Ipys

Desde el mes de julio de 2022 se registraron unas 244 violaciones a las libertades informativas en Venezuela según Ipys

Las principales violaciones a las libertades informativas en Venezuela son: restricciones administrativas, discursos «estigmatizantes» y agresiones físicas o verbales

La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el «principal responsable de las vulneraciones contra la prensa» desde julio, seguido de «simpatizantes oficialistas»

La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela computó, desde el pasado julio, al menos 244 violaciones a las libertades informativas en el país.

Como principales violaciones están las restricciones administrativas, discursos «estigmatizantes» y agresiones físicas o verbales, entre otras vulneraciones.

La organización, que defiende la libertad de prensa y el derecho a la información en la nación, aseguró que la segunda mitad de 2022 fue un periodo en el que las «acciones arbitrarias» continuaron «coartando las garantías informativas y la libertad de expresión».

Las restricciones administrativas abundaron

Ipys detalló que, del total registrado, 117 fueron restricciones administrativas, 30 discursos estigmatizantes, 29 agresiones físicas o verbales, 27 restricciones de acceso a la información, 25 hostigamientos judiciales, 8 relacionados a la censura y 8 restricciones en internet.

Señaló que los «actos de censura y otros atropellos» afectaron a 123 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa.

Además, desde julio, 102 emisoras de radio salieron del aire «por instrucciones» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de las cuales 49 «no contaban con permisos ni habían presentado el proyecto para transmitir legalmente».

La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el «principal responsable de las vulneraciones contra la prensa» desde julio, seguido de «simpatizantes oficialistas».

Venezuela, entre los tres países con menos libertad de prensa

Venezuela ocupó el puesto 21 del Índice de Chapultepec 2022 sobre libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, se informó el pasado mes de septiembre.

El informe abarcó período del 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022  y es un indicador que muestra las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América.

Nicaragua, Venezuela y Cuba ocuparon las posiciones 22, 21 y 20 respectivamente y son los únicos que se enmarcan dentro de la categoría de países “sin libertad de expresión”.

Estos tres países son también los únicos con tres de las cuatro dimensiones que se tienen en cuenta con peores resultados: ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y el control de medios que ejercen los gobiernos.

Venezuela entre los tres países con menos libertad de prensa según la SIP

Con información de EFE

 En lo que va de 2022 se han registrado un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato 

Este miércoles, 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que en Venezuela las agresiones contra los periodistas están signadas por la impunidad.

El Ipys señaló que los periodistas en ejercicio de su profesión están expuestos a vulneraciones como los ataques y las agresiones, las amenazas y los hostigamientos, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos.

«Un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato se documentaron en Venezuela entre enero y el 27 de octubre de 2022″, resaltó el informe.

Al momento de mencionar a los principales victimarios de las vulneraciones ocurridas en el país en lo que va de año, destacan los simpatizantes oficialistas (con 20 casos), los cuerpos de seguridad del Estado (14), las alcaldías y dependencias (10), desconocidos (10) y el Legislativo nacional (07). 

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se honra desde 2013. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de ese año para subrayar la relevancia que tiene el hacer justicia en casos en los que comunicadores sociales se vieron afectados.

Más sobre este tema:

Cofavic: Periodistas fueron el perfil más agredido entre los defensores en primer semestre de 2022

Leer más

El proyecto “Radio Democracia” es una iniciativa de Ipys Venezuela en la que se busca mostrar las diversas narrativas que confluyen en el país

El segundo capítulo del podcast Radio Democracia, un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), cuenta la historia de Maritza Castillo, una mujer indígena perteneciente a la comunidad Pumé en el estado Apure, que falleció en labores de parto.  

“Caminó siete horas y murió pariendo”, es una historia que muestra las penurias y necesidades de las comunidades indígenas en Venezuela para recibir atención médica. 

Maritza Castillo no contó con la debida atención para dar a luz, tanto ella como su hijo fallecieron el proceso de parto por la falta de personal capacitado, medicinas y servicios básicos como agua y electricidad. 

En la actualidad, ninguna de las comunidades indígenas cuenta con personal médico, ni ningún centro asistencial o módulo ambulatorio. 

El proyecto “Radio Democracia” es una iniciativa de Ipys Venezuela en la que se busca mostrar las diversas narrativas que confluyen en el país. Diez serán los episodios que retratan temas como la odisea de los pacientes oncológicos o la travesía de una madre para dar a luz, entre muchos otros relatos.

Puede escuchar el episodio “Caminó siete horas y murió pariendo” AQUÍ

Pese a la rectificación de Promar TV, la gobernación de Lara informó, mediante un comunicadoque rechazan la “acción irregular” cometida por la televisora al desconocer a Maduro como presidente

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el canal regional Promar TV, en Barquisimeto, estado Lara, luego de que durante la emisión estelar de las 8:00 p.m. de su noticiero del viernes 7 de octubre un error en el generador de caracteres identificara a Nicolás Maduro como presidente interino.

“El prestador de servicio de televisión abierta Promar TV, presuntamente transmitió mensajes omitiendo obligaciones objetivas que resultan como ilícitos administrativos previstos en el articulado anteriormente citado”, señaló Conatel a través de una nota de prensa.

La información publicada por Conatel también señala que en el procedimiento se va a garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, para lo cual se establecen 10 días hábiles para que Promar TV consigne sus alegatos. También, contará con 5 días hábiles para oponerse a las medidas cautelares del procedimiento.

El literal h del artículo 29 de la Ley Resorte establece que aquellos sujetos que difundan mensajes que “desconozcan las autoridades legítimamente constituidas” podrán ser sancionados con multas de hasta 10% de sus ingresos brutos o suspensión de sus transmisiones hasta por 72 horas continuas.

Cabe destacar que, el día después del error, el 8 de octubre, en un comunicado transmitido en vivo a las 11:57 a.m., Promar TV explicó que el incidente se trató de una situación imprevista e involuntaria que fue corregida al aire y que “ha merecido todos los correctivos de rigor”. 

Comunicado Promar tv pic.twitter.com/2jCWbVRHuT

— Noticiero Promar Tv (@notipromar) October 8, 2022

En un segundo comunicado, del sábado 8 de octubre, Jorge Kossowski y Sofía Kossowski, presidente y directora general del canal, respectivamente, reiteraron que se trató de un error involuntario de la operadora del generador de caracteres y que se corrigió en breve tiempo.

Comunicado de Promar tv pic.twitter.com/3UJWEIz3V4

— Noticiero Promar Tv (@notipromar) October 9, 2022

Pese a la rectificación de Promar TV, la gobernación de Lara informó, mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el 8 de octubre a la 1:41 p.m., que rechazan la “acción irregular” cometida por la televisora “al desconocer a la máxima autoridad legítima de nuestro país, Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, e indicaron que solicitaron a la Conatel abrir las investigaciones pertinentes al caso.

Sin respuestas

Trabajadores de Promar TV contaron a IPYS Venezuela que una Comisión del ente se presentó en la sede del canal, poco antes del mediodía del sábado 8 y revisó exhaustivamente la documentación legal del medio, hasta horas de la tarde.

Durante la emisión de un programa radial del Sistema Integrado de Medios Comunitarios y Alternativos del estado Lara (SIMAC Lara) del pasado 8 de octubre, el incidente lo calificaron como una “falta de respeto a la institucionalidad” e “intención de agresión al pueblo”, por lo que pidieron a Conatel que revise la concesión de Promar TV y que el medio sea sancionado .

La tarde del lunes 10 de octubre se pudo conocer que Promar TV no había recibido carta alguna de parte del SIMAC Lara.

*Con información de Ipys

Más sobre este tema:

SNTP: Conatel ordenó cierre de cuatro emisoras de corte cristiano en Cabimas

Leer más

Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH positivo

Matilde* tiene 25 años y vive en el municipio Diego Ibarra, en el Eje Oriental de Carabobo. Se enteró hace un par de años de que tenía VIH porque su expareja le dijo que había dado positivo a un examen. Después de recibir el positivo ella también, nada cambió. Aunque tuvo acceso a la atención médica, nunca pudo acceder a un tratamiento. 

Una vez intentó ponerse en control. Pidió cita con una infectóloga que atiende en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Naguanagua, conocido como Hospital Carabobo. Llegó temprano y tenía a ocho personas delante de ella. Ahí escuchó muchas historias, la mayoría negativas porque los pacientes estaban preocupados por la falta de medicamentos.

Salió de ahí con varios papeles, lista para ir a la farmacia del hospital a buscar su tratamiento. Pero no lo consiguió. “Lo que llega es por donaciones y este mes ya se agotó todo. Intenta en unas semanas”, le dijeron. A pesar de que su intención era tener su medicación para controlar el VIH, no fue posible. Al no tener síntomas, la urgencia no era tanta.

Altos precios no ayudan

El problema con la administración de los medicamentos para pacientes con VIH no es nuevo. Los antirretrovirales y todos los tratamientos que ingresan al país son gracias a las gestiones de organismos de cooperación internacional.

“Desde el año 2016 el Estado no compra medicamentos para personas con VIH ni para las enfermedades que puedan surgir”, aseguró Eduardo Franco, quien es presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) en Carabobo.

A esto se suma que los exámenes de laboratorios mínimos para el control del virus no los hacen en centros públicos. “Los pacientes de bajos recursos no se los pueden hacer en privados porque son muy costosos. Lo peor es que se requieren para que puedan recibir las medicinas que están ingresando de la comunidad internacional”, dijo Franco. 

Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que están en la base de datos de MAVID, todas, embarazadas o no, se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH, por lo que muchas prefieren callar su condición para no ser señaladas.

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve. Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

93% de las personas encuestadas sufrieron acoso callejero en la vía pública; 87 % en transporte público y 73% en plazas y parques

En las calles de Mérida, muchas mujeres dicen no sentirse seguras en los espacios públicos que atraviesan en su cotidianidad. El acoso callejero es una forma de violencia de género que no ha sido tipificada en la  Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sara*, defensora de derechos humanos de 32 años, se ha sentido incómoda por el acercamiento de trabajadores de entes gubernamentales. “Las cuadrillas de limpieza de la alcaldía me han hecho sentir acosada y vulnerable. Cada vez que camino al gimnasio me toca cambiar de acera para no escuchar las cosas que me dicen, me hace sentir mucha angustia”, narra. 

Sara, que vive en la Avenida Las Américas, ha modificado incluso su forma de vestirse. Dejó de usar faldas, tops y leggins,  como consecuencia de los comentarios de acoso callejero del cual ha sido víctima en varias ocasiones. 

En mayo de este 2022, la Red Mérida Feminista (RMF) realizó una encuesta sobre el acoso callejero, que estuvo abierta para hombres y mujeres, y arrojó datos interesantes. La RMF encuestó a 131 personas sobre el acoso callejero y el 70% de ellas manifestaron sentir ansiedad luego de un ataque.

93% de las personas encuestadas sufrieron acoso callejero en la vía pública; 87 % en transporte público y 73% en plazas y parques. 

Por otra parte, el 31% manifestó que al menos una vez presenciaron que alguien se masturbó de forma intencional en un lugar público. 35,8 %  de los encuestados ha recibido roces no consentidos en sus partes íntimas, en un lugar público, al menos una vez. 

Las consecuencias del acoso callejero repercutieron en un 79,4 % de personas que cambiaron su ruta diaria de tránsito para evitar pasar por el lugar donde recibieron acoso. Aunado a esto, el 76,3% manifestó sentirse indefenso ante esta situación.

Se afirma, después de estas cifras, que el acoso callejero conlleva a la víctima a presentar alteraciones en sus emociones y les arrebata la tranquilidad. 

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve el pasado 18 de julio.

Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

El sitio web recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en Venezuela

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) estrenó este lunes, 18 de julio, el microsite “Tejiendo redes: Constructoras de paz en Venezuela”. 

El proyecto integra a una red de mujeres activistas, líderes comunitarias y periodistas, que sumaron esfuerzos para evidenciar las condiciones de precariedad y desigualdad de la mujer venezolana.

En el microsite se pueden encontrar noticias, entrevistas e informes, además de contenidos audiovisuales, que muestran la realidad nacional desde la perspectiva femenina.

“Tejiendo redes: Constructoras de paz en Venezuela”  promueve la firme idea de que las mujeres tienen protagonismo en la construcción del pacifismo en el país.

La plataforma ha brindado capacitación en temas como educación, migración, acceso a la salud, violencia basada en género, participación política y comunidades indígenas.

El 08 de marzo de este año, en el Día Internacional de la Mujer, IPYS Venezuela hizo público el lanzamiento del proyecto “Mujeres Constructoras de Paz”.

Varias organizaciones como Fe y Alegría, Encuentros, Soy Mujer y Diario La Nación, se aliaron de manera estratégica para poner en marcha este proyecto que abarca 12 estados del país, entre ellos: Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia.  

¿Cuál es la situación de las mujeres en Venezuela? 📲 Descúbrelo ingresando aquí: https://t.co/uSjkAXhSuY #TejiendoRedes #ConstructorasDePaz pic.twitter.com/U7hBwt96CD

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) July 18, 2022

Más sobre este tema:

Lanzan proyecto para proteger a defensores de DDHH de Venezuela con apoyo de la UE

Leer más

Entre enero y abril, las limitaciones al trabajo periodístico estuvieron representadas por un asesinato, 21 acciones de discurso estigmatizante, 20 agresiones y ataques, 16 hechos de censura, 15 restricciones de acceso a la información pública y 4 hechos de uso abusivo del poder estatal

A 29 años de la proclamación del Día Mundial de La Libertad de Prensa, el periodismo en Venezuela se ejerce desde la autocensura. Al menos es lo que se desprende del último balance del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), según el cual en abril el país registró 7 casos que acumularon 12 vulneraciones al periodismo y que continuaron los patrones de discurso estigmatizante, restricciones y ataques contra los trabajadores de la prensa.

Al cierre del primer cuatrimestre de este año, IPYS contabilizó un total de 77 violaciones a las garantías informativas comprendidas en 55 casos. Esta cifra deja en evidencia que en el territorio venezolano el periodismo es una profesión bajo asedio y con reservas.

Violencia contra los medios

Entre enero y abril, las limitaciones al trabajo periodístico estuvieron representadas por un asesinato, 21 acciones de discurso estigmatizante, 20 agresiones y ataques, 16 hechos de censura, 15 restricciones de acceso a la información pública y 4 hechos de uso abusivo del poder estatal.

Estos incidentes afectaron a 38 reporteros, 7 reporteros gráficos, 7 locutores, 5 directivos de medios, 5 editores, 4 articulistas, 4 conductores de TV y 3 activistas por los derechos humanos. De estas víctimas, 45 son hombres y 28 son mujeres. También resultaron agraviados 24 medios de comunicación, 3 organizaciones defensoras de derechos humanos y 1 organización gremial.

En los últimos 4 meses, y con 9 registros, Barinas fue la entidad con más casos denunciados, 8 de ellos vinculados a los comicios regionales realizados en el estado el pasado 9 de enero. Le siguieron el Área Metropolitana de Caracas (4), Apure (3), Cojedes (3), Anzoátegui (2), Guárico (2), Lara (2), Mérida (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Delta Amacuro (1), Falcón (1) y Nueva Esparta (1).

De los 55 casos registrados, 37 corresponden al entorno tradicional y 18 al área de los derechos digitales. Por la clasificación de los victimarios, los responsables más frecuentes de estos hechos fueron los cuerpos de seguridad del Estado, con 15 casos; simpatizantes oficialistas (12), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (5), y proveedores de internet (5), que aplicaron bloqueos a portales informativos. Sin embargo, el Estado, a través de sus diferentes funcionarios, ejecutó 31 del total de los incidentes confirmados.

El hecho de mayor gravedad lo constituyó el homicidio del comunicador popular José Gregorio Urbina, quien era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ocurrido el 10 de enero en Puerto Páez, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en la zona fronteriza con Colombia. Hasta la fecha de publicación de este balance, los responsables del asesinato permanecen sin identificar y el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre los avances de las investigaciones.

Destaca el cierre de 4 emisoras por órdenes de la Conatel, 1 en el estado Portuguesa, 1 en Anzoátegui y los 2 casos más recientes, correspondientes a Éxitos 90.5 FM y Calle 98.5 FM, ocurridos en San Juan de Los Morros, estado Guárico el 29 de abril.  

Discurso estigmatizante

Las categorías con más vulneraciones durante los últimos 4 meses fueron las agresiones y ataques y el discurso estigmatizante, con 20 y 21 incidentes, respectivamente. En cuanto a los ataques a la prensa, estos hechos consistieron en amenazas y actos de hostigamiento, ataques en la red a portales noticiosos, órdenes de eliminar material informativo, acciones intimidatorias y agresiones físicas durante la cobertura de hechos de interés público, tales como procesos electorales o protestas sociales. De un total de 20 de estas acciones, 8 fueron perpetradas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y 4 por simpatizantes oficialistas.

Por otra parte, la persecución discursiva y la criminalización del trabajo informativo también fueron constantes. En 2 ocasiones, el 30 de marzo y el 9 de abril, el comunicador Pedro Carvajalino y otros simpatizantes oficialistas ejercieron nuevas acciones de difamación contra el periodista Roberto Deniz y el equipo del portal de investigación Armando.Info, quienes debido a su labor periodística han sido objeto de campañas de persecución discursiva desde 2021 por parte de figuras del chavismo, portales pro oficialistas y sectores vinculados a la defensa del empresario colombiano Alex Saab.

Más sobre este tema:

Venezuela cayó 11 puestos en el informe anual de libertad de prensa de RSF

Leer más

El suministro eléctrico en contra

Las constantes fallas de telecomunicaciones que a diario ocurren en el país igualmente representan una limitación indirecta para el ejercicio del periodismo. Los estados que presentaron más inconvenientes en su conectividad durante los primeros cuatro meses del año, en medio de apagones y fluctuaciones eléctricas, fueron Táchira, con 15 casos, seguido por Mérida (10), Barinas (9), Falcón (9), Trujillo (8), Apure (6), Lara (6), Portuguesa (6) y Carabobo (6).

En lo que va de 2022 también se contabilizaron 7 ocasiones en las que los equipos y las transmisiones de los medios de comunicación se vieron afectados por fallas en el suministro de electricidad: 2 estaciones de radio y 1 canal regional quedaron fuera del aire porque se dañaron sus equipos, 2 emisoras cesaron sus transmisiones para evitar daños mayores ante la presencia de subidas de tensión, y en 2 oportunidades cortes eléctricos impidieron que emisoras transmitieran sus señales.

Información de IPYS