Freddy Guevara: A 90 días seguimos más firmes y en la calle
Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó este jueves que los venezolanos siguen más firmes en estos 90 días de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
«A 90 días de resistencia, hoy seguimos firmes y en la calle. Continuemos unidos y con gallardía. La mejor en Venezuela está cerca», expresó el diputado por Voluntad Popular y uno de los principales impulsores de las manifestaciones.
Guevara llamó a la población a evitar la violencia y mantener las protestas pacíficas, pues de este modo es posible despojar al gobierno de sus «soportes».
«¡Llegó el momento de ser más y de continuar debilitando al régimen de Maduro!», indicó. (El Nacional)
Matheus solicitó al TSJ calificar «falta grave» del defensor del Pueblo
En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, consignó este jueves un documento ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este órgano califique la “falta grave” del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Con este recurso introducido ante el ente judicial se busca, según el diputado, que el Parlamento nombre a un nuevo defensor del Pueblo en base a lo establecido al artículo 279 de la Constitución, así como los artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el 25 de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
“El defensor del Pueblo, más allá de esas declaraciones retóricas (…) no ha adelantado ninguna gestión verdadera que vaya directo a la reparación de los derechos fundamentales de los venezolanos y que coopere con el castigo penal de quienes violaron los derechos humanos (DDHH)”, añadió Matheus a los medios desde las afueras de la sede del Poder Judicial. (El Universal)
Preparan huelga general para julio
El movimiento sindical autónomo realizará en julio una huelga general en defensa de los derechos democráticos y laborales que el gobierno de Nicolás Maduro pretende eliminar con la asamblea nacional constituyente. «Vamos a hacer uso de la huelga, mecanismo consagrado en la Constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT», informó Marcela Máspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores.
Señaló que desde mayo han celebrado más de 300 asambleas de trabajadores para organizar la paralización de actividades en todo el país y durante 48 horas en respuesta a las constantes y reiteradas violaciones del gobierno de los derechos laborales y de seguridad social previstos entre los artículos 86 al 97 de la Carta Magna.
Refirió que en la recién concluida Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, se le comunicó a la OIT la decisión de los trabajadores venezolanos de ir a la huelga en rechazo a la ANC. (El Nacional)
PNB reprimió a manifestantes en Altamira
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), dispersó a los manifestantes que se concentraban en la Plaza Francia de Altamira.
Los funcionarios dispararon bombas lacrimógenas desde las motos. Personas que transitaban por el lugar resultaron afectadas por los gases.
Este jueves la avenida Francisco de Miranda a la altura de Altamira, los manifestantes cerraron el paso con basura.
La oposición venezolana marchará hoy hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en rechazo a la asamblea nacional constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. (El Nacional)
Irak declara el fin de califato del Estado Islámico tras capturar simbólica mezquita de Mosul
El Gobierno de Irak anunció el jueves que sus tropas capturaron las ruinas de una mezquita de Mosul desde donde el Estado Islámico proclamó un califato hace tres años, luego de ocho meses de intensos combates para recuperar el control del otrora bastión del grupo insurgente.
Las autoridades iraquíes esperan que la prolongada batalla por Mosul termine en los próximos días, ya que algunos combatientes del Estado Islámico aún se encuentran agazapados en un puñado de vecindarios de la Ciudad Antigua.
La captura de la Gran Mezquita de al-Muri, una construcción de 850 años de antigüedad, constituye una victoria para las fuerzas de Irak tras los combates por el control de Mosul, que se había transformado en la capital de facto del Estado Islámico en el país.
«Su estado ficticio ha caído», un portavoz del Ejército de Irak, el brigadier general Yahya Rasool, a la televisión estatal. (Reuters)
Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional denunció en contra de distintos funcionarios del Gobierno ante el Ministerio Público, a quienes señalaron por haber violado derechos humanos y falsificado documentos, entre otros delitos.
El diputado Juan Miguel Matheus, acompañado del parlamentario José Guerra, acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Contralor General de la República, Manuel Galindo, por el delito de falsedad documental a propósito del procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.
Matheus señaló que «Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Tarek William Saab confesó públicamente que el acta del Consejo Moral Republicano del 16 de diciembre de 2015 carece de la firma de la Fiscal General de la República y de la Secretaria. Esto constituye el delito de Falsedad Documental y podría implicar de 3 a 6 años de presidio».
El diputado de Carabobo aclaró que «nunca hubo el proceso de preselección de candidatos por el Poder Ciudadano. Se designó a los magistrados con base en un documento falso con la firma -reconocida públicamente- de Tarek William Saab y Manuel Galindo».
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció en rueda de prensa la ausencia de la firma de la Fiscal y de la Secretaria del Consejo Moral Republicano en el acta del 16 de diciembre e indicó que el error fue subsanado en enero. Ante esta declaración, el diputado Matheus indicó que «a confesión de parte, relevo de prueba. Un error de esa naturaleza no puede ser subsanado a destiempo porque la designación fraudulenta de los magistrados exprés ocurrió el 23 de diciembre, sin que se diera la preselección que de acuerdo a la Ley debía hacer el Consejo Moral Republicano».
A cada uno de ellos, así como a quienes les cumplen órdenes: "Sabemos quienes son y no nos vamos a callar, estos son los rostros del terror" pic.twitter.com/uCtDfqxw6c
Por otra parte, la parlamentaria Gaby Arellano denunció a ocho jefes de las Regiones Estratégicas del Desarrollo Integral (Redi) en todo el territorio nacional.
Durante una rueda de prensa, la parlamentaria aseguró que estos generales son responsables de las “atrocidades” de las que ha sido testigo el pueblo venezolano en las últimas horas.
“Señores, lo que está establecido en el plan Zamora no se encuentra en la Constitución, por lo que cuando a ustedes los mandan a disparar o atacar ciudadanos en la calle no están defendiendo la Carta Magna ni al Gobierno, sino a una narcodictadura que con este plan lo único que ha desatado son atrocidades”, sentenció.
La dirigente de Voluntad Popular señaló que se presentaron en la Fiscalía para denunciarlos con nombre y apellido. “Esperamos las diligencias pertinentes del Ministerio Público sobre estas atrocidades”.
Diputados de la AN continuamos denunciando en la Fiscalía de las violaciones de derechos humanos por parte del REDI https://t.co/Yu87bSebkQ
Un grupo de diputados del partido político Primero Justicia introdujeron la mañana de este martes ante el Ministerio Público una denuncia por hecho punible para que se adelanten investigaciones sobre la brutal represión que ejecutaron miembros de fuerzas de seguridad del Estado durante las manifestaciones pacíficas.
Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, explicó que el incremento de la violencia se debe a la pérdida de apoyo popular del régimen de Nicolás Maduro. «Nicolás Maduro se encuentra solo y preso de su ambición. Pretende imponer el fraude constituyente y se enfrenta a un país que está decidido a defender la Constitución».
«Denunciamos un nuevo patrón de represión en el contexto del Plan Zamora que incluye perdigones con metras, disparos en horizontal, violencia en contra de periodistas, choque físico en contra de manifestantes, asedios a centros de salud, acoso a opositores en sectores populares, allanamientos ilegales, agresiones selectivas y reiteradas a diputados y líderes opositores, así como tratos crueles e inhumanos», señaló.
Matheus destacó la responsabilidad personal de funcionarios subalternos. «Acudimos al Ministerio Público para denunciar a los funcionarios que ejecutan la represión. En el futuro no podrán alegar que cumplían instrucciones de sus superiores. La Fiscalía es la titular de la acción penal. Se han cometido delitos muy graves y la Constitución es clara en sus artículos 29 y 261: delitos comunes, delitos de violación de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Y al Estado, a través de la Fiscalía, le corresponde investigar esos delitos».
Para finalizar, el diputado por el estado Carabobo hizo un llamado a la resistencia. «Estamos obligados a seguir en la calle. Mañana iremos al Consejo Nacional Electoral y daremos testimonio de fuerza popular. Nicolás Maduro no nos doblegará y quienes violen derechos humanos enfrentarán la justicia civil y ordinaria».
El diputado Juan Miguel Matheus denunció que 35 personas fueron secuestradas esta tarde por el llamado Plan Zamora en el Distribuidor El Trigal de Valencia en el estado Carabobo.
Matheus dijo que la gente estaba manifestando pacíficamente y fueron emboscados por un grupo de Guardias Nacionales.
El parlamentario denunció que pretenden levantarles un juicio militar.
PLAN ZAMORA ES DICTADURA. Secuestran a carabobeños que se oponen a la dictadura y pretenden someterlos a tribunal militar. pic.twitter.com/2YRQpLPjdn
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (UC) , Iván Uzcátegui, había alertado sobre la desmedida represión en el estado con la aplicación del Plan Zamora.
“Es el estado donde más han utilizado los organismos de inteligencia del Estado, como el Sebin, fuerzas de uso político, contra jóvenes y estudiantes que se encuentran en la calle. El día martes fueron detenidos jóvenes y estudiantes solamente por utilizar una bandera y sacar una pancarta”, advirtió.
Gerardo Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UC, añadió que marchaban en apoyo a “los estudiantes y a la juventud valiente que ha asumido una vanguardia de lucha en representación de toda la sociedad civil. Una sociedad civil que reclama que el gobierno retome los canales institucionales”.
Alrededor de 200 personas se encuentran detenidas en el Comando Regional 2 del estado Carabobo y ya 40 han sido presentadas ante tribunales militares como parte de la implementación del Plan Zamora en el Estado.
Así lo manifestó el diputado ante la Asamblea Nacional, Juan Miguel Matheus, en compañía de los también parlamentarios Carlos Paparoni, Marcos Bozzo y Jose Manuel Olivares.
«Es un horror al que quiere someter Nicolás Maduro a la población, no es otra cosa que la implementación por la fuerza de someter a civiles», dijo Matheus.
Matheus sentenció que a los detenidos se les ha imputado los delitos de agavillamiento e instigación a la rebelión, y fijado como centro de reclusión la cárcel 26 de junio en San Juan de Los Morros.
«Quieren instaurar tribunales militares para imputar manifestantes», señaló el diputado Olivares, quien además denunció que una tanqueta intentó atropellarlos.
Olivares hizo un llamado a la Fiscal General de la República a quien le pidió un pronunciamiento en vista de dichos acontecimientos.
El abogado perteneciente al Foro Penal, Luis Betancourt, denunció que la medida es ilegal, pues ningún civil puede ser juzgado por cortes militares.
Según dijo, la audiencia se desarrolló en un destacamento de la Guardia Nacional en Carabobo, donde tuvieron lugar entre el martes y el jueves pasados protestas y saqueos que dejaron al menos un muerto, varios heridos y detenidos, y decenas de comercios arrasados.
“Quedaron privadas de libertad por instigación a la rebelión y vilipendio”, indicó Betancourt.
Denunciamos que dos tanquetas pretenden pasar por encima de nuestros diputados mientras acompañaban a los familiares de detenidos #Carabobopic.twitter.com/NgT8FrHYd7
Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, ofreció declaraciones sobre la desaparición forzosa y torturas de las que fueron víctimas los hermanos Sánchez. “Hemos pasado de tener un gobierno golpista a sufrir un gobierno torturador que somete a la oposición política a tratos crueles e inhumanos”, indicó.
Matheus informó que mañana acudirán a “Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República para que se dé cuenta de la tortura de Alejandro Sánchez. También iremos a la Dirección de Tratos Inhumanos y Crueles de la Defensoría del Pueblo para que se de cauce a las investigaciones. Todo esto es el agotamiento de las vías internas para que Nestor Reverol pueda pagar internacionalmente por la tortura cometida al morocho Sánchez”.
El diputado del estado Carabobo indicó que se tienen identificados con número de cédula los nombres de 37 funcionarios del SEBIN, del CICPC y del Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas que participaron y colaboraron en la tortura de José y Alejandro Sánchez. “Todos los implicados en la desaparición forzosa y posterior tortura enfrentarán la justicia”, señaló.
El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia explicó que “la desaparición forzosa y posterior tortura de los hermanos Sánchez debe despertar la conciencia nacional o internacional. El SEBIN secuestró a los hermanos Sánchez y luego avanzaron en un estadio de crueldad: los torturaron. Acudimos a la Fiscalía General de la República para denunciar su desaparición forzosa y así le está dando curso ese Poder del Estado venezolano”.
“Nicolás Maduro, Nestor Reverol y todos los funcionarios que integran la estructura de represión y tortura deben entender que ninguno de estos crímenes quedarán impunes. Los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y son perseguibles dentro y fuera de nuestras fronteras. Ustedes tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional”, agregó.
Para finalizar, Matheus envió un mensaje al Defensor del Pueblo. “Tarek William Saab, su deber es relatar por redes sociales las aberraciones que comete este gobierno torturador. Su deber es promover y defender los Derechos Humanos de todos los venezolanos. Usted no es un mero observador. Si usted no quiere ser corresponsable de la tortura debe actuar en profundidad”.
El proceso comenzó el mismo viernes, cuando los diputados consignaron el documento ante el Poder Moral
Juan Miguel Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, respondió a la declaración de Tarek William Saab que sostiene no haber recibido solicitud de calificación de falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional.
«El viernes (31 de marzo) acudimos a la Defensoría del Pueblo en nombre de la Asamblea Nacional y consignamos el escrito de solicitud de calificación de falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional, que da inicio al procedimiento de remoción de esos mismos Magistrados ante la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución», precisó.
El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia emplazó al Defensor del Pueblo. «Tarek William Saab le mintió al país. La Asamblea Nacional consignó el documento. Si quiere detener los episodios de violencia provocados por seguidores del oficialismo que sufrimos quienes luchamos por rescatar el orden democrático le exigimos que se apegue a la Constitución y declare la falta grave de los Magistrados», sentenció.
Este sería el segundo paso para la destitución de los disputados después de que el mismo viernes 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, afirmara que había “ruptura del orden constitucional” derivadas de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“Procede que la Fiscal denuncie la falta grave de los Magistrados de la Sala Constitucional ante el Consejo Moral Republicano para su destitución”, explicó el abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera para Runrun.es.
Por su parte, la Asamblea Nacional debería designar directamente a nuevos magistrados, previa anulación de todas las designaciones de diciembre de 2014 y 2015, ya que actuaron como operadores políticos. Al respecto Matheus explicó que el proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional comenzó el mismo viernes cuando consignaron los documentos y continuará en la sesión del martes 4 de abril.
PESE A QUE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA suprimió la madrugada de este sábado partes de las dos sentencias que sustentaron el “autogolpe” a la Asamblea Nacional, Venezuela continúa sin Poder Legislativo según Transparencia Venezuela.
A juicio de la ONG, la presión de la comunidad internacional, las protestas de la oposición y la sorpresiva declaración de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, identificada con el oficialismo, lograron su cometido, pero solo parcialmente.
Los fallos publicados por la Sala Constitucional generaron malestar en la comunidad internacional y la oposición, lo que nadie pudo imaginar es que también provocaron una fisura en el bloque chavista. Ortega Díaz, admitió en una transmisión de Venezolana de Televisión que en las sentencias “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.
Concluyó que las últimas decisiones del TSJ “constituyen una ruptura del orden constitucional”, razón por la cual llamó a “la reflexión para que se tomen caminos democráticos” y se “rescate la pluralidad”.
Atendiendo al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, el TSJ borró fragmentos de los fallos mediante los cuales asumía las competencias de la Asamblea Nacional y eliminaba la inmunidad parlamentaria.
La pregunta es si ¿La Asamblea Nacional recuperó todos sus poderes? Para Transparencia Venezuela la respuesta es un rotundo no. Antes que el TSJ dictara estas últimas dos decisiones, en la práctica el parlamento ya estaba inhabilitado por los magistrados bajo el argumento de que se encuentra en “desacato”.
Desde que se instaló con mayoría opositora el 5 de enero de 2016, el TSJ ha firmado más de cincuenta sentencias contra el parlamento y el fue la del pasado 19 de agosto cuando la Sala Constitucional dio el zarpazo definitivo al “manifiestar inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, todos los actos emanados de la Asamblea Nacional mientras se mantenga el desacato”.
Sustentándose en el Poder Judicial, Maduro pasa por encima del Legislativo y entre otras cosas la Sala Constitucional aprobó la Ley de Presupuesto de este año, permitiendo al Presidente gobernar durante 14 meses con un decreto de emergencia económica.
La inmunidad parlamentaria no queda automáticamente restablecida con la enmienda de las sentencias 155 y 156. Al diputado Gilber Caro se le vulneró tal derecho al ser detenido en enero de este año y acusado de poseer armamento de guerra.
Aunado a eso el gobierno anuló los pasaportes de los diputados Luis Florido y Eudoro González, presidente de la Comisión de Política Exterior y jefe de la delegación de Venezuela ante el Parlamento del Mercado Común del Sur, respectivamente.
“Estas aclaratorias del TSJ no cambian nada. No lo hacen, pues la ruptura del orden constitucional en Venezuela no fue causada por esas sentencias, sino que fue resultado de un largo proceso que arrancó en 2015. Como se diría en criollo, esas sentencias fueron las gotas que derramaron el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno”, explicó José Ignacio Hernández.
¿Qué dicen la sentencias?
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, reza el apartado 4.4 de la sentencia 156.
Por su parte, en la 155 los magistrados autorizan a Maduro a que “tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar, que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.
Igualmente “ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro, OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas”.
“¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante: es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país cómo le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras”, sentenció el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
«Los magistrados ponen en manos de Maduro la posibilidad de imponer una Ley Marcial para hostigar a sus detractores. Ese instrumento fue utilizado en los regímenes comunistas de Europa del Este en el siglo XX para procesar penalmente en instancias militares a la disidencia”, apuntó el diputado y experto en Derecho Constitucional, Juan Miguel Matheus.
A juicio de Borges, esta última estrategia del gobierno responde a una necesidad económica. “Se hizo para tratar de evitar el control del parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras, Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano y está otorgando asociaciones petroleras y no quiere pasar por el control de la AN. Todas esas explotaciones petroleras son nulas y las desconocemos también”.
Según el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
El presidente del parlamento hizo un llamado al componente militar para que respete la Constitución. “Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas están en contra de esta situación. Queremos hacer un llamado de conciencia del organismo castrense”.
¿Una reacción por la OEA?
“Tiene que haber justicia, hay que pedir justicia contra los traidores a la patria, bastantes cupos en las cárceles hay para traidores a la patria”, exclamó Nicolás Maduro en una cadena posterior a que diputados de la Asamblea Nacional avalarán en sesión la implementación de la Carta Democrática Interamericana.
Siguiendo la línea de Maduro, el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV en la AN, Héctor Rodríguez, acudió al TSJ en compañía de otros diputados para demandar la nulidad de la actuación del parlamento, cinco días después de esa visita, el TSJ emitió la sentencia 155.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, acompañado por toda la directiva del máximo juzgado, negó que alguna decisión de ese organismo haya “despojado al Parlamento de sus funciones constitucionales ni lo haya disuelto”, aún cuando desde enero de 2016 le han impedido aprobar el presupuesto, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, revisar las designaciones de los magistrados e incluso recibir el informe anual de gestión del presidente Maduro y las memorias y cuentas de sus ministros.
¿El «recule» solo fue un espejismo?
Aunque los nuevos dictámenes, numerados como los 157 y 158, aún no están disponibles, juristas consideran que los mismos en nada cambian la situación de anulación e intervención en la que está la Asamblea Nacional; y por ende no solucionan la “ruptura al orden constitucional”.
“Aquí no hay recule sino se anulan todas las sentencias que la Sala Constitucional ha dictado contra la AN bajo la patraña del desacato. El TSJ aparenta haber modificado su posición, pero no lo hizo porque deja vigente las decenas de sentencias que le han impedido a la AN realizar su labor legisladora y ejercer sus labores de control al Gobierno y a la Administración Pública, con lo cual lo sustancial del golpe contra el Parlamento sigue”, afirmó el constitucionalista Juan Manuel Raffali.
“Si hubiera voluntad de rectificación mañana mismo la Asamblea debería citar a comparecer a un ministro y éste debería ir, pero seguramente no lo hará porque la sentencia número de 9 del año pasado dice que no está en la obligación de hacerlo mientras no se coordine con el Vicepresidente”, ejemplificó Raffali.
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“Esto es un maquillaje. La AN sigue intervenida y disminuida y prueba de ello es que no le devolvieron su potestad constitucional y legal de aprobar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos”, manifestó el profesor de Derecho de la UCAB, Alí Daniels.
“Las sentencias 155 y 156 derramaron el vaso de agua, pero el vaso sigue lleno. Hoy la AN no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos, es decir sigue siendo un cascarón vacío”, consideró José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela.
¿Realmente se pueden remover a los magistrados?
La Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en su artículo 10, numeral 10, establece que el Consejo Moral Republicano, conformado por la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, debe calificar las faltas graves que hubieran cometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es causal de remoción.
Uno de los trece causales de remoción que establecen la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en sus artículos 62 y 63, es el “cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo”.
“Intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administración o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”, reza la Constitución Nacional, en su artículo 285, numeral 5.
En caso de actuar en apego a la ley, pudieran ser removidos los magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo, quienes firmaron en conjunto, las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, del pasado 28 y 29 de marzo.
Ante semejante arbitrariedad y desviación de poder, Transparencia Venezuela hace un llamado a todos los representantes del Poder Público Nacional y muy especialmente a los integrantes del Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República) para que en ejercicio y defensa de sus atribuciones exijan el retorno de la democracia.
