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José Miguel Vivanco

HRW le pide a la ONU crear una comisión para investigar los “abusos” del gobierno venezolano

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión de investigación para “identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro”.

“Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro, la impunidad es la norma, más de 4 millones de personas han huido del país, el régimen descalificó el informe de la Alta comisionada, en 20 años permitió solo la visita de un relator “, denunció Vivanco ante la ONU.

Durante su intervención en Ginebra expresó que “Ante la falta de justicia es necesario crear una comisión que investigue los abusos e identifique a los responsables. 

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco ratificó que “no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas”, en referencia al discurso que presentó hoy en la ONU.
 

 
 
 
 
HRW advirtió de un empeoramiento de los derechos humanos en Latinoamérica

EL DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE LA ONG Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dibuja un oscuro presente para los derechos humanos en Latinoamérica y advirtió sobre su “empeoramiento” en el futuro cercano.

“Se viene un periodo complejo, entramos en una etapa compleja, difícil, aún más difícil que la que hemos enfrentado desde el punto de vista de los derechos humanos”, asegura Vivanco en una entrevista con Efe tras concluir en Nueva York unas jornadas de reflexión de su ONG.

En su conversación, Vivanco desgrana los que a su juicio son los problemas más graves que afrontan muchos de los países de la región, aunque dejó claro que existen realidades “muy distintas” en Latinoamérica.

“Entre las cuestiones que son preocupantes, lo primero que me parece necesario destacar es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad”, asegura el responsable de HRW, que hace hincapié en lo duro de su trabajo, “donde normalmente, lo usual es perder, no ganar”.

Para Vivanco, muchas veces, la respuesta a esta inseguridad que, “en distintos grados”, preocupa a toda la zona, “es la mano dura, y con argumentos demagogos de que el incremento de penas, la militarización de la policía o el descenso de la edad penal” contribuyen a su mejora.

Desde HRW consideran que estas medidas son “una fuente de abusos casi inagotable”, con un aumento de “la brutalidad y prácticas como la tortura, ejecuciones y cárceles repletas de procesados sin condena”.

El responsable para la Américas de HRW advirtió de que esto constituye “un problema muy serio” en países como México, Brasil o en Venezuela, país este último “con las tasas de homicidios y de delitos violentos más alta”, así como en Centro América, por el problema de la “violencia brutal” de las maras en Honduras, El Salvador o Guatemala.

“Frente a esto, muy pocos países han encontrado una respuesta profesional y que genere confianza sin que signifique más violaciones”, subraya.

Vivanco, para quien “lo que empuja (a un trabajador humanitario) es un elemental principio de solidaridad con los más vulnerables”, va más allá y cree que otro grave problema en la zona es el “surgimiento de gobiernos civiles populistas” como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Venezuela y Ortega ven en Cuba un modelo y caminan abiertamente en esa dirección. La clave es impedir que se consoliden dictaduras propias de los 70. Aún no lo han logrado, pero están muy cerca de hacerlo”, dice, antes de acentuar que en solo tres meses de represión en Nicaragua en 2018 murieron más del doble de personas que en Venezuela en los últimos años.

El directivo chileno de HRW sostiene que la opinión pública debe entender que en la lucha por la defensa de los derechos humanos no puede haber un “doble rasero”, insistiendo en que hay que perseguir las violaciones tanto en países con gobiernos de derechas como de izquierdas, populistas o con legitimación popular.

“Todos tienen que estar sujetos a las mismas reglas, si uno hace la vista gorda hacia algunas violaciones, ese es probablemente el principal cáncer contra el avance de los derechos humanos a nivel global”, sentencia.

Además de los “fenómenos extremos” de Venezuela o Nicaragua, Vivanco advierte contra el surgimiento de “líderes populistas fundamentalistas” en “los países más grandes”, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el brasileño Jair Bolsonaro, a quienes acusa de no tener “conciencia de respetar las reglas del juego democrático”.

“Están convencidos de que su sola presencia y el ejercicio del poder les permitirá abordar los graves problemas de esos países”, agrega Vivanco: “El ciudadano está en la indefensión total y expuesto al ejercicio arbitrario del poder”.

Otras cuestiones denunciadas por HRW en la región es la violencia de género o la persecución de periodistas y minorías, como los indígenas o la comunidad LGTBI.

Desde “el punto de vista jurídico y de las políticas públicas, cada vez se progresa más en el respeto y los derechos de la comunidad LGTBI”, pero apunta que “esto aún va acompañado de incidentes de violencia y discriminación muy serios y muy graves”.

Asimismo, agrega: “Los indígenas no han logrado, lamentablemente, los avances de la comunicad LGTBI y siguen siendo en muchos de nuestros países los más pobres”.

Más allá de estas malas prácticas y violaciones, Vivanco pone en valor al actual presiente peruano, Martín Vizcarra, por “restablecer los principios de la lucha contra la corrupción”, o al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, por sus esfuerzos “notables” y “por mejorar las condiciones de los derechos humanos y para restablecer los derechos democráticos que fueron pisoteados por (su antecesor) Rafael Correa”.

Finalmente, Vivanco también resalta el caso de Costa Rica, que para el directivo de HRW “sigue siendo un importante aliado en la promoción de los derechos humanos”

Human Rights Watch: Caso de Requesens simboliza abuso de poder del Gobierno venezolano

 

A un mes de la detención de diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, el director de Human Right Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, aseveró que el hecho “simboliza el abuso de poder del Gobierno venezolano”.

A través de un vídeo, Vivanco denunció que al diputado ha sido despojado de su legítimo derecho a la defensa.

Reiteró que el parlamentario ha sido “objeto de humillaciones públicas y hasta justificadas por el dictador Maduro”. Declaró que las imágenes que han sido difundidas de Requesens evidencian “a dónde es capaz de llegar” el gobierno de Maduro.

El representante aseveró que al legislador se le “ignoraron sus derechos parlamentarios” y las garantías de las que debería gozar en un país con democracia. “Ojalá que sirva para incrementar la presión internacional y regional. No es posible que se permita que un régimen que no respeta las más mínimas garantías judiciales, detenga, abuse y maltrate a un parlamentario al imputarlo de los más variados delitos”.

Además, Vivanco resaltó que se debe denunciar el caso de Requesens “así como el de muchos otros que están expuestos a abusos por parte del régimen de Maduro”.

Durante un mes, sus familiares no han tenido contacto físico con el parlamentario de Primero Justicia, recluido en los calabozos de El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar que se le acusa de supuestos delitos en flagrancia, el dirigente fue detenido dos días después en su residencia, lo que contraviene la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Luego pasó casi una semana hasta ser presentado en tribunales, lo que es considerado en derecho internacional como una desaparición forzada.

José Miguel Vivanco: “Soy partidario de las sanciones, creo que hay que redoblarlas”

 

 

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch (HRW), aseguró durante una entrevista a CNN que el gobierno de Nicolás Maduro debe ser aislado.

Opinó que las democracias latinoamericanas también deben sumarse a los países que han sancionado al gobierno venezolano, reseñó CNN en Español.

“Creo que hay que redoblar esas estrategias y lograr el mayor aislamiento posible y tratarlo como lo que es: un régimen paria”, opinó.

Señaló que las sanciones que ha impuesto Europa, Estados Unidos y Canadá no han tenido el efecto que buscaban. “Soy partidario de estas sanciones, creo que hay que incrementarlas, hay que redoblarlas”, aseguró.

 

 

*Vea más información en CNN

 

Vea el video que publicó HRW sobre la brutal represión en Venezuela

 

Human Rights Watch (HRW) publicó el pasado 21 de julio un informe multimedia que muestra la magnitud y brutalidad de la violenta represión de protestas cometida por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos meses.

Desde principios de abril de 2017, decenas de miles de venezolanos han salido a las calles protestando el creciente autoritarismo del gobierno, que ha respondido con una feroz represión. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a manifestantes, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia e irrumpido en las viviendas de presuntos opositores. Las fuerzas de seguridad también han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, transeúntes y críticos, y los han llevado ante tribunales militares para juzgarlos.

“Cuando uno ve imágenes de la represión, pierde total credibilidad la versión del gobierno de que se enfrenta a una oposición violenta y golpista”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los líderes de la región deberían usar esta evidencia para enviar un mensaje categórico a las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas de que estas acciones no serán toleradas y que los responsables, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus acciones”.

El vídeo incluye imágenes de violaciones aberrantes de derechos humanos perpetradas por miembros de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. En muchos casos, grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos”, han cometido los abusos con colaboración o tolerancia de las fuerzas de seguridad. Entre estos abusos se incluyen:

Brutalidad durante manifestaciones masivas contra el gobierno. En respuesta a las manifestaciones, las fuerzas de seguridad han empleado una variedad de municiones antidisturbios, como perdigones, canicas, cartuchos de gases lacrimógenos y otros cartuchos denominados no letales. En varios casos, estas municiones se han usado de forma inadecuada, a una distancia demasiado corta o apuntando directamente contra las personas, causando muertes o graves lesiones.

Cómo evitar un baño de sangre en Venezuela, por José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson

Represion4

Cada vez parece más probable que el gobierno autoritario de Nicolás Maduro termine antes de lo que él quisiera. Pero es difícil prever cómo terminará. Es de esperar que haya una transición pacífica hacia un sistema democrático. Pero también podría correr mucha sangre. 

Hoy en Cancún los cancilleres del hemisferio se reunirán para definir una respuesta común a las prácticas represivas del gobierno venezolano. Dada la intransigencia de Maduro, deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder. 

El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor de que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a “amparar”. “Mañana puede caer cualquiera de nosotros preso.” 

Hasta hace poco, estos oficiales no tenían motivos para preocuparse. La última vez que el gobierno de Maduro reprimió fuertemente manifestaciones opositoras, en 2014, la fiscal general Luisa Ortega no impulsó mayores investigaciones sobre los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad. Por el contrario, los fiscales bajo su autoridad fueron cómplices de la represión e incluso manipularon causas penales contra víctimas. 

Sin embargo, la misma fiscal general ahora ha empezado a pronunciarse en defensa de los derechos de los manifestantes. En el último mes, repudió detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, pidió que la justicia libere a decenas de detenidos, anunció que imputaría a funcionarios de seguridad responsables de abusos e incluso cuestionó la reforma constitucional que impulsa Maduro. 

¿A qué se debe este repentino interés de la fiscal Ortega por el Estado de Derecho? Muchas cosas han cambiado. Primero y principal, el rechazo de los venezolanos al gobierno actual es cada vez más abrumador. 

Además, los gobiernos de la región finalmente han comenzado a alzar la voz contra Maduro. Tras la represión de 2014, el presidente Obama aplicó sanciones a ciertos funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos. En marzo pasado, 14 gobiernos firmaron una declaración conjunta instando al gobierno de Maduro a adoptar tres medidas para restaurar el orden democrático: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones y restablecer la separación de poderes. 

Este nuevo contexto regional aparentemente ha afectado el cálculo costo-beneficio de ciertos funcionarios que podrían terminar siendo cómplices de violaciones de derechos humanos. No sorprende, entonces, que la fiscal general haya empezado a distanciarse de la represión ni que los generales teman terminar en la cárcel. 

En Cancún, los gobiernos que firmaron la reciente declaración conjunta intentarán persuadir al resto de que apoyen sus tres demandas. Para evitar un baño de sangre, deberían añadir una nueva: que los funcionarios militares o civiles responsables de graves abusos tarde o temprano serán llevados a la justicia. Un mensaje contundente de la comunidad internacional advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas podría intensificar la preocupación de los generales que podrían ser castigados eventualmente si se involucran en hechos atroces. 

En pasadas crisis políticas en América latina era usual que algunos abogaran por amnistías sosteniendo que las demandas por justicia dificultan la transición democrática. Dado que Maduro parece estar resuelto a aferrarse al poder a cualquier costo, la máxima prioridad para la comunidad internacional debería ser impedir que Maduro intensifique la represión. Cualquier gobierno que necesite recurrir a francotiradores para contener el descontento popular acabará el día que sus oficiales desobedezcan la orden de disparar.***

 

El Nacional (Venezuela): http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/como-evitar-bano-sangre-venezuela_188250   

 

El Tiempo (Colombia): http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/como-evitar-mas-represion-en-venezuela-analisis-100386

 

El Mercurio (Chile): http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=19-06-2017

 

El Universal (Mexico): http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-miguel-vivanco-y-daniel-wilkinson/mundo/2017/06/19/evitar-un-bano

 

La Nación (Argentina): http://www.lanacion.com.ar/2034862-como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela

 

O Globo (Brazil): https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-como-evitar-um-banho-de-sangue-na-venezuela-21491546

 

El Comercio (Peru): http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/evitar-bano-sangre-venezuela-jose-miguel-vivanco-daniel-wilkinson-435616

 

La Prensa (Panama): http://www.prensa.com/opinion/Evitar-bano-sangre_0_4782271803.html

 

El Diario Hoy (El Salvador): http://www.elsalvador.com/opinion/363307/como-evitar-un-bano-de-sangre-en-venezuela/

Human Rights Watch: Se quintuplicó número de venezolanos que emigran a Brasil

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Hamacas donde duermen miembros de la comunidad indígena venezolana Warao en un refugio en Boa Vista. Otros duermen en el suelo dentro del refugio. 11 de febrero de 2017. FOTO: César Muñoz Acebes/Human Rights Watch

 

La organización Human Rights Watch (HRW) denuncia en un informe publicado hoy que desde 2014 se ha quintuplicado el número de venezolanos que emigran a Brasil por la escasez de alimentos y medicinas en su país, un ejemplo de cómo “la crisis humanitaria” de Venezuela “traspasa sus fronteras”.

“Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el Gobierno de Nicolás Maduro es el principal responsable”, afirmó hoy José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla”.

El Gobierno venezolano “niega” que exista esa crisis y “no está dando una respuesta adecuada”, por lo que “decenas de miles” de venezolanos emigran, miles de ellos a Brasil, sobre todo los que no pueden comprar un pasaje de avión y optan por atravesar la frontera con el estado brasileño de Roraima, en el norte.

El número de venezolanos que se trasladaron al país vecino con la intención de vivir allí se ha quintuplicado desde 2014, llegando a los 7.150 durante los primeros once meses de 2016, según cifras oficiales recogidas por HRW en su investigación de campo.

“Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, capital de Roraima”, indica el estudio.

Sin embargo, los más de 60 venezolanos entrevistados por HRW el pasado febrero aseguraron que “a pesar de las duras condiciones” en las que viven, están “mejor en Brasil que en Venezuela”.

Algunos de los venezolanos que llegan a Brasil buscan ser acogidos como refugiados, otros intentan encontrar un trabajo temporal y también hay un grupo que viaja para obtener asistencia médica de urgencia.

 

“La migración sin precedentes de venezolanos está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo”, indica el informe de HRW.

Además, varios profesionales de la salud brasileños explicaron a la organización que, en general, los venezolanos llegan al hospital en situación de mayor gravedad que los pacientes de Brasil, “por no haber recibido tratamiento adecuado en su país”.

En el informe, la ONG explica que en el Hospital General de Roraima, que atiende al 80 por ciento de los adultos en el estado, brindó tratamiento a 1.815 venezolanos en 2016, una cifra que más que triplica la de 2015. En febrero de 2017, la directora del hospital dijo a Human Rights Watch que el establecimiento estaba atendiendo a un promedio de 300 pacientes venezolanos por mes. El número de mujeres venezolanas que solicitan atención en el hospital de maternidad de Roraima casi se duplicó en 2016, llegando a 807 pacientes.

Muchos son atendidos por complicaciones de enfermedades como sida, neumonía, tuberculosis y malaria que no habían sido tratadas en Venezuela por la escasez de medicamentos.

El número de venezolanos que solicitó asilo en Brasil pasó de 54 en 2013 a 2.595 en los primeros once meses de 2016, según datos oficiales citados por HRW en su informe.

El gran volumen de solicitudes de venezolanos sin resolver “está demorando el procesamiento de todas las solicitudes de asilo en Brasil”, indica el estudio.

HRW presentó hoy este informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y Vivanco pidió a los gobiernos de América Latina que “coloquen la crisis de Venezuela como asunto prioritario” porque “ya está teniendo consecuencias fuera de sus fronteras” y “tendrán que presionar a Maduro para que deje de negarla y tome medidas”.

Se desmorona la fachada democrática venezolana, por José Miguel Vivanco

TSJ-111-1

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro.

Este no fue un acontecimiento aislado que ocurrió de manera imprevista. A lo largo de los años, el gobierno de Maduro ha actuado de forma persistente y deliberada para lograr que se debilitaran los controles sobre su propio poder, mientras avasallaba los derechos fundamentales de los venezolanos.

Celebrar elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral —conformado por mayoría de partidarios del gobierno— ha frenado deliberadamente un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. No ha convocado a las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en 2016.

Separación de poderes. No existen en Venezuela instituciones gubernamentales capaces de controlar al poder ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a personas leales al gobierno en el tribunal, arrasando así con su función de garante de derechos. Desde que en 2015 los venezolanos eligieron a una amplia mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro ha empleado al tribunal para impedir que los legisladores ejercieran sus funciones. Tras varios meses en los que el Tribunal anuló prácticamente todas las leyes que suponían una amenaza para los intereses del gobierno, declaró que la Asamblea Nacional no estaba acatando las resoluciones del Tribunal y asumió todas las funciones legislativas, clausurando así en la práctica al poder legislativo.

Represión de opositores políticos y críticos. El Foro Penal Venezolano, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 100 presos políticos, incluido el líder de oposición Leopoldo López, que lleva encarcelado más de tres años. Algunos presos políticos fueron arrestados sobre la base de información proporcionada por “patriotas cooperantes”. El gobierno ha usado con frecuencia a sus servicios de inteligencia para detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.

El Tribunal Supremo dispuso también que el apoyo de los legisladores opositores al debate en curso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela podría constituir traición a la patria, y advirtió que los legisladores responsables no gozarían de inmunidad parlamentaria.

Respeto por la libertad de expresión. Son muy pocos los medios de comunicación independientes que todavía quedan en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis, e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. También se ha sacado del aire a canales de noticias. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional que pueden recibir las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo es exponer los abusos, alegando sin fundamentos que desestabilizan la democracia venezolana. También se ha procesado penalmente a ciudadanos de pie que criticaron al gobierno. Los medios de comunicación han informado que cientos de personas fueron despedidas de empleos públicos por apoyar el referéndum revocatorio.

Respeto de otros derechos civiles y políticos. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han usado reiteradamente la fuerza excesiva contra transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Una serie de redadas policiales y militares llevadas a cabo en 2015 en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos de abusos generalizados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones y desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas.

Respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud adecuados. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional humanitaria, que podría estar disponible inmediatamente para ayudar a paliar la crisis.

Durante años, Venezuela ha sido administrada por un gobierno con un nefasto récord en materia de derechos humanos, que ha hecho uso de una enorme concentración de poder para erosionar progresivamente las garantías de derechos humanos y los controles a su propio poder. El último pronunciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Ante una situación que se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, la comunidad internacional debería reaccionar con fuerza: ahora más que nunca es necesario que los líderes democráticos ejerzan con urgencia una presión multilateral firme y decisiva sobre el gobierno de Maduro.