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Los que no se rinden | Cofavic: No podremos alcanzar la justicia en Venezuela sin antes democratizar al país
Los responsables del Caracazo siguen impunes, tras 31 años de los hechos y 18 años del fallo de la CIDH que ordenó al Estado venezolano reparar esa violación de derechos humanos y sancionar a sus ejecutores
De Plan Ávila pasamos a Plan Zamora. De las fosas comunes de La Peste pasamos a las torturas de los esbirros del siglo 21 y más de 400 presos políticos. Y de las ejecuciones extrajudiciales de 1989 pasamos a las del Sebin y las FAES en 2014, 2017, 2019 y contando… 
“El incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad”, resalta Liliana Ortega
11.328 casos de ejecuciones extrajudiciales ha registrado Cofavic entre 2012 y 2020

 

@nelapalaciosr

El pasado 27 de febrero de 2020 se cumplieron 31 años de los sucesos ocurridos en Caracas que pasaron a la historia como “el día que bajaron los cerros” y que desencadenaron una ola de saqueos que fueron reprimidos con la fuerza militar venezolana tras la activación del Plan Ávila. 

Y hace 18 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, sentenció al Estado venezolano por lo ocurrido y exigió la indemnización de las víctimas, la justicia efectiva para cada uno de los casos y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (DDHH) documentadas en ese proceso.

El Estado venezolano indemnizó a las víctimas, pero sigue en mora con la justicia: los responsables de los hechos se mantienen impunes y ni siquiera la normativa de orden público se adecuó a lo exigido por la CIDH. 

De hecho, el Plan Ávila se volvió a aplicar en 2002 y en los últimos años la élite gobernante puso en marcha el Plan Zamora, que ha llegado a criminalizar la protesta hasta con juicios militares aplicados a civiles para controlar los estallidos sociales ocurridos en 2014, 2017 y 2019, que sumaron centenas de muertos más a los registros históricos. 

Las  torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado se han multiplicado en forma preocupante y han sido denunciadas ya incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial y la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido dos factores claves en esto. 

La fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, al igual que otros líderes de organizaciones de derechos humanos que siguen trabajando en el país pese al riesgo y las amenazas que enfrentan (121 ataques al menos), está convencida de que no podremos alcanzar la justicia en Venezuela si no se da antes un proceso de democratización.

“El Estado venezolano solo ha cumplido algunos puntos de la sentencia del Caracazo: las indemnizaciones y la publicación de la sentencia del tribunal interamericano. Quedan pendientes la investigación y sanción a los responsables y la identificación y entrega a los familiares de las víctimas de los restos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste y la adecuación de los planes de control de orden público al Derecho Internacional. Pero los hechos del Caracazo fueron un punto de inflexión para la historia política y social del país y algo positivo que se logró a partir de eso fue el crecimiento del movimiento de derechos humanos en Venezuela”, destaca Ortega.

En efecto, cuando Cofavic nació las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban a la defensa de los DDHH en Venezuela eran muy pocas (4 para ser exactos), pero en la actualidad son medio centenar con equipos bien estructurados que actúan a lo largo y ancho del país y que han logrado consolidar un movimiento emergente, con recursos y capaz de mantener la problemática de los derechos humanos en la agenda pública en forma permanente.

“Ahora la gente logra distinguir entre quienes hacen política partidista con el tema y el trabajo genuino de las ONG. Los derechos humanos son un tema que no es ajeno, como lo era en el 89, y esto obviamente también se debe a la gravedad de la crisis en este ámbito que tiene Venezuela, pero la contribución decidida y sistemática de las ONG ha sido un punto fundamental para lograr los niveles de incidencia que hoy existen. Cofavic es una muestra muy importante de que la lucha perseverante de las víctimas y el trascender del dolor individual puede contribuir a resultados positivos para contrarrestar la violencia y la impunidad”, acotó la abogada. 

La mayoría de las mujeres cofundadoras de Cofavic tienen un origen muy humilde, cuidaban a sus familias y eran costureras, cocineras, empleadas públicas, vendedoras informales y estudiantes.

En su momento, el Padre Trigo s.j. dijo a esas mujeres que ellas habían dado un aporte muy importante al país porque todos los días contribuían con su lucha a que las balas y la violencia no tuvieran la última palabra en Venezuela. 

Ortega comparte esa convicción. “En estos últimos 20 años hubo grandes retrocesos en derechos humanos, una crisis y un cierre del espacio cívico democrático sin precedente, pero hay que celebrar que esta situación se ha podido enfrentar con un movimiento de derechos humanos más fuerte, diversificado en sus temas y diseminado en buena parte del territorio nacional. Eso no existía en 1989 y creo que Cofavic contribuyó a lograr ese objetivo”, acotó.

Cuando el sistema internacional de defensa de derechos humanos se activó en el siglo 20, muchos confiaron en que vendrían mejores tiempos para la justicia en el planeta. Hoy parece estar ocurriendo algo en sentido contrario y muchos compatriotas, por ejemplo, se sienten decepcionados por la “efectividad” de la diplomacia multilateral a la hora de resolver crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela o la lentitud de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en cortes internacionales como la de La Haya. ¿Por qué llegamos a esto? 

Es cierto que los resultados cuantitativos obtenidos en materia de casos y amparo de víctimas han desestimulado a quienes tenían expectativas masivas en el ámbito internacional. Los sistemas internacionales son subsidiarios y atienden casos emblemáticos, por ello sus resultados no pueden satisfacer a la mayoría si el balance se hace en números. Luego de 30 años, el mundo democrático pasó de la protección de los derechos humanos basados en meros testimonios a un andamiaje internacional muy riguroso y de precedentes que hacen casi imposible que quienes cometen graves crímenes puedan escaparse del escrutinio y de la justicia internacional. Lo que causa frustración en la gente es que se sobreestimen las expectativas. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos no resuelven una crisis determinada, son parte esencial de la solución, pero no la única. En este ámbito es que en muchos casos no hay respuestas realmente rápidas. Sin embargo, el monitoreo y el seguimiento de los organismos internacionales es permanente e insoslayable y en general ha dado resultados. Quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad saben que su geografía se acorta cada día mientras estos delitos permanezcan en impunidad y se continúen agravando. La universalidad de los derechos humanos ha sido un paso muy importante que no admite retrocesos y que es una espada de Damocles permanente para los criminales. La jurisdicción universal es quizás el mejor alcance que ha tenido la globalización en el mundo. El movimiento de Derechos Humanos de Venezuela requiere, desde mi perspectiva, afianzar las buenas prácticas de litigio y documentación de casos con estándares internacionales. La fase de la mera denuncia pública ya no es suficiente por el alto nivel de rigor de los procedimientos internacionales. Muchos casos muy importantes pueden ser desestimados si no están bien fundamentados bajo estándares internacionales. 

Sí. Y respecto a eso de que “la justicia tarda, pero llega”, podríamos acotar que hace poco un tribunal de La Haya elevó de 40 años a cadena perpetua la condena que se impuso al serbiobosnio Radovan Karadzic en 2008 por genocidio, debido a la masacre que hubo en Srebrenica en 1995. Pero volvamos a Venezuela: ¿Cómo evalúa la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP)? 

En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, como un eje transversal. A pesar de la opacidad de las cifras oficiales, las existentes son suficientemente explicativas de lo anterior. Siguiendo los pocos datos oficiales que se conocen, en el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no se llega a fase de juicio. La provisionalidad de jueces y fiscales lesiona severamente la autonomía y esto resulta inadmisible luego de tantos años de haberse iniciado una reestructuración del Poder Judicial y de los otros organismos que componen el Poder Moral. La existencia de presos políticos y la verificación por parte de la ONU de la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados debidamente,  son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos. 

Y los abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia Covid19 son otro ejemplo de eso, el Estado de Alarma no es excusa para violar derechos humanos

 

Foro Penal habla ya de más de 400 presos políticos y aunque la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet pidió expresamente su liberación, así como la desactivación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ya documentados, el gobierno hizo caso omiso. En las últimas décadas, Venezuela involucionó mucho en materia de derechos humanos. ¿Cómo revertimos eso? 

La crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales y coyunturales que se han ido desarrollando y profundizando. Una razón transversal es la falta de independencia y correcta estructuración del Poder Judicial y de instancias con importantes competencias en materia de protección y promoción de los derechos humanos, tal y como el MP y la DP. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación destruyen el tejido social y crean una situación generalizada de desamparo y miedo que va permeando poco a poco a la sociedad. 

Si en Venezuela se logra abrir paso a un proceso de transición y democratización próximamente, ¿qué recomendaciones daría usted a los líderes de esa transición para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos? 

Creo que es determinante promover, garantizar y hacer efectiva la instalación de una sede país de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las experiencias comparadas indican que Naciones Unidas es quien tiene las mejores y mayores capacidades para el desarrollo de procesos de reestructuraciones de la justicia y promover y dotar de capacidades democráticas a organismos de seguridad del Estado, sistemas penitenciarios y a todas las instancias con competencias concretas en derechos humanos. Hay un cúmulo de recomendaciones de organismos de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuran la hoja de ruta esencial para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. No hay mucho que inventar en esta materia. Cofavic elaboró una agenda contra la impunidad que contiene un número importante de recomendaciones en este ámbito . Lamentablemente este valioso material no ha logrado la atención de los actores políticos. 

¿Qué cifras manejan ustedes actualmente sobre ejecuciones extraoficiales en Venezuela?

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, Cofavic ha realizado un monitoreo independiente a escala nacional. Hemos registrado hasta ahora un total de 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2020. Las cifras demuestran que sistemáticamente las víctimas son hombres (98% de los casos) y en su mayoría jóvenes menores de 25 años (75%). Además, el 66% de las ejecuciones extrajudiciales suceden durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implican despliegues de fuerzas militares y policiales y en algunos casos participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado.

¿Qué servicios ofrece Cofavic hoy en día? 

Actualmente, ante las restricciones derivadas del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tenemos restricciones horarias en nuestra sede, pero dada la contingencia hemos abierto estos servicios. Nuestra Línea de Atención Integral Telefónica está disponible de lunes a jueves desde las 9 am hasta las 4 pm. Y se ofrece Atención Psicológica (0424 2708638 y 0412 9602207) y Atención Jurídica (0424 1947373). En lo concerniente a nuestro acompañamiento jurídico, recibimos consultas en casos relativos a nuestra Misión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, debido proceso, ejecuciones extrajudiciales e integridad personal. Las consultas pueden efectuarse vía llamada, mediante mensajes de texto o también vía WhatsApp en el horario señalado. De igual modo, nuestros equipos Psicosocial y Jurídico están preparados para atender inquietudes por correo electrónico, para lo cual se encuentran activas las direcciones: [email protected] y [email protected] [email protected] 

¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

Actualmente trabajan 22 personas. COFAVIC posee un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, periodistas, abogados, trabajadoras sociales, geográfo y administradores. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas? 

Cofavic forma parte de la plataforma mundial Red SOS Tortura, la mayor coalición internacional que agrupa a más de 300 ONG, dirigida por la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza. Somos miembros fundadores de la Coalición de ONG de América Latina y del Caribe en el sistema interamericano y de la Red venezolana Foro Por la Vida.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden? 

Más del 90% de las personas beneficiarias del proyecto presentan indicadores de pobreza. Necesidades que en el presente contexto de cumplimiento de medidas de prevención ante el Covid-19, se han profundizado. Los grupos familiares se ubican en los estratos D y E, asociados a pobreza estructural, con dificultades para cubrir gastos de manutención, así como la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. De los casos actuales, el 92,3% de nuestras personas beneficiarias residen en barrios de zonas urbanas. El 44,4% se encuentran entre 51-60 años. El 76% de las personas que acuden a Cofavic a denunciar sus casos son mujeres y el 68% de quienes participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. El 66.6% de las personas que atendemos residen en Caracas y el Estado Miranda. El 69.23% son mujeres jefas de hogar. El 76.92% de las víctimas de casos de violaciones de los derechos humanos que atendemos han dejado hijos menores de edad (50% entre 6 y 10 años de edad). Más del 90% solo perciben el salario mínimo y en ellas el 84.61% no poseen un empleo fijo. El 66.6 % tienen una sola ingesta diaria alimenticia. El 61.53% son población con riesgo habitacional. 

¿En qué zonas operan? 

Cofavic ha documentado casos y realizado actividades de capacitación en más del 50% de los estados del país (15 estados) aunque no posee oficinas regionales, su método de trabajo basado en la articulación y fortalecimiento de organizaciones locales o regionales, le ha permitido acompañar a cientos de familias, sobrevivientes y víctimas. 

¿Cuentan con voluntariado? 

Sí, para actividades particulares de difusión, acompañamiento y capacitación. 

¿Cómo pueden ayudar a Cofavic las personas que estén interesadas en hacerlo? 

Pueden comunicarse a [email protected] 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las mayores amenazas? 

Cofavic ha podido desarrollar su misión en los escenarios más adversos para la sociedad civil en Venezuela, en sus inicios 1989, conjuntamente con ONG incipientes, durante el proceso constituyente, hasta en el actual contexto nacional, marcada por una profunda crispación política. Un reto general en estas circunstancias es mantener nuestra esencia, no partidizarnos y saber distinguir el rol que nos toca. Para Cofavic ese rol es siempre al lado de las víctimas. En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado Enemigos internos: la defensa de los derechos humanos bajo ataque, se reseña que en el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7 ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

7 casos emblemáticos

Cofavic reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional. 

Cofavic no solo litigó el Caso Caracazo Vs. Venezuela sino que ha litigado varios casos emblemáticos: 

Caso Víctor Aranguren y otros Vs. Venezuela (Masacre en un internado judicial Retén de Catia, 1992)

Familia Barrios y otros Vs. Venezuela 

Néstor Uzcátegui y otros Vs. Venezuela

López Soto y otros Vs. Venezuela (violencia de género) 

 Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela (Desapariciones Forzadas durante los deslaves en el estado VargasVenezuela 1999)

Y actualmente litiga el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Vs. Venezuela ante la Corte. 

 

Cofavic mantiene interlocución permanente con el sistema de las Naciones Unidas, así con diferentes plataformas regionales de organizaciones de derechos humanos. 

En materia de litigio internacional, se ha logrado jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, Regulación de Estados de Excepción, Defensores de Derechos Humanos y Debida Diligencia 

Cofavic coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente su razón de existencia. Sólo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten es que será posible que Venezuela pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y la justicia, para que sean éstas las que tengan la última palabra y nunca más la violencia”

“En lo personal, acompañar durante 31 años a las víctimas del Caracazo en su lucha contra la impunidad ha sido el mayor honor que he podido tener en la vida y la razón por la cual me he mantenido trabajando como defensora de derechos humanos”, concluye Ortega.

Las cofundadoras de Cofavic, todas mujeres venezolanas ejemplares, honestas y de principios firmes, han sabido resguardar su legado en estos tiempos tan convulsionados, manteniendo su independencia y compartiendo generosamente su trabajo y sus espacios para el beneficio de otros casos y no solo los de sus propios hijos. Es decir, como bien dice la canción, son mujeres “puro corazón, fuego y espuela”. Es un gran honor para nosotros compartir hoy de nuevo su historia.  

 

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El gremio ha sido perseguido, atropellado y abandonado

 

Denuncian detención de activista Henderson Maldonado
Varias ONG se unieron al reclamo por la aprehensión de quien se encontraba con pacientes renales

 

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención de Henderson Maldonado, uno de los abogados que pertenece a la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.

La información fue divulgada en la cuenta de Twitter de la ONG Movimiento Vinotinto donde aseguraron que Maldonado  se encontraba ante el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto acompañando a pacientes renales a solicitar tickets para surtir gasolina.

El abogado aparentemente se encontraba documentado y asesorando a los enfermos cuando fue apresado.

Organizaciones como Movimiento Vinotinto, Funpaz, Mapani, Codevida, el Observatorio Venezolano de Conflictos, Red Nacional de Activistas Ciudadanos y Justicia, Encuentro y Perdón,se unieron al rechazo.

ONG pide medida humanitaria para presos políticos frente al Covid-19
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un alerta a la OEA y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que intercedan ante esta petición

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado a instancias internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a fin de que intercedan para que Nicolás Maduro otorgue medidas humanitarias a los presos políticos en Venezuela.

En medio de pésimas condiciones, el panorama de una pandemia -agudizado frente al escenario de la Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país y las últimas directrices de inmovilización de las personas dentro de los principales estados de Venezuela-, se hace completamente cuesta arriba para los familiares de los presos políticos continuar atendiendo sus necesidades. 

Además,  dicha situación podría generar los más terribles desenlaces para los presos políticos, debido a que las familias son las encargadas  del suministro de agua potable, alimentos y medicamentos de los encarcelados injustamente. “Esto ocurre por el abandono de las autoridades de sus responsabilidades de garantizar los derechos constitucionales de los privados de libertad”, indicó el comunicado.

En el texto exhortan también a los integrantes del Grupo de Lima, a la Unión Europea, al Parlamento europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presionen al Gobierno de Venezuela y se pueda aplicar esta medida. Además denunciaron las condiciones de insalubridad en la que están los presos políticos que en su mayoría presentan problemas de salud.

El presidente del canal fue citado a declarar el próximo 26 de febrero por los delitos de corrupción

 

El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar ante la Audiencia Nacional Española el próximo 26 de febrero por el caso que se investiga en España sobre los hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

La jueza que investiga el presunto blanqueo de capitales sustraído de la petrolera, María Tardón, también citó a declarar como testigos a Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).

 

Gorrín está incluido en EE.UU en la lista de los más buscados por delitos de corrupción y blanqueo de dinero. 

 

El diario El Mundo reseñó que la justicia española impulsa averiguaciones para localizar el dinero sustraído de Pdvsa y transferido a España de manera presuntamente irregular.

La agencia Europa Press -citando fuentes anónimas- indicó que Gorrín fue solicitado porque él mismo pidió hacer presencia en la causa después de que la juez de Madrid dictara un auto en el que acordó embargarle fincas de las que es propietario en España.

El pasado 7 de octubre, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que había estado investigando a venezolanos afincados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez, entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.

Figuran asimismo en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma; Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y la mujer y uno de los hijos de José Roberto Rincón Bravo, magnate venezolano residente en EEUU y propietario de una finca agropecuaria en la provincia de Madrid, investigado también en la causa.

Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos. Gorrín se enfrenta en EE.UU. a nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Actualmente el empresario venezolano es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

 

*Con información de El Nacional y El Pitazo.

Expertos coinciden en que la justicia transicional debe tener como foco a la víctima
Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional
Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

 

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. “El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas”.

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. “Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia”. 

Foro Penal registra 478 presos políticos

GONZALO HIMIOB, director y vicepresidente de la ONG Foro Penal, dio a conocer este martes 10 de septiembre que la cifra total de presos políticos en el país es de 478.

A través de su cuenta en Twitter, Himiob informó que esos 478 presos políticos todos son adultos; 440 son hombres y 38 son mujeres, mientras que 371 son civiles y 107 son militares. También que al día de hoy 8906 personas se mantienen sujetas a medidas cautelares.

La organización que brinda asistencia jurídica gratuita, apoyo a familiares y víctimas de detenciones arbitrarias dio a conocer estas cifras un día después de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet presentara la actualización de su informe sobre Venezuela ante el comité de Derechos Humanos en Ginebra. 

El documento leído por Michelle Bachelet reza que “de acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.  Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales”.

Además, la Alta Comisionada informó que un miembro de su equipo fue autorizado para visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde el pasado 6 de septiembre. Agregó que avanzan en un protocolo y un calendario de visitas para los próximos meses, y que el gobierno se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales. 

La cifra de presos políticos actualizada por la organización no gubernamental el pasado 2 de septiembre se ubicaba en 476, de los cuales 438 eran hombres y 38 mujeres. Del total, 369 eran civiles y 107 militares.

Autoridades españolas determinarán si Carvajal será extraditado a Estados Unidos

HUGO “EL POLLO” CARVAJAL, uno de los militares más cercanos a Hugo Chávez aunque ahora confeso partidario de Juan Guaidó, fue capturado en España este viernes 12 de abril por acusaciones de narcotráfico y cercanía a actividades de grupos terroristas.

El militar venezolano se encontraba en España desde el 18 de marzo y fue necesaria una extensa investigación para localizarlo.  “Se trataba de un individuo que al haber dirigido los servicios de Inteligencia militar del régimen de Hugo Chávez conocía todos los trucos de la clandestinidad y era difícil de localizar”, reseña el periódico La Razón.

Los policías españoles, pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial colaboraron con los funcionarios de la Agencia de Aduanas Norteamericana (HSI) para localizar a Carvajal. Sabían que estaba en el barrio de Valdebebas y que poseía varios documentos falsos.

Dieron con él debido a que se valió de un pasaporte venezolano que figuraba a nombre de José Mourinho, un conocido entrenador portugués de fútbol. Actualmente se investiga si el documento es falso o pertenece a otra persona, reseña el diario español ABC.

El arresto se efectuó cuando salía de la residencia de su hijo, que vive legalmente en España. No opuso resistencia.

Este sábado 13 de abril será puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Comparecerá ante el juez Alejandro Abascal para determinar si se pone en libertad o se envía a prisión y, en este caso, si es extraditado a Estados Unidos, que lo reclama desde hace años, o a Venezuela en el caso de que se emita una orden de extradición.

Si Estados Unidos quiere que Carvajal sea extraditado a su país, debe aportar la documentación que sostiene la reclamación sobre el individuo. Contará con 40 días para hacerlo, según el procedimiento respectivo de las órdenes internacionales de detención (OID).

La UDEF intervino en el caso debido a que investiga varios casos referidos a Venezuela, y Carvajal figuraba en esta lista. Además, Estados Unidos exigía la detención, debido a que está imputado en este país por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Carvajal fue una pieza clave de Chávez para sostener actividades ilegales con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se estima que, por su rol como director de Inteligencia Militar, posee información sensible que podría usarse para futuras investigaciones sobre actividades delictivas del chavismo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió pruebas del grupo de inteligencia Insight Crime, que relacionan al exdirector de inteligencia militar con el narcotraficante Walid Makled. Este delincuente fue capturado, juzgado y condenado a 14 años de cárcel y confesó ante la Fiscalía que le pagaba a Carvajal 50.000 dólares a la semana para que le concedieran el permiso de mantener sus actividades de comercio de drogas.

Justicia peruana ordena la detención del expresidente Kuczynski por caso Odebrecht

EL EXPRESIDENTE PERUANO Pedro Pablo Kuczynski ha sido detenido este miércoles alrededor de las 9.15 de la mañana (hora local de Lima) en el marco de las investigaciones por blanqueo de dinero del caso Odebrecht. El Poder Judicial de Perú ordenó su arresto preliminar durante 10 días por la presunta participación en dos concesiones de obras adjudicadas a la constructora brasileña Odebrecht mientras ejercía cargos públicos en el país. Agentes de la Policía Nacional han ingresado esta mañana a su casa, desde donde un vehículo le conducirá al Instituto de Medicina Legal donde se le realizará un examen previo a su encarcelación.

La orden deriva de una investigación en su contra por los supuestos pagos que Odebrecht realizó a empresas ligadas al expresidente y su socio Gerardo Sepúlveda durante la época en que Kuczynski fue ministro de la Administración de Alejandro Toledo, quien se encuentra en busca y capturapor su implicación en la trama de la constructora brasileña. Kuczynski, quien en ocasiones anteriores ha rechazado cualquier irregularidad relacionada con el caso Odebrecht, ha comentado por teléfono esta misma mañana en el programa de televisión Panorama sobre la orden de detención: “No tengo una opinión, me parece ridículo, gracias”. Su abogado ha declarado que la medida es arbitraria y que será apelada.

La justicia peruana también dispuso la detención preliminar de la secretaria del exmandatario Gloria Jesús Kisic y de su exchófer José Luis Bernaola. El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana pidió además que se autorice el allanamiento de cuatro inmuebles, uno de ellos la casa de Kisic, y tres oficinas.

Las autoridades ya registraron dos domicilios de Kuczynski en los distritos limeños de San Isidro y La Molina, en marzo del año pasado, y desde entonces el ex jefe de Estado (2016-2017) tiene prohibido salir del país. El registro ocurrió un día después de que presentara su renuncia al cargo de presidente, en medio del escándalo que produjeron las revelaciones de los pagos que había recibido de Odebrecht en la década pasada.

El exmandatario, de 80 años, ha sido el primer presidente en ejercicio en América Latina en dimitir del cargo por sus supuestos vínculos con Odebrecht. El caso ha salpicado además a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, todos bajo investigación de la Fiscalía. Odebrecht admitió en 2016 ante las autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.

La constructora pagó a Kuczynski por consultorías a través de dos de sus empresas, Westfield y First Capital, entre 2007 y 2015. Además, cuando era ministro del Gobierno de Toledo en 2006, firmó un decreto que respaldaba financieramente a la transnacional brasileña como una garantía para asegurar los pagos en un contrato de concesión.

La orden de detención preliminar, allanamiento e incautación se refiere a la participación de Kuczynski en presuntos actos de corrupción en las concesiones de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.