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Advierten que el gobierno se prepara para seis años más en el poder “sin legitimidad de origen”

La ONG Laboratorios de Paz alertó también sobre un nuevo posible ciclo represivo en el país "para acallar las voces disidentes" tras la eventual juramentación de Maduro el 10 de enero

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Redacción Runrun.es
Hace 2 meses

En su boletín de Escenarios Número 22 , la ONG Laboratorio de Paz advirtió que el actual gobierno de Venezuela se prepara para permanecer seis años más en el poder, a pesar de la controversia generada por el resultado electoral del 28 de julio.

A la pregunta de si se mantiene la posibilidad de resolver el conflicto por mecanismos políticos, la ONG concluyó: “Las autoridades se preparan para gobernar, sin legitimidad de origen, por seis años más. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica de Comunas, en la que se estipula la remoción de los voceros comunales si incurren en ‘conductas fascistas y neofascistas’. Diosdado Cabello, quien representa el ala dura del oficialismo, ha ganado influencia luego de la derrota electoral de Nicolás Maduro y de su jefe de campaña, Jorge Rodríguez”.

También, se refirieron a las tensiones diplomáticas que ha tenido recientemente el gobierno de Nicolás Maduro con sus aliados tradicionales, Colombia y Brasil. Comentaron que el comunicado publicado en X por el mandatario neogranadino, Gustavo Petro, respecto a la posible venta de Monómeros, es una muestra de “la actual ausencia de comunicación entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Miraflores”.

Sin embargo, resaltan que en el caso de Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva está dando señales de querer desescalar las fricciones con Maduro.  Hicieron alusión a una entrevista en la que Lula dijo que había que tener “mucho cuidado” cuando lidiaba con otros países y otros presidentes.

“Yo creo que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil (…) No puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme con no sé quién”, fue concretamente lo que expresó Lula, semanas después de varios impases diplomáticos con Caracas, a raíz de declaraciones del propio Maduro en la que señaló a la Cancillería de Brasil de trabajar para Estados Unidos, entre otros discursos altisonantes de sus voceros, como Jorge Rodríguez. Cabe recordar que el 30 de octubre de 2024 el gobierno venezolano llamó a consultas a su embajador Manuel Vadell. 

Advierten sobre nuevo pico represivo

Laboratorio de Paz, en su análisis de escenarios, también advirtió que es previsible que el régimen de Maduro intensifique la represión para acallar las voces disidentes tras su juramentación.

“La sociedad civil debe estar preparada para documentar de forma rigurosa cualquier violación de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos”, recomendaron. 

Llamados a evitar normalizar situación en Venezuela

El 12 de noviembre, voceros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para que se logre una transición pacífica en Venezuela, al tiempo que insistieron en que no se normalice lo que ha acontecido en los meses que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio.

“Tres meses y medio después de la elección nuestro mensaje es que lo que sucedió y lo que sucede no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades electorales de Venezuela siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales”, manifestó en la conferencia de prensa Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.

Indicó que han documentado casos de la represión violenta, la persecución política y la falta de libertad de expresión y añadió que estas “prácticas de terrorismo de Estado” tienen un impacto significativo en la democracia. 

Por su parte, la relatora del organismo, Gloria Monique de Mees, insistió en la importancia de un “esfuerzo diplomático multilateral coordinado” para apoyar a Venezuela “en una transición pacífica a la democracia”, y que también permita “restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses”.

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