de estos sectores depende de la pesca, no sólo para la venta, sino para el consumo en sus hogares. “Lo que están haciendo es destruirnos cada vez más, tenemos familias que mantener y no podemos estar todo los días en esa inmensa cola porque vivimos distanciados del municipio y se nos hace difícil regresar por la inseguridad que hay en la carretera y por vía fluvial”.

A propósito del tema de la seguridad, denunciaron la presencia de grupos de civiles armados que hacen vida alrededor del municipio, sometiendo a los habitantes de la población.

“Este grupo lo que hace es amenazar a la gente, apoderarse de los fundos y caseríos, quitar nuestras pertenencias. Hemos realizado varias denuncias a los cuerpos de seguridad, lo primero que no dicen es que no tienen transporte para hacer los recorridos por las comunidades y por último dicen que eso no es su correspondencia custodiar y velar por la seguridad de lo que hacen vida en los campos y en las comunidades indígenas”.

En el escrito recuerdan que el principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial, por tanto el combustible es de vital importancia para realizar sus actividades diarias.

“En nuestras comunidades tenemos ambulatorios, escuelas, pescadores, programas sociales y trabajos comunitarios que en estos momentos se encuentran paralizados y afectados por falta de este líquido para seguir contribuyendo para la comunidad y atender nuestra gente”.

Indígenas de Amazonas rechazan presencia de grupos irregulares en sus territorios
En un documento los indígenas manifiestan su desacuerdo con que algunas comunidades pretendan involucrarse con fuerzas irregulares

 

Tribunales de la jurisdicción especial indígena, organizaciones y habitantes de 29 comunidades uwottujas y multiétnicas de la cuenca del río Cataniapo, reiteraron su posición en contra de la presencia de grupos de civiles armados en los territorios que ocupan ancestralmente.

Mediante la decisión # 2019-0001 del Tribunal Superior de Jurisdicción Especial Indígena Huottoja de Cataniapo «Marihue`ca Huini`cu Yubacu» del Tribunal de Jurisdicción Especial Indígena Huottuja Las Pavas y de la Organización Pueblo Unido Huottuja de la cuenca del río Cataniapo, reiteran su intención de «vivir en paz y no con grupos armados» en sus territorios y por lo cual se pronuncian en total desacuerdo con la consulta que «se está dando por parte del grupo irregular denominado FARC» para tener presencia en territorios de la cuenca del Cataniapo en donde se encuentran comunidades desde San Pedro y San Pablo hasta San Rafael de Manuare.

En el documento los indígenas manifiestan su total desacuerdo con que algunas comunidades pretendan involucrarse a trabajar con fuerzas irregulares en su territorio, así como la aceptación de éstos por parte de personas no indígenas que habitan en algunas de las comunidades.

Ratificaron que solamente las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas  tienen la potestad de decidir sobre el territorio y que las autoridades de entes políticos como consejos comunales, Clap, comunas entre otros, no tienen derecho a aceptar o decidir si una fuerza irregular entra o permanece en el territorio indígena.

Esta decisión fue remitida al Circuito Judicial del estado Amazonas, Ministerio de los Pueblos Indígenas, Fiscalía Superior del estado Amazonas, Defensoría del Pueblo, ORPIA y a la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, para ser tomada en consideración, y se le otorgue carácter vinculante para casos similares, además de darle cumplimiento como un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano y como sistema de justicia propia de los pueblos y comunidades indígenas en aplicación de sus usos y costumbres.

En un pronunciamiento público realizado en la emisora Raudal 92.9 de Fe y Alegría y que pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el abogado indígena jivi Juan Alberto Díaz, señaló que cuando visitan las comunidades, los presuntos irregulares alegan tener un convenio con el gobierno nacional del cual no muestran ninguna constancia. Agregó que ofrecen ayudas a cambio de que les permitan estar en los territorios indígenas además de hacer una «limpieza» de delincuentes en las comunidades.

El abogado enfatizó que aun cuando los supuestos irregulares tengan algún convenio con el gobierno, como dicen, las comunidades  no aceptan su presencia ya que violaría sus derechos, usos y costumbres.

Sobre este caso emitió un pronunciamiento público la Defensora Delegada del Pueblo del estado Amazonas, Maria Daniela Maldonado, quien exigió respeto a la decisión tomada por los indígenas y que toda persona extraña salga de sus territorios. Llamó la atención de los organismos competentes a atender la situación planteada.