En el marco de una crisis de justicia marcada por la opacidad procesal, es decir, la falta de claridad y transparencia en el proceso de un trámite, y la persecución y desapariciones forzadas tras los eventos electorales de 2024, el abogado penalista y profesor universitario Joel García analizó los obstáculos estructurales que enfrenta actualmente el sistema penal venezolano, durante la transmisión en vivo del programa “Aprende con Marino” el pasado 4 de mayo.
García sostuvo, en este programa especial con el defensor de derechos humanos, que el problema central del país no radica en la falta de leyes, sino en la ausencia de la voluntad política e independencia judicial.
El defensor recordó la cantidad de presos políticos que se mantienen las rejas y calificó la Ley de Amnistía como un “fraude” por su limitado alcance.
Para García, el hablar de justicia en el contexto venezolano es “forzar el concepto”, ya que el jurista destacó que el país padece de una “justicia alternativa revolucionaria” que ignora los principios de accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, idoneidad y la obligación de que sea “equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas” establecidos en el artículo 26 de la Constitución.
El retroceso del sistema penal
Durante el conversatorio se evaluó la posibilidad de una nueva reforma penal. García fue crítico con los cambios legislativos realizados desde 1999. Según el experto, las siete reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) han sido en realidad alteraciones que han vuelto al sistema cada vez más “disruptivo y regresivo“.
Uno de los puntos señalados fue la figura de los presidentes de circuitos judiciales. García explicó que estos funcionarios han sobrepasado sus atribuciones administrativas, limitadas por el artículo 508 del COPP, para intervenir directamente en las decisiones de los jueces, decidiendo así quién obtiene libertad, quién queda preso, qué acusaciones se admiten, a quién se allana, porque todo se le debe consultar.
“Lo que necesitamos es independencia judicial. Si no hay independencia, usted puede tener las leyes que le dé la gana, puede tener a las personas más estudiadas del universo, pero si no hay independencia no tenemos justicia. Entonces, la verdadera transformación de la justicia viene dada si realmente ese poder judicial va a ser independiente. Porque sabemos que el poder judicial o el tsj ha sido el causante de todas las desgracias. en venezuela se ha gobernado por sentencias (..,.) quien sostiene al poder a estas personas es el poder judicial”, sentenció Joel García.
Los riesgos de la justicia a distancia
El centro dominante en los procesos judiciales recientes, especialmente en casos de terrorismo, ha sido la imposición de defensores públicos y la restricción de abogados de confianza. García explicó que aunque existan defensores capaces, “están atados de manos” porque no pueden denunciar torturas o apelar a arbitrariedades, lo que reduce el derecho a la defensa.
El abogado también advirtió sobre los problemas de las audiencias telemáticas, es decir, cuando el juicio se realiza a distancia utilizando la tecnología. Señaló que en materia penal violan el derecho a la defensa y el principio de inmediación, el cual exige el contacto directo del juez con las partes involucradas.
García relató una de sus experiencias personales asistiendo a presos políticos en estas audiencias a distancia. Algunos procesados cuentan que, al estar aislados en las cárceles, se sienten amenazados por funcionarios armados y encapuchados que no aparecen en cámara durante los juicios, pero que los acompañan durante toda la audiencia.
“Es una violación al derecho a la debida defensa.Yo necesito tener a mí patrocinado a mi lado. Yo necesito tenerlo sentado a mi lado, porque soy yo el técnico quien le debe dar las instrucciones, soy yo quien le debe explicar qué está pasando en el proceso” (…) Al imputado debo tenerlo en la sala para poder asesorarlo, como establece el código penal”, explicó.
La urgencia del habeas corpus
Ante los casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, como las denunciadas recientemente en Carabobo y Distrito Capital mencionadas durante la charla, García resaltó que el habeas corpus -como garantía de poder comparecer de forma inmediata y pública ante un juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad- es la acción más urgente del sistema jurídico actualmente.
De igual forma, criticó las trabas administrativas y el rechazo de documentos por “formalismos irrelevantes”, como el tipo de papel o la falta de dirección de algún organismo.
El jurista instó a no normalizar los problemas administrativos y a los abogados a mantener un compromiso ético y crítico. “Si usted conoce nuestra Constitución, a usted no le van a violar sus derechos o por lo menos usted va a hacer que se le respeten”, concluyó García, invitando a los ciudadanos a formarse en la defensa de sus derechos.
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