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10 historias de DDHH vulnerados que recordamos durante 2020

Los derechos humanos en Venezuela no están garantizados. Las violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos se repiten día tras día. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes son cometidos por la acción del Estado venezolano. 

La situación ha sido denunciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. 

En el informe de más de 400 páginas presentado este año ante la ONU por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos se le atribuyó responsabilidad directa de crímenes contra la humanidad a Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa y Justicia. 

En Runrun.es nos hemos dado a la tarea de contar estas historias para que nunca sean olvidadas. Aquí un top 10 de las más leídas durante el 2020:

DDHH olvidados | “No sé cuándo voy a volver a ver a mi hijo”

Deixic Castro no sabe nada de su hijo desde el 26 de junio de 2020. Ese viernes recién había llegado a su casa en San Juan de los Morros, estado Guárico, cuando se enteró que en horas de la mañana lo habían trasladado a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, a más de 270 kilómetros. No tiene los recursos económicos para pagar los altos costos del transporte y viajar hasta el estado Lara. Y, en caso de lograrlo, el esfuerzo sería en vano porque las visitas en las cárceles venezolanas están suspendidas desde la llegada del coronavirus para prevenir la propagación. 

Deixic no sabe si está bien, si lo alimentan o si en ese nuevo sitio de reclusión por fin recibe atención médica. Su preocupación no es exageración: a Hember Flores lo hirieron con perdigones en la cara en un presunto motín ocurrido el 16 de septiembre de 2019 en las instalaciones del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Guárico, sitio en el que estaba desde el 28 de febrero de 2018 cumpliendo su condena de 11 años y 8 meses por homicidio.

DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados 

Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”.

DDHH olvidados | Geraldine Chacón: “No soy completamente libre”

Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.

DDHH olvidados | El enero en que todo cambió 

Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. Dos meses luego de su detención, el tribunal le otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema. 

Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.

DDHH olvidados | Morir de hambre esperando la libertad

A Carlos Jiménez le cuesta describir lo que sintió cuando reconoció a su hermano en la morgue del hospital. Se sorprendió, se indignó, se asustó. Tenía mucho tiempo sin verlo. No puede evitar estremecerse cuando le viene a la mente la imagen de un cuerpo con la piel pegada a los huesos, un cuerpo distinto al que tenía en su memoria. morir

“Estaba totalmente desnutrido y acabado, era prácticamente un esqueleto. Los pómulos estaban hundidos, no tenía estómago y se le marcaban los huesos de la cadera y las costillas. Realmente nos sorprendimos con eso”. 

Los custodios del Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros hacían el conteo diario de los presos cuando se dieron cuenta que faltaba uno de ellos. Inspeccionaron las celdas y hallaron sin vida a Carlos Eduardo Jiménez. Eran las 5:00 am del martes 9 de junio. 

DDHH olvidados | “Me sacaron en paño y descalza de mi casa para matar a mi hijo”

El miércoles 17 de junio de 2020, entre las 05:40 a 6:00 de la mañana, Ana Edilia estaba preparando el desayuno, unos bollitos con queso acompañados con café.  A los pocos minutos comenzó a escuchar un ruido extraño en la puerta hasta que ingresaron los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

fue sacada de su vivienda en paño y descalza por los efectivos. Los uniformados buscaban a su hijo Wilber Antonio Romero Ruíz, de 25 años. El joven fue asesinado en la sala de su casa, situada en la calle Apure de El Valle, municipio Libertador de Caracas. No se trata de un caso aislado sino de una de las muchas ejecuciones extrajudiciales que ocurren en Venezuela. 

DDHH olvidados | La vida le cambió a la familia Hurtado

Alessandra Hurtado no conoce a su papá. Sabe quién es por las fotografías que hay en casa o por las publicaciones que diariamente hace su mamá en redes sociales, pero en su memoria no tiene ningún recuerdo del poco tiempo que pasaron juntos. Era solo una bebé cuando ese 24 de octubre de 2017 una cuadrilla de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo llevó detenido. 

Hirto Hurtado era trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la filial de occidente en el cargo de obrero aforador, medidor de tanques. Estaba trabajando en el patio de tanques ULE en Tía Juana, estado Zulia, cuando los efectivos llegaron y apresaron a toda la cuadrilla que se encontraba de guardia. 

Luzmer Pichardo, su esposa, se enteró de lo que ocurría por una llamada telefónica que le permitieron realizar a Hirto antes de que les fueran decomisados los celulares y otros objetos personales. Le pidió que le llevara cuatro mudas de ropa porque le habían notificado que sería trasladado a Caracas por unos cuantos días. Al menos, eso creían. 

DDHH olvidados | La muerte de Neomar Lander tiene una versión inaceptable

La muerte de Neomar Lander desde el principio estuvo llena de controversia y confusión. El joven de 17 años estaba protestando en la avenida Libertador, del municipio Chacao, cuando la explosión de un artefacto hizo que cayera al suelo. ¿Qué objeto causó su deceso? 

Hay dos versiones: manifestantes, vecinos y testigos que estaban en el lugar han contado que falleció cuando una bomba lacrimógena lanzada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le impactó en el pecho. Por otra parte, representantes del chavismo han asegurado que se debió a la explosión de un mortero. Estas versiones oficiales comenzaron a circular horas después de la muerte del muchacho, sin esperar resultados de autopsias ni otras pruebas. 

DDHH olvidados | “Mamá, me estoy ahogando. No puedo respirar”

Nick Samuel Oropeza Borjas fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Su madre no lo había dejado ir antes a una concentración política porque era menor de edad, pero el 8 de enero había cumplido 19 años así que lo dejó asistir acompañado de familiares.

El 23 de enero, noche en que murió Nick Samuel, fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. Aunque no tardaron mucho tiempo en trasladarlo en una camioneta a la emergencia del hospital Miguel Pérez Carreño, a pesar de las calles bloqueadas que encontraron en el camino, Nick Samuel llegó sin signos vitales.

Los doctores le dijeron a Ingrid que la bala, que tuvo entrada y salida, le perforó el pulmón y el riñón. “Eso es lo que llaman tiro de gracia, un tiro a matar. El que le disparó sabía lo que hacía”, cuenta Borjas. De acuerdo con el acta de defunción, el joven falleció por un “shock hipovolémico por herida de arma de fuego de proyectil único torácico-abdominal”. 

DDHH olvidados | Rubén González no piensa dejar la lucha sindical

Era de madrugada cuando Rubén González viajaba en carretera después de asistir al juicio de su compañero Rodny Álvarez y haber participado en una protesta laboral en Caracas. Pero no pudo llegar a su casa: el 29 de noviembre de 2018 lo detuvieron en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. 

“Me esposaron, me amarraron a un tubo y pasé toda la noche ahí, prácticamente a la intemperie y me llovió encima. Yo no aguantaba y pedí que me pasaran a los calabozos con toda la gente”. 

Fue trasladado al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil), anexo de La Pica. “Ahí me metieron en una celda pequeñita que le dicen ‘El tigrito’”. Ahí Rubén González estuvo más de 21 meses. 

El sistema de justicia en Venezuela trabajó menos de 10% durante 2020
La pandemia terminó por colapsar el sistema judicial en Venezuela, cuyos mecanismos digitales no contemplaron evitar los retardos procesales. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones, durante 2020 fallecieron al menos 10 internos de la cárcel de El Dorado

La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales en Venezuela. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, el abogado Luis Manuel Guevara, destacó que todo el sistema de justicia, tanto en casos civiles como penales, se vio afectado.

Para el 2 de julio, el TSJ implementó el sistema a distancia a través de su plataforma digital y empezó con Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua en el plan piloto hasta octubre cuando lo extendió a todo el país.

“En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez”.

Agregó que “el TSJ emitió ocho resoluciones donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional”.

La ONG Acceso a la Justicia denunció a finales de octubre que “pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal”.

Ausentismo laboral

Guevara se refirió también al colapso del sistema judicial por falta de personal. “Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida”.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, muchos empleados no se reintegraron a sus labores, principalmente por los míseros salarios que devengan, ya que ni siquiera les permite cubrir los gastos del pasaje diario. Los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares, aproximadamente.

Para 2021 se prevé que el gobierno implemente nuevamente cuarentena radical. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 de enero, pero dependerá de las medidas que tome el Ejecutivo nacional con respecto a la pandemia.

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DDHH olvidados | Una canción para recordar a Manuel Sosa
Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue señalado como el culpable del fallecimiento de Manuel Sosa durante una protesta en el estado Lara en mayo de 2017
El Ministerio Público no ha dado explicaciones sobre las diligencias realizadas para la detención del efectivo 

@ValeriaPedicini

“Y decirte que te extraño, aun cuando pasen los años jamás te olvidaré y siempre te guardaré en mi corazón”. Así dice la canción que Arturo Bello le escribió a su primo Manuel Sosa. Su madre y sus hermanas la han escuchado cientos de veces para recordar al joven asesinado en las protestas del año 2017. 

Es una melodía triste, lenta. Una canción que resume cómo la muerte de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 34 años, le cambió la vida a todos en la familia. 

Manu, como le decían cariñosamente sus amigos y allegados, fue la sexta víctima en fallecer en las manifestaciones de hace tres años en el estado Lara. En un registro llevado a cabo por Runrun.es durante 2017 en todo el territorio nacional, la cifra de muertos fue de 157. 

Salió a las calles de Barquisimeto a mostrar su descontento en las protestas de 2014, con la convicción de aportar a la lucha por un cambio. Sus conocidos recuerdan que Manuel soñaba de forma desmedida, sobre todo, con la libertad de Venezuela.

Con esa misma convicción Manuel salió a las calles en 2017, después de que la oposición convocara a los venezolanos para rechazar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que usurpaba las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Aunque Manuel trabajaba en un puesto de comida rápida y los horarios le complicaban asistir todos los días a las marchas. Aprovechaba a hacerlo los días miércoles y jueves, cuando estaba libre. 

Era uno de los líderes de los jóvenes de la “Resistencia”. Así que el 24 de mayo se reunió con sus compañeros, antes de la marcha que tendría lugar al día siguiente. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Insistía en que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) irían con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.

El jueves 25 de mayo fue a protestar cerca de su residencia después de acompañar a su papá a llevar a su hermana al trabajo y de desayunar juntos con su mamá. Manuel estaba en el distribuidor del sector Valle Hondo de la ciudad de Cabudare en el estado Lara, donde había un pelotón de la GNB. Las horas pasaban y pasaban, nada que regresaba a almorzar. 

Su padre le mandó un mensaje y Manuel le contestó que pronto iría a casa. Salió a buscar a su hija al trabajo y se encontró a su hijo. “Cuídate”, fue lo último que le dijo a su padre. 

Los testigos que estaban en el lugar cuentan que alrededor de las 3:00 de la tarde, uno de los efectivos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar a los manifestantes de la protesta. Manuel ya estaba en camino a su casa, pero cuando escuchó las detonaciones y vio que uno de los muchachos cayó herido, Manuel corrió al distribuidor a ayudarlo y alejarlo del peligro.

El funcionario volvió a disparar, ahora directamente a Manuel. La bala lo impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda. Lo hirieron gravemente, pero en un último esfuerzo se levantó, saltó el elevado y caminó hasta su urbanización. Los vecinos lo auxiliaron y él les pidió que no lo dejaran morir porque tenía un hijo de cinco años que cuidar. 

Fue trasladado a la Clínica Quirúrgico Los Leones y lo metieron a quirófano. Estuvo en terapia intensiva donde luchó por su vida hasta las 11:40 de la noche cuando murió luego de sufrir un paro respiratorio. 

“Solo así pudieron silenciar una voz valiente, que resistió con coraje y se propuso luchar por un mejor país”, expresó a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón uno de los amigos de Manuel que no quiso dar su identidad por miedo a represalias. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares.

Aunque su familia denunció la actuación de los efectivos de seguridad del Estado, pensaron que no sabrían quién había sido el culpable por la cantidad de funcionarios que había ese día en el sitio donde Manuel murió. 

Pero 22 días después de lo sucedido valiéndose de testimonios, evidencias físicas y demás pesquisas de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, se logró determinar que el primer teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo de 30 años, adscrito en el Destacamento 123 de Cabudare, fue el presunto responsable de disparar el arma que le quitó la vida a Manuel Sosa. 

La Fiscalía 23 con competencia en Derechos Fundamentales solicitaron una orden de captura, pero fue en vano porque más de tres años después de la muerte de Manuel, la justicia no ha llegado. 

 

La detención de Arenas Castillo no se ha llevado a cabo y hasta fue “premiado” en un acto público. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.

Familiares de Manuel han denunciado que el Ministerio Público no da respuesta, ni a ellos ni a sus abogados, sobre las diligencias realizadas para la aprehensión de Arenas Castillo, y mucho menos se evidencia en el expediente que la investigación haya sido dirigida hacia la cadena de mando.

“A más de tres años del asesinato de mi hijo, el caso está totalmente paralizado, ninguna institución se pronuncia mientras el funcionario señalado de matar a Manuel sigue libre, y hasta fue premiado por su actuación al ser ascendido al grado de Capitán”, contó su padre Alejandro Sosa.   

“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido  desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, manifestó su primo Arturo Bello. 

“Y que el futuro ya sin miedo calme todos los desvelos del ayer”, dice también Arturo en la canción que le escribió a Manuel, con la esperanza de que los días ayuden a aliviar el dolor de la pérdida. 

DDHH olvidados | Ángelo Quintero murió por una bala y la escasez de medicinas
Luego de tres años, el homicidio de Ángelo Quintero Rivas aún no ha sido investigado por el Estado venezolano

@fefamaya

El merideño Ángelo Quintero Rivas soñaba un mejor destino para su familia y para Venezuela. En 2017, el merideño anhelaba construir una casa para su hijo, pero la crisis socioeconómica que afronta Venezuela era un gran obstáculo.

Constructor y electricista de profesión, Ángelo Rafael Quintero Rivas nació el 20 de julio de 1989. Resultó herido el 28 de junio de 2017, cuando se registraba una protesta en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida. Quintero no logró superar las graves consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Tras una larga lucha, murió a la edad de 28 años en las instalaciones del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En un contexto de protestas políticas por el descontento del pueblo venezolano con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese miércoles, Quintero se encontraba en la calle San Isidro del sector El Trapichito, en la localidad de Ejido, junto a un grupo de vecinos que salieron de sus casas a demostrar su descontento por la crisis humanitaria.

Apenas transcurridos unos minutos, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron el lugar junto a colectivos armados que decidieron acabar la protesta de manera violenta. La situación fue confusa. En medio del tiroteo, una bala impactó la cabeza de Ángelo, en el parietal derecho. 

Yurlexi Rivas, enfermera y hermana de Ángelo, relató a Runrun.es que horas antes, lo llamó a su celular para decirle que no fuera a visitar al niño porque la situación en esa calle estaba muy delicada con la guardia y la policía. No hizo y fue.

“A las siete de la noche recibí una llamada del celular de mi hermano, pero no era él, era otra voz, aseguraba ser un comandante y me informó que Ángelo estaba en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. Me pidió que me fuera para allá, pero no me dijo qué le había pasado”, comentó Rivas.

Ángelo fue llevado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes donde permaneció durante ocho meses. Después de una larga lucha para salvarle la vida, falleció por la falta de un antibiótico que nunca se consiguió por más que se hicieron diligencias y que se contactó a diferentes personas en otros países.

Impune como muchos otros

“El asesinato de Ángelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. Para la justicia es como si nada hubiese ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, confesó Yurlexy Rivas, a la organización Justicia, Encuentro y Perdón. 

Luego de tres años de aquellas protestas que estremecieron al país y a la comunidad internacional, Yurlexy Rivas renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, con el objetivo de determinar las responsabilidades y las sanciones, según lo establecido en la normativa legal vigente.

El relato del caso de Ángelo fue extraído de las crónicas reseñadas en el portal de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

ONG aseguran que informe de la ONU es el primero en señalar a responsables de violaciones de DDHH
La Misión establece una investigación para determinar si hay o no hechos que pudiesen considerarse como tratos crueles, torturas o crímenes de lesa humanidad
El informe demuestra que las violaciones a los DDHH no solo están vinculadas a la oposición política sino también al ciudadano común como un elemento de control social

@fefamaya

Ante el informe publicado por la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, nueve organizaciones declararon la importancia y relevancia que tiene la publicación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. 

El informe se publicó el 16 de septiembre de 2020, un año después de que se creara la Misión que llevó a cabo la investigación rigurosa. Este grupo se integró únicamente para investigar y realizar el informe de los hechos desde el 2014 hasta el 2017. 

Ofrece amplia información que demuestra que las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes de lesa humanidad documentados.

El informe asegura que “los servicios de inteligencia del Estado han jugado un papel integral en los patrones de violaciones cometidas”. También señala que las agencias de inteligencia identificaron objetivos, llevaron a cabo arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a los detenidos, principalmente en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario.

Runrun.es contactó a nueve organizaciones defensoras de derechos humanos para conocer su opinión sobre la publicación del informe. Estas fueron las reacciones de diferentes ONGs ante el informe publicado:

Acceso a la Justicia

El director de la organización, Alí Daniels, aseguró que es un informe mucho más duro con respecto a la situación venezolana, porque califica como crímenes de lesa humanidad lo que ocurre en Venezuela. Adicionalmente, indica que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los que dan las órdenes de acciones que terminan en la comisión de estos crímenes. También se involucra al ministro de la defensa y a los que hayan sido ministros de Relaciones Interiores del 2014 hasta hoy en día. 

“No solamente se indica que se cometen crímenes como desaparición forzada, torturas, respeto de disidentes políticos o personas que protestan, si no que también amplía el marco de las violaciones de derechos humanos a ciudadano común, es decir, involucra a las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y ahí establece un marco de actuación a través del cual, las FAES sobre todo, son responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, explicó.

Adicionalmente, agregó que el informe es muy importante porque demuestra que las violaciones a derechos humanos no solo están vinculadas a la oposición política sino también al ciudadano común como un elemento de control social y también esto es trascendente en la medida que se trata de una estructura del Estado no solo para controlar a la oposición sino también controlar a la sociedad a través de la violencia.

Observatorio Venezolano de Prisiones

La directora del Observatorio, Carolina Girón, indicó que lo más relevante del informe es la responsabilidad directa de altos jerarcas del régimen en la violación de derechos humanos de manera constante y sistemática sobre ciertos grupos de la población. Determinando un patrón que consiste en delitos de lesa humanidad.

Además, Girón señaló que es una misión que se integró nada más para investigar y hacer el informe de los hechos desde el 2014 hasta el 2017. Debido a tantas denuncias que se hicieron. Se ha hecho en Guatemala, en Myanmar, Ruanda, países donde estas misiones de las Naciones Unidas se han conformado para la averiguación a fondo de hechos de violaciones de derechos humanos.

“La publicación de este informe es la culminación de una parte de las investigaciones hechas hasta ahora. Quedaron muchos puntos en el tintero sobre todo del Arco Minero y los delitos ambientales, el tiempo no fue suficiente para seguir investigando”, dijo.

Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Mayda Hocevar, directora del Observatorio, afirmó que la determinación de la responsabilidad individual de altos cargos del gobierno tiene el carácter intencional, planificado, sistemático y generalizado de estos crímenes que los convierte en crímenes de lesa humanidad.

Hocevar explicó que se trata de un informe emitido por un equipo especial independiente la misión de determinación de los hechos, dirigido específicamente a documentar 4 tipos de crimenes contra los derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los tratos crueles y tortura y las detenciones arbitrarias cometidas en Venezuela desde el año 2014. Se trata precisamente de los crímenes más graves contra los derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece la responsabilidad individual y no de los Estados.

“Es el primer informe de su tipo realizado por un equipo independiente elegido por el Consejo de derechos humanos ONU del cual Venezuela forma parte. Permite cercar cada vez más a los violadores de derechos humanos. Esperemos que sirva de apoyo e impulse el proceso en la Corte penal internacional. El informe supone también un reconocimiento a las víctimas y sus familiares”, aseguró la directora del Observatorio. 

Convite

El cofundador de Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, dijo que lo más relevante del informe es el hecho de que se establezcan responsabilidades o indicios. Se debe tener en cuenta que la Misión no juzga, solo establece una investigación para determinar si hay o no hechos que pudiesen considerarse como tratos crueles, torturas, crímenes de lesa humanidad. Por tanto, este informe es relevante porque dice que sí hay indicios de que hay un patrón a través del cual se cometieron desde el Estado.

“Es importante que se publiquen estos hechos ya que deslegitima aún más a un gobierno que usurpa el poder. Esto puede generar que dentro del propio gobierno se abstengan muchos actores, militares o políticos, a querer incurrir en este tipo de prácticas. Esto siembra un precedente y deja claro que la justicia va a ir sobre todas esas personas que hayan dado órdenes, no se negaron a cumplir la orden de torturar y maltratar”, indicó Cabezas. 

Proiuris

El especialista en derechos humanos y asesor editorial de Proiuris, Édgar López, asegura que lo más importante es que la Misión haya dicho que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, lo cual implica la violación de derechos humanos realizada de manera sistemática y generalizada. 

Adicionalmente, reiteró que ante la falta de contrapesos institucionales en Venezuela que implican un déficit de democracia, la posibilidad más real de visibilizar este tipo de atropellos extremos que contienen crímenes de lesa humanidad está planteada solo ante estas instancias internacionales. 

“Esta misión se creó en septiembre del año pasado y contra todas las dificultades, incluyendo la pandemia y la nula colaboración del Gobierno, la Misión presentó en el plazo previsto este informe contundente que está muy bien fundamentado y responde al trabajo que las organizaciones de derechos humanos han venido realizando”, afirmó López.

Justicia, Encuentro y Perdón

Martha Tineo, especialista en derechos humanos de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el informe es una fotografía de la terrible crisis de derechos humanos que afronta Venezuela y avala las denuncias de crímenes de lesa humanidad abanderadas por diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y al ser ésta una organización encabezada por una víctima resaltamos que el testimonio de ellas haya sido eje central en esta investigación imparcial e independiente.

 “Es altamente significativo que el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, ocurra en momentos cuando el régimen bajo el mando de Nicolás Maduro se mantiene cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, ya no por reclamos de naturaleza política como ocurrió en el pasado reciente, sino por exigibilidad de derechos económicos y sociales en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja”, reiteró Tineo. 

Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui

La coordinadora de la organización, Milagros Carmona, destacó que fue de gran importancia el contacto directo que tuvieron los investigadores de la ONU con los familiares de víctimas en la documentación de casos e investigación. A pesar de que a Venezuela se le hicieron las recomendaciones por las violaciones de derechos humanos, el Gobierno venezolano no hizo nada para detenerlas. Más bien todo lo contrario, contribuyó con la creación de las FAES. 

Por otra parte el director institucional de la fundación, Alcides Magallanes, reiteró que la importancia de esta publicación radica en enterar a la opinión pública nacional e internacional de la situación de violación de los derechos humanos más elementales en Venezuela. Considerando que es el escrutinio de dominio público como la fuerza más importante en la lucha contra la barbarie.

Una Ventana a la Libertad

El coordinador general de la ONG, Carlos Nieto Palma, reiteró que este informe determina quienes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos. Es claro y minucioso en todo su contenido y refleja una exhaustiva explicación de cada uno de los hechos de los cuales ellos resaltaron en el informe. 

Además de tomar en cuenta a los presos políticos, Nieto señaló que también considera a ciudadanos comunes que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, los que han sido víctimas de violaciones por parte de las OLP.

“El mundo tiene que enterarse de que estamos ante un régimen que viola los derechos humanos, que no respeta los derechos humanos. Se ha convertido en un violador constante y permanente de los DDHH, no solamente de los que aparecen en este informe, a lo mejor hay muchas cosas más que este informe no trae pero que tampoco estaban en la Misión que les tocó a ellos investigar. La Misión tenía una especificidad única para investigar pero aspiramos que ahora se va a discutir si se les prorroga el tiempo de estudio de la situación de Venezuela”, aseguró. 

Transparencia Venezuela

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, aseguró que este informe es importante para todo el país, es un documento histórico. “Hay algunas consideraciones que son importantes porque es ver que un organismo internacional serio e independiente le está diciendo al mundo cosas que los venezolanos ya sabíamos y ya vivíamos”, dijo.

Para Transparencia Venezuela en particular, los párrafos 116-117 son de gran importancia. Ya que señalan, cosa que no había hecho el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que la corrupción en Venezuela tiene un papel en la violación de derechos humanos y que, además, hace falta una investigación mucho más profunda porque lo que ocurre en Venezuela con el tema de la corrupción trae consecuencias y es un factor motivador de la violación de DDHH.

De Freitas agregó que la corrupción en Venezuela no es lo mismo que ocurre en otros países, asegurando que es una gran corrupción que se instaló a través un patrón de corrupción de forma sistemática y generalizada desde el 2003 con la creación de las primeras misiones, el control de cambio y de precio y los inicios de los procesos de control de los poderes públicos.

“El informe cita un estudio de Transparencia Venezuela en el que se indica que actualmente hay alrededor de 80 casos que se están judicializando en las Fiscalías y tribunales de 21 países. Esto da una idea clara del alcance y presencia de la gran corrupción en la vida de los venezolanos”, dijo. 

 

Justicia, Encuentro y Perdón presentará documental “Contra el olvido: hambre, calle y represión”
Ante un público reducido el 22 de septiembre 

Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) anunció la exhibición del documental “Contra el olvido: hambre, calle y represión”, así como un informe general donde abordarán los estragos de la crisis y violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

En un programa radial, la abogada y defensora de derechos humanos adelantó que el audiovisual reúne testimonios de víctimas indirectas de los estados Zulia, Mérida, Barinas, Sucre, Bolívar y Lara que denuncian casos de ejecuciones extrajudiciales en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.

“Queremos mostrar las historias, visibilizar ante los venezolanos y el mundo las violaciones por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, llámese servicios públicos, atención médica, acceso a la alimentación, etc. Estas personas lamentablemente se han tenido que enfrentar al mismo patrón de represión que se ha utilizado antes para el control de manifestaciones por exigibilidad de derechos políticos”, lamentó Tineo.

Agregó que el audiovisual, con un tiempo de duración de 80 minutos, será proyectado a un público restringido, el próximo 22 de septiembre, “en aras de garantizar la seguridad de las víctimas, pero posteriormente pretendemos mostrarlo públicamente”.

No obstante, Tineo especificó que las personas interesadas podrán ingresar a la página web, redes sociales y plataformas digitales de Justicia, Encuentro y Perdón donde en lo sucesivo serán mostrados aspectos resaltantes del documental, a la espera de la presentación general.

“Estos testimonios serán acompañados por las declaraciones y opiniones de expertos en la materia como Susana Raffalli, Marco Ponce, Luis Buttó, Feliciano Reyna, Juan Carlos Gutiérrez y Joaquín Ortega, quien además es el guionista del documental”.

La coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón puntualizó que el documental y el informe buscan “documentar los crímenes cometidos, sensibilizar a la comunidad internacional y exigir la aplicación justicia, pero además proponen la construcción de memoria histórica junto a la sociedad venezolana”.

Los que no se rinden | Cofavic: No podremos alcanzar la justicia en Venezuela sin antes democratizar al país
Los responsables del Caracazo siguen impunes, tras 31 años de los hechos y 18 años del fallo de la CIDH que ordenó al Estado venezolano reparar esa violación de derechos humanos y sancionar a sus ejecutores
De Plan Ávila pasamos a Plan Zamora. De las fosas comunes de La Peste pasamos a las torturas de los esbirros del siglo 21 y más de 400 presos políticos. Y de las ejecuciones extrajudiciales de 1989 pasamos a las del Sebin y las FAES en 2014, 2017, 2019 y contando… 
“El incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad”, resalta Liliana Ortega
11.328 casos de ejecuciones extrajudiciales ha registrado Cofavic entre 2012 y 2020

 

@nelapalaciosr

El pasado 27 de febrero de 2020 se cumplieron 31 años de los sucesos ocurridos en Caracas que pasaron a la historia como “el día que bajaron los cerros” y que desencadenaron una ola de saqueos que fueron reprimidos con la fuerza militar venezolana tras la activación del Plan Ávila. 

Y hace 18 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, sentenció al Estado venezolano por lo ocurrido y exigió la indemnización de las víctimas, la justicia efectiva para cada uno de los casos y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (DDHH) documentadas en ese proceso.

El Estado venezolano indemnizó a las víctimas, pero sigue en mora con la justicia: los responsables de los hechos se mantienen impunes y ni siquiera la normativa de orden público se adecuó a lo exigido por la CIDH. 

De hecho, el Plan Ávila se volvió a aplicar en 2002 y en los últimos años la élite gobernante puso en marcha el Plan Zamora, que ha llegado a criminalizar la protesta hasta con juicios militares aplicados a civiles para controlar los estallidos sociales ocurridos en 2014, 2017 y 2019, que sumaron centenas de muertos más a los registros históricos. 

Las  torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado se han multiplicado en forma preocupante y han sido denunciadas ya incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial y la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido dos factores claves en esto. 

La fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, al igual que otros líderes de organizaciones de derechos humanos que siguen trabajando en el país pese al riesgo y las amenazas que enfrentan (121 ataques al menos), está convencida de que no podremos alcanzar la justicia en Venezuela si no se da antes un proceso de democratización.

“El Estado venezolano solo ha cumplido algunos puntos de la sentencia del Caracazo: las indemnizaciones y la publicación de la sentencia del tribunal interamericano. Quedan pendientes la investigación y sanción a los responsables y la identificación y entrega a los familiares de las víctimas de los restos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste y la adecuación de los planes de control de orden público al Derecho Internacional. Pero los hechos del Caracazo fueron un punto de inflexión para la historia política y social del país y algo positivo que se logró a partir de eso fue el crecimiento del movimiento de derechos humanos en Venezuela”, destaca Ortega.

En efecto, cuando Cofavic nació las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban a la defensa de los DDHH en Venezuela eran muy pocas (4 para ser exactos), pero en la actualidad son medio centenar con equipos bien estructurados que actúan a lo largo y ancho del país y que han logrado consolidar un movimiento emergente, con recursos y capaz de mantener la problemática de los derechos humanos en la agenda pública en forma permanente.

“Ahora la gente logra distinguir entre quienes hacen política partidista con el tema y el trabajo genuino de las ONG. Los derechos humanos son un tema que no es ajeno, como lo era en el 89, y esto obviamente también se debe a la gravedad de la crisis en este ámbito que tiene Venezuela, pero la contribución decidida y sistemática de las ONG ha sido un punto fundamental para lograr los niveles de incidencia que hoy existen. Cofavic es una muestra muy importante de que la lucha perseverante de las víctimas y el trascender del dolor individual puede contribuir a resultados positivos para contrarrestar la violencia y la impunidad”, acotó la abogada. 

La mayoría de las mujeres cofundadoras de Cofavic tienen un origen muy humilde, cuidaban a sus familias y eran costureras, cocineras, empleadas públicas, vendedoras informales y estudiantes.

En su momento, el Padre Trigo s.j. dijo a esas mujeres que ellas habían dado un aporte muy importante al país porque todos los días contribuían con su lucha a que las balas y la violencia no tuvieran la última palabra en Venezuela. 

Ortega comparte esa convicción. “En estos últimos 20 años hubo grandes retrocesos en derechos humanos, una crisis y un cierre del espacio cívico democrático sin precedente, pero hay que celebrar que esta situación se ha podido enfrentar con un movimiento de derechos humanos más fuerte, diversificado en sus temas y diseminado en buena parte del territorio nacional. Eso no existía en 1989 y creo que Cofavic contribuyó a lograr ese objetivo”, acotó.

Cuando el sistema internacional de defensa de derechos humanos se activó en el siglo 20, muchos confiaron en que vendrían mejores tiempos para la justicia en el planeta. Hoy parece estar ocurriendo algo en sentido contrario y muchos compatriotas, por ejemplo, se sienten decepcionados por la “efectividad” de la diplomacia multilateral a la hora de resolver crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela o la lentitud de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en cortes internacionales como la de La Haya. ¿Por qué llegamos a esto? 

Es cierto que los resultados cuantitativos obtenidos en materia de casos y amparo de víctimas han desestimulado a quienes tenían expectativas masivas en el ámbito internacional. Los sistemas internacionales son subsidiarios y atienden casos emblemáticos, por ello sus resultados no pueden satisfacer a la mayoría si el balance se hace en números. Luego de 30 años, el mundo democrático pasó de la protección de los derechos humanos basados en meros testimonios a un andamiaje internacional muy riguroso y de precedentes que hacen casi imposible que quienes cometen graves crímenes puedan escaparse del escrutinio y de la justicia internacional. Lo que causa frustración en la gente es que se sobreestimen las expectativas. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos no resuelven una crisis determinada, son parte esencial de la solución, pero no la única. En este ámbito es que en muchos casos no hay respuestas realmente rápidas. Sin embargo, el monitoreo y el seguimiento de los organismos internacionales es permanente e insoslayable y en general ha dado resultados. Quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad saben que su geografía se acorta cada día mientras estos delitos permanezcan en impunidad y se continúen agravando. La universalidad de los derechos humanos ha sido un paso muy importante que no admite retrocesos y que es una espada de Damocles permanente para los criminales. La jurisdicción universal es quizás el mejor alcance que ha tenido la globalización en el mundo. El movimiento de Derechos Humanos de Venezuela requiere, desde mi perspectiva, afianzar las buenas prácticas de litigio y documentación de casos con estándares internacionales. La fase de la mera denuncia pública ya no es suficiente por el alto nivel de rigor de los procedimientos internacionales. Muchos casos muy importantes pueden ser desestimados si no están bien fundamentados bajo estándares internacionales. 

Sí. Y respecto a eso de que “la justicia tarda, pero llega”, podríamos acotar que hace poco un tribunal de La Haya elevó de 40 años a cadena perpetua la condena que se impuso al serbiobosnio Radovan Karadzic en 2008 por genocidio, debido a la masacre que hubo en Srebrenica en 1995. Pero volvamos a Venezuela: ¿Cómo evalúa la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP)? 

En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, como un eje transversal. A pesar de la opacidad de las cifras oficiales, las existentes son suficientemente explicativas de lo anterior. Siguiendo los pocos datos oficiales que se conocen, en el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no se llega a fase de juicio. La provisionalidad de jueces y fiscales lesiona severamente la autonomía y esto resulta inadmisible luego de tantos años de haberse iniciado una reestructuración del Poder Judicial y de los otros organismos que componen el Poder Moral. La existencia de presos políticos y la verificación por parte de la ONU de la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados debidamente,  son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos. 

Y los abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia Covid19 son otro ejemplo de eso, el Estado de Alarma no es excusa para violar derechos humanos

 

Foro Penal habla ya de más de 400 presos políticos y aunque la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet pidió expresamente su liberación, así como la desactivación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ya documentados, el gobierno hizo caso omiso. En las últimas décadas, Venezuela involucionó mucho en materia de derechos humanos. ¿Cómo revertimos eso? 

La crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales y coyunturales que se han ido desarrollando y profundizando. Una razón transversal es la falta de independencia y correcta estructuración del Poder Judicial y de instancias con importantes competencias en materia de protección y promoción de los derechos humanos, tal y como el MP y la DP. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación destruyen el tejido social y crean una situación generalizada de desamparo y miedo que va permeando poco a poco a la sociedad. 

Si en Venezuela se logra abrir paso a un proceso de transición y democratización próximamente, ¿qué recomendaciones daría usted a los líderes de esa transición para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos? 

Creo que es determinante promover, garantizar y hacer efectiva la instalación de una sede país de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las experiencias comparadas indican que Naciones Unidas es quien tiene las mejores y mayores capacidades para el desarrollo de procesos de reestructuraciones de la justicia y promover y dotar de capacidades democráticas a organismos de seguridad del Estado, sistemas penitenciarios y a todas las instancias con competencias concretas en derechos humanos. Hay un cúmulo de recomendaciones de organismos de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuran la hoja de ruta esencial para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. No hay mucho que inventar en esta materia. Cofavic elaboró una agenda contra la impunidad que contiene un número importante de recomendaciones en este ámbito . Lamentablemente este valioso material no ha logrado la atención de los actores políticos. 

¿Qué cifras manejan ustedes actualmente sobre ejecuciones extraoficiales en Venezuela?

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, Cofavic ha realizado un monitoreo independiente a escala nacional. Hemos registrado hasta ahora un total de 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2020. Las cifras demuestran que sistemáticamente las víctimas son hombres (98% de los casos) y en su mayoría jóvenes menores de 25 años (75%). Además, el 66% de las ejecuciones extrajudiciales suceden durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implican despliegues de fuerzas militares y policiales y en algunos casos participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado.

¿Qué servicios ofrece Cofavic hoy en día? 

Actualmente, ante las restricciones derivadas del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tenemos restricciones horarias en nuestra sede, pero dada la contingencia hemos abierto estos servicios. Nuestra Línea de Atención Integral Telefónica está disponible de lunes a jueves desde las 9 am hasta las 4 pm. Y se ofrece Atención Psicológica (0424 2708638 y 0412 9602207) y Atención Jurídica (0424 1947373). En lo concerniente a nuestro acompañamiento jurídico, recibimos consultas en casos relativos a nuestra Misión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, debido proceso, ejecuciones extrajudiciales e integridad personal. Las consultas pueden efectuarse vía llamada, mediante mensajes de texto o también vía WhatsApp en el horario señalado. De igual modo, nuestros equipos Psicosocial y Jurídico están preparados para atender inquietudes por correo electrónico, para lo cual se encuentran activas las direcciones: [email protected] y [email protected] [email protected] 

¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

Actualmente trabajan 22 personas. COFAVIC posee un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, periodistas, abogados, trabajadoras sociales, geográfo y administradores. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas? 

Cofavic forma parte de la plataforma mundial Red SOS Tortura, la mayor coalición internacional que agrupa a más de 300 ONG, dirigida por la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza. Somos miembros fundadores de la Coalición de ONG de América Latina y del Caribe en el sistema interamericano y de la Red venezolana Foro Por la Vida.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden? 

Más del 90% de las personas beneficiarias del proyecto presentan indicadores de pobreza. Necesidades que en el presente contexto de cumplimiento de medidas de prevención ante el Covid-19, se han profundizado. Los grupos familiares se ubican en los estratos D y E, asociados a pobreza estructural, con dificultades para cubrir gastos de manutención, así como la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. De los casos actuales, el 92,3% de nuestras personas beneficiarias residen en barrios de zonas urbanas. El 44,4% se encuentran entre 51-60 años. El 76% de las personas que acuden a Cofavic a denunciar sus casos son mujeres y el 68% de quienes participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. El 66.6% de las personas que atendemos residen en Caracas y el Estado Miranda. El 69.23% son mujeres jefas de hogar. El 76.92% de las víctimas de casos de violaciones de los derechos humanos que atendemos han dejado hijos menores de edad (50% entre 6 y 10 años de edad). Más del 90% solo perciben el salario mínimo y en ellas el 84.61% no poseen un empleo fijo. El 66.6 % tienen una sola ingesta diaria alimenticia. El 61.53% son población con riesgo habitacional. 

¿En qué zonas operan? 

Cofavic ha documentado casos y realizado actividades de capacitación en más del 50% de los estados del país (15 estados) aunque no posee oficinas regionales, su método de trabajo basado en la articulación y fortalecimiento de organizaciones locales o regionales, le ha permitido acompañar a cientos de familias, sobrevivientes y víctimas. 

¿Cuentan con voluntariado? 

Sí, para actividades particulares de difusión, acompañamiento y capacitación. 

¿Cómo pueden ayudar a Cofavic las personas que estén interesadas en hacerlo? 

Pueden comunicarse a [email protected] 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las mayores amenazas? 

Cofavic ha podido desarrollar su misión en los escenarios más adversos para la sociedad civil en Venezuela, en sus inicios 1989, conjuntamente con ONG incipientes, durante el proceso constituyente, hasta en el actual contexto nacional, marcada por una profunda crispación política. Un reto general en estas circunstancias es mantener nuestra esencia, no partidizarnos y saber distinguir el rol que nos toca. Para Cofavic ese rol es siempre al lado de las víctimas. En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado Enemigos internos: la defensa de los derechos humanos bajo ataque, se reseña que en el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7 ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

7 casos emblemáticos

Cofavic reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional. 

Cofavic no solo litigó el Caso Caracazo Vs. Venezuela sino que ha litigado varios casos emblemáticos: 

Caso Víctor Aranguren y otros Vs. Venezuela (Masacre en un internado judicial Retén de Catia, 1992)

Familia Barrios y otros Vs. Venezuela 

Néstor Uzcátegui y otros Vs. Venezuela

López Soto y otros Vs. Venezuela (violencia de género) 

 Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela (Desapariciones Forzadas durante los deslaves en el estado VargasVenezuela 1999)

Y actualmente litiga el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Vs. Venezuela ante la Corte. 

 

Cofavic mantiene interlocución permanente con el sistema de las Naciones Unidas, así con diferentes plataformas regionales de organizaciones de derechos humanos. 

En materia de litigio internacional, se ha logrado jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, Regulación de Estados de Excepción, Defensores de Derechos Humanos y Debida Diligencia 

Cofavic coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente su razón de existencia. Sólo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten es que será posible que Venezuela pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y la justicia, para que sean éstas las que tengan la última palabra y nunca más la violencia”

“En lo personal, acompañar durante 31 años a las víctimas del Caracazo en su lucha contra la impunidad ha sido el mayor honor que he podido tener en la vida y la razón por la cual me he mantenido trabajando como defensora de derechos humanos”, concluye Ortega.

Las cofundadoras de Cofavic, todas mujeres venezolanas ejemplares, honestas y de principios firmes, han sabido resguardar su legado en estos tiempos tan convulsionados, manteniendo su independencia y compartiendo generosamente su trabajo y sus espacios para el beneficio de otros casos y no solo los de sus propios hijos. Es decir, como bien dice la canción, son mujeres “puro corazón, fuego y espuela”. Es un gran honor para nosotros compartir hoy de nuevo su historia.  

 

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El gremio ha sido perseguido, atropellado y abandonado

 

Denuncian detención de activista Henderson Maldonado
Varias ONG se unieron al reclamo por la aprehensión de quien se encontraba con pacientes renales

 

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención de Henderson Maldonado, uno de los abogados que pertenece a la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.

La información fue divulgada en la cuenta de Twitter de la ONG Movimiento Vinotinto donde aseguraron que Maldonado  se encontraba ante el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto acompañando a pacientes renales a solicitar tickets para surtir gasolina.

El abogado aparentemente se encontraba documentado y asesorando a los enfermos cuando fue apresado.

Organizaciones como Movimiento Vinotinto, Funpaz, Mapani, Codevida, el Observatorio Venezolano de Conflictos, Red Nacional de Activistas Ciudadanos y Justicia, Encuentro y Perdón,se unieron al rechazo.