Miembros de la ONU exhortaron a autoridades venezolanas a poner fin a la represión
La organización Human Rights Watch emitio un comunicado sobre el acoso que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro sobre las ONG en Venezuela.
Durante la pandemia, Maduro ha atacado a Alimenta La Solidaridad, que mantiene comedores para menores de edad en sectores populares y Convite, cuyas oficinas fueron allanadas por efectivos de cuerpos de seguridad.
El segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado con perseguir desde la nueva Asamblea Nacional a las ONG
Las acciones en este 2020 han incluido congelar cuentas bancarias, emitir órdenes de detención, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos.
“Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”, agregó Vivanco.
En retrospectiva
El 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones.
El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children. Les acusan de legitimación de capitales y asociación ilícita.
Un día después, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caraca sin mostrar ninguna orden.
Alimenta la Solidaridad expresó que Sudeban dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.
El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
Los agentes le presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de actividades relacionadas con terrorismo.
Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas.
El 18 de diciembre, expertos de derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin a la represión a organizaciones de la sociedad civil.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que: “El respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
De acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), la seguridad alimentaria y la desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban desnutrición, según indica uninforme publicado por Cáritas en julio.