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Transparencia Venezuela: Discurso anticorrupción de Maduro no es compatible con lo hecho en su gestión

“VENEZUELA TIENE ADVERSARIOS MUY PODEROSOS Y DAÑINOS (…) el peor de todos es el corrupto y la corrupta, el indolente que daña la función pública y al pueblo, es peor que todo el imperialismo junto”, aseguró Nicolás Maduro al juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia como el presidente de la República, un acto rechazado por la comunidad internacional, líderes de oposición y sociedad civil quienes desconocen su investidura dadas las innumerables irregularidades de las elecciones de mayo de 2018.

En más de cinco ocasiones Maduro se refirió al corrupto como el principal enemigo a vencer y aseguró que desea llevar a cabo una lucha “moral y espiritual” por la honestidad, la eficiencia y los buenos servicios. El discurso contradice lo hecho durante su gestión, período en el que se develaron grandes casos de corrupción en el país en los que están involucrados funcionarios públicos y empresarios cercanos al gobierno que no han sido responsabilizados. En los últimos 6 años también se siguió allanando el camino para que creciera la corrupción.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en 2017 Venezuela quedó como el país más corrupto de América Latina y entre los 11 peores del mundo. Además, en reiteradas ocasiones desde Transparencia Venezuela se ha advertido que no existe en el país ningún sistema de protección de lo público, por el contrario, la alta opacidad de la información pública, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de autonomía en los sistemas de control y la impunidad, son signos característicos en toda la administración pública.

La organización ha insistido en que la eliminación de la autonomía e independencia de los poderes públicos es el centro medular de la posibilidad de que en Venezuela se hubiese instalado un sistema con rasgos cleptocráticos. Se ha referido a que el hecho más importante que ha afectado la lucha contra la corrupción y ha favorecido la impunidad ha sido la eliminación de facto de los controles que debe ejercer la Asamblea Nacional, así como la designación exprés de Magistrados del TSJ solo por su afinidad a los interés del gobierno y la provisionalidad de los jueces de instancia y fiscales.

El poder judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están a merced de Nicolás Maduro y han sido cómplices en la legalización de la opacidad. Además, las políticas públicas diseñadas e implementadas por el Estado como el control de cambios y control de precios han generado incentivos a la corrupción, los cuales a pesar de la crueldad de sus efectos en los ciudadanos especialmente en la adquisición de alimentos y medicinas, se han mantenido por parte de quienes están en el gobierno.

Muchos acusados pocos castigados

Uno de los casos de corrupción que más ha sonado recientemente es el que involucra al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, quien recibió sobornos para privilegiar a ciertos empresarios en la entrega de divisas. El ex funcionario está siendo juzgado en Estados Unidos y en el desarrollo del caso se ha develado la participación de empresarios como Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, en Venezuela. Las investigaciones en el país norteamericano tienen varios años, pero no fue sino hasta abril de 2018 cuando la justicia venezolana pidió la extradición de Andrade. No se conoce de ninguna investigación contra los empresarios involucrados, quienes siguen en el país.

Otro de los casos que más sonó en 2018 fue el de la operación Money Flight que investiga Estados Unidos. En medio de un férreo control de cambio la empresa Ranton le prestaba a Petróleos de Venezuela millones de bolívares que debían ser pagados por la estatal durante los 180 días siguientes, pero en dólares, que luego eran revendidos a precios muy por encima de su valor. En el caso están involucrados más de 20 personas entre ex funcionarios públicos, empresarios cercanos al gobierno y familiares. Pese a que se trata de un caso por 1,2 millones de dólares no se conoce de ninguna investigación en Venezuela.

Además, destaca el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó sobornos para garantizar que les asignaran obras en distintos países, entre ellos Venezuela, de acuerdo con las delaciones. Desde 2014 se conoce del hecho, sin embargo hasta la fecha no se tiene conocimiento de la imputación o inicio de averiguación en contra de alguno de los funcionarios públicos venezolanos que suscribieron contratos con la empresa. Contrariamente la acusación efectuada contra los familiares del Ministro Haiman El Troudi fue dejada sin efecto.

Presidente de Perú dice que Maduro instaló

EL PRESIDENTE DE PERÚ, MARTÍN VIZCARRA, afirmó que este jueves se instaló en Venezuela “un régimen ilegítimo y dictatorial” con el inicio del nuevo mandato de Nicolás Maduro.

“Un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina”, señaló Vizcarra en un mensaje en Twitter.

El gobernante peruano se pronunció de esa manera después de que Maduro asegurara este miércoles que “no lo conoce” y calificara de una “estupidez” la medida dictada por Perú que le prohíbe a él y a casi un centenar de altos dirigentes de su régimen, así como a sus familiares, entrar en su territorio.

La Cancillería de Perú también llamó a consultas a la encargada de Negocios de la embajada peruana en Venezuela, Rosa Álvarez, quien está encargada de la legación peruana en Caracas, al iniciarse el “ilegítimo” período presidencial” de Maduro.

Perú ratificó, además, su pleno respaldo a la Asamblea Nacional venezolana, elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015, y reafirmó su “inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho” en ese país.

El viernes pasado, los cancilleres del Grupo de Lima, formado por 14 países de América, acordaron en la capital peruana no reconocer, a excepción de México, el nuevo periodo de Maduro porque lo consideraron la consecuencia de un proceso ilegítimo.

Perú mantiene una activa oposición al Gobierno de Maduro, al que considera una dictadura, desde que en julio de 2016 asumió el Gobierno Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido mantenida y profundizada por el actual gobernante Martín Vizcarra, quien lo sucedió tras su dimisión en marzo de 2017.

Maikel Moreno se extravió y Maduro apuró el discurso en el búnker del TSJ

En un acto corto y frío, Nicolás Maduro juró ante el Tribunal Supremo de Justicia mandar durante el periodo 2019-2025

“Verificando, el, elm, elm, verificando, la, eh … Procurando en todo momento cualquier amenaza o agrasión (sic) a las garantías de los derechos y libertades de todos los venezolanos así como la soberanía e independencia de la patria de Venezuela…”. Así, sin ritmo ni encanto de orador, terminó la última frase del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, antes de juramentar a Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025. Durante seis segundos -que en cámara parecieron seis años- el presidente del TSJ olvidó su parlamento y debió buscar en los apuntes para cumplir el protocolo del tenso acto de juramentación.

Después del bache de Moreno, a las 12 en punto y con la mano zurda, Maduro juró “a nombre del pueblo de Venezuela, por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaicaipuro, por el Negro Primero y nuestros pueblos afrodescendientes”, entre otros protagonistas del imaginario chavista.

En la Sala Plena, un búnker con poco acceso de señal telefónica y sin contacto con su base de apoyo popular -conformada el día de hoy a empleados públicos movilizados en buses oficiales-, Maduro dio un breve y poco emotivo discurso con énfasis en varios temas: reforzar la idea de la constitucionalidad de su elección el 20 de mayo de 2018 (cuestionada por la inconstitucionalidad del convocante); asegurar que hay una guerra imperial contra Venezuela y pedir que los gobiernos regionales se organicen para hallar concordia e integración.

El interlocutor que más mencionó Maduro fue Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, quien estaba sentado en el estrado junto con los representantes de los Poderes Públicos. En el público, solo los presidentes de El Salvador, Bolivia, Cuba y Osetia del Sur estaban presentes, además de representantes -ministros de Agricultura y Asuntos Rurales, por ejemplo- de 94 países, según Maduro, estuvieron presentes. Y, entre los invitados, la política colombiana Piedad Córdoba y el expresidente de Hondura Manuel Zelaya, con turbante y sin sombrero, respectivamente.

El acto, precedido por las noticias del no reconocimiento de más de 50 países de la legitimidad y legalidad del segundo gobierno de Maduro -además de mensajes no confirmados sobre cruzados sobre posibles quiebres dentro de las cúpula gobernante-, dejó pocas noticias. Apenas algunas frases para el recuerdo o el olvido, según se mire:

“Venezuela es centro de una guerra mundial”.

“No soy un magnate, ni he estudiado en Harvard ni en el comando Sur. Con el respeto de los que hayan estudiado en esas escuelas, nosotros no nos formamos en la escuela de los gorilas, de los golpistas”.

“A veces, entre tantos ataques, me pregunto ‘¿quién soy yo?’”.

“Pido perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que tienen miedo de vernos cara a cara, de escuchar nuestra verdad”.

“Planteo que, ojalá, un grupo de países latinoamericanos o algún país poderoso del continente, tomaran la iniciativa para la reunificación de América Latina y el Caribe”.

“En Europa nos quieren, nos ven con buenos ojos. ‘Los chalecos amarillos’ me mandaron un chaleco amarillo de regalo. Quizás fundemos unas seccional de ‘Los chalecos amarillos’ en Venezuela porque somos los rebeldes del mundo.

-Comment ça va?

-Très bien”.

“Empresarios europeos importantes, bien importantes, están viniendo a invertir. Una ola”.

“Le digo a la Unión Europea ‘¡Detente! No vengas con tu viejo colonialismo y tus viejas agresiones; no vengas vieja Europa con tu viejo racismo. Ya fue bastante lo que nos hicieron, ya fue bastante el esclavismo, el saqueo, durante 500 años”.

“Aquí llevo la llave que abre el sarcófago del Libertador y del lugar donde reposa el Acta de la Independencia de 1811 firmada por los libertadores originales”.

“Esta banda y esta llave no me pertenecen a mí sino al pueblo rebelde y soberano de Venezuela”.

Fuera de la sala plenaria del TSJ, gobiernos del mundo occidental y democrático, así como organismos internacionales, formalizaban el desconocimiento al nuevo periodo presidencial venezolano. Mientras tanto, Maduro y los suyos seguían en el búnker de su propio discurso.

Cinco presidentes acudirán a la juramentación de Maduro

LOS PRESIDENTES DE CINCO PAÍSES decidieron acudir al acto de juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela que se llevará a cabo este jueves en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de los comicios en los que el líder chavista obtuvo la reelección.

Los mandatarios de Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; y Osetia del Sur (un país no reconocido por Naciones Unidas), Anatoli Bibílov; encabezarán la lista de dignatarios que acompañen a Maduro mañana junto a otra veintena de representantes internacionales.

Una fuente del Gobierno chavista, que pidió conservar el anonimato, aseguró a Efe que son más de 100 delegaciones extranjeras invitadas al acto pero se negó a ofrecer más detalles al respecto.

Hasta ahora la cancillería venezolana ha informado sobre la asistencia del vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay; el vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Ilyas Umakhanov; el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, el viceprimer ministro de Bielorrusia, Igor Liashenko; y el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Changfu.

La lista de altos representantes internacionales la integran también el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Sanussi Barkindo; el ministro de Energía de Argelia, Mustapha Guitouni; y el ministro de Economía, Desarrollo, Petróleo, Comercio e Inversión de Belice, Erwin Contreras.

El canal estatal VTV y la agencia pública de noticias AVN informaron sobre la llegada al país de representantes de Antigua y Barbuda, la República Democrática del Congo y Mozambique, así como de dirigentes comunistas de Sudáfrica y Líbano; todos para respaldar el inicio del segundo período de Maduro.

Por parte de Brasil, hará lo propio la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, en tanto que países como Uruguay y México designaron a sus encargados de negocios en Caracas como representantes oficiales para este acto.

“Venezuela cuenta con un amplio respaldo internacional”, apuntó hoy Maduro en Twitter minutos después de que denunciase en rueda de prensa la intención de algunos gobiernos de convertir su acto de juramentación en una “guerra mundial”.

El antichavismo y varios países han alertado que no reconocerán a Maduro a partir del jueves, cuando inicie la “usurpación” de la Presidencia en Venezuela.

Por esta razón la mayoría de los países de Latinoamérica no enviará ningún representante a la toma de posesión, igual que lo harán Estados Unidos y la Unión Europea.

Maduro consiguió casi el 70 % de los votos en mayo pasado en una contienda en la que no participó el grueso de la oposición por considerarla fraudulenta entre otras razones porque los principales líderes antichavistas fueron inhabilitados para competir.

Julio Borges asegura que democracias del mundo desconocen a Maduro

EL DIPUTADO JULIO BORGES aseguró que “todas las democracias” del mundo apoyan al pueblo de Venezuela y “desconocen” al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que mañana tomará posesión para un nuevo mandato de seis años.

“A partir del 10 enero, Maduro es el usurpador del poder en Venezuela, todas las democracias del mundo apoyan al pueblo venezolano y están desconociendo a Nicolás Maduro”, dijo Borges a través de un video divulgado en sus redes sociales.

El Gobierno colombiano le concedió, en octubre pasado, el estatus de refugiado a Borges, uno de los acusados del atentado que sufrió el presidente Maduro el pasado 4 de agosto.

Borges recalcó que el hecho de haber tenido una posición firme es lo que ha permitido “la solidaridad el apoyo y el desconocimiento total de las democracias del mundo hacia un Nicolás Maduro que no solamente es dictador sino usurpador y jefe de un Estado que se ha convertido en un Estado criminal”.

Asimismo llamó a que a partir de mañana se debe “poner toda la presión” dentro y fuera de Venezuela para “lograr la transición y el desenlace hacia la paz, la democracia y el progreso”.

Maduro asumirá este jueves para otro mandato de Gobierno de seis años que concluirá en 2025, un nuevo periodo que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.

El gobernante ganó con amplio margen los comicios del año pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes.

España no tendrá representación oficial en la toma de posesión de Maduro

NINGÚN REPRESENTANTE OFICIAL DE ESPAÑA asistirá al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, que se llevará a cabo en Caracas mañana, 10 de enero, según han informado hoy a Efe fuentes oficiales españolas.

Maduro, quien gobierna desde abril de 2013, ganó con amplio margen los comicios presidenciales de mayo de 2018, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes.

La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró este lunes que jurará el cargo para “cumplir la voluntad popular” expresada en su triunfo electoral.
Este martes la Unión Europea (UE) volvió a pedir la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela al no reconocer los comicios de mayo en los que se impuso Maduro por considerar que no fueron “libres ni justos”.

Así, la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, recordó que el Consejo de la UE dejó clara su posición sobre la situación venezolana en diversas oportunidades a lo largo del pasado año.

El Consejo “consideró que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres ni creíbles”, puntualizó.

Aseguró que la UE “pide nuevas elecciones que sean libres y justas”, al igual que “se respete a la Asamblea Nacional, se libere a todos los presos políticos y se cumpla el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Por su parte, los 14 países americanos que conforman el denominado Grupo Lima acordaron el viernes pasado que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro por considerar que es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron no asumirlo mañana.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para este jueves con el fin de “considerar la situación” en Venezuela, reunión que coincide con la nueva toma de posesión de Maduro como presidente del país.

Provea frente al 10 de enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (Provea) emitió un comunicado en el que fija posición sobre el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025.

A continuación, el texto íntegro:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.
2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
3) Con las decisiones tomadas a partir de diciembre de 2015, que afianzaron un gobierno dictatorial y más excluyente, Nicolás Maduro perdió la legitimidad de desempeño en el ejercicio de sus facultades como presidente de la República. A partir del 10 de enero de 2019 tampoco poseerá legitimidad de origen en lo que pretende ser un segundo período presidencial en funciones.
4) La Constitución no prevé los mecanismos a seguir ante la instalación de un gobierno de facto consecuencia de un fraude electoral. Cualquier iniciativa para lograr la transición a la democracia debe promover la realización de elecciones libres, creíbles, y con garantías para la libre participación política mediante el sufragio de todos los electores y organizaciones, que restablezcan a corto plazo la plena vigencia de la Carta Magna de 1999. Para ello, la Asamblea Nacional juega un rol fundamental como el único poder público legitimado por el pueblo para conducir este proceso.
5) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser el marco de actuación tanto para los sectores que aspiren el regreso del Estado de derecho como para el proceso de reinstitucionalización democrático del país. Esta Carta Magna establece, en su artículo 138, que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
6) Reconocemos y alentamos todos los esfuerzos, tanto de los organismos internacionales de protección de derechos humanos como de la comunidad internacional, para aumentar las presiones diplomáticas que logren el pronto restablecimiento tanto del orden constitucional como de la propia democracia en el país. Apoyamos las sanciones individuales sobre funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, así como la aplicación de los diferentes mecanismos internacionales (Carta Democrática Interamericana, Protocolo de Ushuaia, entre otros) acordados soberanamente entre los diferentes países, entre ellos Venezuela, para abordar la ruptura democrática en cualquier Estado de la región. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otras comunicaciones, cuestionamos cualquier sanción económica contra el país que puedan agravar la ya precaria situación generada por la emergencia humanitaria compleja en salud, alimentación y pobreza.
7) Solicitamos a los países de la región que ante cualquier consecuencia derivada de la instalación del gobierno de facto que pretende instalarse en el país a partir del 10 de enero de 2019, se mantengan y generen todos los mecanismos posibles para continuar su observación y acompañamiento de la situación venezolana. Asimismo, se dé respuesta oportuna y adecuada, según los estándares internacionales sobre migración, a las solicitudes de asilo por razones políticas y estatus de refugio a los venezolanos que migren forzosamente del país como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y la persecución política.
8) Rechazaremos cualquier tipo de intervención armada a Venezuela como mecanismo de resolución de la crisis. Abogamos por acciones contempladas en la normativa internacional sustentadas en la reivindicación de la paz y los mecanismos diplomáticos.
9) Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de la región a denunciar la ausencia de legitimidad del gobierno de facto que pretende establecerse en el país a partir del 10 de enero usurpando funciones al margen de la Constitución de 1999 y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, los alentamos a solidarizarse con los esfuerzos de los sectores que promueven el regreso de la democracia a Venezuela.
10) Advertimos que la instauración de un gobierno de facto, no libra a los funcionarios en usurpación de funciones de su responsabilidad en el ejercicio del poder y las consecuencias de decisiones que violen y afecten la dignidad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ilegítimo al gobierno de sustituyó a Manuel Zelaya en Honduras, estableciendo que “el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.”
11) La respuesta frente la crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto.
12) A pesar de los obstáculos y adversidades, Provea y el resto del movimiento de derechos humanos venezolano continuaremos en el país documentando las violaciones de derechos humanos y acompañando a todas las víctimas, sin discriminación alguna, en su anhelo de verdad, justicia y reparación.

Centro de Justicia y Paz rechaza juramentación de Maduro

El CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ (Cepaz) emitió un comunicado en el que rechaza la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial. Además, reitera “todas las denuncias y propuestas” hechas “frente a la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela y a las vías para el rescate pacífico de nuestra democracia”.

A continuación, el texto íntegro:

El 15 de septiembre de 2017, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia, el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, presentó el informe “Estocada a la Democracia”, un análisis del proceso de crisis vertiginosa y agravada, tanto social, como económica y política del país. Este informe hace referencia al deterioro y la regresión que ha sufrido la democracia en Venezuela en los últimos 20 años, especialmente documentamos y denunciamos las acciones donde el Gobierno nacional y sus principales actores, arremetieron contra los pilares de las libertades democráticas en Venezuela, teniendo como estocada final la propuesta de la realización e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, adentrándonos en un nuevo capítulo muy oscuro de la historia venezolana, donde es evidente la existencia de un gobierno de carácter no democrático.

Así mismo en el mes de junio de 2018, Cepaz presentó el informe “Retrato de la convocatoria electoral del 20 de mayo de 2018 iniciativa de DENUNCIA, DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN POR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN VENEZUELA” a propósito del evento electoral efectuado el pasado 20 de mayo, en el que se llevó a cabo la elección presidencial. Esta iniciativa arrojó una serie de hallazgos que detallan las incidencias obtenidas entre el 23 de enero y el 22 de mayo de 2018, durante el desarrollo del evento electoral y su relación con el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. En esa oportunidad Cepaz concluyó que ese evento electoral no contó con las garantías y condiciones electorales para ser considerada una elección justa, equitativa y transparente, en el marco del respeto de los derechos humanos. Además, presentamos al país 10 recomendaciones de cuáles deberían ser esas garantías para poder contar con una elección auténtica en Venezuela.

En agosto de 2018 Cepaz presentó su reporte, “Deslave institucional: a un año de Asamblea Nacional Constituyente”, donde realizamos una exhaustiva revisión de las acciones adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desde su instalación el 4 de agosto de 2017, hasta el 15 de julio de 2018. En este informe recordamos las advertencias sobre la amenaza que representaba este órgano carente de toda legitimidad y funcionalidad democrática. No sólo por los vicios constitucionales derivados de su convocatoria, sino, además, debido al carácter supraconstitucional que se atribuye. Sin embargo, el propósito final de este informe fue demostrar con la documentación pertinente como las acciones llevadas a cabo por la ANC tienen como verdadero fin y naturaleza garantizarle al actual gobierno la permanencia en el poder a través de un órgano antidemocrático e inconstitucional. En este mismo informe dejamos claro que en Venezuela es necesario iniciar un proceso de reinstitucionalización del país, en el que se respeten las disposiciones constitucionales, sin atajos ni veredas que impliquen mayores violaciones a los derechos humanos, ni comprometan el desarrollo de Venezuela y nos permita generar la senda de paz y recuperación de la democracia.

Toda esta información fue presentada debidamente ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos que vienen dando cercano seguimiento a la situación de Venezuela.

Es por ello que ante la llegada del 10 de enero, fecha en la que de conformidad con nuestra Constitución se debería dar la juramentación del presidente o presidenta electa, en Cepaz reiteramos todas las denuncias y propuestas que hemos hecho frente a la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela y a las vías para el rescate pacífico de nuestra democracia.

En Venezuela tenemos una emergencia humanitaria compleja que día a día cobra el sufrimiento y la vida de miles de venezolanos y venezolanas. El orden democrático agoniza, y requiere una respuesta coherente, comprensiva de los actores llamados a responder frente a este reto de amplias dimensiones, es por ello desde Cepaz exhortamos:

A la Asamblea Nacional y todos los poderes públicos a respetar la Carta Magna y a desarrollar acciones encaminadas a la reinstitucionalización y restablecimiento del orden democrático en Venezuela de conformidad con la Constitución.
Al acompañamiento y posicionamiento contundente de actores de la comunidad internacional que ayuden al restablecimiento del orden constitucional y reconstrucción del sistema democrático, a fin de generar las condiciones que posibiliten un cambio político pacífico, al tiempo que puedan renovarse las instancias que configuran los poderes públicos y puedan darse las condiciones que permitan celebrar elecciones libres y transparentes. Bajo el entendimiento que la crisis compleja que vive Venezuela requiere una respuesta asertiva y coherente de los órganos internacionales, que combine de forma simultánea la acción humanitaria y la protección a los derechos humanos.

A la ciudadanía a no perder la esperanza, a ser parte de la historia, a sumarnos a un camino complejo de restaurar la república, con organización, con participación, bajo el ejercicio de nuestro derecho a tener una democracia y en combinación con un diálogo social diverso y plural, que nos permita ser parte de este reto de darle verdadera paz, libertad y justicia a las futuras generaciones en Venezuela.