«VENEZUELA TIENE ADVERSARIOS MUY PODEROSOS Y DAÑINOS (…) el peor de todos es el corrupto y la corrupta, el indolente que daña la función pública y al pueblo, es peor que todo el imperialismo junto”, aseguró Nicolás Maduro al juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia como el presidente de la República, un acto rechazado por la comunidad internacional, líderes de oposición y sociedad civil quienes desconocen su investidura dadas las innumerables irregularidades de las elecciones de mayo de 2018.
En más de cinco ocasiones Maduro se refirió al corrupto como el principal enemigo a vencer y aseguró que desea llevar a cabo una lucha “moral y espiritual” por la honestidad, la eficiencia y los buenos servicios. El discurso contradice lo hecho durante su gestión, período en el que se develaron grandes casos de corrupción en el país en los que están involucrados funcionarios públicos y empresarios cercanos al gobierno que no han sido responsabilizados. En los últimos 6 años también se siguió allanando el camino para que creciera la corrupción.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en 2017 Venezuela quedó como el país más corrupto de América Latina y entre los 11 peores del mundo. Además, en reiteradas ocasiones desde Transparencia Venezuela se ha advertido que no existe en el país ningún sistema de protección de lo público, por el contrario, la alta opacidad de la información pública, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de autonomía en los sistemas de control y la impunidad, son signos característicos en toda la administración pública.
La organización ha insistido en que la eliminación de la autonomía e independencia de los poderes públicos es el centro medular de la posibilidad de que en Venezuela se hubiese instalado un sistema con rasgos cleptocráticos. Se ha referido a que el hecho más importante que ha afectado la lucha contra la corrupción y ha favorecido la impunidad ha sido la eliminación de facto de los controles que debe ejercer la Asamblea Nacional, así como la designación exprés de Magistrados del TSJ solo por su afinidad a los interés del gobierno y la provisionalidad de los jueces de instancia y fiscales.
El poder judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están a merced de Nicolás Maduro y han sido cómplices en la legalización de la opacidad. Además, las políticas públicas diseñadas e implementadas por el Estado como el control de cambios y control de precios han generado incentivos a la corrupción, los cuales a pesar de la crueldad de sus efectos en los ciudadanos especialmente en la adquisición de alimentos y medicinas, se han mantenido por parte de quienes están en el gobierno.
Muchos acusados pocos castigados
Uno de los casos de corrupción que más ha sonado recientemente es el que involucra al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, quien recibió sobornos para privilegiar a ciertos empresarios en la entrega de divisas. El ex funcionario está siendo juzgado en Estados Unidos y en el desarrollo del caso se ha develado la participación de empresarios como Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, en Venezuela. Las investigaciones en el país norteamericano tienen varios años, pero no fue sino hasta abril de 2018 cuando la justicia venezolana pidió la extradición de Andrade. No se conoce de ninguna investigación contra los empresarios involucrados, quienes siguen en el país.
Otro de los casos que más sonó en 2018 fue el de la operación Money Flight que investiga Estados Unidos. En medio de un férreo control de cambio la empresa Ranton le prestaba a Petróleos de Venezuela millones de bolívares que debían ser pagados por la estatal durante los 180 días siguientes, pero en dólares, que luego eran revendidos a precios muy por encima de su valor. En el caso están involucrados más de 20 personas entre ex funcionarios públicos, empresarios cercanos al gobierno y familiares. Pese a que se trata de un caso por 1,2 millones de dólares no se conoce de ninguna investigación en Venezuela.
Además, destaca el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó sobornos para garantizar que les asignaran obras en distintos países, entre ellos Venezuela, de acuerdo con las delaciones. Desde 2014 se conoce del hecho, sin embargo hasta la fecha no se tiene conocimiento de la imputación o inicio de averiguación en contra de alguno de los funcionarios públicos venezolanos que suscribieron contratos con la empresa. Contrariamente la acusación efectuada contra los familiares del Ministro Haiman El Troudi fue dejada sin efecto.
