José Miguel Vivanco

Miembros de la ONU exhortaron a autoridades venezolanas a poner fin a la represión

La organización Human Rights Watch emitio un comunicado sobre el acoso que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro sobre las ONG en Venezuela.

Durante la pandemia, Maduro ha atacado a Alimenta La Solidaridad, que mantiene comedores para menores de edad en sectores populares y Convite, cuyas oficinas fueron allanadas por efectivos de cuerpos de seguridad.

El segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado con perseguir desde la nueva Asamblea Nacional a las ONG

Las acciones en este 2020 han incluido congelar cuentas bancarias, emitir órdenes de detención, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. 

“Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”, agregó Vivanco.

En retrospectiva

El 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones. 

El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children. Les acusan de legitimación de capitales y asociación ilícita.

Un día después, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caraca sin mostrar ninguna orden. 

Alimenta la Solidaridad expresó que Sudeban dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.

El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.

Los agentes le presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de actividades relacionadas con terrorismo. 

Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas.

El 18 de diciembre, expertos de derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin a la represión a organizaciones de la sociedad civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que: “El respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

De acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), la seguridad alimentaria y la desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban desnutrición, según indica uninforme publicado por Cáritas en julio.

La ONG considera que las sentencias emitidas por el TSJ contra los partidos de oposición, viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas

Este martes, 7 de julio, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra los partidos opositores y ha advertido de que en el país sudamericano “ya no queda ni una fachada de proceso democrático”. 

“Cuando un poder judicial que responde a Nicolás Maduro, descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el TSJ expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

La ONG considera que, con estos fallos, el gobierno viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que, con las condiciones actuales, no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.

Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra Un Nuevo Tiempo, la otra formación del denominado G4 de la oposición en Venezuela.

“El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado”, subrayó Vivanco en un comunicado.

Desde 2012, el TSJ ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores. Las condiciones previas a las últimas elecciones no fueron en absoluto equitativas. Se inhabilitó en forma arbitraria a opositores para que no se postularan a funciones públicas y hubo señalamientos creíbles de discriminación política en el empleo público. Estas acciones afectan gravemente la posibilidad de numerosos venezolanos de expresar sus opiniones libremente. Asimismo, en elecciones anteriores, las autoridades venezolanas han usado el hambre como herramienta para el control social y político.

Las últimas elecciones, celebradas en 2017 para elegir a miembros de la Asamblea Constituyente, estuvieron marcadas por los señalamientos de fraude que planteó Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para supervisar la votación. La empresa concluyó que se habían manipulado las cifras sobre la cantidad de votantes y estimó que la convocatoria real probablemente había sido de un millón de personas menos que la informada oficialmente, de 8 millones. Hace años que no existe observación internacional independiente de las elecciones en Venezuela.

Más sobre este tema:

TSJ arrebata el partido Voluntad Popular a Leopoldo López y nombra junta directiva Ad-Hoc

Leer más

*Con información de HRW

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión de investigación para “identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro”.

“Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro, la impunidad es la norma, más de 4 millones de personas han huido del país, el régimen descalificó el informe de la Alta comisionada, en 20 años permitió solo la visita de un relator “, denunció Vivanco ante la ONU.

Durante su intervención en Ginebra expresó que “Ante la falta de justicia es necesario crear una comisión que investigue los abusos e identifique a los responsables. 

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco ratificó que “no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas”, en referencia al discurso que presentó hoy en la ONU.

Hoy llamé al Consejo de DDHH de la ONU a crear una Comisión de Investigación para identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro.

No habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas.

Mi intervención: pic.twitter.com/HL2E6YSNEt

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 11, 2019

EL DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE LA ONG Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dibuja un oscuro presente para los derechos humanos en Latinoamérica y advirtió sobre su “empeoramiento” en el futuro cercano.

“Se viene un periodo complejo, entramos en una etapa compleja, difícil, aún más difícil que la que hemos enfrentado desde el punto de vista de los derechos humanos”, asegura Vivanco en una entrevista con Efe tras concluir en Nueva York unas jornadas de reflexión de su ONG.

En su conversación, Vivanco desgrana los que a su juicio son los problemas más graves que afrontan muchos de los países de la región, aunque dejó claro que existen realidades “muy distintas” en Latinoamérica.

“Entre las cuestiones que son preocupantes, lo primero que me parece necesario destacar es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad”, asegura el responsable de HRW, que hace hincapié en lo duro de su trabajo, “donde normalmente, lo usual es perder, no ganar”.

Para Vivanco, muchas veces, la respuesta a esta inseguridad que, “en distintos grados”, preocupa a toda la zona, “es la mano dura, y con argumentos demagogos de que el incremento de penas, la militarización de la policía o el descenso de la edad penal” contribuyen a su mejora.

Desde HRW consideran que estas medidas son “una fuente de abusos casi inagotable”, con un aumento de “la brutalidad y prácticas como la tortura, ejecuciones y cárceles repletas de procesados sin condena”.

El responsable para la Américas de HRW advirtió de que esto constituye “un problema muy serio” en países como México, Brasil o en Venezuela, país este último “con las tasas de homicidios y de delitos violentos más alta”, así como en Centro América, por el problema de la “violencia brutal” de las maras en Honduras, El Salvador o Guatemala.

“Frente a esto, muy pocos países han encontrado una respuesta profesional y que genere confianza sin que signifique más violaciones”, subraya.

Vivanco, para quien “lo que empuja (a un trabajador humanitario) es un elemental principio de solidaridad con los más vulnerables”, va más allá y cree que otro grave problema en la zona es el “surgimiento de gobiernos civiles populistas” como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Venezuela y Ortega ven en Cuba un modelo y caminan abiertamente en esa dirección. La clave es impedir que se consoliden dictaduras propias de los 70. Aún no lo han logrado, pero están muy cerca de hacerlo”, dice, antes de acentuar que en solo tres meses de represión en Nicaragua en 2018 murieron más del doble de personas que en Venezuela en los últimos años.

El directivo chileno de HRW sostiene que la opinión pública debe entender que en la lucha por la defensa de los derechos humanos no puede haber un “doble rasero”, insistiendo en que hay que perseguir las violaciones tanto en países con gobiernos de derechas como de izquierdas, populistas o con legitimación popular.

“Todos tienen que estar sujetos a las mismas reglas, si uno hace la vista gorda hacia algunas violaciones, ese es probablemente el principal cáncer contra el avance de los derechos humanos a nivel global”, sentencia.

Además de los “fenómenos extremos” de Venezuela o Nicaragua, Vivanco advierte contra el surgimiento de “líderes populistas fundamentalistas” en “los países más grandes”, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el brasileño Jair Bolsonaro, a quienes acusa de no tener “conciencia de respetar las reglas del juego democrático”.

“Están convencidos de que su sola presencia y el ejercicio del poder les permitirá abordar los graves problemas de esos países”, agrega Vivanco: “El ciudadano está en la indefensión total y expuesto al ejercicio arbitrario del poder”.

Otras cuestiones denunciadas por HRW en la región es la violencia de género o la persecución de periodistas y minorías, como los indígenas o la comunidad LGTBI.

Desde “el punto de vista jurídico y de las políticas públicas, cada vez se progresa más en el respeto y los derechos de la comunidad LGTBI”, pero apunta que “esto aún va acompañado de incidentes de violencia y discriminación muy serios y muy graves”.

Asimismo, agrega: “Los indígenas no han logrado, lamentablemente, los avances de la comunicad LGTBI y siguen siendo en muchos de nuestros países los más pobres”.

Más allá de estas malas prácticas y violaciones, Vivanco pone en valor al actual presiente peruano, Martín Vizcarra, por “restablecer los principios de la lucha contra la corrupción”, o al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, por sus esfuerzos “notables” y “por mejorar las condiciones de los derechos humanos y para restablecer los derechos democráticos que fueron pisoteados por (su antecesor) Rafael Correa”.

Finalmente, Vivanco también resalta el caso de Costa Rica, que para el directivo de HRW “sigue siendo un importante aliado en la promoción de los derechos humanos”

A un mes de la detención de diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, el director de Human Right Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, aseveró que el hecho “simboliza el abuso de poder del Gobierno venezolano”.

A través de un vídeo, Vivanco denunció que al diputado ha sido despojado de su legítimo derecho a la defensa.

Reiteró que el parlamentario ha sido “objeto de humillaciones públicas y hasta justificadas por el dictador Maduro”. Declaró que las imágenes que han sido difundidas de Requesens evidencian “a dónde es capaz de llegar” el gobierno de Maduro.

El representante aseveró que al legislador se le “ignoraron sus derechos parlamentarios” y las garantías de las que debería gozar en un país con democracia. “Ojalá que sirva para incrementar la presión internacional y regional. No es posible que se permita que un régimen que no respeta las más mínimas garantías judiciales, detenga, abuse y maltrate a un parlamentario al imputarlo de los más variados delitos”.

Además, Vivanco resaltó que se debe denunciar el caso de Requesens “así como el de muchos otros que están expuestos a abusos por parte del régimen de Maduro”.

Durante un mes, sus familiares no han tenido contacto físico con el parlamentario de Primero Justicia, recluido en los calabozos de El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar que se le acusa de supuestos delitos en flagrancia, el dirigente fue detenido dos días después en su residencia, lo que contraviene la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Luego pasó casi una semana hasta ser presentado en tribunales, lo que es considerado en derecho internacional como una desaparición forzada.

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch (HRW), aseguró durante una entrevista a CNN que el gobierno de Nicolás Maduro debe ser aislado.

Opinó que las democracias latinoamericanas también deben sumarse a los países que han sancionado al gobierno venezolano, reseñó CNN en Español.

“Creo que hay que redoblar esas estrategias y lograr el mayor aislamiento posible y tratarlo como lo que es: un régimen paria”, opinó.

Señaló que las sanciones que ha impuesto Europa, Estados Unidos y Canadá no han tenido el efecto que buscaban. “Soy partidario de estas sanciones, creo que hay que incrementarlas, hay que redoblarlas”, aseguró.

*Vea más información en CNN

Human Rights Watch (HRW) publicó el pasado 21 de julio un informe multimedia que muestra la magnitud y brutalidad de la violenta represión de protestas cometida por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos meses.

Desde principios de abril de 2017, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles protestando el creciente autoritarismo del gobierno, que ha respondido con una feroz represión. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a manifestantes, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia e irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos, y los han llevado ante tribunales militares para juzgarlos.

“Cuando uno ve imágenes de la represión, pierde total credibilidad la versión del gobierno de que se enfrenta a una oposición violenta y golpista”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región deberían usar esta evidencia para enviar un mensaje categórico a las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas de que estas acciones no serán toleradas y que los responsables, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus acciones”.

El vídeo incluye imágenes de violaciones aberrantes de derechos humanos perpetradas por miembros de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. En muchos casos, grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos”, han cometido los abusos con colaboración o tolerancia de las fuerzas de seguridad. Entre estos abusos se incluyen:

Brutalidad durante manifestaciones masivas contra el gobierno. En respuesta a las manifestaciones, las fuerzas de seguridad han empleado una variedad de municiones antidisturbios, como perdigones, canicas, cartuchos de gases lacrimógenos y otros cartuchos denominados no letales. En varios casos, estas municiones se han usado de forma inadecuada, a una distancia demasiado corta o apuntando directamente contra las personas, causando muertes o graves lesiones.

Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre. 

Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder. 

El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros preso.” 

Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión e incluso manipularon causas penales contra víctimas. 

Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro. 

¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador. 

Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes. 

Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión ni que los generales teman terminar en la cárcel. 

En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces. 

En pasadas crisis políticas en América latina era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.***

El Nacional (Venezuela): http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/como-evitar-bano-sangre-venezuela_188250   

El Tiempo (Colombia): http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/como-evitar-mas-represion-en-venezuela-analisis-100386

El Mercurio (Chile): http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=19-06-2017

El Universal (Mexico): http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-miguel-vivanco-y-daniel-wilkinson/mundo/2017/06/19/evitar-un-bano

La Nación (Argentina): http://www.lanacion.com.ar/2034862-como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela

O Globo (Brazil): https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-como-evitar-um-banho-de-sangue-na-venezuela-21491546

El Comercio (Peru): http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/evitar-bano-sangre-venezuela-jose-miguel-vivanco-daniel-wilkinson-435616

La Prensa (Panama): http://www.prensa.com/opinion/Evitar-bano-sangre_0_4782271803.html

El Diario Hoy (El Salvador): http://www.elsalvador.com/opinion/363307/como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela/